La estrategia de Duque no logra descifrar la nueva violencia del Cauca

Luego de la explosión de un carro bomba en plena plaza central de Corinto, Cauca, se repitió una escena recurrente en este Gobierno frente a la violencia en ese departamento. Hubo un consejo de seguridad con militares y el MinDefensa, el presidente Iván Duque fue al lugar del atentado, y desde ahí anunció un nuevo contingente de 280 uniformados y recompensas contra los cabecillas de las disidencias de las Farc.

“A esa ‘Dagoberto Ramos’ la vamos a destruir por completo, y a la ‘Jaime Martínez’ también”, dijo Duque el sábado, en referencia a las dos disidencias que hacen presencia en el norte del Cauca. “Porque este país no se va a dejar humillar más del terrorismo”.

Según le dijeron expertos a La Silla, la receta de Duque— similar a la de gobiernos anteriores cuando era las Farc la que generaba la violencia— muestra que la estrategia de seguridad de su gobierno tiene un adversario que ya no existe: un grupo organizado y jerárquico, con poder militar, tiene control social y que buscaba golpear al Estado. Eso eran las Farc. 
En cambio, hoy en el territorio hay al menos tres disidencias distintas, presencia del ELN, y de otras bandas criminales. Todas viven del narcotráfico y de los corredores estratégicos hacia el Pacífico en el departamento. 

Pero también ejercen control territorial, y algunos grupos tienen lazos antiguos con las comunidades. De otro lado, en medio de la fragmentación han chocado con ellas, lo que ha hecho del Cauca el segundo departamento de Colombia con más masacres y el primero en asesinatos de líderes sociales hasta el año pasado, según Indepaz. 

Frente a este complejo panorama, la estrategia del Gobierno consiste en la militarización, la erradicación de cultivos y la inversión social, todos con resultados mixtos. Sobre todo, una estrategia que, en un Gobierno ya por entrar a su último año, no ha logrado parar la violencia en el Cauca.

Una nueva violencia

Como hemos contado en La Silla, en Cauca hay al menos tres disidencias de las Farc visibles: la Carlos Patiño, la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Las dos últimas con presencia en el norte del Cauca en 11 municipios, como Corinto. 

Según el Gobierno, en una versión que también corroboran investigaciones en terreno, ambos grupos tienen un nivel de coordinación con Gentil Duarte, el disidente más poderoso del país.

Más al sur está la Carlos Patiño, otra estructura disidente que tiene una guerra a muerte con el frente José María Becerra del ELN, que históricamente había concentrado su accionar en esa zona. Esta guerra se ha expresado, especialmente, en el municipio de Argelia y en el corregimiento de El Plateado, vereda clave para el paso de mercancía ilegal, como contamos en terreno. 

Tanto La Dagoberto, la Carlos Patiño y el ELN fueron noticia la semana pasada.

Sobre las cuatro de la tarde del viernes, un carro bomba estalló cerca a la Alcaldía de Corinto y dejó a 43 personas heridas. No ocurría un hecho de esta magnitud hace años. Ese mismo día en Argelia, los enfrentamientos entre la Carlos Patiño y el frente José María Becerra del ELN también hicieron eco en los hechos violentos. 

A esto se sumaron retenes por parte de la Dagoberto Ramos. Uno de ellos terminó con el secuestro de un funcionario del CTI de la Fiscalía en Caloto. El investigador luego fue asesinado.

El Gobierno rápidamente señaló a la Dagoberto Ramos como responsable del atentado con carrobomba. Según nos dijo el ministro de Defensa, Diego Molano, la razón del carrobomba fue una distracción para que el Ejército se enfocara en ese tema y no en rescatar al agente del CTI, quien apareció muerto dos días después. 

Si bien investigadores y funcionarios del Cauca coinciden con la posible autoría del atentado, ven otros motivos.

La fecha coincide con el aniversario 13 de la muerte del fundador de las Farc Manuel Marulanda Vélez. Desde la Alcaldía de Corinto estaban atentos, pues el año anterior y por el mismo motivo, habían sufrido hostigamientos en la parte rural del municipio y algunos retenes. 

“Más que preparados, estábamos alertas”, nos dijo el secretario de Gobierno de Corinto, Leonardo Rivera. Sin embargo, Rivera agregó que “no esperábamos algo así”.

Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group para Colombia, le dijo a La Silla que una de las interpretaciones para el caso del carro bomba es que “las autoridades y los líderes locales de Corinto tienen una equis en la espalda”. 

Según Dickinson, “las disidencias se comportan distinto a las antiguas Farc. Tienen menos ideología y la relación con la comunidad es bastante complicada”. Según la analista, se trata de grupos que son una fusión entre narcotráfico, organizaciones criminales y un grupo que busca control social y político en municipios locales.

Kyle Johnson, cofundador de la fundación Conflict Responses y uno de los investigadores que más conoce las dinámicas de la violencia en el Pacífico, asegura que los retenes y los secuestros que duran horas o días “son demostraciones públicas de control territorial, es una forma de decir ‘estamos aquí’”.

El Gobierno, además de como hechos de distracción, entiende el carro bomba de una manera distinta.  “Lo que preocupa, con razón, es que quieren invisibilizar el hecho de que estamos allí”, nos dijo el comisionado de paz, Miguel Ceballos, encargado por Duque de ejecutar un plan social en el departamento.

Para Ceballos, más que una confrontación con dinámicas locales, hay una lucha por la legitimidad del Estado.

La estrategia de Duque no frena la violencia

Arrancando 2020 para Cauca el presidente Iván Duque ordenó dos estrategias para combinar la presencia militar y los servicios estatales. 

En la primera, creó el Comando Específico del Cauca lanzado, con 8.500 uniformados, para atacar y hacer presencia en las rutas de disputa narco del sur y norte del departamento. La fuerza, comandada por el general Jhon Jairo Rojas, incluye además una fuerza de tarea especial Fudra, que ya tenía 2.500 uniformados, y una Brigada Liviana de Caballería del Ejército. 

Según el comisionado Miguel Ceballos, la diferencia estratégica de este Comando es que los militares adscritos a ella dejan de depender de las divisiones del Ejército de otras regiones, como Valle, para enfocarse solamente en los corredores ilegales. 

“El Presidente inaugura la Fudra, que logra meterse por el cañón de Micay. No se entiende lo de Corinto, Caloto y Toribío sin saber que por ahí pasan todas las rutas hacia el pacífico”, nos dijo Ceballos.

Según el ministerio de Defensa, ese Comando ya ha mostrado resultados visibles. Citan las ocho capturas de líderes y cabecillas de disidencias involucrados en asesinatos de líderes sociales, entre marzo y noviembre de 2020. Además la desmovilización de 52 miembros del ELN en el sur del Cauca este año, producto de la presión militar.

Tener más de 8 mil militares es, a opinión de expertos como el codirector del centro de estudios C-Análisis, Daniel Wiesner, un mínimo para proveer seguridad (Daniel Wiesner y la consultora C-Análisis actualmente están contratados por La Silla Vacía en una evaluación de impacto de La Silla Llena).

Pero no es suficiente. “La presencia militar sirve para la intervención inmediata de una amenaza, pero no provee seguridad ciudadana”, nos dijo. “Mandar 8 mil soldados no es lo mismo que tener investigadores del CTI o policías en las calles, porque los batallones no tienen eso”.

A lo que se suma la difícil relación entre los indígenas, afros y campesinos con el Ejército en el Cauca. En el pasado, las comunidades los han acusado de actuar con los ilegales, como contamos acá. Eso hace que una estrategia de recompensas no dé resultado a corto plazo.

“Nadie va a denunciar por la plata porque es una sentencia de muerte”, nos dijo el investigador Johnson. “A esto se suma que la comunidad no siempre confía en el Estado”.

“El Gobierno actual ve las disidencias como las Farc de antes, como una organización jerárquica”, nos dijo la analista Dickinson de Crisis Group. “Buscan capturar cabecillas porque quieren debilitar la organización, pero no funciona para debilitarlos porque es muy fácil reemplazarlos (...) Eso puede tener el efecto de que haya más violencia en el territorio por represalias contra la comunidad por supuestos informantes”, agrega.

Según el último informe de Human Rights Watch en el Cauca la Fiscalía puede recibir hasta 25 denuncias por amenazas a defensores de derechos humanos en un mismo día.

En segundo lugar, la apuesta estatal tiene que ver con un plan nuevo que Duque lanzó y dos apuestas de vieja data que vienen del acuerdo de paz, que hacían parte de la receta para mejorar la seguridad en Cauca. 

Las tres avanzan a paso lento.

El Plan Social del Cauca fue creado en 2020 para responder, entre otros, a los compromisos de la Minga de abril de 2019. Está coordinado por el comisionado Miguel Ceballos. 

Ceballos nos dijo que durante el año pasado hubo diseño y ejecución de parte de las propuestas, y que lo diferente es que fue creado “de la mano de alcaldes de los 42 municipios y el Gobernador. No hacemos nada que no nos digan”.

Según la Oficina del Comisionado, uno de los logros tempranos fue aumentar de 900 mil a 1.4 billones de pesos la inversión para el departamento entre 2019 y 2020. Además tiene 30 mil millones de pesos de recursos de Presidencia. Para 2021, según la Oficina, serán invertidos 150 mil millones de pesos más. 

De acuerdo con el corte de cuentas de esa oficina a La Silla, hay iniciativas de impacto que van desde un programa para evitar el reclutamiento de menores en 13 municipios (que implica en ciertos casos la reubicación de los jóvenes a otras ciudades), hasta la compra de cuatro máquinas para hacer ecografías (en municipios donde no existía esa tecnología).

También hay obras de infraestructura, como la construcción de polideportivos, dos parques infantiles y 32 casas para miembros de guardias indígenas. 

Para Ceballos, lo que están haciendo es “saldar una deuda social”. “El Ejército asegura y los proyectos sociales llegan”, dice.

Estos proyectos corren de manera paralela a los planes incluidos en el acuerdo de paz para los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) y los de sustitución de cultivos van lento (Pnis). Ambos tienen retrasos y problemas.

Según un diagnóstico del avance de los Pnis que hizo el investigador Wiesner con base en el informe de la ONU de 2020, Cauca es el departamento con menos inversión del programa a nivel nacional. A los 3.249 beneficiarios solo les han entregado 9.1 millones de pesos en asistencia alimentaria, la primera fase del programa. Ninguno ha logrado acceder al desembolso para lo más transformador: los proyectos productivos.

Cauca arrancó tarde en los desembolsos para las familias cultivadoras, en febrero de 2019. En Guaviare, por ejemplo, esto arrancó a finales de 2017. Y además el gobierno Duque cerró el programa por falta de recursos y dejó a muchos cultivadores por fuera. 

Eso ocurrió en El Tambo, en el centro del Cauca: “de 1.500 cultivadores que había, muchos se salieron por los problemas que les pusieron”, dijo Wiesner. Hoy solo quedan poco más de 500 beneficiarios, pero sin plata para el proyecto productivo.

Además, el programa dejó por fuera cultivos en resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, siendo que Cauca concentra a casi el 38 por ciento de estas poblaciones a nivel nacional. 

Algo similar ocurre con los proyectos Pdets, uno de las iniciativas claves del acuerdo de paz. Tienen como fin invertir en las regiones más afectadas por el conflicto, a partir de planes construidos por las comunidades. En el Cauca, 20 de los 42 municipios hacen parte de los Pdets.

En el caso específico de Corinto hay ocho obras que están “en proceso para ejecutarse”, según nos contó José Luis Valencia, coordinador del Pdet de Alto Patía y Norte del Cauca. Esas obras van desde infraestructura sanitaria en escuelas o canchas, hasta construcción de casetas comunales. 

Sin embargo, el secretario de Gobierno de Corinto Leonardo Rivera, le dijo a La Silla que “los Pdets sólo son reuniones y seguimientos, pero no hemos visto una sola acción, obra o programa resultado del Pdet”. 

En medio de tantos programas— los Pdts, el Pnis, y el Plan Social de Duque— Albert Ochoa, integrante de la veeduría del Pdet del Alto Patía y Norte del Cauca, dice que

“No logramos diferenciar cuando una obra o inversión viene de uno u otro. Necesitamos claridad”.

Para saldar deudas de años todos estos programas toman tiempo, no solo en ejecutarse, sino en tener impacto. “De un día para otro no van a ver cambios”, dice Johnson.

En Corinto y Argelia, por ejemplo, aún no se ven.