El Fiscal de Uribe: una carrera hecha a saltos con garrocha

Nunca en su vida como el pasado 8 octubre, cuando se llevó a cabo la audiencia para definir la libertad de Álvaro Uribe Vélez, Gabriel Ramón Jaimes Durán, había tenido tantos ojos encima.

Ese día, como fiscal encargado de este caso que divide en dos al país, pidió la libertad del Expresidente, quien es investigado por presuntamente torcer testigos, asegurando, entre otros, que habían existido “vulneraciones” a sus derechos en la indagatoria en la Corte Suprema.

Su argumentación fue controvertida: aplaudida por los uribistas, cuestionada por sus opositores, y calificada como un "desatino" por la Juez, que finalmente resolvió devolverle la libertad de Uribe. También se convirtió en su carta de presentación.

A partir de ese instante, Jaimes, un desconocido hasta ese momento, pasó a ser uno de los personajes más relevantes del país: la decisión que tome en las próximas semanas o meses sobre si continuar con el proceso contra Uribe o pedir su preclusión, tendrá profundas consecuencias políticas.

Para escribir este perfil, La Silla Vacía consultó a 22 fuentes que han trabajado o estudiado con él. Jaimes nos dijo que no daba declaraciones a la prensa.

Obediente y conservador

Jaimes, de 55 años, es un abogado santandereano, con 25 años de trayectoria en el sector público, cuya carrera no se puede comparar con una escalera. Ha sido, más bien, a saltos con garrocha. Hacia arriba y hacia abajo. Con breves momentos de intensa visibilidad, y largos periodos de anonimato. 

Quienes lo conocen dicen que es un hombre hecho a pulso e inteligente, poco memorable, uno que no busca ni suele figurar, un subalterno leal. Pero, ante todo, una persona obediente y profundamente conservadora.

“Es el tipo de gente que le puedes encargar una tarea y la cumple. Sin miramientos y no cuestiona”, nos dijo un abogado que conoció de cerca su carrera en Santander.

Lo de conservador es de cuna. 

Es hijo de Floralba Durán y Gabriel Ramón Jaimes, un abogado que hizo su carrera en la Dirección de Impuestos Nacionales, DIN, -más adelante se convertiría en la Dian-.

Fue el primero de tres hijos y el único varón. Por eso heredó de su papá el nombre, y también lo godo. 

Gabriel Jaimes padre era oriundo de San Andrés, Santander, un pueblo conservador que en la época de la violencia partidista fue conocido en el departamento porque fusilaban a los liberales que cruzaban por sus inmediaciones.

Gabriel Jaimes Durán nació en Bogotá el mismo año que murió el expresidente conservador Laureano Gómez, pero se crió en Bucaramanga porque a su papá lo trasladaron desde la capital

Toda su educación estuvo ligada a la doctrina católica, aún hoy reza todos los días, tiene imágenes religiosas en la casa, en la oficina y hasta en el perfil de su Whatsapp.

Jaimes hizo el bachillerato en el Colegio San Pedro, que era uno de los tres para hombres fundados por curas en la capital de Santander. 

Ese era el colegio al que normalmente ingresaban los hijos de los ricos o notables conservadores de Bucaramanga. Aunque él no lo era para entonces.

Cuando tenía 20 años, a mediados de los 80, decidió convertirse en abogado como su papá y entró a la Universidad Santo Tomás. La otra opción que tenía era la Autónoma, pero esa había sido fundada por masones y liberales de Santander. 

Fue en la Santo Tomás donde conoció a una de las personas que más adelante marcaría su vida personal y profesional: el exprocurador anulado Alejandro Ordóñez Maldonado.

En ese entonces, Ordóñez era un abogado con poca experiencia pero conocido por su ideología conservadora, por ser un católico ortodoxo, y porque ocho años antes había liderado una quema de libros de la biblioteca pública Gabriel Turbay en el parque San Pío de Bucaramanga. Armó una hoguera con ejemplares de varios libros de Gabriel García Márquez, revistas pornográficas y hasta una biblia edición protestante por considerarlas “corrruptoras”.

Ordóñez era profesor de Filosofía del Derecho en esa universidad y todos los estudiantes que ingresaban a esa facultad, se inauguraban en primer semestre con él.

El entonces profesor era famoso porque se reunía con estudiantes que consideraba inteligentes o afines a sus creencias religiosas para discutir sobre política y religión. Jaimes fue uno de sus invitados.

 “Era el grupo de los abogados camanduleros”, le dijo a La Silla uno de los estudiantes de la época que fue invitado por Ordóñez a ese grupo. “Se rezaba Rosario y todo”.

Otro que también recibió la invitación en ese entonces describió el grupo así: “Allá le rezaban a la iglesia y al Partido Conservador”.

Jaimes no es tan ortodoxo como Ordóñez, pero en ocasiones sí asistía a misas lefebvristas -las que se imparten con el cura de espaldas y en latín- junto con él. 

Jaimes también fue uno de los miembros activos de la campaña de Ordóñez al Concejo de Bucaramanga en el 86, e incluso apareció en uno de los renglones de su lista. Fue su primera y última aparición en política electoral.

“En la Santo Tomás era de los estudiosos, pero su perfil no era el más visible. Era como uno de los estudiantes buenos, pero no memorables”, le dijo a La Silla un abogado que fue compañero de él durante toda la carrera. Otros tres nos dieron una versión similar.

El paso por la Santo Tomás, además del título de abogado, le dejó a Jaimes su amistad con Alejandro Ordóñez. También a su esposa Rubby Durán, a quien conoció cuando ambos eran estudiantes. Ordóñez fue el padrino de ese matrimonio.

Después de terminar la carrera, Jaimes hizo prácticas en los juzgados de instrucción criminal de Bucaramanga ad honorem y en el 94, tres años después de que la Fiscalía hubiera sido creada por la Constitución del 91, entró a esa entidad tras ganar un concurso.

El despegue

Jaimes arrancó su carrera en la Fiscalía en Barrancabermeja, la segunda ciudad de Santander y la de origen de su mamá, Floralba Durán. 

Llegó como fiscal municipal con apenas 28 años. Menos de un año después, fue ascendido a fiscal seccional, encargado de investigar delitos contra la administración pública. Duró cinco años en ese cargo, pero se dio a conocer en Barranca por dos casos en particular.

Fue el fiscal que estuvo detrás de la investigación que dejó presos a varios miembros del gabinete del entonces alcalde Elkin Bueno Altahona por corrupción en la compra de 50 mil condones para prevenir el contagio del Sida. El caso fue conocido en medios como ‘el cartel del condón’.

Además, fue el que inició la investigación contra Jorge Antonio Moncada Ruíz, hermano de Rosita de Serpa, esposa del entonces ministro del Interior y posteriormente candidato presidencial liberal, Horacio Serpa (Qepd).

Moncada terminó condenado por violar el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades por firmar un contrato para proveer equipos médicos a un hospital y al mismo tiempo tener un cargo en Ecopetrol.

Ese proceso le dio fama a Jaimes de buen funcionario en Barranca porque, según le relataron a La Silla tres fuentes que conocieron el proceso de primera mano, existieron presiones para que la Fiscalía desistiera de investigar al cuñado de Serpa, un superpoderoso no solo en el departamento sino en el país en ese momento.

“Jaimes se mantuvo en que tenía que seguir adelante y ahí mostró que no era alguien que se dejara amedrentar”, dijo a La Silla una de esas fuentes. 

Moncada terminó condenado a cuatro años y su fallo llegó incluso hasta la Corte Suprema, que lo confirmó varios años después, en abril de 2002.

Ocho años más tarde, el hijo de Moncada, Jorge Moncada Rojas, se casó con María Alejandra Ordóñez, la hija mayor de Alejandro Ordóñez. 

La nueva relación familiar generó tensión y, según le contó a La Silla una fuente que dice saberlo de primera mano, hubo varios encuentros familiares de Ordóñez a los que Jaimes -que hasta ese entonces era tan cercano que lo invitaban a esos agasajos- dejó de ser invitado por esa razón. 

Cinco años después de ingresar a la Fiscalía, Jaimes fue trasladado a Bucaramanga.  

Cuatro abogados que lo conocieron porque estuvieron vinculados a alguno de los procesos que llevó, le dijeron a La Silla que fue un fiscal sin mucha visibilidad.

“Era uno del montón. Uno de muchos fiscales. No tenía la impresión de que fuera difícil tener un caso con él. Facilitaba algunas cosas de trámites. Nada destacable”, explicó a La Silla una de esas fuentes. Las otras tres nos dijeron algo muy similar.

Pero el siguiente paso, apalancado en una vieja amistad, sacó su carrera de Santander. Su primer salto con garrocha.

La entrada a Bogotá

En el puerto petrolero de Santander, Jaimes se conoció con Luis González León, otro abogado santandereano que más adelante se convertiría en uno de los funcionarios más visibles de la Fiscalía, y que era procurador en Barrancabermeja cuando Jaimes era fiscal. 

A mediados de la primera década del 2000, cuando la carrera de González estaba en ascenso y acababa de ser nombrado por el entonces Fiscal General, Luis Camilo Osorio, como Director Nacional de Fiscalías, se llevó a a Jaimes como asesor. 

En ese cargo, Jaimes capacitó a parte de los fiscales en la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, que prometía revolucionar el sistema de juzgamiento en el país. Quince años después, la transición entre esos dos sistemas se volvió parte de la espina dorsal del primer tramo que recorrió el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una vez llegó a la Fiscalía.

Cuando González salió de la Dirección Nacional de Fiscalías para dirigir la entonces recién creada Unidad de Justicia y Paz, Jaimes entró como fiscal a la Unidad Anticorrupción, donde se mantuvo por tres años.

De su paso por esa unidad pasó algo similar que en su último tramo de carrera en Bucaramanga. Tres fuentes que coincidieron con él en la Fiscalía en ese entonces dijeron a La Silla no recordar algo significativo de la actividad de Jaimes como fiscal en esa dependencia y dijeron que el funcionario guardaba un bajo perfil.

Sin embargo, hay dos episodios que pusieron las luces sobre Jaimes: uno, cuando en 2006 llevó a juicio por un desfalco en el fondo rotatorio del Ejército al general (r) Rafael Horacio Ruiz Navarro, quien en medios fue presentado como el primer general condenado en el país por corrupción.

Y el otro, que fue el último caso en el que participó en esa unidad, cuando en 2007 ordenó la polémica detención del ahora gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por un presunto pago irregular de cesantías a 47 empleados de la Universidad del Magdalena cuando era rector.

Ese proceso fue cuestionado porque, como contó Semana en su momento, la conciliación para el pago de esas cesantías fue avalada por la Procuraduría y el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena.  

Además, porque Caicedo era una de las pocas figuras visibles del Magdalena que se había opuesto públicamente a la toma paramilitar del departamento y había una visible persecución política en su contra orquestada desde el entonces gobernador Trino Luna, más adelante condenado por parapolítica. 

Luna dijo en campaña que de ser elegido, su primer acto sería sacar a Caicedo de la Universidad, el último fortín político que les faltaba controlar a los paramilitares. Y no lo hizo porque la Contraloría Departamental, de su cuerda política, le abrió una investigación a Caicedo por lo de las cesantías y compulsó copias a Fiscalía y Procuraduría.

Jaimes detuvo a Caicedo y lo vinculó formalmente por presunto peculado por apropiación a favor de terceros, pero no conoció el resto del caso porque  renunció para irse a trabajar con su antiguo profesor y amigo personal, Alejandro Ordóñez.  

En 2011, casi cinco años después de la detención, y luego de que en primera instancia lo condenaran en Santa Marta, el Tribunal Superior de Bogotá revocó ese fallo y absolvió a Caicedo. 

El reencuentro con Ordóñez

Ad portas de que se le acabara el periodo como magistrado del Consejo de Estado a Alejandro Ordóñez, Gabriel Jaimes, entró a trabajar con él como su magistrado auxiliar, pero al año renunció cuando se le acabó el periodo Ordóñez y salió a buscarle votos en el Senado en su polémica campaña a la Procuraduría.

Tras ser elegido, Ordóñez lo nombró Procurador Delegado para Asuntos Penales, que lo convirtió en jefe y coordinador de todos los procuradores judiciales del país. Un cargo de gran importancia.

El segundo salto con garrocha.

En ese cargo, Ordóñez le encomendó dos tareas: la primera, fue evitar que prescribieran los magnicidios de varios líderes políticos asesinados por carteles de narcos, entre esos, el de Pablo Escobar; y la segunda, fue revivir la investigación por el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Jaimes consideraba y considera aún a Gómez Hurtado el “faro moral del Nación” y el “más grande intelectual y político de su generación”, por lo que recibió el encargo de Ordóñez como un gran honor.

Sin embargo, de sus actuaciones sobre ese caso se desprende la mayor sombra que pesa sobre su carrera. 

En ese entonces, para 2009, la Fiscalía y la Procuraduría decidieron conjuntamente reactivar la investigación del magnicidio y profundizar sobre los dos testimonios que apuntaban a que el crimen se había cometido para desviar la atención del país del proceso 8000 que recaía sobre el gobierno de Ernesto Samper, por la presunta entrada de plata de narcos del cartel del Norte del Valle a su campaña.

Esas dos versiones eran las del exministro de Defensa de Samper, Fernando Botero Zea, quien terminó condenado por recibir dineros del cartel de Cali en la campaña de Samper, y la del confeso narcotraficante Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’. 

Sus testimonios hasta entonces era poco creíbles para la justicia porque incurrían en errores y contradicciones, pero con Ordóñez a la cabeza de la Procuraduría y Jaimes como su delegado para ese caso, fueron a escucharlos.

En junio de 2009, el fiscal del caso, el entonces procurador Jaimes y Enrique Gómez, sobrino de Gómez Hurtado y abogado de la familia, viajaron a México a entrevistar a Botero Zea. A Rasguño la misma comisión le tomó la declaración en enero de 2010 en una cárcel de Estados Unidos.

Ambas declaraciones se filtraron a pocos días de recogidas y la noticia fue que los dos acusaban a Samper y a su exministro del Interior, Horacio Serpa, de haber sido los determinadores del asesinato. 

En ese momento, Semana dijo que tras conocer toda la declaración de Rasguño contenida en 79 páginas era llamativo que el abogado de la familia Gómez y Jaimes en varios apartes “le sugieren nombres e incluso le corrigen fechas y datos a ‘Rasguño’ cuando éste se equivoca o no se acuerda”.

La Procuraduría negó que hubieran inducido la versión de ‘Rasguño’. 

El escándalo no se quedó ahí. Basado en las filtraciones, el excongresista conservador Pablo Victoria, amigo de Ordóñez (le nombró a la esposa en la Procuraduría), aseguró que Fernando Botero había dicho que el exdirector del DAS Ramiro Bejarano, había orquestado seguimientos ilegales a Gómez Hurtado.

Después de que Bejarano le copió a Jaimes una carta, que le envió a Victoria con el adjunto de toda la declaración de Botero Zea en la que se probaba que no lo había nombrado, Jaimes pidió al Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía que investigaran la filtración porque la versión completa estaba rondando y violaba la reserva sumarial del expediente de Gómez Hurtado. 

Bejarano, que una década más tarde se volvería encontrar con Jaimes en el proceso de Uribe como abogado suplente de Iván Cepeda, lo denunció por presunto abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto al pedir que lo investigaran justo él por las filtraciones, cuando ya habían sido publicadas por varios medios.

Al final, la Fiscalía archivó la denuncia, pero todo el episodio dejó en evidencia que la segunda diligencia programada para escuchar a ‘Rasguño’ en Estados Unidos no se realizó. 

En su momento circularon varias versiones sobre por qué se frustró y una de ellas, que volvió a la luz pública con su encargo del caso Uribe, es que las autoridades gringas se molestaron por los rumores de que los investigadores habrían inducido sus respuestas y filtrado la información, y le habrían revocado la visa a Gabriel Jaimes.

Ese episodio habría ocurrido, en todo caso, posterior a la segunda visita de Jaimes a Estados Unidos, porque en esa ocasión, aunque no habló con Rasguño, sí lo hizo con otros narcos.

Sobre la visa, la versión que Jaimes ha dicho en varios círculos es que él jamás ha tenido visa convencional a Estados Unidos sino que entró a ese país en ese entonces con una visa especial que le habrían otorgado como procurador y que el documento consular habría perdido vigencia una vez él salió del cargo y nunca se molestó por pedir otra.

En la Embajada de Estados Unidos le confirmaron a La Silla que ese tipo de visas oficiales sí se otorgan y que su duración puede ser por una temporada o por un caso en especial, pero no nos dieron ninguna información sobre este caso en particular.

Lo que sí confirmó La Silla es que el Fiscal Barbosa mintió cuando dijo que Jaimes sí tenía visa cuando El Espectador cuestionó que no la tuviera: desde comienzos de este año, Jaimes está tramitando la visa americana y aún no se la han otorgado, quizás porque la pandemia ha ralentizado todos los trámites consulares. 

El episodio de ‘Rasguño’ se sumó a otros que le valieron críticas a Jaimes en su paso por la Procuraduría.

Jaimes conceptuó como Procurador que no se reabriera una investigación por parapolítica contra el exalcalde de Cúcuta, condenado por homicidio, Ramiro Suárez Corzo, porque no era procedente esa petición debido a que no se cumplían los requisitos. A pesar del palo que recibió en medios, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la decisión de Jaimes, con los mismos argumentos.  

La Corte, en cambio, no validó el argumento de un procurador bajo su cargo cuando dijo que no había pruebas para concluir que el exgobernador cesarence Álvaro Araujo se había aliado con paramilitares para elegirse en 2002. En ese caso, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a Araújo por concierto para delinquir a 9 años y 4 meses de prisión.

Hace un mes, El Espectador publicó que Jaimes tenía una indagación preliminar en la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema, que ahora le responde a él, porque siendo procurador había emitido un concepto para habilitar una contratación ilegal en el Hospital Militar. La defensa de Jaimes en ese proceso es que le falsificaron la firma y así lo denunció formalmente antes de que saliera el escándalo. 

Jaimes solo estuvo en la Procuraduría año y medio, y salió cuatro meses después de lo de Rasguño. La razón también está metida en varias versiones. Van desde que, a raíz de todo el episodio con Rasguño, Ordóñez prefirió pedirle que diera un paso al costado para calmar las aguas con los gringos, hasta que Jaimes ganó un concurso para volverse nuevamente funcionario de carrera en la Fiscalía.

El mismo mes que se retiró de la Procuraduría, en julio de 2010, se vinculó a la dirección nacional de Fiscalías contra la extorsión y el secuestro como funcionario de carrera. Además, algunos meses después de su salida, Ordóñez nombró a Rubby Durán, la esposa de Jaimes, en la Procuraduría.

Sin embargo, dado que Jaimes había renunciado a su carrera en la Fiscalía para irse con Ordóñez, no es muy claro por qué querría devolverse a esa entidad tan pronto y más cuando era uno de los funcionarios más visibles y mejor pagos de la Procuraduría.

El regreso y el ascenso con Barbosa

Con su retorno a la Fiscalía, Jaimes pasó de ser uno de los funcionarios más poderosos de Ordóñez a ser fiscal de Fusagasugá, un cargo de poco reconocimiento, en la administración de Eduardo Montealegre, quien, junto con su vicefiscal Fernando Perdomo, pediría una década después ser reconocido como víctima en el proceso contra Uribe por presuntamente torcer testigos.

Montealegre y Perdomo le dijeron a La Silla que no recordaban a Jaimes y que solo supieron de su existencia cuando se encontraron con él en el proceso de Uribe; sin embargo, La Silla conoció otras tres versiones, dos de las cuales vienen de adentro de la Fiscalía de ese momento, que relatan otra cosa.

Según dos de esas versiones, el entonces Fiscal General decidió trasladar a Jaimes a Fusagasugá porque el exprocurador seguía moviendo internamente las versiones de ‘Rasguño’ y Botero sobre el crimen de Álvaro Gómez, cuando la tesis de la Fiscalía para ese momento era que el magnicidio había sido promovido por paramilitares. 

“Jaimes era un problema en la Fiscalía. No podían desvincularlo porque era funcionario de carrera, y la solución que encontraron fue mandarlo lejos. Por eso termina en Fusagasugá”, dijo a La Silla una de esas fuentes. La segunda coincidió en los detalles. 

La tercera solo explicó que Montealegre y Jaimes no tenían una buena relación y que por esa razón, había sido trasladado a ese municipio.

Tras cuatro años sin ninguna figuración fuera del municipio cundinamarqués, en 2015 Jaimes pasó a la unidad de crimen organizado de la Fiscalía en Bogotá, y ahí tampoco tuvo visibilidad. En ese cargo, tenía dentro de sus tareas perseguir y desarticular bandas de microtráfico en la capital.

En ese rol coincidió con Francisco Barbosa, entonces Consejero para los Derechos Humanos de Duque, en algunos consejos de seguridad, y es así como Jaimes le ha explicado a conocidos cómo terminó ocupando el tercer cargo más importante de la Fiscalía, detrás del Fiscal General y el Vicefiscal.

Sin embargo, la otra la versión es que la familia de Gómez Hurtado lo recomendó a Barbosa, dada la instrucción de Iván Duque de esclarecer ese crimen. 

Por haber manejado el caso cuando era Procurador, Jaimes está impedido para asumir la investigación del magnicidio en la Fiscalía (suponiendo que mantenga la competencia ahora que la JEP recibió la confesión de las Farc), pero lo hará un fiscal de su unidad, que aunque no le reporta en ese caso, sí le puede dar acceso.

Jaimes, en todo caso, venía con la credencial de dos especializaciones en derecho penal y procesal de la Universidad Sergio Arboleda, el alma mater de Barbosa y Duque y cantera de varios profesionales de la actual Fiscalía.

Pero más allá de cuál sea la versión real, lo que sí es claro es que Jaimes pasó de manejar casos de bajo perfil de crimen común en Bogotá a ser el coordinador de todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema, que son los que llevan los casos más sensibles políticamente de la Fiscalía porque involucran a los aforados y les asignan los casos que el Fiscal General discrecionalmente cree que deben ser priorizados.

Es tan importante el cargo que Jaimes no solo es el responsable de la investigación contra Uribe, sino que también fue delegado por Barbosa como el coordinador de todas las investigaciones por el caso Odebrecht.

Fue su tercer salto con garrocha.

“Normalmente ese cargo lo ocupan personas que tienen un muy alto perfil. No es común un nombramiento de ese tipo en la coordinación de las delegadas”, nos dijo alguien que ocupó ese cargo. 

De hecho, el anterior procurador delegado ante la Corte Suprema Fabio Espitia salió de ahí a Fiscal General encargado, y la que lo antecedió a él, Elka Venegas, había sido directora nacional de Fiscalías antes de ocupar el cargo.

Los cuestionamientos

Desde su llegada a ese cargo, Jaimes ha despertado polémica. 

En abril, a dos meses de convertirse en fiscal coordinador de los delegados ante la Corte Suprema, envió un mensaje de WhatsApp a los fiscales de su unidad pidiéndoles que remitieran “todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor Fiscal General”.

Esa orden fue cuestionada porque vulneraba la autonomía de los fiscales pero Jaimes argumentó que dentro de sus funciones de coordinar los fiscales delegados ante la Corte está pedirles informes para entregárselos al Fiscal General, en vista de que constitucionalmente es el Fiscal General quien tiene que ver esos casos. Un exfiscal general nos aseguró que esa argumentación tenía fundamento.

Jaimes también fue quien solicitó, por orden de Barbosa, un comité jurídico para evaluar los avances en torno al caso de Esteban Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos, por presuntamente sobornar a fiscales y jueces en el caso de su papá, el exgobernador conservador de Antioquia y aliado de Uribe

Esa decisión y el posterior traslado del Fiscal del caso, Daniel Cardona, a Tumaco, quien tras recibir esa noticia prefirió renunciar, nuevamente prendieron las alarmas sobre la injerencia de Barbosa a través de Jaimes en la autonomía de los fiscales. 

Ahora, todos los ojos están puestos en su actuación en el caso de Uribe.

Dado que hace unas semanas un Juez determinó que todo lo actuado por la Corte Suprema era válido en el caso del Expresidente y que la Fiscalía deberá decidir si lo acusa y lo lleva a juicio, o si pide la preclusión, la siguiente aparición de Jaimes será determinante en el caso. 

No falta mucho para eso. 

Según los cálculos que hizo la Fiscalía, son 120 días los que tiene Jaimes para tomar una decisión, y de esos ya han transcurrido 15 hasta hoy.

Jaimes ha dicho que esa es una decisión en la que se pierde con cara y con sello, y si bien es cierto que a la mitad del país no le gustará la posición que asuma, la solidez de su argumentación lo ubicará en un lado u otro de la Historia.