La fórmula de los líderes sociales para que no los maten: cumplir con el Acuerdo de Paz

El jueves pasado a las once de la mañana, fue asesinado en el corregimiento Llorente, en Tumaco, Nariño, el líder indígena Rodrigo Salazar. Tenía 44 años, era papá y esposo. Rodrigo es el líder número 406 asesinado desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según cifras de la ONU. Una cifra que, pese a la pandemia, no ha disminuido. 

Después de años de esperar una solución desde el Gobierno a esta tragedia, organizaciones de líderes están ofreciendo la suya: que Duque cumpla con el Acuerdo de Paz. 

Las propuestas

Varias comunidades llevan meses elaborando propuestas para lograr una protección efectiva de sus vidas y están a la espera de lograr una reunión con el Gobierno para presentarlas. 

“Las medidas de chalecos no nos garantiza que no nos vayan a matar, porque los han muerto así y cuando al líder lo sacan del territorio por su seguridad eso no garantiza que los procesos comunitarios que ellos lideran continúen en el territorio, sino que eso resquebraja los liderazgos, la comunidad y los procesos”, dijo a La Silla la lideresa de las Tejedoras de Mampuján, Juana Ruiz, que fue Premio Nacional de Paz y amenazada recientemente.

“La seguridad es que podamos volver a caminar tranquilos en el territorio y a exigir nuestros derechos sin miedo”, dice la líder. 

Juana Ruiz es una de los líderes de 15 municipios de Montes de María, en la costa Caribe, que elaboraron este documento con propuestas para entregarle en los próximos días a la ministra del Interior, Alicia Arango. 

El documento pide “la aprobación de una estrategia general” y propone un gran diálogo regional en el que las entidades del Gobierno los escuche de verdad y responda si sus propuestas van a ser acogidas. 

“Les cambiamos los escoltas, los carros y los esquemas de seguridad, por más democracia, más participación ciudadana, más presencia del Estado concertada y más trabajo colectivo”, dice en un apartado el documento. 

Entre las ideas que proponen hay algunas sencillas y prácticas como apoyar alarmas comunitarias, poniendo unos altoparlantes en la zona, que puedan alertar sobre la presencia de extraños y garantizar su seguridad colectiva.

Hay otras puntuales. En diferentes municipios de Sucre y Bolívar, las comunidades de los Montes de María tienen un Festival de la Reconciliación en el que reúnen a víctimas del conflicto con victimarios para promover la reconciliación mediante actos de perdón públicos, conciertos y murales. Es una experiencia que ellos sienten ha ayudado, pero que ha tenido recursos muy limitados. 

Y hay otras más complejas, como darles 150 hectáreas para sembrar, que ayuden a generar vínculos entre las comunidades y a cohesionar el territorio que se fragmentó con la guerra. 

En el Pacífico, los líderes de Nariño, Cauca, Chocó y Valle también tienen su propuesta para el Gobierno: piden un análisis del contexto del conflicto del Pacífico para que se identifique los bandos en conflicto y cómo afectan la región. 

Ellos creen que es clave revisar por qué no han funcionado las alertas tempranas que saca la Defensoría para que el Ejército y otras entidades los proteja y fortalecer la investigación judicial de las agresiones a los líderes.

Aparte de estas comunidades bajo el liderazgo de Leyner Palacios, de Bojayá, otros líderes del Pacífico han pedido medidas de protección alternativas al Gobierno en otros espacios. 

En Tumaco, por ejemplo, la propuesta de protección de los líderes también es que sea colectiva mediante el fortalecimiento de la guardia indígena, y no individual, que es la oferta más común del Estado para proteger a los líderes sociales.

 “La propuesta siempre ha sido trabajar con 40 guardias con capacitación, y dotación de tipo personal y sistema de comunicación con radio de largo alcance en lugares más apartados donde no hay señal de teléfono; ese sistema lo montamos y nos ha servido mucho” le dijo a La Silla el representante legal de la organización indígena Awá Unipa en Tumaco Rider Nastacuás. 

Ese esquema de fortalecer la guardia indígena fue posible gracias al apoyo de la Unidad Nacional de Protección en 2017. “Ahorita está congelado todo eso”, aseguró Nastacuás, porque “la UNP nos ha respondido que no tiene recursos”. 

Para él, si bien las medidas individuales de protección le han servido a algunos líderes amenazados y gobernadores indígenas Awá, y han logrado tener escoltas que sean de la misma comunidad, ese no es un beneficio comunitario y no reduce totalmente el riesgo. 

Otros ven su protección en un sentido más amplio, que se podría sintetizar en una cosa: que el gobierno de Duque cumpla con el Acuerdo de Paz, que fue concebido como una política para integrar la periferia azotada por el conflicto al desarrollo del resto del país.

“La seguridad y la mitigación de la violencia solo se logrará al cumplir con los Acuerdos de Paz”, le dijo a La Silla Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos en el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric. “Si no, la historia se va a repetir: el aumento de cultivos de uso ilícito, el auge de presencia de grupos ilegales es efecto de ese incumplimiento, la forma de poder mitigar la violencia es un cambio estructural”.

El Acuerdo de paz como protección

El Acuerdo de Paz tenía una concepción de seguridad territorial que partía de la idea de que esta se conseguía al sustituir las economías ilegales, apostarle al desarrollo rural, crear un fondo de tierras para los campesinos desposeídos y lograr una mayor participación de las asociaciones rurales en los destinos de sus regiones.

“Esa estrategia no se aplicó”, dice el experto de Indepaz Camilo González Posso. “La estrategia de seguridad del Gobierno ha fallado porque lo que se previó en los Acuerdos de Paz fue de seguridad humana y territorial y el Gobierno sigue privilegiando lo militar”. 

Las comunidades piden que el Gobierno aplique el decreto 660 de 2018, que crea el Programa para proteger a los líderes, concebido en el Acuerdo, y que dos años después de firmado sigue en el papel. Solo en mayo, el ministerio del Interior reactivó sus comités para empezar a aplicarlo.

También, que funcione la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como fin la formulación de la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales. Según la Onu, no sesiona desde enero.  A cuatro años de firmado el Acuerdo, el gobierno apenas presentó un borrador de cómo sería su reglamento.

Pero, sobre todo, los líderes piden que el Gobierno los tenga en cuenta para formular la política de protección porque ellos son quienes conocen los territorios. 

La estrategia del Gobierno

La propuesta de los líderes no será fácil de asimilar para un gobierno que se eligió como parte de la Coalición del No y con el objetivo de no tener al Acuerdo de la Habana como eje central de su gobierno.

El pasado jueves, en su segundo informe sobre este tema, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutierrez, dijo que el Gobierno está haciendo todo lo posible por proteger a los líderes sociales y que en los próximos días, el presidente Iván Duque anunciará un documento Conpes para la protección de líderes sociales. Es decir, una política pública con resultados medibles y presupuesto.

Informó que ha mantenido la Mesa Nacional de Garantías, en la que se revisa el contexto de riesgo y las acciones de prevención y protección, y que ha creado un comité interinstitucional para sacar cifras unificadas sobre el asesinato de líderes y conocer más del fenómeno (el resultado fue el informe). 

Contó que la Fiscalía fortaleció su Unidad Especial de Investigación, puso más fiscales en las zonas en riesgo para investigar todos los casos verificados por la ONU, que ha logrado avances en 30 casos de homicidio y 47 órdenes de captura en estos tres últimos meses, y que el Ministerio de Defensa elevó las recompensas en el cártel de búsqueda de algunos responsables de los asesinatos. 

También anunció que desde hace un mes activaron los planes de intervención integral en las Zonas Futuro en el Pacífico Nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Sur de Córdoba, Arauca y el Parque Natural Chibiriquete. 

Además, como hemos contado Duque creó el Plan de Acción Oportuna, PAO, para atender la protección de los líderes y defensores de derechos humanos, pero fue más cámaras que acción pues solo ha sido un espacio de reuniones, con pocas acciones concretas. 

Más allá de los pasos puntuales que ha dado el gobierno para protegerlos no han sido suficientes como lo atestigua el que hayan matado 37 líderes (49 en trámite de verificación) este año según la Onu y 164 según la ong Indepaz, y el reto para cumplir con las expectativas de los líderes es que justamente fue elegido por la porción de la población que no estaba de acuerdo con el Acuerdo de Paz, que ellos ven como la ruta para su protección. 

Los líderes sociales creen que nada los protegería tanto como abrirles el espacio para una mayor participación. Una aspiración que choca de frente con una de las ‘victorias’ que consiguió Uribe y su coalición en 2016, cuando renegociaron el Acuerdo tras la derrota del Sí en el plebiscito y consiguieron eliminar la participación de las organizaciones comunitarias en varias instancias de decisión en planes de desarrollo y programas rurales.

Fortalecer a las comunidades, que en su gran mayoría son críticas y opositoras al Gobierno, puede no solo provocar críticas de su partido Centro Democrático a Duque sino también hacer más difícil sus políticas bandera como la de la erradicación y la aspersión con glifosato, por poner dos ejemplos. Incluso, el fracking.

Así, mientras el Gobierno sigue con su modelo convencional de protección y apenas arranca a pensar otras estrategias, las comunidades ya las tienen claras. Pero convencer al Gobierno de ellas no les quedará fácil. 

Mientras tanto, seguirán matando otros líderes como Rodrigo Salazar.