La justicia vuelve y juega a favor del ex representante Luis Fernando Almario

El ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario se volvió a salir con la suya. El lunes en la tarde, el juez declaró la nulidad del proceso que cursaba en su contra como determinador del asesinato de la familia Turbay Cote y ordenó su libertad.

El juez Carlos Enrique Tobón sentenció que la Fiscalía había incurrido en irregularidades al haber llamado a Almario a ampliar la indagatoria que había rendido ante la Corte Suprema en cambio de haber iniciado un proceso desde cero después de que él renunció a su fuero de congresista y la investigación fue asumida por la Fiscalía.

El juez aclaró que con esta decisión no se cierra la investigación ni el proceso sino que deberá volver a la etapa de instrucción. Por lo tanto, el material probatorio de la Fiscalía y de los Turbay no será desechado y se tendrá en cuenta cuando comience de nuevo el juicio.

Con una presentación de Power Point el abogado defensor Luis Carlos Hoyos explicó los motivos de su petición de nulidad del proceso. El abogado de Luis Fernando Almario alegó que le habían violado su derecho a un debido proceso. El juez cuarto del circuito especializado aceptó sus razones. Las diapositivas que mostraban edificios cayéndose fueron el símil de la defensa para explicar un proceso penal construido con malas bases de procedimiento. El fiscal delegado ante la Corte, Darío Garzón, reclamó la decisión del juez y sostuvo que apelará porque "no hubo tal falla procedimental". En la audiencia preparatoria, en donde se iban a mostrar las pruebas del proceso por lado y lado (Fiscalía y Almario) no se sacó ninguna de éstas. Sólo se habló de la nulidad aceptada por el juez Tobón. Tras la orden judicial de su libertad, Luis Fernando Almario quedó a disposición del Inpec para que el organismo verifique si tiene otros procesos. Si no, quedará en libertad inmediatamente.

El caso

Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por el Partido Conservador, está detenido en la cárcel La Picota desde febrero de 2008 por el delito de homicidio agravado. Está acusado como determinador de las muertes de Inés Cote de Turbay y su hijo, el entonces congresista Diego Turbay, quienes fueron asesinados el 29 de diciembre de 2001 en una carretera cerca a Puerto Rico, en el Caquetá, junto con sus escoltas.

Según la investigación de la Fiscalía, Almario habría recomendado a las Farc asesinar a los Turbay Cote, quienes eran sus rivales políticos en el departamento. Un guerrillero desmovilizado declaró ante el hoy Fiscal de Justicia y Paz Leonardo Augusto Cabana que Almario le dijo a Fabián Ramírez las Farc que los Turbay Cote habían llevado el paramilitarismo al Caquetá. Otros guerrilleros desmovilizados corroboraron ese testimonio después (vea testimonio de uno de ellos).

Ese testimonio fue ignorado durante varios años hasta un célebre debate que propició Gustavo Petro a mediados de 2008 sobre la Farc-política en el Congreso. A raíz de su intervención, personas allegadas a los Turbay le pidieron al Fiscal Iguarán retomar el caso.

Cuando el Fiscal ordenó compulsar copias del testimonio del ex guerrillero de las Farc a la Corte Suprema de Justicia, ésta ya estaba adelantando investigaciones preliminares sobre vínculos del representante Almario con organizaciones ilegales. En noviembre de 2008 lo llamó a rendir versión libre y en diciembre, le abrió un proceso formal como eventual determinador del crimen de los Turbay.

Almario dilató el proceso en la Corte alegando estar enfermo y mientras tanto pidió al entonces Presidente de la Cámara Oscar Zuluaga que le levantara el fuero parlamentario. Sin ser discutido en plenaria como lo indica el reglamento del Congreso, la mesa directiva de la Cámara de Representantes accedió a su solicitud y con eso, Almario dejó sin piso a la Corte Suprema para juzgarlo. Su caso pasó a la Fiscalía.

Su poder sobre la justicia

Esta era la segunda vez que Almario renunciaba a su fuero. Ya lo había hecho cuando era representante a la Cámara y fue acusado por la Fiscalía durante el proceso 8.000 en 1997 de haber recibido 40 millones de pesos del Cartel de Cali. El juez lo declaró inocente.

En el actual proceso por Farc-política, Almario solicitó dos veces la nulidad alegando que debía ser juzgado en Caquetá, donde ocurrió el asesinato de los Turbay, y no en Bogotá. La primera vez se la negó el juez penal del circuito. Él interpuso una tutela que ganó ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca pero después, el Consejo Superior de la Judicatura la revocó.

Almario tiene gran influencia sobre la justicia. Su esposa, Elsa Piedad Ramírez, llegó a ser fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y contaba con varios amigos en la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

Su amistad con Angelino Lizcano, el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que interviene en el nombramiento de los jueces de descongestión como el que falló este caso, tampoco ha pasado desapercibida. Lizcano es caqueteño como Almario y le debe al ex representante su elección como secretario general de la Cámara, de donde saltó a la Judicatura. El también caqueteño Reinaldo Duque, secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien investiga y juzga a los jueces, militó con Almario en el Partido Conservador en Florencia.

Su historia política

Almario arrancó su carrera política como conservador pero ha cambiado varias veces de partido, casi siempre apoyando al ganador.

Fue elegido representante a la Cámara por el Caquetá en 1991 por el partido azul. Tres años después, como vicepresidente de la Cámara, jugó un papel clave en la absolución del Presidente Samper durante el proceso 8000. Luego apoyó la candidatura presidencial de Noemí Sanín hasta que Andrés Pastrana se perfiló como el más posible ganador y entonces formó parte de la coalición que lo respaldaba.

Con el asesinato de la familia Turbay Cote en el 2000, Almario asumió el control absoluto de la política del Caquetá. Los Turbay Cote eran una familia de estirpe liberal con gran poder político en el departamento. El abuelo llegó como colonizador al Caquetá a finales de la década de los años veinte. La segunda generación, que fue la del senador Hernando Turbay Turbay, logró su consolidación a comienzos de la década de los 70. Cuando el senador murió en 1990, Rodrigo Turbay, su hijo mayor, asumió la dirección política del partido liberal oficialista hasta que fue secuestrado por las Farc en 1995. Al aparecer su cadáver ahogado el 3 de mayo de 1997, su hermano menor Diego Turbay, quien vivía y trabajaba en Bruselas con la Federación Nacional de Cafeteros, renunció y se lanzó a la alcaldía de Florencia. Perdió.

En 1998, se lanzó de nuevo pero esta vez como candidato por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes ignorando la amenaza de las Farc de matar a los candidatos de los partidos tradicionales que se presentaran a las elecciones. Almario, en cambio, lo hizo por el Movimiento de Integración Colombiano (MIC), movimiento comunal que no tenía el rechazo de las Farc.

Ambos ganaron. El 29 de diciembre de 2000, las Farc hicieron efectiva su amenaza y asesinaron a sangre fría a Diego Turbay, a su madre Inés Cote Turbay y a sus escoltas.

Los que acusan a Almario dicen que cuentan con varios testimonios que demostrarían sus vínculos con las Farc y el narcotráfico. Y ahora temen que con la decisión del juez de iniciar nuevamente el juicio continúe el asesinato de los testigos que ya son conocidos por el acusado pues todas las cartas fueron destapadas durante el juicio.

Hasta el momento, 38 testigos han sido asesinados, entre ellos varios taxistas que fueron torturados y muertos la semana siguiente a los Turbay por haber presenciado el homicidio. Hace menos de dos meses, fue asesinado el ex alcalde de Puerto Rico Jorge Hernán Calderón y su computador personal fue robado. Era uno de los principales testigos contra Almario.

Toca ver con qué premura se inicia de nuevo el primer juicio por Farc-política. También será interesante la reacción del gobierno. Uribe se ha quejado de la poca celeridad con la que avanzan estos procesos en comparación con los de la parapolítica pero paradójicamente, Almario se ha visto beneficiado también con una jugosa cuota burocrática durante los últimos años. Su hermano Pedro Alfonso Almario fue nombrado por este gobierno como agregado cultural de la embajada en Brasilia. Y en Caquetá es vox populi que la gerencia de la contraloría regional, la administración el aeropuerto de la ciudad y la registraduría de instrumentos públicos siguen la línea del ex representante. Muy pronto volverá por allá.