Alejandro Gaviria supera un obstáculo pero no tiene ganada la carrera

La decisión del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de que el Gobierno le fijará un precio al medicamento imatinib es una movida que evita un probable enfrentamiento interno en el Gobierno pero que no le baja la tensión a la puja con las farmacéuticas. Más porque aunque la pelea que se veía venir desaparece, Gaviria no tiene el apoyo del todo el Gobierno y el presidente Juan Manuel Santos no ha tirado línea en el tema.

Como ya contó el ministro en varios medios, la resolución para declarar de interés público al imatinib, que se usa para tratar algunos tipos de leucemia, está lista, pero no ha sido publicada. La Silla consiguió su borrador final en exclusiva

Resolución Interés Público Imatinib MinSalud by lasillavacia

Esa resolución es un paso clave en un proceso que arrancó hace varios meses. A fines de abril Gaviria inició un proceso para negociar con la multinacional Novartis que ésta redujera el precio del Glivec, que es el nombre con el que comercializa el imatinib bajo la protección de una patente.

En ese momento, el Ministro dijo que si no lograba un acuerdo iba a declarar el imatinib como un medicamento de interés público, lo cual permite que el Gobierno intervenga en el mercado.

Gaviria dijo en ese momento que la intervención se haría a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, que tendría que “romper” la patente permitiendo que otros laboratorios produjeran imatinib. Eso se haría a través de una licencia obligatoria, que es una forma en la que la SIC puede obligar al dueño de una patente a que permita que otras personas lo usen.

El mensaje era muy fuerte, pues la idea central de una patente es que su dueño tiene exclusividad para producir lo que inventó y solo entrega licencias a otros si quiere. Además, en Colombia nunca se han emitido licencias obligatorias, por lo que el anuncio produjo un debate grande, incluyendo cartas de congresistas de Estados Unidos a favor y en contra.

La decisión de Gaviria también enfrentó una dura oposición interna en el Gobierno, pues la nueva MinComercio, María Claudia Lacouture, se opuso y el presidente Juan Manuel Santos no tiró línea en una reunión clave hace mes y medio, como contó la Silla.

Como la política general de la SIC es defender las patentes (pues ella las otorga), por lo que quedaba abierta la pregunta de hacia dónde se inclinaría Robledo.

El nuevo anuncio de Gaviria es que buscará que el Gobierno le fije un precio al Glivec sustancialmente menor al que hoy cobra Novartis, una medida que no pasa por la SIC, y que por lo tanto permite evitar un choque interno.

La resolución que revela La Silla -y en cuya redacción participaron Gaviria y Robledo- es el primer paso para ello, pero deja vivo el debate de la licencia obligatoria: aunque no habla de ellas, tampoco dice explícitamente que se cierra ese camino. Que todavía puede ser recorrido. 

El interrogante de la sociedad civil

Aunque el anuncio de Gaviria parecería decir que la SIC sale del panorama, hay una posibilidad grande de que el debate sobre la licencia obligatoria siga vivo y que la SIC tenga que fijar su posición en un asunto polémico.

Pero con la decisión de Gaviria la SIC ya no aparecería como su rival e incluso podría ayudar a que el Superintendente no tenga que entregar una licencia obligatoria.

En Colombia nunca se ha otorgado una licencia obligatoria y ni siquiera se ha iniciado un proceso para debatir una, pero el decreto que determina cómo y cuándo la SIC debe entregar una se inicia con la declaración de un bien como de interés público, que es lo que hace la resolución que revela La Silla. Y que, según el decreto y altas fuentes de la SIC, lo que sigue es que ésta ejecuta la decisión del Ministro y tramita una licencia obligatoria.

Por eso, puede que la Superintendencia sí tenga que meterse en el tema. Más porque toda la discusión nació de la solicitud de varias organizaciones de la sociedad civil (Fundación Ifarma, Misión Salud, Acción Internacional por la Salud y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional), que podrían decidir si le solicitan directamente a la SIC que inicia ese trámite.

Es probable que eso ocurra porque para los activistas de salud pública es un objetivo valioso que se tramite una licencia: demostrar que Colombia sí impone licencias obligatorias es una victoria simbólica grande y un precedente que luego podría aplicar a otros medicamentos e incluso a otros sectores.

Pero Robledo seguramente no tendrá que tomar una decisión que choque con la protección de las patentes ni con el objetivo de Gaviria: si se fija un precio mucho menor para el Glivec, la SIC tendrá un argumento para negar cualquier solicitud de licencia obligatoria. Todo porque las licencias solo se podrían pedir para que el Glivec se deje de vender tan caro, si el precio termina regulado, puede argumentar que ya no hay motivos de interés público para una licencia obligatoria.

Por todo es es poco probable que la primera licencia obligatoria que entregue Colombia sea con el imatinib y que haya un choque entre la SIC y el Ministerio de Salud, lo que en lo político le facilita el camino a Gaviria.

El obstáculo que viene

Ayer, después de conocer la decisión, el director ejecutivo de propiedad intelectual internacional de la cámara de comercio de Estados Unidos, Patrick Kilbridge, sacó un trino que muestra que el lobby de las multinacionales farmacéuticas sigue pendiente a pesar del cambio de camino.

#Colombia move against @Novartis leads every #innovator in the market to ask, "Am I next?" @globalIPcenter

— Patrick Kilbride (@pjkilbride) 15 de junio de 2016

Eso se suma al comunicado que sacó el gremio de las multinacionales farmacéuticas de Estados Unidos, Phrma, el viernes pasado en el que se va con toda contra la decisión de Gaviria. “No hay razones legítimas para que Colombia emita una declaración de interés público”, dice. “La emisión de una declaración de interés público como un mecanismo para imponer controles de precios superfluos crea un precedente global dañino”.

Eso muestra que para las multinacionales el objetivo de fijar un precio es tan duro como la licencia obligatoria, por lo que la tensión se mantiene y el Gobierno en general, y Santos en particular, siguen estando entre la presión de la industria farmacéutica y la de los activistas de la salud pública.

Y esa tensión seguramente se verá en la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la instancia que ahora deberá definir si fija unilaterlamente el precio y cuál será, creando una metdología que se aplciará a otros casos y será nueva, que es la de simular qué precio tendría el Glivec si hubiera competencia.

En esa Comisión están sentados Lacouture, que se ha mostrado contraria a la declaratoria de interés público, y Gaviria, por lo que seguramente habrá debate. Y el voto decisorio será el tercero, que está en cabeza de la delegada del Presidente, Aura María Londoño.

Como Londoño ha sido una aliada del ministerio de Salud en varias de sus decisiones más de avanzada en materia de medicamentos, Gaviria se ha mostrado tan confiado que incluso ha dicho que el precio bajará entre el 40 y el 50 por ciento.

Si eso ocurre, algo que debería tardar varias semanas, la primera declaratoria de un medicamento como de interés público tendrá efectos prácticos, y Gaviria habrá dado un paso más para consolidar el control a los precios de los medicamentos. Y lo habrá logrado con el voto de la delegada del presidente Santos quien, de forma indirecta, mostraría que sí apoya a Gaviria frente al lobby farmacéutico.

Claro, si es que nada cambia.