La Corte mueve el eje de la política minera de Casa de Nariño a los municipios

La Corte Constitucional tumbó total o parcialmente seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo y con esta sola decisión la Corte le quitó al Gobierno autonomía para definir la política minera para darle mucho más juego a los alcaldes, los concejos o los ciudadanos de los municipios donde hay posibilidades de explotar oro, coltán, carbón, gas o petróleo.

La noticia que mojó titulares fue la prohibición total de hacer minería en los páramos, en la que la Corte determinó que el derecho al medio ambiente y al agua está por encima de los títulos mineros otorgados antes de 2010 para la minería y 2011 para los hidrocarburos. En ella, el magistrado conservador Gabriel Mendoza acompañó a la mayoría compuesta por los magistrados liberales Gloria Stella Ortiz (la ponente del caso), Alberto Rojas, Luis Ernesto Vargas, Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle. Jorge Pretelt estuvo ausente.

Pero en las otras votaciones, que son las que le quitaron poder al Gobierno para definir la política minera, Mendoza estuvo con los magistrados  Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Linares. Y su derrota marca la del Gobierno Santos, que con el Plan de Desarrollo buscó recuperar el manejo de esa política pero terminó sin bonanza minera y sin poder en el sector.

Los municipios recargados

Tomás González, Ministro de Minas, se quedó sin las principales herramientas que había metido en el Plan de Desarrollo

El principal argumento de la mayoría para hundir los cimientos de la política minera en el Plan de Desarrollo es que estos artículos irrespetaban la autonomía que tienen los municipios para definir el uso de su suelo y ordenar sus territorios.

Una de las facultades que le quitó al Gobierno central es la de otorgar las licencias ambientales de los 78 macroproyectos que Santos ha declarado como de interés nacional (Pines).

Dada la importancia de esos grandes proyectos, como la Ruta del Sol o las demás 4G, el Plan de Desarrollo tenía un artículo que le quitaba a las CAR la función de tramitar sus licencias ambientales, y se la había entregado a la Agencia Nacional de Licencias Mineras, una entidad más técnica y menos politizada que las corporaciones autónomas regionales.

El problema es que mientras que los alcaldes tienen incidencia en las CAR (los consejos directivos incluyen alcaldes de la región), en la Anla no. Y por eso, para la Corte, quitarle la función a las primeras para dárselas a la segunda hacía que, en la práctica, los municipios perdieran la posibilidad de definir el uso de su suelo a través de las licencias.

El Plan de desarrollo también le permitía a la Autoridad Minera Nacional (ANM), que es parte del Gobierno, decidir qué minerales eran estratégicos para el país, para convertir algunas zonas en las que se encuentren los yacimientos en Áreas Estratégicas Mineras y poderlas entregar en concesión a través de subastas. Sin esas Áreas, la minería se entrega a la persona o compañía que pida un título minero, sin puja económica entre los interesados.

Pero la Corte decidió que dejar esa potestad en manos de la ANM, sin participación de los municipios, era inconstitucional. Y por eso, aunque no hundió las Áreas Estratégicas, sí las condicionó a que los municipios tengan una voz en el mecanismo para definirlas.

En este punto, además, tomó una decisión trascendental: reiteró que la autonomía de los municipios aplica también para el subsuelo.

Este no es un asunto menor, porque ese pronunciamiento de la Corte legitima a las consultas populares que han querido hacer algunos alcaldes contra la minería en sus municipios y que han provocado una intensa discusión jurídica y una fuerte reacción por parte del gobierno.

Con este precedente de la Corte, que unifica jurisprudencia, la política minera pasará de ahora en adelante por los territorios.

El caso Ibagué

El proceso más sonado para hacer una consulta de este tipo es el de Ibagué, donde el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo le acaba de pedir al Concejo que le de el permiso para convocar una consulta popular que le pregunte a los ibaguereños si en la ciudad se deben hacer proyectos mineros que “impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio”.

Si esta consulta sale adelante y la mayoría vota en contra de los proyectos mineros, el megaproyecto de explotación de oro La Colosa, en la vecina Cajamarca, podría enfrentar serias dificultades incluso antes de sacar la primera piedra.

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se la está jugando a fondo por una consulta popular que le cierre la puerta a la minería en esa ciudad.

Aunque Ibagué no puede prohibir la minería en otros municipios, dado que la futura mina podría afectar al río Coello (que pasa por Ibagué) y puede necesitar terrenos en ese municipio para actividades como botar material de desecho o lavar el oro y separarlo, en la práctica podría terminar paralizando la explotación del mayor yacimiento de oro de Colombia y uno de los más grandes del mundo.

Hasta ahora la mayoría de iniciativas de consultas populares contra la minería se han caído en los tribunales como la del municipio de Pijao (Quindío) o en los concejos como la de Cajamarca, donde la AngloGold Ashanti tiene el proyecto de La Colosa.

Aunque en el vecino municipio de Piedras se hizo una consulta hace dos años y medio, y no hubo problemas legales, la Procuraduría le lanzó una advertencia al entonces alcalde y a su concejo por apoyar la consulta que prohibió que la Anglo Gold Ashanti ubicara allí una planta para procesar el oro que planea extraer de La Colosa.

De hecho, hoy la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda le envió un oficio a Jaramillo, en la que le advierte que ha abierto investigaciones disciplinarias por otras consultas, con lo que se pone de la orilla de quienes dicen que convocar la consulta es ilegal. Y reforzó la zozobra que creó ayer el procurador Ambiental para el departamento, Ernesto Cardoso, cuando en una entrevista con el diario El Nuevo Día dijo que el alcalde y los concejales podrían ser inhabilitados por la Procuraduría en caso de convocar la consulta.

Ahora la decisión de la Corte despeja el camino en Ibagué y se suma a la decisión del Consejo de Estado de suspender dos decretos, el 934 de 2013 y el “decreto navideño” de 2014, porque a su juicio le quitan a los municipios la autonomía en estos temas.

Como esa claridad llega justo cuando se está empezando a discutir la primera consulta popular sobre minería en una ciudad capital, el efecto de la sentencia puede ser multiplicador. Más cuando todos los candidatos a las alcaldías de los 9 municipios más mineros del país apoyaban hacer este tipo de consultas.

Y no son sólo las consultas

Con los municipios empoderados y todas las licencias ambientales en manos de las CAR, el poder minero se inclina definitivamente hacia los territorios. Y eso tiene consecuencias económicas y políticas.

Para comenzar, el cabildeo minero en cambio de priorizar Bogotá, donde existen lobbyistas reconocidos encargados de hacer el trabajo ante el gobierno, tendrán que redoblar su lobby ante las autoridades locales, empezando por concejos como los de Cerrito (Valle), Támesis, Urrao o Jardín (Antioquia), que han prohibido la minería.

Por eso, el cambio que provocará la sentencia de la Corte es un arma de doble filo.

Puede terminar con mineras superpoderosas manejando a su antojo y a punta de plata las autoridades municipales o con las autoridades locales reforzadas y empoderadas definiendo si quieren un futuro minero y en qué zonas y condiciones.

Pero con el posconflicto en el horizonte, y con la perspectiva de las Farc convertidas en un partido político legal y con incidencia en varias regiones donde se hace explotación mineroenergética como Arauca, la Costa Pacífica, el Cauca o el Catatumbo lo que desde ya se puede anticipar es que la minería será un terreno cada vez más polarizado y más incierto para fincar el futuro económico del país.