Los magistrados pierden poder político frente al Congreso

Una de las reformas de la Constitución de 1991 fue meter a los magistrados de las Altas Cortes en la lógica política, al ponerlos a participar en la elección de otros altos funcionarios, como el Procurador y el Contralor. Aunque la intención en ese caso era darle a una rama apolítica la función de elegir los órganos de control, para despolitizarlos, el efecto fue politizar a las Altas Cortes. Esta reforma les quita parte de esas funciones. Desde ahora no incidiran en la elección del Contralor General, quien será elegido por el Congreso en pleno de una lista de elegibles conformada por convocatoria pública. La reforma también reemplaza las ternas que enviaban los Tribunales territoriales para elegir a los contralores departamentales y municipales. Estos serán elegidos por los respectivos entes territoriales, es decir, Asambleas y Concejos, pero a partir de convocatoria pública.

Así, la rama judicial pierde oportunidad para interactuar con el Congreso, las Asambleas y los Concejos para definir a los contralores, al General (que maneja mucho presupuesto) y a los territoriales, todos cargos con un enorme poder político.

La reforma, sin embargo, no modifica el proceso de elección del Procurador y el Fiscal, por lo cuál aunque las Altas Cortes pierden todavía mantienen mucho poder ante el Congreso en la designación de altos funcionarios del Estado. 

Más poder político para las mujeres, en el horizonte

Este es un triunfo que quedó un tanto aguado. Hasta el penúltimo debate, la reforma establecía el principio de la paridad, es decir, que la mitad de las listas a Congreso, asambleas y concejos sean de mujeres, un avance del tercio que es obligatorio hoy por la Ley de cuotas. Además, las obligaba a intercalar a hombres y mujeres (llamada alternancia), por lo que no iban a quedar en puestos invisibles, como ocurre con frecuencia.

Sin embargo, ese sustancial cambio no pasó desapercibido en el último debate. Las implicaciones de la inclusión de esos principios terminaron siendo moderados para evitar que la propuesta se hundiera. Se le bajó el tono con la inclusión de que los cambios serán aplicados de forma progresiva y que estos principios no serán los únicos que van a regir para armar las listas de los partidos, aunque sin decir cuáles serían los otros. Este punto tendrá que ser reglamentado por una ley.

Ese cambio tenía mucha más fuerza en el proyecto original, que eliminaba del voto preferente, pues habría llevado a que la mitad menos uno de los elegidos por cualquiera lista fueran mujeres, y a que mínimo un 40 por ciento del Congreso, las asambleas y concejos estuvieran compuestos por ellas. Pero, en el trámite, los congresistas revivieron el voto preferente, que les conviene para mantener sus microempresas electorales.

Es más importante ser presidente de una Corte

La reforma al equilibrio de poderes introduce la figura gerencial en la rama judicial. Hasta ahora, el manejo administrativo de la rama venía siendo manejado por un grupo de magistrados -la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura- que tomaba decisiones sobre el manejo interno de la misma. Ahora, habrá un Consejo de Gobierno Gerencial, que será presidido por un gerente y que estará encargado de definir las políticas que regirán a toda la Rama y elegir y definir las listas y las ternas para definir cargos.

Este cambio les da ahora a los presidentes de las altas cortes una jugosa representación en el ese nuevo Consejo de Gobierno Judicial, que estará integrado por nueve miembros, de los cuales tres son los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ellos, más el representante de los empleados de la Rama y el de los magistrados de tribunales y de los jueces, elegirán a los demás. Esos otros son el gerente de la rama y tres miembros permanentes elegidos por el resto de los miembros del Consejo. Todos estos estarán por un período de cuatro años.

Eso refuerza a los presidentes de las Altas Cortes, que ahora tendrán el poder sobre la rama tal y como lo venían haciendo hasta ahora sin intromisión a su independencia como se pretendía inicialmente.

En el texto aprobado por el Senado quedó como parte de este Consejo el Ministro de Justicia, pero después de la pelea entre las Altas Cortes y el Congreso, la Cámara de Representantes lo sacó. Por eso, este tema será uno de los más candentes que pasarán a conciliación.

El poder de quedar de segundo

Como una garantía a la oposición, ahora el segundo más votado en las elecciones de la rama ejecutiva (Presidente, Vicepresidente, Gobernadores y Alcaldes) tiene derecho a una curul -si quiere- en el órgano colectivo correspondiente (Senado, Cámara, Asambleas y Concejos, respectivamente).

Las del Congreso serán adicionales a las que hoy existen, mientras que tendrán en Asambleas y Concejos no (es decir, si los segundos las toman, ‘sacarán’ al último en quedar elegido).

Esa posibilidad de quitarle una curul a un partido o grupo rival o la de mantener con vida una carrera política, hacen que valga la pena pelear también el segundo puesto, así la carrera con el primero pinte perdida.

El cambio será implementado por primera vez en las elecciones presidenciales de 2018, según lo que aprobó la Cámara de Representantes en el último debate. Como ese cambio no quedó aprobado en Senado, este punto pasará a conciliación.

Menos juego para los corruptos

La figura de la silla vacía -que hasta ahora cobijaba a aquellos que hubieran hecho acuerdos o promocionado a grupos al margen de la ley y narcotraficantes, como los parapolíticos-, se aplicará a los congresistas, diputados o concejales que comentan delitos de corrupción.

Así, los que sean condenados, destituidos o se enfrenten a una orden de captura en su contra por estos delitos, perderán sus curules y no podrán ser reemplazados por el que le sigue en votos dentro de su partido. Eso les quita juego pues, hasta ahora, para un partido no es un problema grande que alguno de sus miembros sea condenado por corrupción, y ahora, en cambio, pierde inmediatamente poder en la corporación respectiva.

Hasta ahora, quienes eran encontrados responsables por haber participado en hechos de corrupción, eran reemplazados por el candidato que los seguía en la lista del partido después de haber sido destituidos de sus cargos. Eso pasó, por ejemplo como el carrusel de contratos que se robó Bogotá, pues los concejales José Juan Rodríguez, Andrés Camacho y Orlando Parada fueron reemplazados después de ser detenidos. También con el ex senador Iván Moreno, que aunque ya está condenado por haberse robado a Bogotá, no dejó vacía su curul sino que el Polo pudo reemplazarlo con Parmenio Cuellar.