Los pendientes que deja la magistrada del río Bogotá

El 2 de mayo, ambientalistas, indígenas, veedores, pequeños mineros y finqueros protestaron en la Plaza de Bolívar contra la suspensión por un año de la magistrada del Tribunal de Cundinamarca Nelly Villamizar, encargada de velar por el cumplimiento del fallo que ordena descontaminar el río Bogotá.

Se manifestaron porque Villamizar ha sido clave para que las entidades involucradas empiecen a hacer las obras para limpiar el río (algunos la llaman “la mamá del río Bogotá”) en un proceso que está quedado y cuesta, según la Contraloría, 9,3 billones de pesos.

Asumió su labor con una personalidad exigente que la ha vuelto mediática y protagonista, así que para ellos es difícil pensar en un remplazo que la supla.

A pesar de que la suspensión no tiene que ver con su trabajo por el río sino con una denuncia por corrupción que ella hizo contra otros magistrados y de la que el Consejo Superior de la Judicatura dice que no presentó pruebas, recogieron mil firmas para que la reinstauren.

Además, porque estará ausente justo cuando se esperaban decisiones sobre temas ambientales gruesos.

La que presionaba

Villamizar (que no quiso dar declaraciones para esta historia) tiene una carrera de 36 años en la Rama Judicial que empezó en su natal Cúcuta, donde es más conocido su hermano Andelfo, empresario del carbón.

Llegó al Tribunal de Cundinamarca en 2001 y allí conoció varias acciones populares relacionadas con la contaminación del río, las juntó y en 2004 logró que, con una ponencia suya, el Tribunal emitiera una sentencia ordenando la descontaminación.

Esas instituciones apelaron ante el Consejo de Estado, que 10 años después ratificó la sentencia y les asignó tareas a 46 municipios, seis ministerios e instituciones como la CAR. Desde entonces, a Villamizar le correspondió velar por el cumplimiento de ese fallo.

Lo hizo a punta de audiencias públicas en los municipios para que las partes asumieran compromisos; inspecciones en terreno para verificar el avance de las obras; y acciones judiciales contra quienes incumplían, como el incidente de desacato contra nueve entidades encargadas de construir la Planta de Tratamiento Canoas, en Soacha, una megaobra de 1.300 millones de dólares que deben hacer para descontaminar el río de los desechos que recibe en el sur de Bogotá.

Meses después, la CAR le giró $20 mil millones al Acueducto para que contrate estudios y diseños de la obra.

En noviembre de 2016 ordenó el cierre de las curtiembres de San Benito, en Tunjuelito, después de varias advertencias a los dueños de esas fábricas que seguían contaminando el río Tunjuelo, afluente del Bogotá.

Decisiones de ese corte le fueron generando reconocimiento a Villamizar entre ambientalistas y sectores civiles metidos en la recuperación del río.

Se volvió una figura tan pública que, días antes de que la sancionaran, la Alcaldía de Cogua puso una placa en piedra con su nombre, como “fiel defensora del río Bogotá”, en una escuela nueva.

“Se estaba convirtiendo en una garantía real de que las entidades y personas involucradas cumplieran sus obligaciones. Estaba encima llamándolas a responder”, le dijo a La Silla Cachaca Rodrigo Negret, abogado y consultor ambiental.

Además, según la veedora Mónica Sanz, de la ONG Inpresc, Villamizar también “entendió dónde podía dar un compás de espera para que la gente y las instituciones se adecuaran y pudieran cumplir”.

Pero hay quienes creen que algunas de sus decisiones carecían de rigor técnico, a lo que suma la inquietud porque “su personalidad ha marcado todo el proceso”, según un exfuncionario del Ministerio y la Secretaría de Ambiente de Bogotá que conoció de cerca su trabajo.“Y eso no necesariamente es bueno”.

Su toque personal

Una primera crítica de algunos es su protagonismo, que se nota en una entrevista de 2016 con Claudia Palacios en la que, al referirse a las órdenes que les daba con frecuencia a alcaldes, ministros e industriales, dijo: “Me tienen que obedecer”.

“Le gusta regañar y eso es negativo porque quiere dejar claro su poder sobre el de otras autoridades”, agregó el exfuncionario del Ministerio que consultamos. "Pero a la vez fue su carácter lo que hizo que las entidades se comprometieran. Hay otros operadores de justicia menos dictatoriales a los que las instituciones les maman gallo”.

Su segunda crítica es que Villamizar no tenía suficiente sustento técnico para tomar ciertas decisiones, algo en lo que coinciden el abogado Negret y un funcionario de la CAR que pidió reserva de su nombre porque está metido en el proceso del río.

Todos ponen como ejemplo lo ocurrido en diciembre, cuando la magistrada suspendió una resolución del Minambiente que delimitaba las zonas para hacer minería en la Sabana de Bogotá, una de las obligaciones de ese ministerio para cumplir el fallo.

Villamizar tomó la decisión para luego visitar esas zonas, ubicadas en 21 municipios, y verificar si el agua podría afectarse. Se ponía botas, navegaba embalses, caminaba trochas con los alcaldes y preguntaba cuanto podía.

Pero para las tres fuentes esas visitas fueron inocuas porque ella no tiene formación técnica en asuntos ambientales y le era muy difícil sacar conclusiones a ojo. Al final, decidió que se podía hacer minería en los municipios que alcanzó a visitar. “Hay casos en los que uno no puede sacar conclusiones ni en días ni en meses”, reclama Negret, quien cree que la resolución sí es perjudicial.

El tercer lunar que le ven es su tendencia a meterse en otros asuntos, como cuando en 2015 tuvo un rifirrafe con el entonces alcalde Gustavo Petro, durante una audiencia en la que le reclamó por la baja calidad del transporte público y le pidió que no hiciera diferencias de clases al ejecutar sus programas de gobierno.

El año pasado, tras la intervención del Bronx, criticó en una audiencia judicial de la propuesta de un concejal uribista de llevar a los habitantes de calle a fincas en Sumapaz. “No quiero que llegue allá el problema de la droga porque es un sitio estratégico para la protección del agua”, declaró. En un video también se le puede ver en Tocancipá regañando en público a un exalcalde que al parecer había permitido la construcción de edificios sin suficientes permisos.

Las personas consultadas coinciden en que, de todas formas, esa personalidad fuerte ha sido clave para que el fallo se vaya implementando. De ahí la importancia de su remplazo temporal.

Los pendientes

Ese remplazo tendrá que tomar decisiones en temas importantes.

Este año, por ejemplo, vencen los plazos para ejecutar obligaciones del fallo como hacer plantas de tratamiento, así que se espera saber si el Tribunal les meterá presión a las alcaldías y a la CAR o, por el contrario, les da un espaldarazo.

También se espera un pronunciamiento oficial sobre la reserva Van der Hammen, pues el año pasado Villamizar dijo que le preocupaba la intención del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, de construir sobre una parte de ella. “Necesito ver los fundamentos técnicos y científicos de la importancia de la reserva para decidir si puede modificarse”, advirtió. De su reemplazo depende tomar una decisión que seguramente le echaría gasolina a la pelea entre el alcalde y la oposición en medio de la revocatoria.

Sobre la minería en la Sabana, no se ha hecho efectiva la decisión de Villamizar de permitirla en los 16 municipios que alcanzó a visitar antes de que la suspendieran. Por eso sigue detenido el trámite de licencias (incluyendo las de materiales de construcción). Y falta saber qué ocurre en Tausa, Chocontá, Suesca, Bojacá y Mosquera, los pueblos que no alcanzó a visitar.

Los industriales del cuero de San Benito también esperan que les definan si cumplieron con las obras para no contaminar y así volver a abrir sus puertas. Son 12 mil empleos en juego.

En este año clave la magistrada no podrá ser protagonista. Su remplazo y los meses dirán si se mantiene el activismo del Tribunal en defensa del ambiente, así sea con otro estilo.