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Están puestos los ojos en la elección del Contralor. La Silla Académica habló con Manuel Restrepo, profesor del Rosario, sobre las tareas que tiene el elegido para combatir la corrupción.
14 cañonazos para que el Contralor ni encubra ni persiga
Este lunes festivo el Congreso elige el reemplazo del contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, después de aplicar por primera vez el proceso de convocatoria para este cargo, uno de los pocos cambios que quedó vigente de la reforma al equilibrio de poderes y que, ha generado diferentes opiniones.
Es el órgano técnico que vigila que la plata de los impuestos que pagan los colombianos se invierta en lo que se dijo que se iban a invertir. Es decir que es fundamental para combatir la corrupción. Realiza auditorías a las entidades que dan lugar a un informe. Las irregularidades detectadas se llaman hallazgos y pueden tener implicaciones penales (Fiscalía), disciplinarias (Procuraduría), Fiscales (la misma Contraloría) y, también, sirven de insumo al Congreso para hacer control político a los funcionarios públicos.Si hay Contraloría ¿Qué hace la Auditoría General de La República?Colombia es el único país donde el contralor tiene contralor. Es decir, el auditor vigila al contralor general y a los contralores territoriales, y a veces ha excedido sus funciones, realizando directamente auditorías sobre las entidades vigiladas. Su labor debería redefinirse para que se oriente a medir la calidad del trabajo que hacen las contralorías.
La Silla Académica elaboró el siguiente manual de los 14 mandamientos para que el nuevo contralor no sea ni un encubridor ni un perseguidor. Lo hizo a partir de la conversación con Manuel Restrepo, director de la Escuela Doctoral y de la Especialización en Gerencia Pública y Control Fiscal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y de sus textos académicos sobre el tema como "Diseño institucional de las entidades de fiscalización superior de América Latina", “Evaluación integral del control interno como herramienta necesaria para el mejoramiento de la gestión de la administración pública colombiana” y "Adecuación de la administración pública colombiana al modelo de estado regulatorio":
1 Menos hallazgos, pero mejores
La efectividad de la Contraloría se debe dejar de medir por el número de supuestas irregularidades y billones que representan y concentrarse en los puntos más relevantes y representativos de la gestión. (No gastarle tiempo a cuestiones como la legalización de los viáticos o la liquidación de las primas, que tanto los ocupa hoy).
2 Que los hallazgos sirvan para algo
Que sirvan para que las entidades auditadas mejoren su gestión y tomen mejores decisiones de política pública, el Congreso haga control político, la Procuraduría sancione el incumplimiento de las funciones de los servidores y la Fiscalía impute delitos.
3 Priorizar las auditorías de mayor impacto.
Pasar de realizar auditorías de regularidad a las entidades para pasar a hacer auditorías de desempeño a los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente aquellos intersectoriales. (“Así los auditores pueden ver la película completa”)
4 Que todos sepan que pueden ser auditados.
Para que todos estén “pilas”, usar el sistema chileno de “balota” para auditar algunos de los proyectos que no por no ser prioritarios ni contar con recursos significativos nunca tendrían vocación para ser seleccionados como auditables.
5 Exigir certificación como auditor
Aparte del título de contador, abogado, o ingeniero, quienes hacen auditorías deberían ser auditores certificados y el Centro de Estudios Fiscales creado hace poco les puede ofrecer esa formación.
6Aprovechar la interdisciplinariedad de los equipos auditores
En cambio de dividir el trabajo como hacen hoy, es necesario aprovechar la conformación profesionalmente diversa de los equipos de auditoría y trabajar con metodologías de un verdadero trabajo en equipo donde la opinión contrastada de todos sus integrantes cuente.
7 Mejorar las destrezas de comunicación de los auditores
Para encontrar la información que necesitan, deben poder hablar tanto con el gerente, que tiene la visión estratégica de la entidad pero poco tiempo, como con los ejecutores que son técnicos y con la gente en la calle para medir el impacto de una política. También para redactar el informe completo para el auditado -en un lenguaje técnico- y los resúmenes para el Congreso, los medios y la ciudadanía -en un lenguaje sencillo y comprensible- (“no es sólo una cuestión de cortar párrafos”).
8 Ir a la par con la tecnología del proceso que auditan.
La auditoría debe ir a tono con el desarrollo tecnológico de la gestión de los auditados. Si las declaraciones de renta ahora pueden ser virtuales, el control a la Dian sobre el recaudo también debería serlo. (“El control sigue siendo de lápiz rojo detrás de la oreja”).
9 Asegurarse de que los auditores saben donde están parados
Deben saber qué hace la entidad vigilada, por qué es importante, su número de trabajadores, quién la dirige y sus conexiones políticas… (para desarrollar el olfato de por dónde va la cosa)
10 Exigir informes bien sustentados
En las diferentes etapas de la auditoría los informes sobre las irregularidades deben explicar por qué se califican como tales, la causa, su importancia relativa (no es lo mismo tener 5 días de atraso que un mes), el responsable (para saber dónde se debe mejorar) y la explicación de la razón por la que se desestiman los argumentos de la entidad vigilada y se ratifican las irregularidades.
La investigación de Manuel Restrepo muestra que las contralorías territoriales en promedio sólo cumplen con estos indicadores de calidad en un 30 por ciento.
11 Proponer un cambio del modelo de fiscalización
Presentar una reforma constitucional para que la Contraloría se dedique a hacer buenas auditorías y que las responsabilidades patrimoniales se tramiten ante los jueces, actuando como acusador. Así la Contraloría tendría que presentar demandas bien sustentadas. (Hoy audita, después sanciona y, al final, en todo caso el asunto llega a los jueces vía demanda de la nulidad de la decisión).
12 Reformular el control fiscal territorial
Promover una reforma constitucional que fortalezca las contralorías territoriales (mejores y más funcionarios) y despolitice la elección de los contralores con su escogencia por concurso de méritos; si no es posible habría que eliminarlas, en cuyo caso los funcionarios de carrera podrían pasar a las gerencias departamentales de la CGR.
De mantenerlas, convendría ampliar el período de los contralores a 6, 8 ó 10 años como en otros países y que su período no coincida con el de los gobiernos auditados.
Hay una Contraloría General de La República con delegadas por sectores y también por territorios. En los departamentos y municipios (Gerencias Departamentales) vigilan las entidades del orden nacional con presencia allí como el Sena y el Icbf y también a las alcaldías y gobernaciones en lo que tienen que ver con los recursos que reciben de la nación a través del Sistema General de Participaciones (salud, agua potable, saneamiento, educación), del Sistema de Regalías y de asignaciones directas del presupuesto. Lo recursos que no vigilan las Gerencias Departamentales, los vigilan las contralorías departamentales y municipales. Hay 30 contralorías municipales y distritales y 32 departamentales. El Contralor General es elegido por el Congreso y los contralores de las departamentales son elegidos por la Asamblea Departamental y los de las municipales, por el Concejo.
13 Mejorar la selección del Contralor: más meritocrática y técnica
Promover cambios legales para reducir la lista de “al menos 20” a 10 personas. La evaluación de la hoja de vida debe hacerse teniendo en cuenta su relación con las actividades del cargo. De los 10 que presente la universidad, la Comisión Parlamentaria debe escoger tres personas sobre las cuales decida el Congreso.
14 Oponerse a la privatización del control fiscal
Metodológicamente puede ser lo mismo una auditoría gubernamental que una privada, pero los destinatarios, las implicaciones, la finalidad son diferentes y por eso la deben seguir haciendo servidores públicos, siguiendo las recomendaciones contenidas en este manual. (“Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”)
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