“Hoy la vivienda no es una política social, es una política económica”

Yency Contreras: Chía muestra un modelo de ocupación que responde exclusivamente a la demanda de vivienda en Bogotá, que también sufren los otros municipios vecinos de grandes centros urbanos.

YC: Porque parte de la concepción que tienen algunos actores políticos territoriales de que el ordenamiento territorial debe garantizar la superación del déficit de vivienda, con construcción de unidades habitacionales de tipo masivo para captar usos rentables, y así mayores cobros del impuesto predial.

Esta idea no está contemplando que el fin último del ordenamiento es el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, ni tampoco tiene en cuenta que los modelos que pretenden expandir la gran ciudad a los municipios vecinos terminan demandando del sector público unas inversiones importantes para expandir las redes de servicios públicos, la malla vial, los soportes urbanos.

La construcción de unidades habitacionales por parte del sector inmobiliario debe contemplar no solo los proyectos en su interior, sino la articulación de las piezas urbanas con el resto de la ciudad y la región donde se localicen.

YC: La carátula del libro lo ilustra ¿A dónde conectan las líneas? ¡Solamente al interior del conjunto habitacional! Eso es porque los desarrollos urbanos se han hecho hacia dentro. Hacia afuera faltan andenes o conexión entre las vías locales. Al mismo tiempo se requiere la articulación con el resto de la estructura urbana y la conformación de un sistema de espacio público.

yency_libro_copy.jpg

Carátula del Libro "Estado de la vivienda y del espacio público en el municipio de Chía" de Yency Contreras

Chía, por ejemplo, con una población aproximada de 120 mil personas, tiene hoy la misma estructura y jerarquía vial que tenía en 1946, cuando vivían unas 22 mil personas.

YC: Deben tener en cuenta que la gente no sólo está buscando un sitio dónde dormir, sino uno que tenga cerca sitios para trabajar y estudiar, lugares de ocio y descanso, un mínimo de espacio público. Pero no, lo que pasa es que los municipios cercanos a los grandes centros urbanos son muchas veces “ciudades dormitorio”. En una ciudad como Bogotá en la que la gente tiene aquí su trabajo pero vive en Soacha o en Chía, por ejemplo, las personas se gastan cuatro horas diarias en resolver esas necesidades.

YC: La construcción es la principal actividad jalonadora de la economía, pero hoy la vivienda no es una política social, es una política económica. Eso no está mal. El problema es cuando la vivienda no está asociada a unos soportes urbanos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. El reto es construir una visión regional del ordenamiento que incorpore todas las dimensiones del desarrollo urbano: ambiental, social, económica, etc.

YC: No podemos seguir pensando en que cada proyecto cumpla muy bien con las obligaciones del conjunto en su interior, ni que cada autoridad municipal resuelva de manera individual los problemas del desarrollo territorial de su municipio porque todo está interconectado. Es necesario pensarse como región.

YC: Siguiendo con el ejemplo de Bogotá, que pasa en otros lugares de Colombia, su malla vial soporta todo el flujo de quienes trabajan en la cabecera municipal pero viven en otros sitios como Madrid, Cajicá, Facatativá, generando unas condiciones muy difíciles de movilidad.

Por eso se requiere de políticas y gestión de una movilidad intermodal, con varias líneas de metro, tranvías, buses, ciclorutas y, que se aprovechen las carrileras que ya existen. En una pequeña escala, eso hicieron las Universidades de La Sabana y Militar para transportar a sus estudiantes.

En cuanto al agua, es el mismo Acueducto de Bogotá el que la distribuye en bloque a los municipios. A veces no hay disponibilidad, entonces un constructor para sacar adelante su proyecto puede construir una planta de tratamiento para el conjunto, pero aunque eso soluciona el suministro, no resuelve el problema de la escasez en la región.

Por ejemplo, hoy los municipios de la Sabana Centro se surten de este servicio de la Cuenca del Orinoco (El agua viene del sistema Chingaza) que no es la que les pertenece por localización territorial.

En términos de seguridad alimentaria, también la expansión y la urbanización generalizada trae complicaciones. Una de ellas es la falta de garantía de la producción de alimentos para los habitantes urbanos.

El depósito de los residuos sólidos es un problema de la cada vez más alta cantidad de personas en centros urbanos y es necesario tener en cuenta que los rellenos sanitarios no son más una respuesta ambientalmente sostenible.

Hay que abandonar la idea de una ciudad núcleo, unos municipios separados y unos proyectos inmobiliarios desarrollados solo hacia adentro. Para afrontar problemas conjuntos se necesitan soluciones regionales y ambientalmente sustentables.

YC: Es un tema de voluntad política, de cesión de poder. A los actores políticos les cuesta mucho hacerlo, porque, es difícil equiparar el poder o llegar a acuerdos sobre la base de un poder municipal muy fuerte. Sin embargo, hay unos “hechos metropolitanos”, como los casos de interdependencia entre el núcleo y los municipios que están alrededor, en torno al agua, la movilidad, los residuos, que lo ameritan.

Las autoridades locales deberían unirse y formular proyectos con alcance regional y, en los que no sólo esté vinculado el sector público sino también el privado, pues éste se beneficia con el desarrollo inmobiliario, al tiempo que el Estado tiene que desembolsar menos recursos.

YC: “Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, son ciudades ingobernables”.

El surgimiento de las ciudades se da por la cercanía de las actividades económicas. Sin embargo, en una ciudad de 8 millones de habitantes como Bogotá por ejemplo, esa ventaja ya casi no se percibe.

Yo no creo que hay que echar para atrás o pretender parar procesos de crecimiento urbano, sino fortalecer ciudades intermedias en las que haya mezclas de usos, con vida propia y que no sean solo el dormitorio del gran centro urbano. Ciudades territorialmente sustentables y no solo áreas para el desarrollo inmobiliario de uso residencial.

Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá son ciudades ingobernables, que ponen en entredicho la idea de la descentralización que es un Estado más cercano al ciudadano. El tamaño de las ciudades sí importa.

YC: En ciudades tan grandes es imposible que el Estado llegue a todas partes y la informalidad termina ocupando los vacíos.

¿Quiénes hacen control urbanístico en Bogotá, por ejemplo? Las alcaldías locales, entidades que cuentan con poca capacidad institucional para controlar las actividades en territorios con cerca de un millón de habitantes. Mientras van a supervisar una obra, les levantan un edificio de veinte pisos al otro lado.

Eso mismo pasa con la entrega de las zonas verdes en toda Colombia. Por falta de capacidad institucional, no hay gobierno ni burocracia que pueda vigilar o controlar la entrega y su posterior mantenimiento o buen uso. Esta labor la terminan realizando las comunidades mismas.

Eso genera una falta de control de las entidades públicas sobre los bienes, una confusión de la gente sobre si está permitido o no usar dichas zonas verdes y en los dueños del conjunto, una falsa expectativa sobre su propiedad sobre esos bienes.

Yency Contreras: La competencia más importante que la Constitución les dio a las entidades territoriales fue la de reglamentar el uso de su suelo mediante los Planes de Ordenamiento Territorial –POT-. En ese sentido, ha habido procesos de aprendizaje desde los primeros POT que se formularon hasta hoy.

En un principio se tuvo la idea de que el POT era solamente un conjunto de normas urbanísticas que definían condiciones de localización de actividades.

Sin embargo, más allá de las decisiones de incorporar suelos de expansión urbana a usos urbanos para obtener recursos por predial, debe ser igual de importante el asunto de movilidad, el ambiental y el de los instrumentos de gestión y financiación de ese desarrollo urbano.

Estos últimos son mecanismos mediante los cuales una autoridad puede decidir cobrar un plusvalor a las obras que superen, por ejemplo, determinado número de pisos. Pero muchas veces no quedan así en el POT y los índices máximos se manejan como si fueran los básicos entonces las entidades territoriales se están quedando sin percibir una importante fuente de recursos.

YC: El tema del suelo tiene muchos intereses, lo que hay que hacer es concertar esos intereses en beneficio de la colectividad. En esto juegan un papel importante las autoridades gubernamentales municipales y la coordinación que se pueda lograr en términos metropolitanos.

YC: Por un lado los POT tiene un alto grado de complejidad y un amplio margen de interpretación. Adicionalmente, muchos de ellos no son de fácil acceso, ya que no están almacenados en un repositorio o no existe una obligación de hacerlos públicos, por ejemplo.

Si se simplificaran más, la gente del común podría entenderlos mejor, apropiarlos y tener claro el modelo de territorio. Lo común es que sólo le importan a los sectores que desarrollan actividades económicas en el territorio, pero la gente también debería saber si le pueden o no poner una bar frente en su casa, los aislamientos, etc.