‘Mientras siga habiendo impunidad, no hay reforma de la Policía que valga’

A.M.: Se ha vuelto parte de la retórica decir que sacando una nueva resolución, adoptando un nuevo protocolo, mañana todo cambia.

En Bogotá hay un protocolo vigente desde la alcaldía de Gustavo Petro que es el Decreto 563 de 2015. Funciona bien.

Más allá de protocolos, en lo que hay que trabajar es en mejorar la imagen que tiene la ciudadanía de la Policía.

Cuando una persona va en su carro o caminando por la calle y lo para un policía, con frecuencia siente temor porque le va a poner un parte, o a pedirle papeles o a decirle que está haciendo algo malo.

No es claro para la gente que, así como los policías están ahí para sancionarlos, también están para protegerlos.

Esa imagen negativa es aún mayor en el contexto de la protesta. Aún de quienes no participan en ella, porque su presencia significa que en cualquier momento la situación se va a tornar complicada.

Están armados, con cascos y chalecos como si fueran para la guerra. Y con quienes protestan hay una animadversión total.

Un nuevo protocolo no va a hacer que esa imagen cambie. Hay que invertir en capacitación y en inteligencia. Y reducir la impunidad.

A.M.:El Esmad es necesario porque es una unidad entrenada especialmente para atender disturbios, que tiene un plan y un tipo de armamento especial para esos efectos. La alternativa ahora mismo -como antes de que se creara en el 99- es la Policía regular.

El asunto es cómo funciona el Esmad.

A.M.: Hay que seguir fortaleciendo el entrenamiento y la capacitación de la Fuerza Pública.

Me consta que ha venido mejorando, aún a fuerza de las circunstancias, especialmente tras el 21N, con un componente importante de inteligencia emocional. Parte de la capacitación del Esmad es quedarse quietos, recibir insultos e insultos y no dejarse desestabilizar.

Pero hay una dificultad grande en todo caso.

De acuerdo a los estándares internacionales, el número de policías por habitante en Colombia es muy bajo. Eso no quiere decir que si aumentamos la cantidad vamos a tener un entorno más seguro, pero estamos por debajo y en un contexto de inseguridad bastante complejo.

Por eso en todos los gobiernos y campañas se habla de la necesidad de aumentar el pie de fuerza.

Pero lograrlo implica un gran desafío porque no es cuestión de abrir simplemente una convocatoria y los que lleguen ‘listo, se volvieron policías y mañana son coroneles’, no.

Tienen un proceso de reclutamiento y viene un proceso de entrenamiento que toma tiempo, carrera policial que dura bastantes años.

En algunos períodos de la historia colombiana reciente, cuando se ha querido incorporar más policía porque es urgente, se acortan esos procesos. Eso conlleva a que el policía que sale no esté totalmente capacitado como otros que sí siguieron un proceso completo.

Eso, en alguna medida, puede llevar a explicar algunos de los procesos de abuso de la fuerza.

A.M.:Se sabe de antemano que las protestas pacíficas suelen ser infiltradas. Y, sin entrar en la discusión de si quienes las infiltran son las guerrillas, las disidencias, los grupos criminales, o los policías mismos, la Policía debería tener previamente información y actuar en consecuencia.

En respuesta a los CAI vandalizados el pasado mes de septiembre, las autoridades dijeron que meses antes sabían que había células del ELN en las ciudades principales que podían haber estado involucradas. La pregunta que me surgió es ¿por qué no pudieron prevenir los hechos?

No solo se debe mejorar el servicio de inteligencia, sino garantizar que la información no esté compartimentada y se socialice oportunamente con los tomadores de decisiones.

A.M.: En la discusión sobre si el secretario, estando en el PMU dijo "disparen" o "no disparen" hay que aclarar que en el paso a paso las autoridades locales civiles normalmente no intervienen diciéndoles a los agentes del Esmad cuándo y cómo deben disparar sus escopetas o usar sus escudos.

El Comandante de la Policía es quien toma ese tipo de decisiones operacionales de acuerdo a los procedimientos internos de esa institución.

El secretario, por su parte, trata de ganar tiempo para que se concilie o se dialogue previniendo que intervenga el Esmad.

Adicionalmente, si hay disturbios, por más que el alcalde diga que no va a salir el Esmad, puede haber otra orden diciéndoles que deben intervenir.

De hecho, la Policía tiene el mandato constitucional de restablecer el orden público.

En el papel dice que los alcaldes son la máxima autoridad de policía en el territorio, pero el Presidente es la primera autoridad a nivel nacional y la Policía es una institución del nivel nacional.

En casos como las movilizaciones que se dieron alrededor del 21N o el incendio de los CAI el año pasado, fácilmente podía considerarse que el orden público del país estaba amenazado y en esos casos, por ejemplo, la autoridad local está supeditada a la nacional.

A.M.: Dado que existen diferentes autoridades de policía, el buen relacionamiento que haya entre ellas en el PMU es lo que, en efecto, puede ayudar a que no se den choques sino que se tomen decisiones conjuntas.

Funciona parecido a lo que uno ve en las películas. Generalmente hay una puja entre quienes piden usar la fuerza y quienes dicen que no: “esperemos a ver si lo solucionamos por otro medio”.

Y está bien, porque se trata de decisiones complejas. No las debe tomar solamente el civil pensando en el bienestar social, ni solamente el poder militar enfocado en restablecer el orden a como dé lugar.

Cuando se dio el incidente con la moto de la Policía en las manifestaciones de la semana pasada, seguramente hubo una discusión sobre si los agentes no debían dejarse provocar o si al no hacer nada después del incendio de la moto iban a venir otras motos y se les iba a salir de las manos.

El reproche habría sido, en ese caso, porque no actuaron.

Y, ahí, justamente, es donde debe también entrar el componente de inteligencia que les permita saber con mayor certeza si lo de la moto era un acto espontáneo o si, por el contrario, había todo un plan orquestado para escalar la violencia tras ese incidente.

A.M.: Sería fundamental recolectar y sistematizar las experiencias de otros comandantes y alcaldes que han pasado por ellos, que han tenido que tomar decisiones en momentos de crisis y, a partir de las lecciones aprendidas, establecer unos criterios puntuales de cómo funcionar al interior del puesto.

Posiblemente sería de una manera confidencial, pero puede ser un insumo valioso para futuros gobernantes.

A.M.: Las municiones no es que no sean letales, sino que tienen una letalidad reducida. Para que sea así hay todo un protocolo detrás que, entre otras, contempla que los disparos deben ser parabólicos y no deben estar dirigidos al cuerpo de las personas. Así está establecido y supuestamente para eso están entrenados.

Si hay fallas, es fundamental poder tener sanciones rápidas y estrictas.

Ha fallado todo el sistema, policial, administrativo y judicial, si pasan 15 años, como leí la semana pasada, para que sea condenado un miembro del Esmad que cometió una falla del servicio.

No podemos quedarnos en que hay unas personas que están siendo procesadas y no sabemos qué pasa con ellas.

Es necesario saber, con los registros de las cámaras, con las pruebas de balística y otras que haya, si en el caso de Gareth y en cualquier otro la persona disparó o no por fuera de los estándares.

Puede ser que el policía hizo lo que tenía que hacer y lo que ocurrió fue un accidente; y entonces debe quedar absuelto y tener la tranquilidad de que no va a ser juzgado injustamente.

Si, por el contrario, no siguió las instrucciones, hay que sancionarlo porque, de esa manera, logramos que el resto de miembros del escuadrón sepan que tienen que actuar adecuadamente, que cada vez tienen que ser más rigurosos quienes los entrenan y quienes reciben el entrenamiento.

La impunidad le da un mayor margen de maniobra.

Y no debe ser únicamente cuando haya víctimas, siempre se debe revisar si actuaron bien o mal, y debe haber las sanciones correspondientes.

De esa forma la ciudadanía podría también estar más confiada de que actúan siempre de una manera acertada, que los policías no están para herirlos sino para protegerlos.

En Colombia no se ha castigado el abuso policial de forma adecuada. Uno de los puntos que debe contener la reforma a la Policía es el de fortalecer los procesos de sancionamiento al interior de esa institución.

A.M.: Además de proveer medios para que se investigue bien y se avance rápido en los procesos, hay que garantizar que los procesos sancionatorios no se usen con intereses políticos pues lo que está en juego es la carrera policial, en la que los agentes van ascendiendo y haciendo amigos aquí y allá.

Para eso es importante que la Inspección General de la Policía tenga cierto grado de independencia.

A.M.: La intervención del Escuadrón Antidisturbios debe ser proporcional. Así está escrito, y en eso los capacitan.

El bloqueo de calles o de Transmilenio, o pintar graffitis, no debería terminar en personas gravemente heridas o muertas por la acción del Esmad.

Claramente, de llegarse a demostrar que a Gareth le disparó un agente del Esmad, habría habido un uso desproporcional de la fuerza.

Pero no son decisiones fáciles.

Ya decía que la labor de las alcaldías es ganar espacio para dialogar, pero hasta cuándo seguir intentando hacerlo cuando de por medio está también la obligación de garantizarle, por ejemplo, a quienes no protestan que puedan usar el transporte público para llegar a su trabajo o a sus casas.

A.M.: Algo que vale la pena resaltar es que el tema del abuso policial cobró una mayor importancia en la agenda pública con las constantes intervenciones de la alcaldesa y se logró poner a conversar a actores importantes involucrados en el tema.

La iniciativa de las madres la primera vez que se implementó no tuvo el impacto esperado. Después vino la pandemia y no se ha podido probar su eficacia, aunque sí se ha fortalecido la labor de la Personería y la Defensoría en las marchas verificando que se cumpla con los protocolos y que haya diálogo previamente.

Por otra parte, me parece fundamental que la alcaldesa como autoridad civil se preocupe por el bienestar de los manifestantes.

Pero ella también es la primera autoridad de policía y debe asumir responsabilidad como tal por los daños accidentales o intencionales causados. No solamente debe exigirle respuestas a la Policía.

Posiblemente no da muchos réditos políticos apoyar a una institución que tiene tan poca imagen favorable, pero en el mediano y largo plazo podría llegar a revitalizar la imagen de la primera autoridad de policía.

Eso no implica que vaya a la cárcel porque un policía cometió un error. Pero hay una responsabilidad política que debe admitir.

A.M.: Es un tema que he tenido la oportunidad de discutir al interior de las Fuerzas Militares y de Policía, y no hay consenso.

En los cursos que dicto en el Curso de Estudios Militares y en el Curso de Altos Estudios Militares, a los que asisten los mayores que van a ascender a coroneles y los coroneles que van a ascender a generales dentro de las Fuerzas Militares, lo hemos hablado. También lo he hecho con policías a los que conozco.

Hay un tema financiero. Al adscribir la Policía al Ministerio del Interior o a uno nuevo de Seguridad Ciudadana, lo que denominamos presupuesto de defensa se reduciría en un 40 por ciento.

Automáticamente, e enviaría un mensaje político de que se está invirtiendo menos en la guerra, que es una crítica constante. En ese sentido, puede ser un cambio positivo.

Al mismo tiempo, en las circunstancias actuales, la coordinación de las operaciones conjuntas con el Ejército sería más difícil y habría un uso menos eficiente de los recursos, porque hoy en día las dos instituciones comparten instrumentos de trabajo como un helicóptero.

Esto no es menor cuando en el país hay grupos criminales que atacan tanto a las Fuerzas Militares como a la Policía.

Habría que entrar a desmilitarizar, además, a la Policía, cambiarle el tipo de armamento que tiene, por ejemplo. Eso puede ser leído por esa institución como una pérdida de poder y tener el efecto de bajarles la moral.

A.M.: Yo creo que puede y debe darse, pero no en el corto plazo porque habría que hacer un ajuste estructural muy grande que ahora mismo afectaría negativamente la provisión del servicio público de seguridad y lo que necesitamos es fortalecerlo.

Hay en todo caso una experiencia interesante en este campo.

A.M.: La de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz -Unipep- que se creó en el marco del Acuerdo de Paz, como una entidad temporal similar al Esmad. Pero se ha mantenido, lleva cinco años funcionando.

La idea era llevar policías a zonas donde iban a estar los desmovilizados de las Farc. Los requisitos que debían cumplir era que no hubieran sido víctimas de ningún ataque de la guerrilla y que quisieran irse voluntariamente. No es que el comandante dijo: “Usted se va para allá, le guste o no”.

Esos dos valores posiblemente explican que la Unipep haya funcionado relativamente bien hasta hoy. La forma de reclutamiento incide enormemente en el tipo de servicio que se ofrece.

Además, aunque también está adscrita al Ministerio de Defensa, tiene un mayor enfoque de seguridad ciudadana, busca tener una cercanía mucho más directa con la población.

Una policía militarizada como la que tenemos no logra ese nivel de cercanía con la población. Por eso en un futuro cercano yo creo que debemos transitar en esa dirección y eso se puede facilitar al ser parte de la cartera del Interior.