A dos días del nuevo Congreso, Santos no sabe cuál reforma presentarle

A 48 horas de que se instale el nuevo Congreso el Gobierno sigue sin definir sus prioridades legislativas. Encima, en un tema tan clave como la justicia, hay por lo menos dos propuestas ya casi listas sobre el tapete. Y si no toma decisiones pronto, el uribismo amenaza con llevarse los primeros reflectores en el nuevo Congreso, por lo menos en las próximas semanas.

Como contó La Silla, el Centro Democrático ya tiene definidos los diez proyectos de ley que va a presentar, por lo que tiene el material para copar inicialmente la agenda legislativa (los proyectos se reparten a ponentes en el orden de llegada) y, sobre todo, tomarse la mediática. Esos proyectos van desde la salud hasta el salario mínimo, pasando por regalías y reforma a la justicia, por lo que pueden interesar a diferentes sectores lo que, sumado a la visibilidad de Álvaro Uribe, tiene el potencial de ponerlos en el centro del debate.

Juan Manuel Santos, en cambio, aún no ha definido qué proyectos van a ser prioritarios en este cuatrenio. Generalmente el 20 de julio, cuando se instala el nuevo Congreso, se presentan algunos de los proyectos clave. Eso se hace tanto por motivos simbólicos como porque al madrugar a presentarlos se les da más tiempo para que salgan adelante en el Congreso.

Por ahora, han aparecido pronunciamientos aislados en el Gobierno, como que no va más la reforma a la salud, que se van a revivir las horas extras o que Agricultura quiere presentar el proyecto del Plan de Desarrollo Rural y de Agricultura Familiar , al menos si Rubén Darío Lizarralde -que la convirtió en su bandera- continúa.

Pero, de todos ellos, el que parece ser el proyecto central es la modificación a las reglas políticas y a la justicia, según explicó El Tiempo el lunes. El lío es que para eso hay por lo menos dos proyectos.

Si bien el Gobierno ha reiterado que la reforma a la justicia y al sistema electoral son una prioridad, la realidad es que hay por lo menos dos proyectos que podrían terminar compitiendo entre sí.

Ayer el Espectador contó que la comisión asesora que conformó en enero el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez iene listo un anteproyecto de reforma a la justicia .

Al mismo tiempo, según supo La Silla, los tres partidos de la Unidad Nacional tienen casi listo otro proyecto que trata los mismos temas, además de otros de corte más propio de una reforma política.

Hasta ahora no se ha decidido cuál va a presentar el Gobierno, si es que finalmente presenta uno de los dos. Mejor dicho, ha habido una duplicidad de esfuerzos y todavía Santos no ha tirado línea.

En la comisión de Gómez Méndez estaban varios abogados prestigiosos: el ex Defensor del Pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño; el ex decano de Derecho de la Javeriana y ex constituyente Gustavo Zafra Roldán; el ex Ministro de Justicia Bernardo Gaitán Mahecha; el ex presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez y el ex Fiscal General Guillermo Mendoza Diago.

Juan Manuel Santos aún no ha definido la agenda y las prioridades legislativas de su segundo gobierno. Foto: Jorge Daniel Morelo

Alfonso Gómez Méndez lideró, durante seis meses, la preparación de uno de los proyectos. Foto: Juan Pablo Pino.

Tras varios meses de trabajo, armaron el proyecto que Gómez Méndez le esbozó a El Espectador y que básicamente redistribuye el poder entre las Altas Cortes, con un espíritu similar al que tenía la fallida reforma a la justicia en sus primeros pasos. Entre las propuestas están “quitar las facultades nominadoras de las cortes, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, aumentar el período y los requisitos para ser magistrado de una alta corte y doble instancia para juzgamiento de congresistas a través de un tribunal de aforados”.

El proyecto de los partidos de la Unidad Nacional, en cambio, es más ambicioso.

El primero de sus cinco ejes es la reforma a los organismos de control. Allí se discuten posibilidades como replantear todo el modelo de disciplinar a los funcionarios públicos para acoplarlo mejor con el derecho penal. Eso evitaría casos como el de varios congresistas conservadores que fueron condenados penalmente -por delitos como la parapolítica- pero absueltos por el Procurador Alejandro Ordóñez.

También propondría quitarle a la Procuraduría las funciones de acompañamiento judicial, que sirven de poco aparte de tener una frondosa burocracia, y dejarle las de derechos humanos solo a la Defensoría.

El segundo es modificar el sistema electoral para crear un sistema similar al que propuso sin éxito el senador John Sudarsky desde 2010, en donde -como en el modelo gringo o chileno- algunas de las curules se elijan en circunscripciones más pequeñas que permiten que la gente conozca mucho mejor a sus congresistas. También se cambiaría el Consejo Nacional Electoral, cuyos magistrados son elegidos por los partidos, por una corte electoral independiente.

El tercero es eliminar la reelección y ampliar el período presidencial, posiblemente a cinco o seis años. Aunque está claro que la idea no sería hacerlo desde el período actual sino desde el siguiente, como sería necesario cambiar otros períodos como los de congresistas, gobernadores y alcaldes, el futuro de este punto no es claro.

El cuarto eje es cambiar la forma en que se juzga a las personas con fuero, posiblemente eliminando la Comisión de Acusaciones o limitándola a los ex presidentes. Para los altos funcionarios con fuero, como los magistrados o las cabezas de los órganos de control posiblemente se crearía un tribunal de aforados.

Y el quinto es la reforma a la justicia como tal, que contempla soluciones similares a las de la propuesta de Gómez Méndez. Es decir, reorganizar el poder en las altas cortes y quitarle a los magistrados sus funciones electorales.

Todos estos asuntos son de gran envergadura y prometen despertar debates. Además podrían cambiar antes de llegar al Congreso, si este proyecto finalmente es presentado.

Por ahora parece que los partidos de la Unidad Nacional, y sobre todo el liberal y La U, se la van a jugar por este proyecto. Fueron ellos quienes lo construyeron, en buena medida a través de sus institutos de pensamiento, y varios de sus congresistas -como los salientes representantes Simón Gaviria, presidente del Partido Liberal, y Augusto Posada, ex presidente de la Cámara- han empezado a hablar públicamente del proyecto.

La última palabra la tendrán el Gobierno y la mesa de la Unidad Nacional. Con ese proyecto o con el de Gómez Méndez tienen con qué quitarle protagonismo a los proyectos del uribismo, pero también dejan un gran espacio para la crítica y para que reviva el fantasma de la reforma a la justicia.

Acaso sea por eso que en los dos casos se habla de un proyecto de “reequilibrio de poderes”, que curiosamente fue el nombre de la reforma que la Corte Constitucional pidió que se hiciera para recalibrar al Estado cuando aceptó la reelección presidencial, y que ahora se vuelve a usar precisamente para eliminarla.