Un año después de que le pidiera a la OEA un estudio serio sobre alternativas en la política contra las drogas, el presidente Juan Manuel Santos tiene ahora la oportunidad de asumir el liderazgo de un debate que ha ocupado un lugar protagónico en su discurso internacional pero que aún no ha aterrizado dentro del país.
Ahora Santos tiene en sus manos el balón de la política antidrogas
El informe de la OEA que explora alternativas a la lucha antidrogas, divulgado el viernes pasado en Bogotá, es el primero de su tipo hecho por un organismo multilateral. Foto: Juan Pablo Pino |
Un año después de que le pidiera a la OEA un estudio serio sobre alternativas en la política contra las drogas, el presidente Juan Manuel Santos tiene ahora la oportunidad de asumir el liderazgo de un debate que ha ocupado un lugar protagónico en su discurso internacional pero que aún no ha aterrizado dentro del país.
Durante la Cumbre de las Américas de Cartagena en abril pasado, Santos y su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina le pidieron a la Organización de Estados Americanos -en nombre de los 33 países que asistieron- que evaluara alternativas para enfrentar el problema de las drogas. Ese trabajo terminó el viernes pasado, cuando su secretario general José Miguel Insulza le entregó el informe a Santos en Bogotá y se lo envió a los demás jefes de Estado del continente.
Ahora que el informe de la OEA está sobre la mesa y que la Comisión Asesora sobre Política de Drogas presentará hoy martes sus recomendaciones sobre cómo enfrentar el consumo en el país, Santos enfrenta el reto de dar el siguiente paso y asegurar que, como dijo Insulza, se dé “el inicio de un debate largamente esperado”.
“El balón en este momento está en los pies de Santos. Él fue el que pidió el informe y es quien puede liderar el debate. Todos están esperando cuál es el siguiente movimiento”, le dijo a La Silla Daniel Mejía, uno de los investigadores que más ha estudiado la economía de la droga.
Cuatro expertos consultados por La Silla coinciden en que, dada la cautela que ha mostrado el mexicano Enrique Peña Nieto con el tema de la lucha antidrogas y el poco peso político que tiene Pérez Molina, Santos es la figura más indicada para impulsar una posición común entre los países de la región. Aunque si se sumaran entre ellos, el debate seguramente adquiriría mucha mayor presencia a nivel internacional.
En los últimos años ha crecido el consenso de que la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon en 1971 ha sido contraproducente, pero hasta ahora la discusión sobre cómo replantearla ha estado ausente de los escenarios internacionales debido a la oposición de Washington.
Eso le da mucho peso al informe de la OEA, un trabajo exhaustivo que no toma una posición puntual sobre cómo reenfocarla pero examina en profundidad -con costos, evidencia científica y análisis comparativos por país- las diferentes alternativas sobre la mesa. Y que se convierte en el primero de su tipo preparado por un organismo multilateral.
Este estudio podría jugar, según varios de los investigadores del tema, un papel tan crucial como el estudio que elaboraron en 2009 los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria para la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, uno de los pioneros en cuestionar a alto nivel la eficacia y el costo humano de la lucha antidrogas.
La OEA reconoce que los países de la región están abandonando las políticas prohibicionistas y tratando de encontrar fórmulas intermedias, pero le preocupa que lo estén haciendo de manera individual y sin coordinación.
Es así como Guatemala ha puesto sobre la mesa la legalización de las drogas, Uruguay propuso la legalización y regulación de la marihuana, y Bolivia se retiró temporalmente del Convenio sobre Estupefacientes de la ONU.
“Lo más valioso del informe es que enfatiza dos cosas: para la mayoría de los países de la región las prioridades son despenalizar el consumo para enfrentarlo como un problema de salud pública y reducir la violencia asociada al tráfico, así implique una menor efectividad en reducir los envíos de droga”, dice Daniel Mejía, uno de los once integrantes de la comisión asesora creada en Colombia por la ministra de Justicia Ruth Stella Correa.
“Sin duda abre la posibilidad de tener una discusión que antes no se podía tener. Y claramente no hubiese podido ser viable hace cinco años, sin los cambios que se han visto en Estados Unidos”, dice Francisco Thoumi, uno de los dos investigadores colombianos -junto con Guillermo García de la Unodc- que participó en el informe.
Esto porque el enfoque ha cambiado notablemente durante el segundo gobierno de Barack Obama, que hace un mes anunció un giro hacia la prevención del consumo pero que no ha especificado cómo afectaría su política exterior de drogas. En gran medida se trata de un giro ocasionado por la despenalización del consumo en Colorado y Washington, así como las consultas sobre uso medicinal de la marihuana han sido ya aprobadas en ocho estados.
Como contó La Silla, Santos ha venido insistiendo en escenarios internacionales en que se deben buscar nuevas estrategias contra la droga, pero hasta ahora no ha dado grandes pasos para encaminar ese debate ni dentro ni fuera de Colombia.
Eso podría estar cambiando, pese a que el presidente ha mostrado que prefiere evitar temas polarizadores y las drogas resultan muy sensibles electoralmente en un país que se siente más identificado con el enfoque prohibicionista que representaba Álvaro Uribe.
Hay varias señales de que Santos se está tomando en serio el debate y quisiera que el país ejerciera un rol más protagónico en la discusión. Colombia fue uno de los ocho países de la región en financiar el estudio de la OEA y el presidente ya se comprometió a abordar el tema con sus homólogos de México, Perú y Chile durante la cumbre de la Alianza del Pacífico que comienza este jueves en Cali.
A nivel local también hay varios indicios importantes. La Comisión Asesora de Política de Drogas creada en enero entregará hoy martes su primer informe sobre el tema del consumo y todo apunta a que sus recomendaciones incluyen la despenalización de la droga, para afrontar el problema como uno de salud pública y no uno exclusivamente criminal. Esta opción, que no equivale a legalizarla, permitiría al Gobierno, al Ejército y a la Policía concentrarse en debilitar los eslabones más lucrativos de la cadena del narcotráfico, en vez de perseguir penalmente a los consumidores.
Desde su conformación ya se preveía que esta Comisión, cuya misión es evaluar las políticas de lucha antidroga de los últimos diez años, plantearía al Gobierno un cambio de rumbo. Sus once integrantes, que incluyen a César Gaviria y al general Óscar Naranjo, tienen una larga trayectoria en el tema de drogas y han sido -desde sus disciplinas y después de dejar sus cargos- fuertes críticos del enfoque principalmente represivo que se le está dando hoy.
La Silla supo que Ruth Stella Correa y Alejandro Gaviria, los dos ministros que la presiden, han asistido a todas las reuniones y comparten muchas de sus ideas sobre el problema. Esto reduce las posibilidades de que Santos prefiera no tomar en cuenta las recomendaciones que haga el grupo, como sucedió en gran medida hace un año con el informe de la Comisión Asesora en Política Criminal.
Además, el tema de las drogas resulta clave para los diálogos con las Farc en La Habana, donde el narcotráfico y el combate de las bandas criminales son dos puntos del Acuerdo Marco de Negociación.
“El hecho de que Santos tomara el liderazgo de este tema estaría mandando un mensaje muy importante a la mesa de negociación y además estaría posicionando un tema estratégico para un país cuya política exterior ha girado en torno al conflicto y el narcotráfico”, dice la internacionalista Sandra Borda, quien ha estudiado el rol de la lucha antidrogas en la política exterior colombiana. “Al agrupar a otros países en torno al tema podría generar un efecto boomerang, ayudando a volverlo un debate más técnico que político, modificando la manera cómo se lo ve en el país y quitándole munición a sus opositores”.
Si Santos aprovecha el informe de la OEA para acercar posiciones entre los países latinoamericanos sobre la lucha antidrogas, podría comenzar a asumir un liderazgo regional que le daría legitimidad internacional a cualquier cambio que hiciera a nivel local. Si recoge las recomendaciones de la Comisión Asesora se podría hablar realmente de un revolcón en uno de los ejes políticos que han guiado a este país en las últimas décadas. Y las dos oportunidades se le presentan con apenas un par de días de diferencia.