El Centro de Convenciones de Neomundo, una de las megaobras que está siendo ejecutada en Bucaramanga por los hermanos Valderrama, desde esta semana quedó con una interventoría de bolsillo.
Alcaldía le puso interventoría de bolsillo a los Valderrama en Neomundo
Así luciría el Centro de Convenciones de Neomundo una vez termine su construcción.
El Centro de Convenciones de Neomundo, una de las megaobras que está siendo ejecutada en Bucaramanga por los hermanos Valderrama, desde esta semana quedó con una interventoría de bolsillo.
Tras la renuncia del consorcio que le estaba haciendo seguimiento a la obra, la Alcaldía de Bucaramanga adelantó una convocatoria exprés que les permitió a allegados de los constructores quedarse con la facultad de verificar el cumplimiento de la millonaria obra, que asciende a $18 mil millones, en momentos en los que su ejecución tiene cuestionamientos y fue ampliada en 97 días.
La convocatoria, que fue estructurada el 2 de diciembre, abierta y publicada el 3, cerrada y calificada el 4 y adjudicada el 7, según el cronograma de la Alcaldía, fue planteada de manera tal que el municipio incluso bajó el precio ($98 millones) que estaba pagando por hacerle seguimiento a la obra con el fin de poderlo pasar como un contrato de mínima cuantía ($64 millones) que le permitía hacerlo más rápido.
Adicionalmente, para reducir a la mitad el tiempo normal de una convocatoria de este tipo, que en promedio es de 8 días, la Alcaldía optó por no dar plazos para corregir errores en las propuestas de los oferentes, lo que para Transparencia por Santander vulneró principios a los que se debe ceñir la contratación pública.
De todos estos afanes el gran beneficiado fue la ‘Unión Temporal Neomundo Fase I’.
¿La misma empresa?
En las 24 horas - ocho de las cuales fueron hábiles- que dio la Alcaldía para que interesados en ofertar allegaran su propuesta, se presentó, como es usual en la administración de Lucho Bohórquez, una sola oferta: la ‘Unión Temporal Neomundo Fase I’ integrada por Elberto Adilio Rodríguez y Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, cuya sigla es Procinco Ingenieros SAS.
Esta sociedad tiene elementos tan similares que hacen pensar que se trata de la misma sociedad para la cual, según las denuncias que se conocieron, se hizo la primera licitación de la interventoría.
Primero, tiene un socio en común, Edelberto Adilio Rodríguez. El segundo socio es diferente, se trata de Milena García Quintero. Pero ella es esposa de Pedro Beltrán Dulcey, que es el representante legal de Construmarca, la empresa que aparecía en la unión temporal que se presentó hace un año y quien para el nuevo contrato será el residente de obra.
Rodríguez y Beltrán con sus respectivas empresas se presentaron cuando se convocó por primera vez el concurso para la interventoría pero terminaron perdiéndolo por cuestiones del azar.
Y es que aunque el concurso que adelantó la Alcaldía se llevó a cabo en medio de denuncias sobre que habría sido confeccionado para favorecer a los allegados de los Valderrama, un consorcio se les atravesó, cumplió las condiciones y a la postre ganó cuando el criterio de desempate terminó siendo una balota.
Aunque en el contrato nuevo Beltrán aparece solo como ingeniero residente de la interventoría, la empresa que tomó su lugar en el consorcio actual -Procinco Ingenieros SAS- además de ser de su esposa funciona en la misma sede que la suya.
Sin embargo, los hilos que llegan a los Valderrama son más. El nuevo consorcio ganador presentó dentro de su personal a Zulay Angélica Camacho Mateus, quien oficiará como directora de la Interventoría. Zulay también ha participado en otras interventorías de obras ejecutadas por los Valderrama en Santander.
El caso más emblemático en el departamento está en Barrancabermeja, municipio en el que la nueva directora de la interventoría de Neomundo le hizo seguimiento a la construcción del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata cuestionado por las adiciones que tuvo tanto en valor como en tiempo.
Al respecto, los Valderrama han asegurado que los problemas en la construcción estuvieron fuera su alcance y se remiten a errores en los diseños que fueron entregados por la UIS, así como a acciones legales contra la obra.
El grupo de constructores también habló sobre su cercanía a los nuevos interventores y señaló que “ese tipo de coincidencias se presentan todo el tiempo. La oferta de interventores es limitada y es normal que se repitan los nombres. Muchas firmas de interventoría han coincidido con nosotros en varias obras en todo el país”.
¿Aburrieron al otro interventor?
Aunque La Silla no logró obtener la versión oficial del interventor saliente sobre las razones de su salida, sí habló con un integrante del consorcio, quien señaló que desde atrasos en los pagos, que datan de abril de este año, hasta la ausencia de respuestas para la prórroga del contrato hicieron parte de los ingredientes que terminaron por detonar la renuncia.
“Nosotros aprobamos la ampliación de plazo porque nos dimos cuenta de que no se iba a cumplir en el tiempo estimado inicialmente. Requerimos en diferentes ocasiones a la Alcaldía para que hablara de la ampliación pero nada pasó”, aseguró uno de los integrantes del consorcio.
Esas razones fueron las mismas que se esgrimieron en la carta de renuncia del consorcio a la interventoría, que fue dirigida el 1 de diciembre a la Alcaldía y aceptada el 2, luego de que se cumpliera el plazo de la suspensión al contrato, decretado el 26 de noviembre con motivo de la finalización del plazo inicial y argumentado en que se estaba estudiando la prórroga.
Aunque en esa comunicación el consorcio indicó que estaba dispuesto a reconsiderar esa decisión, el secretario de Infraestructura de Bucaramanga, Clemente León, le aseguró a La Silla que tras la reunión no se llegó a ese acuerdo, lo que, según el funcionario, habría motivado la convocatoria exprés.
“Un concurso de méritos se demora un mes y no podía paralizar la obra todo ese tiempo, entonces abrí la contratación de mínima cuantía mientras se adelantaba el proceso grande, porque los plazos están hasta el 26 de febrero. En consecuencia el valor fue menor al que veníamos pagando porque hicimos menos requerimientos”, indicó.
No obstante, otra es la proyección que tienen los mismos contratistas respecto a la ejecución y fecha de finalización de la obra.
Según Ricardo Valderrama, vocero del grupo de los hermanos Valderrama, la empresa contratista ya le ofició a la Alcaldía que tiene pensado entregar el proyecto entre el 20 y el 22 de diciembre, debido a que “superaron en un tiempo menor” obras de estabilización del costado nororiental del proyecto.
Eso dejaría a la interventoría amiga de los Valderrama con la responsabilidad de recibir y dar visto bueno a la construcción de la primera fase del Centro de Convenciones, cuando a hoy no se han recibido ninguno de los frentes de obra del proyecto a conformidad, según la versión entregada a La Silla por miembros de la interventoría saliente.
El riesgo para el centro de convenciones
Así como está planteado el cierre de la construcción de la primera fase del Centro de Convenciones de Neomundo, los riesgos que corre la obra son muchos.
Para expertos en obras civiles, el principal está por cuenta de que una interventoría que no le hizo seguimiento al proyecto ni conoce los pormenores de su ejecución será la que lo recibirá.
Adicionalmente, La Silla conoció una carta que fue dirigida por la Cámara de Comercio de Bucaramanga a la Alcaldía, en la que sentó su preocupación por el hecho de que las obras habían continuado pese a que la interventoría estaba suspendida, lo que dejó sin supervisión actividades como soldaduras y disposición de concretos.
Al respecto, el Secretario de Infraestructura de Bucaramanga dijo que ya se había notificado al contratista para que suspendiera la ejecución del proyecto y explicó que lo que se adelantó sin la interventoría trabajando no será recibido sin el visto bueno del nuevo contratista.
En estos momentos el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, está adelantando una licitación por $38.951 millones para que se ponga en marcha la segunda fase del Centro de Convenciones.
Una vez se adjudique el proyecto, serán quienes se lo ganen los que dirán las verdaderas condiciones bajo las que fue edificada la primera fase.