Almario, el caso que se salvó con el hundimiento de la Reforma a la Justicia

El ex representante a la Cámara Luis Fernando Almario fue hoy capturado con orden de aseguramiento de la Corte Suprema. Aunque ha pasado de agache debido a la atención mediática de la investigación preliminar contra el ministro Germán Vargas Lleras, su caso no quedó impune gracias al hundimiento de la Reforma a la Justicia.

El caso de Almario, quien está acusado por vínculos con paramilitarismo, vínculos con las Farc y además de ser el autor intelectual del asesinato de la familia Turbay Cote en el Caquetá lleva más de cinco años en investigación e instrucción esperando ser resuelto. Si se hubiera aprobado la Reforma a la Justicia, habría tenido que volver a las nuevas instancias de juzgamiento que creaba la Reforma y sería uno más de los 521 aforados, cuyos casos iban a colapsar el funcionamiento de la Corte.

Almario está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su rival político Diego Turbay Cote, su mamá y cinco acompañantes más. Foto: Jorge Enrique Sánchez, tomada de: flickr.com

La Corte había pedido de oficio que la Fiscalía le devolviera el caso de Almario en la última semana de marzo, justo cuando la Reforma a la Justicia estaba tomando fuerza a favor de los aforados.

La posibilidad de que la Reforma a la Justicia hubiera enredado aún más su juzgamiento –ya de por sí dilatado con todo tipo de argucias- generó indignación entre las víctimas y testigos. Estos en una carta al presidente de la Cámara de Representantes Simón Gaviria solicitaron ser escuchados en Plenaria para exponer el caso de Luis Fernando Almario durante la última semana de sesiones de la Reforma y antes de la votación y de la famosa conciliación. Gaviria no dio trámite a esta súplica porque ya la reforma estaba a punto de ser votada y los testigos se quedaron sin ser escuchados.

Como lo contó La Silla Vacía en otro artículo, Almario es el caso más refinado de malabares jurídicos para evitar su juzgamiento.

El Representante fue llamado a juicio y detenido por la Corte Suprema en febrero de 2008 acusado de ser el determinador del crimen de su principal adversario político en el Caquetá Diego Turbay Cote, su mamá y cinco acompañantes.

Según la investigación de la Fiscalía, Almario habría recomendado a las Farc asesinar a los Turbay Cote, quienes eran sus rivales políticos en el Caquetá. Un guerrillero desmovilizado declaró ante el Fiscal de Justicia y Paz Leonardo Augusto Cabana que Almario le dijo a Fabián Ramírez, de las Farc, que los Turbay Cote habían llevado el paramilitarismo al Caquetá.

Otros guerrilleros desmovilizados corroboraron ese testimonio después. E incluso, circuló un video de las Farc en el cual dos de los comandantes en el Caquetá contaron los vínculos y cómo Almario les había proporcionado información para golpear a los Turbay y su movimiento para sacarlos de la escena política.

Almario ha defendido su inocencia. Ha insistido que todo este juicio es un montaje de sus enemigos políticos en el Caquetá y que varios de los testigos han sido fabricados por la policía de Florencia, y que ni siquiera son realmente guerrilleros.

Ayer cuando fue capturado dijo que todas las declaraciones que hay en su contra fueron hechas por un "cartel de mentirosos" y que demostrará su inocencia. "La justicia dejándose engañar de testigos mentirosos, invitó a la prensa a que revise todos los testigos mentirosos que hay, he puesto 25 denuncias penales", indicó, según dijo El Espectador.

Sin embargo, 39 testigos en su contra han sido asesinados, entre ellos varios taxistas que fueron torturados y muertos la semana siguiente a los Turbay por haber presenciado el homicidio. También el alcalde de Puerto Rico, Caquetá, Jota Calderón, quien se había enfrentado a Almario en una indagatoria hace dos años y fue asesinado por las Farc a los pocos meses.

El laberinto jurídico de Almario

En febrero de 2008, cuando Almario fue llamado a juicio por la Corte Suprema, renunció a su investidura por segunda vez (la primera fue durante el proceso 8.000, del cual fue exonerado) y su caso pasó a la Fiscalía.
Un fiscal ante la Corte ratificó la orden de detención y la acusación, pero pasó a un juez de descongestión judicial, quien determinó que había fallas en la indagatoria y dictaminó su libertad provisional, mientras se le llamaba nuevamente a rendir indagatoria.

Sin embargo, a raíz de un cambio de jurisprudencia, la Fiscalía envió en septiembre de 2009 su caso a la Corte Suprema junto con los demás procesos por parapolítica.

Pero la Corte, de manera sorpresiva y en uno de los pocos casos en que lo ha hecho, lo devolvió a la Fiscalía General un mes después. Entonces fue reasignado a la Unidad de Anti-terrorismo rompiendo la tradición de que los parlamentarios desaforados sean investigados por fiscales delegados ante la Corte Suprema.

El caso quedó bajo la jurisdicción del coordinador de la Unidad Antiterrorismo Hermes Ardila, quien coincidencialmente pidió el traslado hace unos años a esta unidad de Elsa Piedad Ramírez, esposa de Almario, quien se convirtió en su mano derecha hasta cuando fue ascendida a Fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá.

El caso pasó luego a un fiscal de Derechos Humanos y el proceso empezaba a moverse con mucha fuerza a raíz de la gran cantidad de testigos que declararon a comienzos de este año.

En marzo, 12 de ellos recurrieron a la Corte y a la Fiscalía General pidiendo ser incluidos en el programa de Protección porque las amenazas arreciaron. Uno de ellos en el Caquetá fue tiroteado en abril, aunque después en todo caso fue a declarar.

Almario inicialmente tenía el padrinazgo político del senador conservador Hernán Andrade pero en las últimas elecciones tuvo el apoyo político de Juan Carlos Martínez, quien le dio el aval del PIN para ser candidato a la Cámara de Representantes en el 2010.

Fuera de las acusaciones en su contra por sus presuntos vínculos con las Farc, Almario también está acusado de haber tenido vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Auc y de haberlos llevado al Caquetá. Algunos de sus colaboradores políticos eran familiares del comandante paramilitar del bloque Héroes de los Andaquíes.

Ahora que la Corte ordena su recaptura, Almario tuvo que ser hospitalizado de urgencia por afecciones respiratorias. Cuando se recupere, la Corte tendrá que juzgarlo y decidir si representa o no la conjunción de todos los vicios de una clase política aliada con los criminales.