Así inician las 'zonas agroalimentarias'

Mientras en la mesa de negociación de La Habana los puntos sobre seguridad alimentaria y latifundios aún están pendientes de discutirse, en el Magdalena Medio hay un movimiento de campesinos que le están madrugando al tema y están ocupando tierras como un primer paso para crear lo que llaman ‘zonas agroalimentarias’.

Con el objetivo de recuperar las sabanas y playones comunales, zonas que, según la ley de Desarrollo Rural, sólo pueden usarse para cultivar alimentos fáciles de cosechar, campesinos, víctimas del conflicto y pescadores empezaron a ocupar desde abril de 2015 fincas en Río de Oro, San Alberto, La Gloria y San Martín en el Sur del Cesar, Puerto Wilches y el bajo Rionegro en Santander, y Simití y Morales en el Sur del Bolívar. Una situación que está creando un caldo de cultivo para un nuevo conflicto en la región.

Las 'zonas agroalimentarias'

Según le contó a La Silla uno de los voceros de esta iniciativa, Guillermo Pérez, esos territorios buscan que tierras campesinas tengan autogobierno y soberanía para la toma de decisiones relacionadas con vivienda rural, educación y alimentos.  

Esta idea es una figura que también impulsa el senador del Polo Alberto Castilla  en un proyecto de ley que no se ha empezado a discutir en el Congreso.

Esas ocupaciones "no están específicamente encaminadas a la declaración de zonas agroalimentarias. Yo lo que creo es que (las comunidades asentadas) están apoyando esa propuesta” le dijo Castilla a La Silla cuando le preguntó que si, tal y como lo dijeron algunos de los voceros de las comunidades, las ocupaciones son el inicio para constituir los “Territorios Campesinos Agroalimentarios” que él menciona en su proyecto.

El senador Castilla es uno de los miembros más visibles del Congreso de los Pueblos, el movimiento social que respalda y acompaña las ocupaciones, y que a su vez, está socializando las ‘zonas agroalimentarias’ en regiones como el Catatumbo, el Cauca, el Sur del Bolívar y Sur del Cesar.

El Congreso de los Pueblos nació en 2010 y reúne organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, sindicales y juveniles en torno a nuevas propuestas sociales en esas regiones y fue precisamente en una de sus asambleas donde se construyó el proyecto de ‘Recuperación de Tierras para la Vida’, que en la práctica son ocupaciones como las que se están dando en el Magdalena Medio.   

La Silla pudo comprobar que en las ocupaciones de La Verraquera en el bajo Rionegro y de Terraplén en San Martín izaban banderas del movimiento, que ha sido señalado por presuntos vínculos con el ELN.

La idea de los líderes es que la recuperación de estos playones sea un primer paso para crear las zonas desde donde pueden reclamar la soberanía alimentaria.

Los promotores de estas invasiones o recuperaciones -según desde donde se le miren- dicen que estas áreas aledañas a las ciénagas y quebradas, que fueron secadas por terratenientes que metieron vacas o dedicaron a la agroindustria, han provocado el desplazamiento de muchos campesinos que vivían de la pesca y de la riqueza de esos suelos. Y que su objetivo al volver es ‘recuperarlas’ para lo que estaban originalmente destinadas que era la producción de alimentos.

La Silla conoció casos de ocupaciones en Santander y Sur de César que comprende los municipios de San Martín, San Alberto y el bajo Rionegro y encontró que los casos difieren unos de otros pero que todos están provocando enfrentamientos entre propietarios, campesinos y autoridades municipales.

La lucha por los playones comunales

Terraplén es un corregimiento de San Martín, en el Sur del César en donde, según lo cuentan habitantes del municipio, hay un complejo de ciénagas que de 20 años para acá ha ido desapareciendo.

La versión de los campesinos y pescadores que hoy ocupan los alrededores de ciénagas como La Torcoroma, es que esta situación terminó afectando su sustento, al punto de que las tierras ya no eran aptas para la siembra y no habían suficientes peces, por lo que tuvieron que irse de allí.  La culpa, según ellos, es de los hacendados que dañaron las tierras con ganado extensivo o cultivo de palma.

Por eso, en abril de 2015, muchos de esos campesinos regresaron aludiendo la recuperación de playones comunales que el Incoder reconoció como tales en 2011 pero que aún no ha delimitado. Desde entonces han chocado de frente con Alirio Díaz, uno de los terratenientes de la región, a quien Corpocesar sancionó por construir murallas para desviar el río.

Dos semanas después de que llegaran a la zona que colinda con la finca de Díaz y sin tener claro donde inician los playones y termina la propiedad privada, los campesinos fueron amenazados y agredidos físicamente por obreros para que se fueran, según se lo confirmó a La Silla la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía.

Pese a que Alirio Díaz le dijo a La Silla que la pelea fue porque la comunidad no había dejado que sus trabajadores hicieran un trabajo de siembra, los agresores están siendo judicializados y los campesinos siguen en el territorio trabajando los cultivos que ya han dado sus primeras cosechas.

Pero también está el caso de la finca de Mirian Quintero, también en el Terraplén. Allí, dos meses después de que 12 personas entraran al predio, demarcaran 100 hectáreas, quemaran con glifosfato el potrero para sembrar ahuyama y maíz y armaran cambuches, la dueña logró demostrar la legitimidad de su propiedad. Consiguió una orden de desalojo que obligó a los campesinos a abandonar el predio a finales del año pasado.

En la finca La Verraquera, en el corregimiento de San Rafael de Lebrija del municipio de Rionegro, desde mediados de 2015 una comunidad ocupa 400 de las 1500 hectáreas que son propiedad del terrateniente Jesús Rodríguez, quien además tiene fincas en otras regiones del país para ganadería extensiva.  

La Silla estuvo en la ocupación, la cual está separada de los potreros del dueño de la finca por una cerca. Desde allí aparecen cultivos de ahuyama y plátano, cambuches y nubes de humo, producto de las quemas con las que se abren paso para sembrar.

Encontramos a unos 10 campesinos, aunque según ellos son cerca de 60. Algunos vigilaban desde los cambuches, otros estaban trabajando la tierra y otros realizando las quemas.

Cuando pasamos un tercer cambuche, todos se agruparon allí y nos dijeron que no podíamos seguir avanzando por la finca sin autorización. Estuvimos conversando durante una hora y media hasta que nos dejaron continuar el recorrido.  

Cambuche en la ocupación de La Verraquera. Foto: Ana K. León.

Durante la charla, algunos aseguraron ser víctimas del conflicto armado. Otros, que estaban allí porque ya no tenían dónde pescar a causa de la construcción de murallas de terratenientes en la zona y aunque les pedimos que nos condujeran a los afluentes que se han secado, no accedieron.

El personero del municipio le dijo a La Silla que aún cuando Jesús Rodríguez tenía en regla las escrituras de su predio y estaba al día con el pago de impuesto predial, un desalojo que habían programado para diciembre de 2015 no se pudo realizar porque cuando llegaron muchos de los ocupantes argumentaron que eran víctimas del conflicto armado y aunque no lo certificaron, debieron presumir su buena fe.

Y es que además de la ausencia de un ordenamiento territorial claro, en la región ha quedado en evidencia que hay comunidades que realmente tienen arraigo en las zonas ocupadas como otras que están allí porque vieron una oportunidad para quedarse con una tierra.  Así lo demostró una caracterización que hizo de los ocupantes la Comisaría de Familia de San Martín.

En la Defensoría del Pueblo afirman que en el caso de Díaz las 75 familias que ocuparon las tierras son originarias de la región; aunque reconocen que en otra ocupaciones sí hay personas que no son de allá y que quieren sacar provecho.

Algunos de los propietarios dicen que las autoridades han hecho poco o nada respecto a estas ocupaciones y que en la época electoral el problema se convirtió en un caldo de cultivo para que los políticos atrajeran votos, ya que los candidatos supuestamente estuvieron en las ocupaciones, les dieron mercados e incluso prometieron que iban a legalizar los predios.

La Policía, por su parte, dice que no ha podido desalojar a los campesinos porque no tienen certeza de su condición de víctimas, ni tiene autorización de las alcaldías para hacerlo.

Mientras las autoridades se debaten sobre qué hacer, La Silla conoció que cerca de 300  ganaderos y palmicultores de la región se están reuniendo con el fin de crear una organización sin ánimo de lucro para que defienda sus derechos e intereses ante un Gobierno que, según uno de sus líderes “nuevamente está enfrentando a comunidades. Saca políticas como restitución de tierras o no hace nada ante las invasiones y no mide las consecuencias de lo que pueda pasar en una región tan azotada por la violencia”.