La recusación del Procurador Alejandro Ordóñez a los dos magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ya se sabe que están a favor de anular su elección tiene muy pocas posibilidades de prosperar pero le da el tiempo suficiente a Ordóñez para conseguir que la Sala Plena asuma directamente el caso y falle a su favor. Sin embargo, no la tiene fácil.
Como ya lo explicó La Silla, el 29 de abril, ante una solicitud de Dejusticia para que asumiera el caso, 18 magistrados decidieron no hacerlo y tendrían que justificar ahora su cambio de posición. En todo caso, si la Sala Plena lo asume, es improbable que el Procurador consiga los 14 votos que necesitaría para salvarse.
La Silla llega a esta conclusión tras revisar las posiciones que han tenido los magistrados del Consejo de Estado en dos casos que aunque no son iguales sirven como indicador de qué tanta sintonía hay hoy en día en esta corporación con el Procurador: el que ordenó la anulación de la elección del magistrado Francisco Ricaurte con argumentos similares a la que hundiría la del Procurador; el que decidió sobre la tutela que perdió Petro en el caso de la medidas cautelares de la Cidh (los que le dieron la razón a Petro seguramente estarán en contra del Procurador ahora).
Al cruzar estas dos votaciones se nota que hay un bloque de diez magistrados que consistentemente están en la orilla opuesta a Ordóñez (y que tienen una marca roja en sus fotos) y tan solo seis que están siempre de su lado (marcados con azul). Los diez restantes no tienen un récord tan consistente, pero a juzgar por la mayoría de 14 consejeros que definió la caída de Ricaurte, y que incluso creció a 17 para la votación final, Ordóñez la tiene perdida. Sobre todo considerando que tiene al Gobierno y al Fiscal General en su contra también.
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Así han votado los Consejeros de Estado
Tiende a la orilla de Ordóñez, pues como el Procurador, viene de la Rama Judicial y fue uno de los cinco que no estuvo de acuerdo con la decisión que tumbó a Francisco Javier Ricaurte del Consejo Superior de la Judicatura. Fue abogado del Ministerio de Hacienda, abogado del Incora y juez civil de circuito, antes de llegar a ser magistrado del Tribunal Administrativo del Cauca. Fue representante del Ministerio de Educación en el Consejo Superior de la Universidad del Cauca en 2000.
Es el magistrado que, en un auto de una acción de nulidad, suspendió la decisión de Ordóñez de destituir a Gustavo Petro; difícilmente apoyará al Procurador. Es de tendencia liberal y no viene de la Rama Judicial, lo que también lo aleja del Ordóñez. Abogado litigante y profesor en varias universidades, especialmente de la Javeriana. Trabajó en Legis y llegó al Consejo de Estado en 2008.
Su posición no es clara: apoyó la caída de Ricaurte y no salvó el voto en favor de Petro. Además, su hijo Felipe Bastidas trabajó en la Procuraduría hasta agosto de 2011, como asesor de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación, y viene de la Rama Judicial, concretamente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde estuvo entre 2000 y 2008, cuando fue elegido Consejero de Estado. Fue asesor jurídico de la Gobernación de Nariño.
Aunque viene de la Rama es de origen liberal. Eso, más su salvamento de voto en el caso de la tutela de Petro, hacen prevér que su voto no sería favorable al Procurador. Ha sido procuradora judicial ante el Consejo de Estado cuando Edgardo Maya era Procurador, juez promiscuo de menores y auxiliar de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Fue elegida en abril de 2013 en reemplazo de María Nohemí Hernández.
Ajena a la Rama Judicial, salvó el voto en la tutela que perdió Petro y probablemente siga votando contra Ordóñez. Tributarista, trabajó en la DIAN como jefe de la división de recursos tributarios. También fue la gerente de servicios legales de la consultora Price Waterhouse Coopers y abogada independiente.
Es de línea liberal, pero cercana a Marco Antonio Velilla de quien es compañera de universidad, lo que la llevó a ser uno de los cinco magistrados que no votó a favor de la nulidad de la elección de Ricaurte. Por eso, es uno de los votos fijos en favor de Ordóñez. Fue juez, magistrada del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y del de Cundinamarca, de donde pasó al Consejo de Estado en 2007. También fue abogada del ISS, defensora de menores y jefe de la jurídica del ISS en Medellín.
Como Danilo Rojas y Alberto Yepes, es conservadora garantista y por eso seguramente no va a votar en favor de Ordóñez, como ya mostró en la decisión de la tutela de Petro. Juez municipal y del circuito, ha sido magistrada auxiliar de la Sala de Consulta del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. En 2008 aspiró a llegar a la Corte Constitucional ternada por el Consejo de Estado. Llegó al Consejo de Estado en 2010.
De línea conservadora que inicialmente podría llevarla a apoyar a Ordóñez, su voto en el caso de Ricaurte muestra que ha tomado distancia de la rosca. Su experiencia en la Rama es larga pero no viene desde abajo: fue Magistrada Auxiliar de la Sección Primera entre 1991 y 2010, año en que fue elegida como Consejera de Estado.
Conservador, su voto es incierto.Ha sido catedrático de diversas universidades en Medellín, Cali y Bogotá. En 1999 y en 2003 fue candidatizado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para ser consejero de Estado, pero finalmente quien fue designado fue el también conservador Ramiro Saavedra. Finalmente llegó en 2004 en reemplazo de Ricardo Hoyos, también antioqueño. Fue presidente del Consejo entre 2008 y 2009.
Esposo de la magistrada liberal de la Corte Constitucional María Victoria Calle, es de línea conservadora pero ha marcado grandes distancias con Ordóñez y sus aliados. Por ejemplo, fue el ponente de la sentencia que tumbó la destitución de Alonso Salazar. Empezó como juez promiscuo de Pesca y luego fue juez de otros municipios de Boyacá y Casanare. En 1988 entró al Tribunal Administrativo de Boyacá, hasta que llegó en 2007 al Consejo de Estado.
Viene de fuera de la Rama y, aunque es vista como conservadora, no es cercana a Ordóñez. Su voto es incierto. Desde principios de la década del 70 trabajó en el Ministerio de Hacienda y luego, desde 1993, en la DIAN, donde llegó a ser Directora de Gestión de Ingresos en 2009. En la DIAN fue jefe jurídica desde la dirección de Guillermo Fino y asesora de Mario Aranguren en la Dirección general. En 2010 llegó al Consejo de Estado.
Su trayectoria profesional ha sido en la Rama, pero es de origen liberal y sus posiciones en los casos de Ricaurte y de Petro hacen prever que no estará del lado del Procurador. Empezó como juez promiscuo municipal, pasó a ser civil municipal y civil del circuito, luego fue auxiliar en el Consejo de Estado y, finalmente, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca entre 2001 y 2012. Fue elegido en abril de 2013 en reemplazo de Ruth Stella Correa.
Este magistrado antioqueño ha estado en la orilla opuesta a Ordóñez en los casos de Petro y de Ricaurte, por lo que su voto seguramente tampoco va a favorecer al Procuraodr en esta ocasión. Ha sido juez promiscuo, coordinador de procesos judiciales de EPM y magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Fue elegido en julio de 2013 en reemplazo de William Giraldo.
Abogada de la Universidad Santo Tomás, el bastión académico del Procurador, viene de la Rama Judicial, donde ha estado más de 25 años, buena parte de ellos como juez laboral. Su hijo Andrés Ramírez Páez es o fue asesor de la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente. A pesar de que todo eso indicaría cercanía con Ordóñez, votó a favor de la nulidad de la elección de Ricuarte, por lo que es posible que mantenga esa postura jurídica y no vote a favor del Procurador.
Su posición no es facilmente previsible: votó contra Petro pero también contra Ricaurte. Sin embargo, según supo La Silla, ella -como presidente actual del Consejo de Estado- está empeñada en rescatar el buen nombre del Consejo de Estado lo que podría inclinarla en contra de Ordóñez.Fue jefe de la oficina jurídica del ISS de Cali, jefe de unidad administrativa de la CVC, gerente administrativa y jurídica de una ONG de ayuda a los municipios, Procomún. Magistrada auxiliar del Consejo de Estado entre 2001 y 2008, y de la Corte Constitucional entre 1992 y 2001. Llegó al Consejo de Estado en 2008.
Uno de los votos fijos contra Ordóñez por todos sus antecedentes. Miembro fundador de DeJuSticia, fue director de Derechos Humanos del Ministerio de Interior, consultor de entidades internacionales y profesor de derecho. En 2008 fue ternado por el Consejo de Estado para ser magistrado de la Corte Constitucional junto con la procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos y el hoy magistrado de esa Corte, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Muy cercano a los derechos humanos y al espíritu de la Constitución de 1991, aunque para algunos observadores es de izquierda, se define a sí mismo como conservador garantista.
Un voto incierto, que tiende a no ir por el lado de Ordóñez, yno votó en contra de Petro: Santofimio es externadista, liberal y no no viene de la Rama Judicial. Durante la mayor parte de su vida profesional ha sido abogado independiente, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, Tunja y Cartagena, y académico del Externado. Ha sido asesor externo de diferentes entidades públicas, incluyendo Ecopetrol, Aeronáutica Civil, el ISS, el Ejército la Contraloría de Bolívar y la gobernación del Tolima. Llegó al Consejo de Estado en 2010.
Es una de las consejeras más cercanas de Ordóñez: conservadora y muy de la Rama. Fue juez promiscuo de menores, penal municipal y penal del circuito, y magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar. Llegó al Consejo de Estado en 2010.
Votó a favor de Petro y contra Ricaurte, y además su carrera ha sido fuera de la Rama Judicial, por lo que pinta como fijo en la orilla contraria a Ordóñez. Fue jefe de la oficina jurídica del Instituto Nacional de Transporte (Intra) y del Ministerio de Salud, además de haber sido abogado privado en Vargas Rubiano Abogados, donde tuvo como cliente a Asinfar, el gremio de los farmacéuticas colombianas. Fue elegido por la sala plena en agosto de 2012, cuando le ganó a reconocidos abogados como José Gregorio Hernández, Iván Darío Gómez Lee y German Bula. Al parecer lo logró porque es compañero de Universidad y amigo de Rafel Ostau de Lafont, a quien reemplazó. Se posesionó en octubre de 2012.
Aunque tiene una amistad personal con Ordóñez, quien además lo ayudó en su carrera profesional, su decisión en el caso Ricaurte deja dudas sobre su posición. Tiene una larga trayectoria en la rama, desde citador hasta Consejero de Estado.
De línea conservadora, cercano a Fabio Valencia Cossio, es uno de los votos fijos por Ordóñez. Pero votó a favor de anular la elección de Ricaurte, por lo que tendría que cambiar su postura. Fue abogado de la Superintendencia de Industria y Comercio y asesor de la presidencia de la República. También fue director de Derecho Económico del Externado, de Derecho Comercial de la Santo Tomás y del Centro de Investigaciones de la Sabana. Estuvo en listas del Consejo Superior de la Judicatura para ser Consejero de Estado en 200 y 2001 y luego fue ternado a la Fiscalía.
Uno de los votos ordoñistas, votó contra Petro y fue uno de los cinco que votó a favor de Ricaurte. Ascendió en el sector público, como abogado y jefe de departamento de la EEB, secretario general y director regional del Inderena y Secretario privado del Ministerio de Agricultura. Desde 1989 entró a ser Magistrado, primero del Tribunal Administrativo de Sucre y luego del de Cundinamarca.
El ponente, que inicialmente redactó una ponencia favorable a Ordóñez, de quien era amigo, cambió su posición porque Lucy Jeannette Bermúdez lo convenció con un escrito de casi 100 páginas. Por eso, su voto está cantado. Profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Colombia en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Columnista de La Nación y Diario del Huila. Ejerció como profesional independiente, consultor y litigante durante 30 años antes de ingresar al Consejo de Estado el 7 de junio de 2011. Desde entonces, se ha ido acercando a Stella Conto y Danilo Rojas, en un grupo conservador moderno, defensor de la Constitución de 1991.
Uno de los pocos votos de la orilla de Ordóñez, fue uno de los cinco que no apoyó anular la elección de Ricaurte y votó a contra Petro. Elegido en septiembre de 2011, fue magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima. Venía de ser jefe de unidad judicial de la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol.
Nota: el miércoles 16 de julio el magistrado Bastidas se comunicó con La Silla para precisar que su hijo dejó su cargo en la Procuraduría en agosto de 2011. La historia se modificó para ajustar ese dato a la realidad. Pedimos disculpas al magistrado Bastidas y a su hijo por cualquier inconveniente que hayamos podido causar.