Así se adjudicó la contratación de Norte durante la temporada electoral

Aparecieron los aliados

Dos de los contratistas que más aparecieron en los procesos de contratación, ya sea como ganadores o participando en las ofertas que no pasaron la evaluación extrañamente por no cumplir con requisitos básicos, son Renzo Adriano Ortega y José Daniel Aldana Pérez.

Ambos están relacionados con el grupo político de William Villamizar.

Por un lado está Renzo Ortega, uno de los contratistas que más ganó licitaciones (se quedó con tres contratos en consorcio y su participación en ellos suma $1.522 millones).

Ortega, quien, según una fuente que conoce la movida política del departamento, es uno de las cabezas tras bambalinas del grupo de Villamizar en Cúcuta, le hizo campaña a la Cámara al representante de La U Wilmer Carrillo, quien -como hemos contado-  es el ahijado del Gobernador.

Por el otro lado está Daniel Aldana, quien fue uno de los socios en uno de los contratos que ganó Ortega.

Aldana es un ingeniero civil que, según nos dijeron un periodista y tres políticos por aparte, es conocido en Norte de Santander como miembro del grupo político del Gobernador y uno de sus hombres de confianza.

Según dos de ellos, su relación data desde los inicios en política de Villamizar, pues ambos eran líderes del excongresista conservador Iván Clavijo.

Aldana fue el coordinador del empalme de infraestructura en 2011 del entonces gobernador electo y ahora senador de Cambio Radical, Édgar Díaz Contreras, quien ese año se eligió con el respaldo de William Villamizar y representó la continuidad de su primer periodo gobierno.

Además de Ortega y Aldana, otro nombre con relación política es el de Jairo Díaz Contreras, hermano del senador Díaz Contreras.

Él se ganó un contrato para el mantenimiento de una vía en Herrán que costó $2.800 millones en consorcio con dos socios más, uno de ellos Renzo Ortega.

Siete contratistas fueron los más recurrentes

Más allá de esos casos sonoros, en general siete contratistas se quedaron con 11 de los 22 contratos que Villamizar ha licitado en lo que va de este año.

El que más ganó plata fue Félix Andrés Trujillo Amaya, un ingeniero civil graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander en 2013, quien en consorcio obtuvo dos contratos para remodelar escenarios deportivos y construir una cancha de fútbol sintética en Cúcuta. Su participación en ambos sumó $6.276 millones.

El segundo fue el socio de Trujillo en ambos contratos: Carlos Neira Peña, representante de Construcciones Viur, y quien ha contratado con varios municipios del departamento al menos los últimos siete años. Su participación correspondió $4.728 millones.

El tercero fue Nadín Antonio Ortiz Soto, un contratista de Ocaña que es cercano al grupo del Gobernador y le hizo campaña al diputado de La U Wilmer Guerrero. Su participación en dos contratos suma $2.885 millones.

Le siguen Renzo Ortega en cuarto lugar y luego Germán Alberto Berbesí Barroso, con $902 millones, a través de Consorcio Constructora Cúcuta.

Como hemos contado, Berbesí fue uno de los súpercontratistas de la Gobernación de Norte de Santander en los últimos tres meses de gobierno de Édgar Díaz Contreras, hoy senador de Cambio Radical.

En sexto y séptimo lugar están Rubiel Antonio Guerrero Zambrano y César David Martheyn Lizarazo, respectivamente. El primero con tres y el segundo con dos contratos en consorcio. Como el porcentaje de su participación no fue tanta, apenas suman $282 y $196 millones, respectivamente.

Pocos oferentes y ni una puja

Aunque el espíritu de la modalidad de contratación por licitaciones es que varias empresas compitan entre sí para ver quién presta el servicio, en solo uno de los procesos que revisamos en la Gobernación de Norte hubo puja, pese a que 20 de las 22 licitaciones cerraron con más de una oferta.

En los 20 casos en los que hubo 2 (17 licitaciones) y 3 ofertas (3 licitaciones), solo uno de los oferentes, el que finalmente ganaba el contrato, cumplía con los requisitos mínimos para que su propuesta fuese evaluada.

En siete casos en los que se descartaron ofertas de entrada fue porque no adjuntaron los contratos que acreditaban su experiencia para ejecutar el objeto, algo que es extraño partiendo de que eso es lo primero que revisa un contratista antes de presentarse.

En otros cuatro procesos fue porque no presentaron su certificado RUP actualizado, que es básico porque en el que consta la experiencia y la capacidad jurídica y financiera de la empresa para contratar con el Estado; en otros tres porque los oferentes no presentaron las matrículas profesionales de sus ingenieros o topógrafos, aún cuando eso es lo mínimo con lo que podrían ejercer su profesión; y en dos casos ni siquiera presentaron el certificado de representación legal ni la póliza de seriedad de la oferta, que son lo mínimo para competir en un proceso de contratación. Incluso hubo uno que se presentó sin haber enumerado los documentos y en vez de corregir ese error de forma, retiró la oferta.

Solo hubo un contrato, el de la construcción de un puente colgante en un centro poblado de Chitagá, en el que el otro proponente, mostró real interés por superar la evaluación y llegar a la puja de la propuesta económica pues hizo observaciones al proceso de evaluación y en una de ellas alegó que la Gobernación estaba parcializada en favor del otro oferente.

Los que ganaban en unas eran los oferentes de otras

Lo más llamativo de las ofertas que se presentaban pero no cumplían con los requisitos mínimos es que en siete casos, se trataban de contratistas que ganaron en otros procesos.

Por ejemplo, Renzo Ortega, quien, como contamos atrás  fue uno de los que más contratos ganó, integró una de las ofertas que no presentó un certificado RUP actualizado.

También el patrón se repitió con Jesús Enrique Vargas Rodríguez, quien en dos de las tres oportunidades en las que ofertó, no presentó los contratos que acreditaban la experiencia ni el certificado RUP, pese a que en un tercer proceso se ganó el contrato para la optimización del acueducto y alcantarillado de Cácota.

Además, encontramos tres casos en los que los mismos contratistas compiten pero se turnan la ejecución.

Por ejemplo, José Daniel Aldana Pérez fue descalificado en el proceso para hacer la cubierta de una cancha en una vereda de Toledo porque no tenía registrados los contratos que acreditaban su experiencia en el certificado RUP y se lo ganó un consorcio al que pertenece Leonardo Carrillo Lobo.

Carrillo Lobo, por su parte, fue descalificado en el proceso para construir la cancha de un colegio en Lourdes por detalles como no presentar la tarjeta profesional del ingeniero residente, y el que se lo ganó fue Aldana Pérez.

Eso mismo pasó entre la empresa Coinoc Ltda (representada legalmente por Edwin Hernando Trigos Quintana y Edwin Aleixi Torres Arévalo), que ofertó en un proceso para hacerle mantenimiento a una vía en Ocaña pero no tenía al día su certificado RUP.

El que ganó el contrato fue un consorcio del que hace parte Torres Arévalo, es decir, uno de los directivos de la

otra empresa que  ofertó.

En otro proceso para hacer la optimización del acueducto de Herrán, Torres Arévalo se presentó pero no adjuntó los contratos que acreditaban su experiencia y el ganador resultó ser un consorcio al que pertenece Coinoc.

La última coincidencia similar la encontramos en los dos contratos que se ganaron en consorcio Felix Andrés Trujillo Amaya y Construcciones Viur (representada por Carlos Neira) para construir una cancha de fútbol sintética y arreglar escenarios deportivos en Cúcuta.

En ambos procesos Trujillo y Neira compitieron contra consorcios integrados por los mismos contratistas (Consorcio Constructora Cúcuta, representada por Germán Alberto Berbesí Barroso, Progresamos Ingeniería, representada por Hugo Hernández, y Renzo Ortega y en ninguno las ofertas cumplieron con los requisitos mínimos.

Vías y canchas de fútbol, los objetos favoritos

De los $87 mil millones que suman las 22 licitaciones que revisamos, la mayoría se fueron en vías y escenarios deportivos.

Mientras que $18 mil millones fueron destinados a siete contratos para la pavimentación y mantenimiento de vías y la construcción de un puente colgante, $16 mil millones se fueron en siete contratos para para la construcción o adecuación de escenarios deportivos (en su mayoría canchas sintéticas).

Tres contratos más, que costaron $3.900 millones, se invirtieron en la optimización y mejoramiento de sistemas de acueducto y alcantarillado; y otros $1.500 millones fueron para la sistematización de los impuestos de vehículos.

La mayor parte de la plata se fue en el Programa de Alimentación Escolar que costó $28 mil millones, y para la instalación de redes de internet en colegios y espacios públicos en todo el departamento, por $17 mil millones.