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La contratista Fumdepaz recibió toda la plata de las casas para los damnificados de una avalancha en Tumaco en el 2009. Pero solo ejecutó el 32 por ciento de la obra.
Así se esfumaron $5.300 millones para damnificados en Tumaco
Algunos han ido terminando las casas con sus propios medios.
Cuatro años después de que la Alcaldía de Tumaco firmara un contrato por 7.772 millones de pesos para construir 327 viviendas para los damnificados de una avalancha de hace casi 10 años en el segundo puerto del Pacífico, el 68 por ciento de la plata está perdida, según la Secretaría de Planeación de Tumaco y DNP. La contratista lo niega, pero los damnificados siguen sin casas.
El exalcalde de Tumaco Víctor Gallo firmó un contrato en 2014 con la Fundación de Mujeres Dinamizadoras de Paz, Fumdepaz, para construir viviendas en la vereda Candelillas (a 45 minutos de Tumaco) y en seis veredas más para los damnificados por la avalancha del Río Mira. Según una denuncia en su contra y un informe técnico de Planeación Nacional y de la Secretaría de Planeación de Tumaco, Fumdepaz se quedó con 5.300 millones de pesos de ese contrato, falsificó los extractos bancarios para desviar los recursos y falseó la póliza que los protegía. Fumdepaz dice que la mayoría de la plata está en una cuenta bancaria y que sí hay póliza.
Esta es la historia del desastre que arrancó con el exalcalde Neftalí Correa (hoy destituido), siguió en la administración de Víctor Gallo, después con la destituida Emilsen Angulo y continúa con el actual mandatario Julio Rivera.
Y que además hasta ahora deja a 68 familias viviendo en casas sin acueducto y alcantarillado y 139 más sin la casa que les prometieron.
El desastre
El 15 de febrero de 2009, seis mil familias en Tumaco y municipios vecinos perdieron sus casas a causa de la avalancha del Río Mira.
327 familias de las 500 afectadas de la zona rural de Tumaco, tuvieron que abandonar el lecho del río porque perdieron todas sus cosas y por eso instalaron y armaron sus casas de madera en las veredas cercanas de Candelillas, San Juan, Achotal, Vuelta de Cajapi, El Guabo y Chinguirito.
Según una persona que vivió todo el proceso, aproximadamente desde el 2010 el Gobierno Nacional y el entonces alcalde, Neftalí Correa, les prometieron casas nuevas.
Inicialmente fueron 327 viviendas, luego el proyecto se ajustó a 207: 187 en Candelillas y 20 en otras veredas para los damnificados.
Al final de su mandato Correa hizo los estudios de la obra para construir, pero no arrancó en firme la obra. Solo en 2014 el alcalde Víctor Gallo firmó el contrato con Fumdepaz que les permitiría a estas familias tener una vivienda, pero ya las cosas comenzaron mal.
En primer lugar el alcalde Gallo debía entregar ese contrato para construir las casas en un año por licitación pública (para tener mayor oferta de contratistas y escoger al mejor), según el informe de la Alcaldía de Tumaco y DNP. Pero, el entonces secretario de Planeación, Julio Rivera (quien hoy es el Alcalde del municipio) recomendó contratar con Fumdepaz, una entidad sin ánimo de lucro que hace y ejecuta proyectos para mejorar “la calidad de vida de las comunidades” vulnerables como lo dice en su página.
Por eso, Gallo decidió contratar a la Fundación a dedo, algo que la ley permite pero que la Unidad de Gestión del Riesgo y DNP no consideraron pertinente. La representante legal de Fumdepaz, María Cristina Acosta, nos dijo que ella participó de una convocatoria pública, algo que no dice el informe del DNP.
Gallo también acordó entregarle al contratista el cien por ciento de los recursos del Fondo Nacional de Gestión de Desastres (que maneja la plata para esos temas, que vienen de regalías y recursos propios) sin condicionamientos de avance en la obra, sino solo de tiempo, lo cual es muy riesgoso porque la construcción se puede retrasar pero los pagos no.
Los condicionamientos quedaron así: entregar un anticipo del 50% en la firma del contrato; el 30% cuatro meses después de la firma; el 20% restante a los seis meses y si hay adiciones, la plata se entrega inmediatamente.
Gallo nos dijo que tomó esa decisión porque creía que así el proyecto iba a estar más rápido y porque creyó “que todo iba a estar bien”.
Es decir, toda la plata se entregó seis meses antes de que venciera el plazo inicial para terminarla. Lo usual (como se hace en el programa de vivienda gratis por ejemplo) es dejar un porcentaje del pago contra la entrega de la obra, precisamente para evitar que se pierda la plata.
A eso se suma que los estudios de suelo, que definen si un terreno es apto para construir o no, y que también estaban a cargo del hoy actual alcalde Julio Rivera no se hicieron bien porque aunque éstos decían que los terrenos sí eran aptos, en realidad no lo eran, según dice un informe de Planeación Nacional y la Secretaría de Planeación del municipio que conoció La Silla Pacífico.
Eso llevó a Fumdepaz a tener que adecuarlos, lo que generó sobrecostos (838 millones que consiguió el municipiode dineros de regalías y 135 millones de otra fuente) y retrasos de un año.
Acosta nos dijo que el informe del DNP que incluye el proyecto entre los contratos de regalías que están en grave riesgo no corresponde a la realidad, porque los 838 millones de regalías sí se ejecutaron y la obra se liquidó, como muestra este documento. Nos dijo que los recursos que no se ejecutaron son los de la Unidad de Gestión del Riesgo, que no dependen del DNP - pero acepta que el objeto final del proyecto, construir las viviendas, está en el aire.
Cuando por fin empezaron las construcciones en Candelillas (en las demás veredas no se hizo ni una casa) las familias que habitaban esos predios tuvieron que desalojar y acomodarse en un lote vecino, apretados y en cambuches, con todos los problemas de salubridad que eso acarrea.
“Quedamos peor que antes”, nos dijo una persona de la vereda que pidió no ser citada para no tener problemas con la administración.
Según ella y otras dos habitantes, vivieron así durante más de un año hasta que el 2015 las 68 casas construidas en obra negra y sin alcantarillado quedaron abandonadas por el contratista y a finales del mismo año empezaron a habitarlas porque su situación en los cambuches era insostenible.
“Los que han tenido plata las han ido acomodando y los que no las hemos dejado así”, dice una habitante de una de las viviendas.
Como no hay agua potable, ni inodoros que suelten agua, la gente va al baño a un pozo séptico, o en una bolsa, o en el monte.
En la vía a peña colorada que queda a 45 minutos en carro de Tumaco y donde iban a vivir otros damnificados solo instalaron las varillas para las columnas y desde el 2015 la obra está abandonada.
Según una habitante de esta vereda las casas que hoy existen las construyeron ellos con sus propios medios y en época electoral llegan los políticos a prometerles que las terminarán.
Han llegado el actual alcalde Julio Rivera y Emilsen Angulo (destituida en el 2017) cuando estaban buscando votos para las elecciones.
Según el informe de Planeación Nacional y la Secretaría de Planeación de Tumaco sobre la obra, el contratista no tenía la capacidad operativa para el proyecto, tampoco tenían interventoría que vigila que la obra se haga bien y cumpla las especificidades técnicas, y quedaron abandonadas en 2015 cuando Acosta, como representante legal de Fumdepaz, se fue del municipio y abandonó la obra.
Acosta dice que esto es totalmente falso porque ella siempre tuvo interventoría, como sustenta con estos documentos, y que la salida de Tumaco de ella y de equipo de trabajo se debió amenazas contra su vida, que no denunció ante las autoridades.
Acosta es conocida porque fue directora administrativa del partido de La U la década pasada (cuando se llamaba Nuevo Partido) y Óscar Iván Zuluaga la denunció penalmente por supuestamente haber desviado 58 millones de pesos de ese partido para gastos personales. Por eso duró más de diez años en un proceso judicial, que terminó cuando prescribió uno de los delitos y fue absuelta por el otro en 2016 por falta de pruebas.
Plata perdida, obra detenida
Otro problema que tuvo la obra, según Planeación de Tumaco y Nacional fue que la póliza que previene que la plata se pierda era falsa y por eso Fumdepaz le debe al municipio el 63 por ciento del valor total del proyecto, pues solo se invirtieron 2.400 millones.
La representante legal de Fumdepaz dijo que la póliza de seguros no es falsa y que está vigente con Suramericana. Incluso dijo que la aseguradora debe pagar al Estado cerca de 1400 millones de pesos por el incumplimiento del contratista Hari Mosquera, que Fumdepaz subcontrató para construir las casas y, según muestra Acosta con documentos, le incumplió. Por ello Fumdepaz ejecutó una póliza con Seguros del Estado contra Mosquera, reclamo que sigue en proceso.
La contratista Acosta fue denunciada por el alcalde Víctor Gallo en 2015 y según el actual secretario de Planeación de Tumaco, Obelis Tenorio, las casas no se pueden terminar hasta que no se resuelva este proceso judicial y se recupere la plata.
En la denuncia el exalcalde Gallo explicó que durante diez meses la representante legal de Fumdepaz presentó extractos bancarios e informes financieros falsos. Durante ese tiempo nunca sospechó de la Fundación, hasta que en julio de 2015, según él, la señora Acosta se negó a entregar los extractos bancarios en físico.
Cuando el funcionario de la Alcaldía encargado de la supervisión técnica del proyecto, Jimmy Correa (cuota de Neftalí Correa) fue a verificar al banco, la plata ya no estaba: de los 7.700 millones de pesos quedaban 700 mil pesos, dice la misma denuncia.
Acosta dice que todos sus movimientos financieros fueron legales y que en este momento el CTI de la Fiscalía 29 seccional Tumaco y la Fiscalía 23 Seccional Bogotá están estudiando esos documentos por una demanda que ella interpuso.
Admite que sí movió la plata a otra cuenta pero alega que lo hizo solicitud del mismo supervisor Correa, que se invirtieron 4.472 millones y que por lo tanto lo que ella adeuda al Estado son los 3.490 millones de pesos restantes (57 por ciento de los recursos), que reposan en una cuenta del convenio y que no ha devuelto hasta ahora. Dice que lo hará cuando se solucionen los problemas legales.
A su turno, el ex alcalde Gallo en su denuncia solicitó que Fumdepaz sea investigada por falsedad en documento privado, estafa agravada, peculado por apropiación y abuso de confianza calificado. El exalcalde y hoy gerente de la empresa descentralizada de servicios públicos, Aguas de Tumaco, reconoce que sí cometió errores con ese contrato como no “prever todos los riesgos” y "confiarnos que todos iba a salir bien”.
Nos dijo además que se confió de sus asesores jurídicos y que como no es abogado, pensó que todo estaba en regla.
Por este hecho la Procuraduría sancionó en 2016 a Víctor Gallo con una multa de 55 millones de pesos que aún está negociando para pagar en cuotas.
Consultamos al coordinador de Fiscalía de Tumaco, Francisco Muñoz, para consultar el avance del proceso, pero no nos dio información porque tiene reserva. Gallo tampoco sabe nada desde septiembre de 2016 cuando lo llamaron a declarar.
Ante ese embrollo, la recién posesioanda alcaldesa Emilsen Angulo terminó unilateralmente el convenio con Fumdepaz el 29 de febrero de 2016. Para Acosta, esta desición terminpó de enredar un proceso que venía mal por varios errores contractuales previos del administración de Gallo y que el supervisor Jimmy Correa pecó por falta de planeación y por no cumplir con obligaciones de su parte, como presentar planos que cumplan la normatividad, estudios de suelo, de alcantarillado, acueducto, energía, compra de terrenos, que el supervisor niega que fuera de su resorte.
"No hubo una voluntad de la Administración. Además yo quedé en medio de una pelea política entre Gallo y el entonces representante Neftalí Correa, que cogieron el proyecto como caballito de batalla de campaña que no dejó que avanzara", aseguró Acosta.
Por ahora el proceso reposa en el Tribunal Administrativo de Nariño que será la entidad que deberá determinar si le da la razón al alcalde Gallo o a la Fumdepaz.
Por su parte el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías, una dependencia del DNP, nos dijo que el 24 de agosto de 2017, un año y medio después que la alcaldía temrinó el convenio y dos años después de la denuncia contra la contratista, pasó el reporte de la obra a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía por riesgo inminente de pérdida de recursos. Por eso, lo incluyó en el listado de proyectos en Estado crítico del DNP como lo contamos en esta historia.
Con todo eso, según Gallo 120 de las 139 familias que no alcanzaron casa en el 2015 ya viven en casas construidas con plata del Fondo de Adaptación (creado para atender zonas afectadas por el fenómeno de La Niña en 2010 y 2011) en la vereda Chilví.
La Silla no pudo confirmar esta información con más fuentes e incluso el Secretario de Planeación dijo no estar enterado, pero aún así las 68 casas que dejaron a medio hacer en el 2015 en Candelillas siguen en el mismo estado, como lo comprobamos presencialmente.
Y para completar, hoy en día, según Planeación Nacional, la administración no ha verificado si las personas que viven en ellas hacen parte del listado inicial de damnificados a los que les prometieron una casi hace casi 10 años.
Nota de la editora: Tres días después de publicada esta historia la señora María Cristina Acosta se comunicó con La Silla para dar su versión y acordó enviar los soportes. Efectivamente, el 16 de febrero nos envió un documento de más de 100 páginas exponiendo esa versión y nos remitió un oficio en donde solicita la aclaración y réplica de lo que contamos en esta historia. Incluimos su versión el 20 de febrero, luego de revisar la documentación. Adjuntamos estos documentos para que nuestros lectores tengan acceso a ellos.
