Así se gastó la plata de Santander en el primer año de Tavera

El de refrigerios escolares, el contrato más cuestionado

Desde que arrancó la administración de Didier Tavera, la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, una empresa, que como lo contó La Silla Santandereana, es famosa en todo el país por haber estado relacionada con el grupo empresarial de los controvertidos hermanos Torrado -investigados por un carrusel de contratos para el suministro de alimentos que tuvo lugar en la administración de Samuel Moreno en Bogotá-, se convirtió en una de las supercontratistas de Santander.

Cuando arrancó 2016 recibió directamente y en consorcio con una firma denominada MCD Cia (también relacionada con el grupo de los Torrado) un contrato por $11 mil millones bajo la figura de urgencia manifiesta, modalidad que le permitió a la Gobernaciòn de Tavera hacer una contratación exprés para garantizar que los niños más vulnerables del departamento recibieran su ración alimentaria subsidiada por el Estado.

Más adelante, en abril de ese mismo año, pero esta vez en solitario, se quedó con una licitación de $23 mil millones, que terminó adicionada en $11 mil millones más, también para la entrega de los alimentos escolares.

Más allá de los contratos, lo particular de Surcolombiana de Inversiones es que los millonarios recursos que ejecutó en el departamento se los ha quedó en medio contrataciones denunciadas sobre presuntos favorecimientos y que los ha ejecutado en medio de denuncias de incumplimientos que han sido obviadas por la Gobernación de Santander.

En abril de 2016 se registró el episodio más grave cuando se conoció que 15 niños del colegio Florentino González en el municipio de Coromoro resultaron intoxicados por leches condensadas que fueron entregadas en mal estado por el operador, y aunque por faltas incluso menores, han sido sancionados operadores, en la administración de Tavera consideraron que no pagarle los refrigerios que entregó ese día era suficiente.

Cuando arrancó 2017, la administración de Tavera le entregó un nuevo contrato por $30 millones a esa misma firma, también en medio de denuncias sobre presuntos favorecimientos.

Los hermanos Junco, los más recurrentes

Entre la contratación gruesa que hizo Didier Tavera durante su primer año los más recurrentes fueron los hermanos Junco Espinosa.

Gerardo, Rubén Darío y Lisandro son retirados de la Policía y contratistas. Gerardo es uno de los dueños de Americana de Servicios, que presta servicios que van desde aseo hasta de arriendo de ambulancias; Ruben Darío es dueño junto a Lisandro de Tecniseg Ltda, empresa de seguridad privada; y Lisandro también figura en Servicios y Soluciones Seguras, que contrata transporte terrestre y digitalización de información, en Sevial, que ofrece consultorías en seguridad vial y en la Inmobiliaria Inverjunco.

Con dos de esas empresas -Tecniseg y Americana de Servicios- las empresas de los Junco ganaron tres licitaciones que suman $5.951 millones: una para la vigilancia de la Gobernación, otra para la vigilancia de colegios los fines de semana y festivos,  y otra para el aseo del palacio departamental.

Además de que en dos de esas licitaciones los Junco fueron los únicos oferentes, los pliegos tuvieron observaciones sobre las exigencias tan específicas, como que, en el de vigilancia de colegios, los consultores debían ser oficiales retirados del Ejército o la Policía, o en el de servicio de aseo los empleados debían tener certificación en atención al cliente.

 El apellido de los Junco es reconocido porque contratan en todo el país y porque uno de ellos, Lisandro, siendo mayor de la policía fue investigado por la Procuraduría y Fiscalía por enriquecimiento ilícito y tortura; aunque la Justicia Penal Militar no le abrió investigación formal, la Procuraduría sí profirió un fallo que lo destituyó e inhabilitó por cinco años, que más adelante fue revocado por el Consejo de Estado debido a que la notificación se hizo cuando la falta había prescrito (cinco años después de cometida)*.

En el departamento particularmente, sus empresas han sido contratistas recurrentes en Barrancabermeja. El año pasado, por ejemplo, (el 28 de diciembre) Lisandro Junco figuró como el representante legal de un consorcio que obtuvo una concesión por diez años para la operación de la Inspección de Tránsito de ese municipio pero que fue terminada bilateralmente (en los documentos publicados no se especifica por qué) tan solo seis días después.

Condiciones que favorecían a uno solo

En su primer año de gobierno, Didier Tavera adelantó 17 procesos de selección por más de mil millones de pesos. De esos, uno cerró con 17 oferentes (el de la operación del banco de maquinaría)y otro con 36 (su respectiva interventoría). De los 15 restantes, 9 tuvieron entre 2 y 5 ofertas, y 6 cerraron con único oferente.

El común denominador en estos procesos de selección, que implicaron la inversión de $57 mil millones, estuvo en que las condiciones bajo las que los formularon fueron tan específicas que varios potenciales contratistas se abstuvieron de participar.

Las peticiones de la Gobernación de Santander para contratar todos sus servicios, incluyeron desde disponibilidad de marcas específicas de equipos, perfiles profesionales con condiciones que no aportaban de fondo a la ejecución del contrato (diplomas del Sena, certificaciones de ISO 27001, oficiales retirados de la policía para actividades de vigilancia en escuelas, representantes legales de empresas con especializaciones específicas), hasta exigencias que aunque no descalificaban, otorgaban más puntaje y desequilibraban la balanza (tarjetas de propiedad de vehículos en contratos que tenían que ver con logística de eventos, y neurocirujanos con especializaciones muy específicas).

Si bien en 16 de los 17 procesos, los interesados en ofertar advirtieron que las condiciones estaban siendo restrictivas y que las exigencias, por no atender aspectos de fondo en la actividad que se iba a ejecutar lo que hacían era favorecer a una firma en particular, y el Comité Transparencia por Santander también encendió la misma alerta, en 12 casos los equipos jurídicos de la Gobernación no aceptaron ninguna de las observaciones.

Uno de los más controversiales fue el de la adquisición de equipos biomédicos para la Secretaría de Salud del departamento. En ese contrato, que ascendió a los $7 mil millones, la Gobernación exigió equipos con marcas específicas. Como en muchos casos la distribución de una marca en particular la tiene en exclusiva una firma, la condición dejó sin capacidad de competir a otros oferentes. Al final de la subasta, aunque cerró con tres oferentes, solo uno (Unión Temporal Diagnoremh Equipamentos Médicos, conformada por Diagnostic Medical Lab y Equipos Médicos Hospitalarios REMH) llegó habilitado y no hubo puja.

Un caso similar fue el de la subasta por $1.200 millones para la compra de una solución tecnológica que fortaleciera la seguridad informática de los procesos administrativos de la Gobernación. Entre las condiciones para que una propuesta quedara habilitada para competir, la Gobernación solicitaba que los profesionales tuvieran certificación ISO 27001 de 2013. A la subasta solo llegó Javier Cardenas Camacho habilitado, al igual que con los equipos biomédicos no hubo puja, y se quedó con el contrato.

$10 mil millones en contratación directa

Durante 2016 la Gobernación entregó directamente cinco contratos de más de mil millones de pesos que suman $10.200 millones.

De ese total, cuatro hacen parte de la contratación tradicional del departamento: dos fueron para tutorías en escuelas rurales (sumados llegan a los $3 mil millones), uno para los niños en condición de discapacidad ( $1.300 millones), y el último, que al menos en 2015 la administración de Richard Aguilar también contrató, es para apoyar administrativamente a la Asamblea, ese contrato en particular en la era Tavera se suscribió por el doble de tiempo (pasó de ser de 50 a 105 días) y por $850 millones más (en 2015 costó $550 millones y en 2016 $1.400 millones).

El restante entró en las ligas de la contratación directa hasta este año y pertenece a la Secretaría de Educación.

En junio, y pese a que este tipo de contratos, por su cuantía y su objeto son licitados, la administración de Tavera consideró que era buena idea entregar a dedo la ejecución y preparación de los simulacros de las Pruebas Saber para los estudiantes de los colegios públicos del departamento.

La beneficiada con los $4.400 millones fue una editorial llamada Los Tres Editores S.A.S, y salió favorecida con el argumento de que era la única en el país que tenía todos los libros que requería la Gobernación para preparar a los estudiantes.

Si bien es cierto que esa es la única firma en todo el país que tiene libros de estudio en todas las áreas de conocimiento y para todos los niveles en los que se aplica la prueba, lo particular es que aunque en tercero de primaria solo evalúan matemáticas y español, la Gobernación exigió libros en otras áreas para ese grado y por eso ni siquiera se les dio la oportunidad de competir a otras empresas que se dedican a lo mismo.

El mismo modelo que aplicó Tavera con Los Tres Editores S.A.S. ya fue cuestionado en Sucre en 2014, cuando con la misma excusa de los libros en todas las áreas del conocimiento y su exclusividad, la Gobernación le entregó a dedo $1.533 millones a esa misma firma.

Al respecto, la secretaria de Educación, Ana de Dios Tarazona, le dijo a La Silla que si bien es cierto que en tercero las Pruebas Saber solo evalúan dos áreas “lo importante es que se pueda trabajar en la calidad de todas las áreas (...) el contrato dice Pruebas Saber y se hace énfasis en las áreas que evalúan en cada uno de los grados, sin embargo la educación que queremos debe abarcar todas las áreas”.

Dispararon los convenios con el Idesan

En su primer año el gobierno de Tavera aumentó notoriamente la contratación con el Instituto de Desarrollo Financiero de Santander, Idesan.

Entre los seis convenios interadministrativos que suscribió, le dio a esa entidad el manejo de $42 mil millones, de los cuales los dos más representativos fueron uno por $21 mil millones para administrar el recaudo de la estampilla pro anciano (la que financia los ancianatos) y otro por $13.700 millones para proyectos de electrificación rural en el departamento.

De los restantes, $2.400 millones fueron para un proyecto de reconocimiento de mujeres de la Secretaría de Desarrollo; $2.000 millones para estímulos culturales; $1.400 millones para divulgación y salvaguarda del folclor, y $1.300 millones para el proyecto de los ‘fogones de mis nonos’, que promovía la gastronomía regional.

En la práctica, esa delegación le permite a la Gobernación poner un intermediario entre el desembolso del dinero y el contratista o la Alcaldía que vaya a ejecutar los recursos; y eso le da más control a Tavera sobre la inversión.

Según el secretario de Desarrollo, Samuel Prada Cobos, quien preside la junta directiva del Idesan, una de las políticas del gobierno de Tavera “es fortalecer el instituto” y que “realmente funcione como el banco del departamento” para replicar modelos como el del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que contrata y ejecuta proyectos.

Más allá de esa estrategia de Tavera, esa figura también le permite contablemente comprometer plata cuando se le está acabando un año, para ahorrarse los trámites de adicionar presupuesto y así hacer más rápida la ejecución de recursos. Por ejemplo el convenio de electrificación rural se suscribió a finales del año pasado (noviembre) pero hasta ahora se está adelantando la licitación.

Además de esos seis convenios, Tavera también le delegó este año al Idesan la administración y recaudo de dos peajes para terminar de construir una vía en el Norte de Bucaramanga que dejó tirada la concesión ZMB.