Azout, el funcionario más crítico contra la minería, lidera pacto con sector minero

Comunidad Wayuu en la Guajira, departamento que lleva treinta años con intensas explotaciones mineras, pero sin salida de la pobreza. Foto: Tatiana Blanco, tomada de www.nuestramirada.org

Uno de los funcionarios más críticos de la minería, Samuel Azout, acaba de firmar un acuerdo de intencionalidad con el sector minero para que la inversión social de las empresas se focalice en la erradicación total y definitiva de la pobreza extrema.

Samuel Azout, el director de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe), es el funcionario del gobierno que ha expresado públicamente más duras críticas contra la minería.  Como lo contó La Silla y lo desarrolló en su blog Lucas Ospina, en un intercambio de tweets con un economista, escribió su opinión sin pelos en la lengua: "yo creo en los resultados… y los resultados en el terreno no son de progreso, son de miseria."

Esto fue en junio. Azout sigue pensando que la minería, si no se hace con un análisis profundo de costos y beneficios, puede traer más miseria que progreso. Considera que la explotación de recursos naturales no renovables no significa creación de riqueza, sino extracción de riqueza.

Para Azout, el recurso natural que se saca, se pierde para siempre y se convierte en ingresos para el Estado, que para las comunidades locales son regalías. Y si las regalías se invierten mal, entonces la situación es la peor de todas: se queda el país sin el recurso y sin regalías y con los daños al medio ambiente y al tejido social que pueden causar las actividades mineras.

"La extracción no es necesariamente buena ni mala, sino que depende del manejo que se le dé. Que se entienda que para que se traduzca en prosperidad se requiere buen gobierno, instituciones fuertes, reglamentación de medio ambiente y empresas realmente socialmente responsables", dijo a La Silla.

Y así, considera que si el sector minero coordina sus esfuerzos con la Anspe, y los recursos de inversión social se focalizan bien, la pobreza en sus lugares de operaciones se puede combatir de manera total y definitiva. Y para eso promovió y firmó el Acuerdo de intencionalidad, Pacto Minero-Energético para la superación de la pobreza extrema con algunos de los gremios mineros.

Federico Renjifo, el Ministro de Minas y Energía, es uno de los firmantes del Acuerdo. Foto: Juan Pablo Pino

Los demás firmantes son el Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo; la Presidente de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García; el director de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz Guerrero; el Director de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Carlos Fernando Botero y el Presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Alfonso Saade Mejía.

Los gremios de minería a Gran Escala no firmaron el pacto,  pero según Azout están en conversaciones y con interés de hacerlo próximamente.

Claudia Jiménez, la vocera de este gremio, contó a La Silla que "no lo firmamos con todo el mundo, porque ya firmamos uno con el gobierno de 27 compromisos".

Para Jiménez, este acuerdo es mucho más fuerte y contundente que el acuerdo de intencionalidad, porque tiene compromisos y no solo intenciones, además, porque tiene más contenido.

Sin embargo, para que en el aire no quede la sensación de que se oponen, sí se proponen firmarlo. Están reuniéndose con la Anspe para que el acuerdo de intencionalidad minera integre estos 27 compromisos. “Queremos subirnos al bus pero metiéndole el contenido que estas 12 empresas que hacen parte de agremiación ya firmaron.“

"El acuerdo se basa en la buena fe", dijo Azout a La Silla.  Es decir, no es obligatorio para el sector minero. Lo que busca es sentar la voluntad común de que las empresas no inviertan de manera aislada y fragmentada en sus lugares de operación, sino de la mano del Estado y con el ojo puesto en la superación de la pobreza extrema.

Como desarrollo de esto, los firmantes se comprometen a insertarse en los modelos que ya tiene en marcha la Anspe, en especial el de familias de la Red Unidos, en donde la entidad ya tiene identificadas las familias en pobreza extrema y un proceso de concertación con ellas para superar las trampas de la pobreza.

Este acuerdo de intencionalidad con el sector minero  es amplio y los compromisos concretos se harán caso a caso con las empresas, según las condiciones de cada lugar.

Que estos pactos tengan éxito depende del liderazgo de la Anspe, porque se basan en su gestión y en comprometer la voluntad de las empresas, dado que no son compromisos obligatorios. 

El efecto

Hasta ahora, los municipios mineros no se caracterizan por mostrar mejores índices en materia de superación de la pobreza que el resto del país. La Guajira, en donde el Cerrejón lleva tres décadas explotando, es el tercer departamento más pobre del país y tiene el índice de desigualdad más alto.

Guillermo Rudas muestra en un análisis de abril de este año, que los municipios productores de carbón del Cesar y la Guajira tienen mayores índices de mortalidad infantil, necesidades básicas insatisfechas y población en condiciones de miseria que los del resto del país.

El acuerdo puede ayudar a que las grandes sumas que las empresas pagan en regalías e invierten en programas sociales efectivamente sirvan para superar la pobreza y no sean solo un pretexto para mejorar su imagen o ganarse a las comunidades.  En otras palabras, que no se pierdan en inversiones aisladas como entrega de camisetas u organización de eventos, sino que se destinen a inversiones realmente útiles para superar la pobreza extrema.

Falta ver si algunas empresas consideran que pueden perder protagonismo al actuar donde el Estado le diga y de la mano con sus entidades. O que pierdan oportunidades de invertir de tal forma que puedan convencer a los sectores más politizados de las comunidades, que no siempre son los más pobres.

Finalmente, el acuerdo puede servir para que las empresas a través de la inversión social no terminen por reemplazar al Estado, como ocurre frecuentemente con el efecto perverso de que las instituciones locales se relajan y actúan en función de la empresa.  Al contrario, la coordinación con la Anspe puede ayudar a que la inversión local de las empresas sirva para mejorar las capacidades de las instituciones locales. 

Claudia Jimenez, la directora de la Agremiación de Mineras a Gran Escala, afirma que pronto firmarán el Acuerdo, luego de incluirle los compromisos que las empresas mineras ya asumieron con el gobierno en febrero de este año.

Algunas voces críticas de este Acuerdo consultadas por La Silla consideran que antes que firmar acuerdos voluntarios, lo que debería hacer el Gobierno es fortalecer las leyes mineras y ser más exigente en materia de impuestos, regalías e inversiones sociales. Porque, en últimas, el pacto firmado no es obligatorio y es muy general. En cambio, una ley puede exigir obligaciones concretas de las empresas.

Sobre todo ahora que el gobierno está preparando el proyecto de ley de reforma al Código de Minas hay una importante oportunidad para obligar a las empresas a afinar sus obligaciones con las comunidades locales de una manera que vaya más allá de la responsabilidad social empresarial, que es voluntaria y no necesariamente focalizada y efectiva para reducir la pobreza.

Como lo contó La Silla, la propuesta de Código actual del gobierno es polémica, porque puede permitir que la actividad minera desplace actividades agrícolas y limite el acceso a la tierra de las familias campesinas y de las víctimas. Además, porque excluye espacios de participación de las comunidades y relaja asuntos ambientales que se fortalecieron en la reforma que se hizo en 2010 y que la Corte Constitucional tumbó.

Tampoco responde a las enormes críticas sobre los altos beneficios tributarios que disfrutan las empresas, que según algunos cálculos, exceden en ocasiones lo que pagan en regalías.

Bajo la mirada que propone el Acuerdo impulsado por Azout para que las actividades mineras sirvan efectivamente para reducir la pobreza extrema y se hagan luego de un análisis serio de costo-beneficio, podrían analizarse muchos de estos asuntos en la reforma al Código de Minas.

Con todo, para Azout, que haya obligaciones más concretas es muy positivo, pero "esto no está al alcance de la Anspe".