Barbosa: un fiscal sin experiencia ni posiciones fuertes, pero sin odios

Con la elección por la Corte Suprema de Justicia de Francisco Barbosa como Fiscal General, llega a uno de los cargos más poderosos del país un amigo íntimo del presidente Iván Duque, con lo que ahora la Casa de Nariño tiene un fiscal de su entraña. 

Un abogado curioso intelectualmente; que pasó con más pena que gloria por la alta consejería presidencial para los Derechos Humanos de este gobierno; que no tiene experiencia gerencial ni es penalista; y que se hizo famoso cuando pasó de ser un acérrimo defensor de la justicia transicional a apoyar públicamente los ataques a la JEP.

Esta mañana la Corte Suprema votó inicialmente entre Barbosa y Clara María González, la secretaria jurídica de Presidencia, y en esa primera ronda, ganó Barbosa por 12 contra 4 votos. Dada la amplia diferencia entre los dos, en la segunda ronda votaron entre Barbosa y el voto en blanco, y ganó 15-1. 

Para lograr los 16 votos necesarios, faltaba el voto de Clara Dueñas, de la Sala Laboral, que se había negado a votar por él. Tras un receso, la magistrada finalmente cedió, aparentemente por el argumento de la necesidad de defender la institucionalidad de la Corte que estaba bajo presión pues la Fiscalía lleva más de ocho meses de interinidad.

Con eso, la Corte finalmente eligió al candidato que quería Duque, que ahora tendrá en el búnker no solo a uno de sus mejores amigos, sino a una persona que durante el año y medio de gobierno ha demostrado ajustarse a las ideas del Presidente. Incluso cuando van en contra de lo que defendió durante años.

Un académico propaz

Francisco Barbosa tiene 45 años, es bogotano, hijo de un contador público, y que ha pasado la mayor parte de su vida en la academia.

Estudió derecho en la Sergio Arboleda con Iván Duque, donde se volvieron mejores amigos.  Según una fuente que lo conoció en esa época, “Duque era el del carro, y Barbosa era el de las tareas”.

Desde entonces eran claras su inclinación por la lectura y su curiosidad intelectual, una de las marcas de su carácter. “Es un nerd a carta cabal”, resume una alta fuente de Palacio. “Es ñoño. Muy estudioso” dice otra persona que lo conoce de cerca.

Suele comentar y regalar libros, según coinciden cuatro fuentes que lo han conocido en diferentes momentos y aspectos y se la ha pasado media vida estudiando: además de varios cursos cortos en diferentes países, tiene una especialización en relaciones internacionales de la Tadeo y otra de regulación y gestión de las telecomunicaciones del Externado; una maestría en historia de la Javeriana y otra en derecho público del Externado; y un doctorado de la Universidad de Nantes (Francia).

Buena parte de ello lo logró gracias a becas, porque no viene de una familia adinerada. Especialmente, la Alban de la Unión Europea para empezar su doctorado, y luego una de Colfuturo.

En 2015 casi entra a la Corte Constitucional como magistrado auxiliar de Alejandro Linares, pero algunos compañeros de Sala lo convencieron de no contratarlo porque, a raíz del escándalo de un soborno al magistrado Jorge Pretelt, Barbosa había escrito una columna en El Tiempo en la que proponía como salida a la crisis la renuncia de todos los magistrados para nombrar simultáneamente una Corte Constitucional Transitoria y una Asamblea Constituyente, una propuesta que los magistrados encontraban descabellada y escandalosa.  

Más allá de ese episodio, Barbosa hizo su carrera como académico en el Externado, donde fue profesor entre 2010 y 2018, en materias como derecho constitucional, derecho administrativo, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos.

Su tema de la tesis doctoral fue la teoría del margen de apreciación nacional, un tema sobre el que publicó un artículo académico en 2011 y otro en 2012, más un capítulo de un libro en 2013. 

También lo defendió públicamente en esta columna de noviembre de 2014 y en  otra de octubre de 2015 en el periódico de El Tiempo. Allá llegó de la mano de Yesid Lancheros, quien había sido su alumno de maestría en el Externado.

Barbosa siempre fue un gran defensor del Acuerdo de Paz y de la idea de una justicia más generosa con las Farc, como manifestó desde su columna de El Tiempo y como panelista de Hora 20.

Fue más allá. En 2015 Semana contó que, con el también profesor Juan Daniel Jaramillo, fue asesor de Álvaro Leyva y Enrique Santiago en La Habana, cuando Leyva y Santiago negociaron del lado de las Farc el esquema de justicia transicional del Acuerdo, incluyendo la JEP.

Barbosa le dijo a La Silla que él nunca fue asesor de Leyva y que no solo le envió documentos a él, sino también a Juan Carlos Henao y Humberto De la Calle, del  equipo del Gobierno. De hecho, De La Calle prologó su libro "¿Justicia transicional o impunidad?", de 2016.

Más allá de si tuvo un cargo formal, produjo documentos académicos que dieron soporte a dos teorías que eran clave para las Farc: el margen de apreciación nacional y la idea de que el Acuerdo era un acuerdo especial.

Él argumentaba, como las Farc lo hicieron en la mesa, que cada país tiene “un margen de apreciación” para conceder a los excombatientes amnistías tan generosas como fueran necesarias para conseguir la paz, que en su opinión eran un bien superior incluso al Tratado de Roma.

“Él se inventó el margen de apreciación nacional para decirnos que no teníamos que cumplir con las obligaciones internacionales”, le dijo a La Silla una persona que trabajó en el equipo del Gobierno Santos en esa negociación.  Y otra más, del mismo equipo, lo corroboró.

Era una postura mucho más generosa frente a los delitos de la guerrilla que la que defendía la delegación del Gobierno, que insistía en el deber del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, así fuera con penas diferentes a la cárcel.

Su segunda teoría, también utilizada a fondo por las Farc, era que el Acuerdo de Paz es un Acuerdo Especial del Derecho Internacional Humanitario, y que, por esa vía, entraba automáticamente a formar parte de la Constitución. 

Además de la justicia transicional, Barbosa fue un acérrimo defensor del Sí.

Un mes antes del plebiscito,  el 11 de septiembre de 2016, escribió la columna “La justicia transicional es verdadera justicia sin impunidad”, que dice en su primer párrafo: “La decisión que tomemos será histórica. Dejaremos atrás una absurda guerra heredada por las generaciones que nos precedieron o, por el contrario, continuaremos dando tumbos en búsqueda de la salida mágica de nuestros problemas.“

Tras rebatir cada uno de los puntos del No en lo que tenía que ver con la justicia, concluía “el acuerdo, a pesar de ciertos reparos, es una alternativa no solo ética sino jurídica para el país.”

No fue un pronunciamiento aislado. 

Como recordó Yohir Akerman en una columna en El Espectador, un mes después del plebiscito Barbosa expresó su pesar por la victoria del No en una conferencia en la que argumentó, además, que muchos votaron engañados por la supuesta ideología de género.

En su audioblog en Caracol Radio dijo, en diciembre de 2016, “He sido un acérrimo defensor de la refrendación y ratificación del acuerdo de paz con las FARC en el Congreso de la República”, que era la postura que tenían Gobierno y Farc y contraria a la del uribismo, pues tras el plebiscito ese camino era para ellos la materialización de que les pusieron conejo.

Barbosa creía tanto en la JEP que se postuló para ser magistrado del Tribunal, su máxima instancia, como contamos en su momento. Pero junto con otros nombres de alto perfil, no quedó entre los 40 seleccionados por el Comité de Escogencia.

Aún así, en noviembre de 2017, Barbosa seguía abogando por la JEP: en una columna de noviembre siguiente dijo que “la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) debe aprobarse cuanto antes”.  

Pero, entonces, vino el cambio. En diciembre de 2017, un mes después de esa defensa, Iván Duque ganó la encuesta interna que lo convirtió en el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia por el Centro Democrático.

...a un crítico de la JEP

Barbosa empezó a acercarse a la campaña presidencial de Duque, y tras convertirse en el candidato de la coalición de centro derecha en marzo, la postura de Barbosa frente al Acuerdo de Paz ya había dado un vuelco, como muestran dos columnas de abril de 2018.

En la primera, “El sombrío panorama de la paz con la Farc” critica la implementación por parte del Gobierno Santos. Dice que por eso “El proceso terminó siendo una carcasa bien pintada de automóvil BMW último modelo, pero sin motor” y dice que el presidente siguiente deberá “reformar una justicia transicional que se anuncia completamente disruptiva e ineficaz”.

Dos semanas después de esa columna, aterrizó su idea de reformar la JEP, con elementos tan centrales como reducir su vida de 15 a 4 años (argumentando que ya no iban a acudir los terceros, como definió la Corte Constitucional en noviembre de 2017); eliminar la Unidad de Investigación y Acusación que está en el Acuerdo; cambiar la forma de nombrar magistrados para que lo hiciera el Congreso; o que solo pudieran ser congresistas los exguerrilleros que hubieran sido amnistiados o indultados.

Ahora proponía cambiar puntos claves de la justicia transicional que con tanto ímpetu había defendido como académico, e incluso llegó a criticar el diseño del Acuerdo en su conjunto 

De acuerdo. La construcción fue errada. Todo cambio para que todo siguiera igual como dijo Lampedusa, Abrazo

— Francisco Barbosa Delgado (@FrBarbosaD) April 4, 2018

Ese giro radical sorprendió a quienes antes lo habían escuchado argumentando a favor de la JEP. Pero le aseguró un puesto clave al lado de su amigo Duque, y un cargo en la Presidencia tras la elección del candidato del Centro Democrático el 7 de agosto de 2018.

Su paso por Presidencia

Barbosa llegó al Gobierno a ocupar la nueva consejería presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Duque ajustó la Consejería de Derechos Humanos para que se acomodara mejor al perfil de Barbosa, cuya fortaleza es el derecho internacional de los derechos humanos.

Barbosa ha sido vocero desde Casa de Nariño de tres apuestas grandes del presidente Duque, que hasta el momento no han mostrado frutos.

La primera es la del cerco diplomático a Venezuela. Barbosa ha sido el vocero más visible en medios, después del Presidente, para defender la estrategia que buscaba tumbar a Maduro “en cuestión de horas”, como dijo Duque. Ya vamos para un año. 

También se encargaba de asesorar a Presidencia con la estrategia para atender la crisis migratoria venezolana, que dada la difícil situación, ha sido una política exitosa de este gobierno. 

La segunda tarea a su cargo es el tema sensible de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

A pesar de que inicialmente no era su tema, sino del Ministro de Interior, se encargó porque, como nos dijo una fuente de Presidencia “defendía la labor del gobierno en momentos en los que la MinInterior no sumaba”.

En concreto, Barbosa asesoró al Ministerio con el Plan de Acción Oportuna (PAO) para proteger a los líderes sociales, que lanzó el Gobierno en noviembre de 2018. 

En esa labor ha sido blanco de muchas críticas, comenzando porque las muertes de líderes han venido en ascenso, como ha señalado la ONU. De los 303 asesinatos que reportan desde la firma del Acuerdo, 86 ocurrieron sólo en 2019. 

Al cumplir un año en la Presidencia, Duque dijo que el PAO había servido para reducir en un 35 por ciento las muertes de líderes sociales, basándose en un informe de Barbosa. Pero Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y bloguero de La Silla Vacía, demostró las falencias de la cifra. 

Uprimny le criticó en Dejusticia y en La Silla, entre otras cosas, que el informe ignoraba otras fuentes que habían llegado a resultados distintos, que los periodos analizados no eran comparables y que las cifras podían cambiar pues había decenas de casos en verificación. También lo criticó por no haberlas ajustado cuando estos casos habían sido verificados.

"Hay dos razones posibles de ese grosero error de Barbosa en el tema más grave del país: la matazón de líderes sociales. O no comprende la información que debe orientar la política criminal, o actúa de mala fe. Cualquiera de las dos razones lo hace no apto para ser fiscal general, de quien se espera que actúe de buena fe y comprenda la política criminal", escribió Uprimny.

También tuvo bajo su cargo la política pública de prevención de reclutamiento y violencia sexual contra niños y niñas, otro lío sobre el que no mostró mayores resultados porque la ONU alertó en un informe publicado en noviembre que el reclutamiento subió tras la firma del Acuerdo de Paz, al pasar de 169 niños reclutados en 2017 a 293 en 2018. 

La tercera apuesta fueron las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, la acción política más clara del Presidente para debilitar el Acuerdo de Paz. Duque lo designó vocero público de sus objeciones junto con Miguel Ceballos, el Alto Comisionado de Paz.

Fue él quien dio la cara en el Congreso en la audiencia pública sobre las objeciones, y defendió que eran por inconveniencia y no por inconstitucionalidad, cuando la oposición, en cabeza de la también exasesora del punto cuatro y hoy representante Verde, Juanita Goebertus, defendía lo contrario.

Eso mostró, como le dijo a La Silla Vacía una alta fuente de Palacio, que “se puso la camiseta”. 

Barbosa no solo acompañó a Ceballos en la vocería de las objeciones en nombre del gobierno sino que las apoyó durante las semanas que las discutieron internamente en la Casa de Nariño.

Este tema, uno de los que más afectó la credibilidad de Duque durante su primer año, estuvo en lo jurídico siempre bajo la batuta de Clara María González, la secretaria Jurídica de Palacio. Pero en la discusión jurídico-política Barbosa intervino.  

Una fuente cercana a Duque y a Barbosa contó a La Silla que él inicialmente se opuso a las objeciones. Pero otras dos fuentes que participaron en las últimas discusiones coincidieron en que al final terminaba de acuerdo con el Presidente, mientras otros funcionarios, como Emilio Archila, se opusieron hasta el final.

“Él se adaptó a lo que el Presidente quería”, dijo una de las dos fuentes. “Él siempre se adapta. Es flexible”.

Esta “flexibilidad” de carácter y su trayectoria de subordinación al Presidente durante el último año y medio puede poner en riesgo la autonomía de la Fiscalía, una institución que tiene más de 20 mil empleados, maneja 3,5 billones de pesos anuales, y tiene tanto poder como el Presidente.

Esta flexibilidad ha hecho que, pese a sus posiciones del pasado a favor de la paz y en contra del Centro Democrático, su elección no haya caído mal entre el uribismo.  “Me encantan los conversos”, dijo el senador José Obdulio Gaviria a La Silla. “Hoy Barbosa votaría no, y no por oportunismo sino por renovadas convicciones”.

Otro uribista prominente nos dijo que “Barbosa es totalmente de Duque, y poco conocido de Uribe”.

Tras su elección, el Presidente lo elogió así:

#SanJoséDelGuaviare El nuevo Fiscal General de la Nación @FrBarbosaD es una persona con gran preparación académica, solvencia ética y sentido patriótico, y considero que le da al país todas las garantías para combatir cualquier forma de criminalidad. Le auguro todos los éxitos. pic.twitter.com/uNX4jOZpJ6

— Iván Duque (@IvanDuque) January 30, 2020

Mientras tanto, Uribe habló del beneficio de los manglares para el cambio climático, de la alimentación escolar, del dólar y hasta las 10.30 de la noche no se había pronunciado sobre el Fiscal.

Uno de los temores que tenían muchos antiuribistas es que Duque fuera a nombrar a una persona que llegara a la Fiscalía a utilizar la entidad como herramienta de venganza contra el expresidente Juan Manuel Santos y su gobierno. Los que conocen a Barbosa creen que esto no sucederá pues él no viene del uribismo, ni carga con sus peleas. 

Otra ventaja a su favor es que es una persona decente, que no tiene ni un solo ruido de corrupción a su alrededor y que no llega, como lo hizo su antecesor Néstor Humberto Martínez, con conflictos de interés que puedan obstaculizar su trabajo. Tampoco es parte de ninguna rosca. 

Sin embargo, dos fuentes que lo conocen dicen que le gustan el poder y los halagos del poder. Desde que llegó al Gobierno le pide a sus subordinados y a otros que interactúan con él que le digan “Consejero” y, dicen esas fuentes, que vive preocupado con que le reconozcan su estatus.  

Como se ha visto en el pasado, el poder de la Fiscalía es tan inmenso que se necesita mucha fortaleza de carácter para evitar que al Fiscal se le suba el poder a la cabezal, y al mismo tiempo, para que goce de suficiente autoridad para  mandar sobre una institución compleja y en la que los fiscales son independientes.

“Me asusta mucho que lo agarre el virus de la Fiscalía”, dijo una persona que interactuaba periódicamente con él. 

Buscamos al fiscal electo para conocer su perspectiva sobre las afirmaciones que hicimos en esta historia, y hasta el momento de publicarla no había respondido nuestros mensajes.

Nota de la directora: después de publicada la historia, acortamos el título sin cambiar su sentido