Bienvenido Biden

El gobierno colombiano ha matizado su discurso alrededor del acuerdo que permitió la desmovilización de las Farc, e incluso el Presidente Duque aceptó sentarse a manteles con Rodrigo Londoño, máximo jefe de esa organización, para expresar su compromiso de cumplirlo, todo porque el gobierno de los Estados Unidos lo ha puesto como condición para mantener una relación de colaboración.

Biden se ha negado a aceptarle una llamada telefónica a Duque pero cada vez que ha podido ha enviado el mensaje que entiende que la prioridad del Estado colombiano es avanzar en el cumplimiento del acuerdo de La Habana y que no aceptará que se dé marcha atrás.

Para los colombianos esa era la importancia de las elecciones de noviembre en los Estados Unidos y los resultados se han visto más rápido de lo esperado.

Si ganaba Trump, el gobierno colombiano tendría el camino abierto para desconocer el acuerdo y promover modificaciones o incluso la desaparición de la JEP como ha sido el pedido del ex presidente Uribe desde que se suscribió el acuerdo que desarmó a más de 10.000 integrantes de las Farc. Trump que durante su gobierno se mantuvo relativamente neutral en relación con el tema, lo convirtió en acto de campaña para asegurar votos de latinos de derecha que votan en la Florida.

Biden, en cambio, había estado comprometido desde cuando se negoció y se suscribió el acuerdo y en todas las ocasiones en que funcionarios de su gobierno han tenido comunicación con funcionarios del de Colombia les han dejado claro que entienden que el cumplimiento del acuerdo es condición para la cooperación, incluida la de las políticas contra el narcotráfico porque le apuesta a la sustitución y en ese aspecto comparten totalmente lo que está contenido en el acuerdo y que Duque trató durante los dos primeros años de su periodo de desprestigiar para concentrarse en la erradicación y la fumigación.

Cuando Jake Sullivan, consejero de seguridad nacional de Biden, conversó con el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, y con la jefe de Gabinete de Iván Duque, María Paula Correa, les dejó clara la posición de su gobierno en relación con el proceso adelantado con las Farc.

Esa es la razón por la cual Duque ha dado signos de querer cambiar el discurso en este tema. Asistió a la reunión que convocó el jefe de la misión de las Naciones Unidas encargada de verificar el cumplimiento del acuerdo.Conversó, por primera vez, por más de dos horas con ex jefes de las Farc, respecto de quienes ha dicho permanentemente que cree que el Estado debe poner presos.

La oficina de comunicaciones y los funcionarios de la Casa de Nariño han tratado de resaltar otros aspectos de las dos conversaciones y de mostrarlas como separadas, pero no.

Respecto de la conversación con Sullivan destacaron los propósitos comunes en relación con Venezuela y el apoyo del gobierno de Biden a la política migratoria adoptada recientemente por el gobierno colombiano, pero eso fue solo una parte, en la otra, quedó claro que Biden y su gobierno está con la implementación completa del acuerdo.

En relación con la segunda reunión, el gobierno, para no molestar a una parte de su electorado, trató de mostrarla como de rutina y como una más de dos anteriores en las que Duque se había encontrado circunstancialmente con Londoño. Pues no. Esta es la primera conversación larga, cara a cara, con presencia de funcionarios de la ONU, en la que el Presidente colombiano habla con Londoño, recibe sus reclamos y expresa su compromiso de cumplir un acuerdo que, hasta ahora, públicamente se negaba incluso a mencionar.

El ambiente de la reunión fue cordial pero certero: hay unos compromisos, de parte y parte, y hay que cumplirlos. Ese es quizás el primer reconocimiento formal de Duque de la obligatoriedad de todo el acuerdo.

Por esos mismo días sorprendió la manera como la Casa de Nariño y el Presidente se refirieron a Diana María Vega en su posesión como nueva magistrada de la JEP.

En vez de una andanada sobre el sesgo ideológico de los miembros de esa corporación, como lo ha sostenido el partido de gobierno desde hace años, ahora dijeron en las redes oficiales: “sabemos de su formación profesional, su experiencia y su vocación de servició. Queremos desearle éxitos y lo mejor en sus funciones”.

Ese mensaje debilita la oposición que Uribe y todo su combo han mantenido contra la JEP y la descalificación permanente a sus magistrados.

Incluso la discusión que se generó por los bombardeos en los que pudieran salir afectados menores de edad llevaron, en medio de las absurdas afirmaciones del Ministro de Defensa, a que diera marcha atrás en dos temas en los que el uribismo se había mantenido para deslegitimar el acuerdo: que en Colombia no había, ni hay conflicto y que las reglas del derecho humanitario adoptadas en el acuerdo no aplican.

Molano dejó claro que había conflicto y que la edad en la cual una persona se considera combatiente son 16 años y no 18. Cuántas discusiones nos hubiéramos ahorrado si al menos lo primero se hubiera aceptado desde el principio.

Duque parece estar pensando en su futuro, que no es el escenario electoral o la jefatura de su partido político, sino la burocracia internacional y sabe que a ella no llega si no cambia su postura en relación con un acuerdo que internacionalmente recibe un apoyo unánime.

El Presidente y su familia ya están pensando en regresar a Washington, habitar la casa que compró con el fruto de años de trabajo en ese país. Seguramente ya habrán discutido cuál será el colegio al que acudirán sus hijos el año entrante.

Probablemente Duque haya entendido, porque ahora se lo han explicado en inglés los funcionarios de Biden a sus funcionarios, que su displicencia con la protección de líderes sociales y la protección de los derechos humanos, así como su oposición al acuerdo de desmovilización de las Farc le puede hacer un poco difícil la búsqueda del siguiente empleo.