Cinco chicharrones que le medirán el aceite al nuevo fiscal

Mostrar independencia en el caso Odebrecht

La Fiscalía no quedó bien parada frente al caso Odebrecht, el más representativo de la corrupción luego de que Martínez terminó renunciando a ser Fiscal General, tras cargar con el peso de la revelación de que sabía de señalamientos de posible corrupción de la multinacional que le había contado Jorge Enrique Pizano antes de ser Fiscal.

Es tal su importancia que la Corte lo considera como uno de los elementos centrales para elegir fiscal, al punto que una de las seis preguntas que hizo a los ternados en su audiencia pública fue cómo orientarían esa investigación. 

El que sea elegido tiene una pita que puede halar de entrada, y que viene de la misma Fiscalía. 

En mayo el entonces fiscal ad hoc para el caso, Leonardo Espinosa, presentó un informe en el que señalaba presuntas irregularidades en la investigación que había adelantado hasta su llegada la Fiscalía, orientada por Martínez. El nuevo fiscal podrá revisar si sigue con esa línea de investigación y revisa qué tanto fondo tienen esos señalamientos, o si deja el informe guardado, como lo ha dejado el fiscal encargado, Fabio Espitia.

Lo que se conoce hasta ahora de su contenidos es que Espinosa pidió que investigaran justamente a Espitia y a dos fiscales más por haber imputado cargos mal al exsenador Otto Bula, uno de los primeros detenidos en el caso.

También dice que la Fiscalía abandonó los procesos de por lo menos cuatro empresarios los cargos por delitos que les había imputado, y que no registró las órdenes de captura contra los representantes de Odebrecht en Colombia, lo que evitó que la Interpol expidiera circular azul contra ellos.

Además del informe, el nuevo fiscal tendrá sobre la mesa las investigaciones que se han hecho y la capacidad de designar fiscales e investigadores, para definir si la investigación se centra en figuras más visibles como Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, ya que el juez que condenó al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, compulsó copias al respecto, bajo el supuesto de que Sarmiento pudo haber conocido de las coimas que pagó Odebrecht a funcionarios antes de que se hicieran.

Aterrizar la lucha contra la deforestación en procesos penales

Hace poco más de un año la Fiscalía lanzó con el Gobierno una estrategia para investigar y procesar a las estructuras criminales que han talado árboles en los bosques de Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta. Con ocho fiscales, el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, se comprometió a perseguir a las organizaciones criminales que deforesten.

En esa misma línea, la Fiscalía trabaja de la mano de la Fuerza Pública en la Campaña Artemisa y con esa estrategia, solo en en el parque nacional Chiribiquete, han recuperado casi 2.000 hectáreas de bosque. 

Esa línea puede llevar a que la Fiscalía se conecte con la cara más renovada de una generación a la que el medio ambiente le importa, como ha dejado claro el paro nacional, y en general a una sociedad en la que los temas verdes son cada vez más centrales.

El reto es superar una visión reactiva, pues hasta ahora la Fiscalía solo se mete a frenar la deforestación cuando hay una denuncia, lo que no logra prevenir que corten los árboles y la limita a los casos más visibles.

“Por las denuncias, han hecho operativos en los parques Tinigua, Chiribiquete, Macarena y Picacho. Pero por lo mismo, se deja de lado la deforestación de los resguardos indígenas de Yaguará, en La Macarena y San José del Guaviare; y de los Nukak, en Guaviare” porque no hay denuncias, explicó una persona que monitorea la deforestación y pidió no ser citada, para no tener roces con la Fiscalía.

Moverse antes para proteger a los líderes sociales 

La Fiscalía ha avanzado en la investigación de los homicidios de los líderes sociales, pero sus resultados siguen llegando lento: 42 condenas frente a los más de 700 casos que han contado Indepaz y Marcha Patriótica.

Eso a pesar de que tras el Acuerdo de La Habana ha habido una preocupación política y una respuesta de varias instituciones por esas muertes, que entre otras cosas ha llevado a que haya un equipo que ayuda a articular en tiempo real a la Policía, la Defensoría, la ONU y la Fiscalía cuando matan a un líder.

Esto hace que una vez se reporta el asesinato, la Fiscalía en Bogotá envíe a sus investigadores de inmediato al lugar donde ocurrieron los hechos, protejan las evidencias y compartan la información con las otras entidades para que la investigación corra lo más pronto posible. 

Además de que esa acción reactiva ha llevado a todavía pocas condenas, su rapidez contrasta con lo que pasa cuando a los líderes los amenazan. Eso a pesar de que muchos grupos han cambiado los atentados por las amenazas, porque justamente tienen menor reacción del Estado pero igual sirven muchas veces para sus fines de silenciar o expulsar a los líderes. 

Aunque la Defensoría del Pueblo ha registrado cerca de 2.000 amenazas contra líderes sociales, el trabajo coordinado anda cojo. 

En teoría, cuando un líder denuncia una amenaza, la unidad especial de investigación de la Fiscalía que creó el aterrizaje del proceso de paz se pone a investigarlo mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) debe brindarle protección.

Pero, en la práctica, si la UNP hace su valoración y considera que el riesgo no amerita protección, la Fiscalía deja de lado la denuncia y se concentra en otras investigaciones.

Pero incluso está dejando en pausa amenazas contra líderes que sí tienen protección de la UNP y son visibles, como pasó Francia Márquez, la lideresa que ayuda a proteger los ríos en el Cauca. 

“Ella denunció varias amenazas desde antes de ganarse el Premio Goldman y de que atentaran contra ella y otro grupo de líderes con fusiles y granadas. Solo después de esos dos hechos, la Fiscalía le puso atención”, dijo un funcionario que pidió no ser citado.

Coordinar con la JEP

El nuevo fiscal hereda una relación tensa de Néstor Humberto Martínez quien, en sus últimos meses como fiscal, se fue lanza en ristre contra la JEP.

Primero, bajo su mandato la Fiscalía ordenó inspeccionar los primeros procesos que tenía la JEP contra 31 exguerrilleros por secuestro; luego se negó a entregarle la información de casos que consideraba que eran competencia de la Fiscalía y no de la justicia transicional, como el secuestro o los bienes de las Farc; y  después, le pidió al presidente Duque no sancionar la ley estatutaria de la JEP, con la que ésta no tenía reglas claras para operar. 

De hecho, Martínez aprovechó el revuelo por la decisión de la JEP de no extraditar a Jesús Santrich como razón para renunciar. 

Ya con la puja por las objeciones a esa ley estatutaria atrás, es menor el margen de acción de un Fiscal, ya que las dos justicias se cruzan menos con las reglas de competencias claras. Sin embargo, en algunos campos sigue siendo un elemento central.

Uno es el de la presentación de terceros (personas diferentes a guerrilleros o militares que hayan cometido delitos con ocasión del conflicto) ante la JEP, pues solo seguirán llegando si sienten encima la espada de una condena ante un juez ordinario, es decir, de una investigación sólida de la Fiscalía.

Para la lógica de la JEP es fundamental que lleguen y aporten verdad y reparación, pues así se legitimaría y tendría datos para condenar a los máximos responsables de los hechos más graves y representativos de los macrocasos que adelanta, como los secuestros de la Farc o las ejecuciones extrajudiciales de los militares. 

Otro campo en el que la Fiscalía sigue siendo clave son los informes que debe mandar para que la JEP  arme esos macrocasos, y que hasta ahora ha hecho sin consultarla  y, por ende, sin saber qué necesita específicamente. Eso implica un proceso más dispendioso para la JEP.

Y un tercer espacio sería no hacer acusaciones en casos que están en una zona gris entre la justicia ordinaria y  la transicional, como los bienes de la extinta guerrilla, pues si bien es claro que puede seguir investigando mientras la Sala de Reconocimiento de la JEP define quién es el competente, no lo es claro si tiene vía libre para acusar. 

“En principio, al nuevo fiscal solo le queda esperar qué dice la JEP para poder acusar, pero como no es claro qué procesos aceptará la justicia transicional ni cuál es el rol de la Fiscalía, la actuación dependerá en parte de la interpretación que le dé el fiscal”, explicó una exfuncionaria del ente investigador.

Limpiar las salas de interceptación

El escándalo por las chuzadas ilegales ha cogido vuelo en el último mes y muestra un problema que ha crecido tanto que la Procuraduría ha hecho inspecciones en la Fiscalía y dos exfuncionarios pidieron pista en la JEP para contar su versión de cómo el exsfiscal Néstor Humberto Martínez obtuvo información a través de ellas, como revelaron Daniel Coronell y María Jimena Duzán. 

Aunque algunas denuncias vienen desde la misma Fiscalía, no se han solucionado, y eso le da una oportunidad al nuevo fiscal.

Por ejemplo, podría seguir la línea de la auditoría a las chuzadas que hizo la misma Fiscalía.

Como reveló Semana, el exfiscal Martínez le puso de tarea a su directora de control interno, Marcela Yepes, auditar las 32 salas de interceptaciones en las que trabaja la Fiscalía, tras los escándalos de chuzadas ilegales en los que estaría implicado el general retirado de la Policía, Humberto Guatibonza. 

Yepes denunció que militares activos y retirados le pagaban entre 2 y 6 millones mensuales a funcionarios de la Fiscalía que trabajaban en las salas, para que chuzaran números que ellos les daban. Los funcionarios hacían pasar los números como si fueran de miembros de organizaciones terroristas. 

La directora también reveló que aunque los fiscales deben oír directamente las llamadas interceptadas, algunos delegan esa responsabilidad a  investigadores de confianza que no deberían estar en la sala; o que ciertos fiscales están escuchando conversaciones sin las autorizaciones que necesitan.

Después de eso, en mayo le dispararon al carro en el que iba Yepes, un atentado del que salió ilesa por el blindaje, y ella y su equipo han recibido amenazas.

A pesar de eso, la  Fiscalía no se pronunció oficialmente ni ha tomado mayores medidas frente a los problemas que encontró en las salas. 

Tampoco hizo nada por la sala que, según la auditoría revelada por Semana, interceptó llamadas durante dos años a pesar de que el Fiscal General no había autorizado formalmente su creación, y de que quien coordinaba era una profesional en salud ocupacional que nada tenía que ver con las labores de la Fiscalía.