Cinco razones por las que la fumigación de coca es un fracaso

El gran objetivo de la aspersión es reducir el número de cultivos de coca y bajar la oferta en los países productores, para que de esta manera aumente el precio de la cocaína para los consumidores en los países finales. Pero a pesar de los grandes recursos que se han invertido en la erradicación forzosa manual y mediante la fumigación con glifosato, hasta el momento es poca la evidencia convincente de que lo esté logrando.

Como contó La Silla, el porcentaje de resiembra de cultivos es de cerca de un 80 por ciento -según los cálculos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)- y muchas veces no queda reflejado porque el Gobierno ha venido programando las fumigaciones en la época justo antes del censo anual de cultivos ilícitos que hace el organismo de la ONU.

Aprovechando que en 2008 el Gobierno decidió cumplir su promesa de no asperjar en la frontera con Ecuador, los economistas Daniel Mejía, Sandra Rozo y Pascual Restrepo usaron esa zona limítrofe para averiguar qué diferencia hay con las zonas donde sí se puede hacer. Al comparar las imágenes satelitales de los 10 kilómetros en la frontera donde no se ha fumigado en cinco años y los 10 kilómetros justo al lado, a lo largo de todo Nariño y Putumayo, se dieron cuenta que la diferencia es de un 16 por ciento. Es decir, sí reduce los cultivos pero el efecto es estadísticamente pequeño y no contempla siquiera las resiembras que se hacen justo al lado. (Este estudio, como los otros que referencia La Silla, están en proceso de publicación).

De la misma manera, Sandra Rozo muestra que la productividad -la eficiencia de los cultivos, medida por el número de cosechas o por la cantidad de kilos producidos por hectárea- tampoco varía.

En cambio, la interdicción -que incluye estrategias como la incautación de envíos, la destrucción de laboratorios y el control a los químicos- logra atacar los eslabones más rentables del narcotráfico, de esta manera disminuyendo el tamaño de los cultivos y la cantidad de cocaína que sale del país.

De todas maneras, al margen de si aumentan o caen los cultivos de coca, el punto crucial sigue siendo si se está logrando reducir el precio de los productos derivados de la coca, como la hoja o la pasta base. Al final de cuentas, son los productos donde se va incrementando el valor del negocio, antes de ser exportados como cocaína.

La evidencia sugiere que el precio de los productos intermedios se mantiene relativamente estable, con o sin aspersión, con o sin erradicación manual, con o sin caída de cultivos.

Daniel Mauricio Rico y Jorge Gallego, dos economistas que también trabajaron en la Universidad de los Andes y que midieron la relación entre la fumigación y los precios de los productos, llegaron a la conclusión que los precios se mantienen relativamente fijos porque quienes los compran tienen el poder de mantenerlo así (monopsonio). Es decir, el precio no dependería de la cantidad de hectáreas cultivadas o de la cantidad de cultivos fumigados, sino del poder.

Aunque no hay evidencia clara, Rico y Gallego sugieren que ocurre porque los grupos ilegales -y sobre todo las Farc- tienen la capacidad de fijarle los precios a los productores sin que ellos puedan protestar. Eso significa que son los cocaleros los que absorben el impacto económico de la fumigación, no los comerciantes de la hoja o la pasta base.

Aunque el impacto de la aspersión sobre la cantidad de cultivos cocaleros y sobre el precio de sus derivados no es muy alto, hay cada vez más evidencia de que sí tiene efectos sobre la educación, la salud, la violencia y la pobreza en las comunidades locales, que no están ligados al glifosato como tal sino a la erradicación forzosa.

Por ejemplo, Sandra Rozo encontró que hay una caída importante en el número de niños en la escuela secundaria y un aumento en los que la abandonan, pero sin que caiga la asistencia a la escuela primaria. La explicación más lógica es que, al perder las familias una parte de sus ingresos, obligan a sus hijos adolescentes a trabajar para compensar lo que dejaron de recibir. Esta hipótesis encaja con lo que se ha descubierto en otros países como Brasil o India, donde justo después de una caída fuerte en el valor de lo cultivos, ha subido el trabajo infantil hasta en un 30 por ciento.

También hay un repunte de la violencia hasta un año después de las operaciones de fumigación, con aumentos en el número de homicidios, en el de desplazados y en la cantidad de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales. Parte de esto se puede explicar por la mayor presencia policial, pero también -sobre todo los homicidios y desplazamientos- por las retaliaciones de los grupos contra las familias cocaleras por bajas en producción de hoja.

Si a esto se le suma que la coca deja un margen de ganancias muy bajas al campesino, la pérdida de calidad de vida es notoria.

Mucho se ha hablado de los efectos del glifosato en la salud, pero hasta el momento no había evidencia concluyente. Aunque aún no hay información del todo precisa, son cada vez más los indicios de que sí aumenta la probabilidad de tener enfermedades de piel o abortos en zonas fuertemente asperjadas.

Para calcular si al estar expuesto al glifosato crecen las probabilidades de que aparezcan enfermedades de la piel, los ojos y el sistema respiratorio, así como anormalidades en el embarazo y abortos, Daniel Mejía y Adriana Camacho tomaron los registros de consultas médicas de todo el país entre 2003 y 2007, y luego los cruzaron con los datos de los municipios fumigados.

Como se trata de una muestra de más de 50 millones de citas médicas, que proviene de la base de datos de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) que deben presentar todas las EPS al sistema de salud, es posible cruzar las fechas y los diagnósticos, así como seguir a una persona en el tiempo y calcular si las citas prenatales sí terminaron en un parto.

Su conclusión es que aumentan no sólo las consultas médicas en épocas de aspersión sino que además hay evidencia de un aumento en los trastornos de la piel y en los abortos, aunque no así para los problemas respiratorios.

A una conclusión similar llegó Sandra Rozo, que comprobó que las tasas de mortalidad infantil en municipios fuertemente asperjados son más altas que en otros similares pero sin cultivos de coca. Esto no debido necesariamente al glifosato, sino más bien a que la aspersión sí aumentó los niveles de pobreza en sus comunidades.

Uno de los mayores problemas que tiene la aspersión -y que todavía no ha sido medido plenamente- es que aumenta la desconfianza en los municipios cocaleros hacia la Fuerza Pública y, por extensión, hacia buena parte del Estado.

En general, entre más fuertes son las estrategias de erradicación, mayor es el costo en legitimidad para las instituciones del Estado en esas zonas donde la economía gira en torno al cultivo porque los campesinos -en vez de ver a la Fuerza Pública como su aliada frente a la guerrilla- la ven como su enemiga. Sobre todo porque gran parte de la relación que entablan los policías y soldados con la comunidad es a partir de requisas permanentes para decomisarles los químicos o la hoja de coca.

“En municipios donde se combinan la aspersión y la erradicación manual forzosa, hay un fuerte efectivo negativo en la confianza hacia la Policía. Al quedar los campesinos en una situación difícil y sin alternativas, las comunidades le pasan la cuenta de cobro a las instituciones que la ponen en práctica”, dice el politólogo Miguel García Sánchez, quien estudió la relación entre el negocio de la droga y la cultura política en los municipios cocaleros.

Curiosamente, también descubrió que no le pasan la cuenta de cobro al alcalde o las autoridades locales, que no están directamente a cargo de la lucha antidrogas. Además, García encontró -en un trabajo diferente sobre los niveles de apoyo al Ejército- que hay una caída en confianza en los municipios donde hay presencia de cultivos de coca.

“La fumigación siempre ha generado el rechazo de la gente, porque vemos que afecta también a la gente que dejó los cultivos ilícitos y que muchos programas de sustitución se han truncado por esa razón. Nosotros preferimos que nos apoyen en la erradicación manual voluntaria, como ha venido haciendo el consejo comunitario de Rescate las Varas”, cuenta un líder tumaqueño que ha sido amenazado varias veces este año y prefiere no revelar su nombre. A fin de cuentas, Tumaco tiene el triste récord de tener 5 mil hectáreas de cultivos, más del doble más que el segundo municipio más cocalero.

Esta es la razón por la que, por ejemplo, en Afganistán se decidió dejar de combatir el cultivo de amapola, que a la larga perjudicaba al Gobierno en su lucha contra Al Qaeda pues ponía a las comunidades del lado de los talibanes.