Clara: entre el Polo y Santos por un decreto

Cuando Clara López aceptó ser ministra de Trabajo dijo que lo hacía por la paz, porque quería más a Colombia que a un partido. Pero hay un decreto que quedó en firme antes de que ella llegara y que demuestra por qué le va quedar tan difícil estar solo con el gobierno en la paz y en nada más, y que nuevamente la pone a escoger entre lo que defiende el Polo y lo que necesita Santos. Es el decreto de tercerización laboral. 

Mientras la central sindical más grande del país, que es la CUT, espera que Clara lo tumbe o al menos lo modifique porque es un decreto de su cartera y hace unos días lo demandaron ante el Consejo de Estado, para el gobierno es clave que quede vigente porque es una de las recomendaciones de la Ocde, el club de países ricos, para que Colombia pueda entrar.

Aunque para ser aceptada en la Ocde, Colombia no necesariamente tiene que aceptar todas las recomendaciones de los comités, sí debería aceptar una buena parte y mostrar que se está moviendo en el camino que recomienda la entidad.

La pelea

El decreto, que salió en abril de este año y firmó el saliente ministro Luis Eduardo Garzón, básicamente reglamenta la tercerización, que es cuando una empresa contrata a otra para que preste un servicio y dice cómo y en qué casos los inspectores del ministerio pueden sancionar a una empresa por tercerización ilegal.

El decreto dice que es ilegal que una empresa tercerice cuando coinciden dos condiciones: cuando una empresa contrata a otra para que haga su trabajo esencial. Eso es, por ejemplo, que un banco contrate con otra empresa a sus cajeros o que un medio de comunicación contrate con otra empresa a sus periodistas. Y que al tercerizar se violen los derechos laborales de los trabajadores (prestaciones sociales, seguridad social, derecho a organizarse en un sindicato, etc).

Pero como le explicaba a La Silla el exviceministro Enrique Borda, que fue el que redactó este decreto: “Si una empresa terceriza con otra su acción misional, o sea la razón de ser de la empresa, y no se están violando los derechos de los trabajadores al hacerlo, no se puede sancionar.”

Borda le aseguró a La Silla que el decreto busca defender los derechos laborales y que simplemente fija las reglas para que se sepa cuándo es ilegal tercerizar y cuando no. “Es un decreto que reglamenta la forma de investigar la tercerización. Se hizo pensando en proteger los derechos de los trabajadores, en nada más. Es totalmente procedimental”.

Pero para la CUT el decreto sí se mete con asuntos de fondo pues según ellos le abre la puerta de par en par a la tercerización. “Los trabajadores informales no pueden afiliarse a ninguna cooperativa, por la inestabilidad laboral y creemos que quienes subcontraten no pueden enriquecerse con el trabajo de los empleados porque sus actividades responden a la cadena productiva principal de las compañías”, dice Mery Laura Perdomo, abogada de la CUT.

Por eso acaban de demandar el decreto ante el Consejo de Estado, porque dicen que no solo atenta contra los derechos de los trabajadores y hace que sea más difícil que se organicen en sindicatos, sino que además aseguran que nunca les consultaron el decreto en la mesa de concertación que se creó entre el gobierno y las centrales obreras para discutir esos temas.

“Para nosotros ese decreto es un plumazo que se salta todo. Nos saltó a nosotros porque nunca nos consultaron y se salta lo más grave: los derechos de los trabajadores porque al tercerizar el trabajador corre el riesgo de no tener los mismos beneficios que cuando tiene un contrato directo con la empresa”, le dijo a La Silla Francisco Maltes, miembro de la CUT.

Maltes nos explicó que para ellos el decreto se salta también el Plan Nacional de Desarrollo y los principios del “trabajo decente” que están ahí y que contempla la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Algo parecido nos dijo la abogada de la CUT. “Se supone que esto iba a dar elementos y una ruta a los inspectores para sancionar la tercerización. Para la CUT la misionalidad de las empresas debe tener un modelo de contratación permanente y no subcontratado, como lo permite este decreto.”

Y fuera de esa demanda hay otra que también puso la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores (Anthoc), que son los sindicatos del sector salud, y argumenta prácticamente lo mismo: que el decreto debilita a los sindicatos porque atomiza a los trabajadores y hace que no haya incentivos para que las personas se organicen para exigir sus derechos. Además, agregan que nunca se les consultó.

Aunque Clara no tuvo nada que ver con ese decreto porque lo firmó Garzón antes de irse, le toca asumir el costo político de dejarlo o tumbarlo. Como le decía a La Silla una fuente que pidió no ser citada: “Eso es elegir entre Santos o el Polo.”

Los sindicatos han sido aliados de toda la vida del Polo y en especial muchos sectores de la CUT, como hemos contado, hicieron parte de la maquinaria de Clara durante la campaña a la alcaldía de Bogotá el año pasado. “Si deja en firme este decreto defrauda a buena parte de los sindicatos y eso es el equivalente a perder muchos votos si está pensando en lanzarse a la Presidencia”, le dijo a La Silla una persona que estuvo en el gobierno.

Al malestar de la CUT se suma el del Polo. “Si ella es consecuente con lo que defiende este partido, tiene que derogar ese decreto porque el Polo ha defendido toda la vida los derechos de los trabajadores y este decreto atenta contra eso”, le dijo a La Silla el secretario general del partido, Gustavo Triana.

Hasta ahora Clara no se ha pronunciado sobre el tema. La Silla la buscó para saber qué piensa hacer pero nos remitieron a la viceministra de relaciones laborales Mariela Barragán y tampoco nos habló. Desde que llegó al ministerio hace un mes, se ha reunido con los presidentes de las centrales y según nos contaba una fuente que trabaja en esa cartera, se habló del tema pero por encima.

“Ella no nos ha dicho ni que sí ni que no. Lo único que dice es que su ministerio es abierto al diálogo, pero de nada nos sirve solo eso”, dice Perdomo, la abogada de la CUT. En todo caso, dentro de la CUT no creen que Clara derogue el decreto y por eso lo demandaron ante el Consejo de Estado.

Pero es poco probable que ese tribunal se pronuncie rápido y en la CUT lo saben porque hace cuatro meses ya habían demandado el decreto de salario mínimo y hasta ahora no les han contestado. “Igual es nuestro último recurso y la verdad no le tenemos fe ni a Clara ni a nadie en este tema”, nos dijo Maltes de la Cut.

Y los gringos ahí

Casi todas las fuentes que consultamos para esta historia coinciden en que Clara no va a tumbar el decreto.

“Lo que ella va a hacer es sacar otro que fortalezca a los sindicatos”, le dijo a La Silla el exviceministro Borda.

Y es muy poco probable que lo tumbe porque con el decreto Santos se juega su entrada a la Ocde, el club de países ricos al que quiere entrar hace rato y que le exige, entre otras condiciones, que se reglamente la tercerización, que es justamente lo que hace este decreto.

Además, como nos contaba una fuente de alto nivel, detrás también está el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, porque hace cinco años, cuando se firmó un "Plan de acción entre Colombia y Estados Unidos para derechos laborales", que además de crear el ministerio de Trabajo, decía que se debían contratar 480 nuevos inspectores que vigilaran el cumplimiento de los derechos laborales, que se debía crear un sistema virtual de quejas y unos mecanismos de diálogo más efectivos con las centrales sindicales.

Aunque ese decreto no logra todo eso, si le pone unas pautas a la vigilancia de la tercerización y con eso avanza para cumplirle a Estados Unidos y de paso a la Ocde. En su momento los sindicatos presionaron e incluso hicieron lobby con los demócratas para que se hiciera ese plan, porque además de crear el ministerio, fijaba unas mejores condiciones para vigilar los derechos de los trabajadores. Eso explica también por qué en la demanda ante el Consejo de Estado sólo está la CUT y no las otras dos centrales.

Porque hasta ahora ni la Confederación General del Trabajo (CGT)-con 500 mil afiliados- ni la Confederación de Trabajadores Colombianos (CTC) se han metido en la pelea.

“Santos se ha dado una pela enorme con este decreto. Se peleó en su momento con la Andi, porque ellos no querían que se reglamentara la tercerización y sabe que se echa encima a los sindicatos. Pero es un requisito fundamental, junto al tema de la chatarrización y los licores, para entrar a la Ocde”, agregó una fuente que estuvo en el gobierno.

De hecho, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, le confirmó a La Silla que es verdad que los empresarios no están de acuerdo con ese decreto. “Eso quedó mal porque es que tercerizar no es violarle los derechos a nadie. Al contrario, es dar más empleo sin que eso afecte los derechos laborales y con tanta reglamentación ningún extranjero va querer venir a montar empresa acá. Tercerizar es parte de la lógica de un mundo competitivo.”

En medio de ese pulso entre el gobierno por la presión de Estados Unidos y por entrar al club de las buenas prácticas y algunos sindicatos, que ven en este decreto una amenaza gigante a sus derechos, está Clara López. ¿A quién le dará la razón?