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El sábado los cocaleros buscarán un acuerdo para la sustitución de cultivos, pero el Gobierno se paró de la mesa. Ese mismo día, según una tutela, debe haber elecciones del nuevo Alcalde.
Coca y elecciones, la olla a presión de Jamundí
Jamundí tiene 400 hectáreas de coca. Según el Gobierno aparecieron hace cerca de 5 años, Los cocaleros dicen que están allá desde hace 12 años.
Aunque el próximo sábado campesinos cocaleros de Jamundí se reunirán nuevamente para volver a pactar un acuerdo de sustitución de las 400 hectáreas de cultivos ilícitos (la segunda región con más cultivos, después de Buenaventura), el Gobierno no irá y mantendrá la decisión tomada hace una semana de erradicar a la fuerza.
Así se lo confirmó a La Silla Pacífico un alto funcionario de la Casa de Nariño, luego de haber participado en las tres reuniones que desde el año pasado hubo para que las casi 2.500 familias se metieran en el programa, tal y como se pactó con las comunidades en El Dovio, Bolívar, La Dagua, Tuluá y comenzarán a hacerlo en Buenaventura.
A eso se suma que en las últimas semanas en el municipio el Ejército y la Policía confirmaron la presencia en la zona rural de Jamundí de Los Pelusos (capturaron a tres de ellos el 20 de este mes) que vienen desde Santander a pelearse la ruta del narcotráfico; y el último hecho ocurrió hace una semana, cuando en la carretera que va a Buenos Aires fue asesinado un líder minero del Norte del Cauca.
Y para completar, Jamundí está en plena campaña política para la Alcaldía en la que hay apoyos cuestionados de lado y lado; y una tutela fallada ayer por el tribunal superior de Cali ordena que las elecciones se adelanten para este sábado.
Una tarea poco menos que imposible para la Registraduría, que está en el montaje de las elecciones al Congreso y la Presidencia.
Todos estos elementos hacen que uno de los municipios más importantes del departamento y más cercanos a Cali (queda a solo 15 minutos por carro desde el Sur) sea una olla a presión en campaña política y con nuevos grupos ilegales buscando beneficiarse del negocio de la coca.
Los cultivos
Varias son las razones por las cuales en Jamundí no hubo acuerdo y por lo que nos dijeron en Presidencia y la Dirección de Sustitución de Cultivos, no habrá. La primera de ellas es que en el Gobierno sienten que los campesinos no tienen la voluntad para restituir.
“Estos no son acuerdos ‘a la carta’, para que ellos (los campesinos) los armen como quieran (...) los acuerdos de sustitución no son un burladero”, nos dijo una alta fuente.
Y es que lo dice porque desde hace exactamente un año arrancó el proceso con las comunidades de Jamundí. En junio hubo la primera reunión para revisar el documento que firmarían, a la que asistieron mil personas; en agosto hubo otra y en septiembre, cuando se presentó el borrador del acuerdo colectivo de sustitución, los campesinos “nos dijeron que nos informarían la fecha para la firma”, dijo la fuente.
Esa fue la última reunión que hubo, hasta la de la semana pasada, cuando el director del programa de sustitución, Eduardo Díaz, anunció que no habría acuerdo.
Según John Gil, vocero de la Coccam en el Valle, la razón para no firmar es de seguridad y no porque no quieran hacerlo.
“Todo el mundo sabe que desde septiembre arrancaron a llegar acá miembros de grupos ilegales, que tienen combates con el Ejército y eso nos da miedo, que nos maten”, nos dijo Gil, quien de todos modos nos dijo que nunca ha sido amenazado.
Ese temor proviene del aumento de presencia de bandas criminales y disidencias de Farc en la zona y de que habría cocaleros a los que les es más lucrativo mantenerse en el negocio.
De hecho, el año pasado hubo varios enfrentamientos del Ejército y disidencias de las Farc en la zona rural (uno en agosto, otro en diciembre y otro en enero), además del secuestro y posterior liberación de un comerciante. Además, según el coronel Pablo José Blanco, de la tercera Brigada del Ejército, durante los últimos meses destruyeron laboratorios de cristalización y procesamiento de la mata.
“Por ser un municipio del sur es apetecido para la disputa de la ruta de la coca, porque conecta con el norte del Cauca donde hay más cultivos”, nos dijo un periodista que conoce esa región.
Un líder del corregimiento de La Liberia nos dijo que desde el año pasado han visto grupos de a cuatro personas armadas transitando las zonas rurales de donde él vive y en Villacolombia, otro corregimiento vecino.
Pero además, a pesar de que se estaba negociando con el Gobierno, paralelamente se seguía explotando la tierra para el cultivo. Dos fuentes que conocieron el tema y no nos hablan en micrófono porque hacen parte directa del proceso en el Valle nos dijeron, por aparte, que durante los últimos meses han recibido información de las fuerzas militares de que hubo alquileres de hectáreas para cultivar coca.
Otra razón para no avanzar en los acuerdos es la falta de un interlocutor permanente entre el Gobierno y los campesinos. Es decir, un alcalde en propiedad en Jamundí, que no habrá sino hasta abril.
En plena campaña
En lo poco que pueden coincidir la Coccam y el Gobierno Nacional es que la falta de Alcalde afectó el diálogo para lograr un acuerdo, o al menos, para insistir en que lo hubiera.
“La Alcaldía nos dejó solos. La interinidad nos hizo mucho daño. De la Alcaldía aparecieron el viernes pasado (un día después de levantada la mesa con el Gobierno)”, nos dijo Gil. Un funcionario de la Dirección de cultivos habló en el mismo sentido. “Cuando no hay gobernabilidad en un municipio como éste es difícil entrar a trabajar”, nos dijo.
Y es que el proceso de elegir a un nuevo Alcalde, luego de que fuera detenido el mandatario Manuel Santos Carrillo por corrupción, ha sido igual de tortuoso que llegar a un acuerdo de sustitución.
La historia es así. Santos Carrillo se entregó a la Fiscalía el septiembre y hasta noviembre la gobernadora Dilian Francisca Toro, del mismo grupo político del Alcalde, le aceptó la renuncia al cargo, tardanza que fue criticada desde el uribismo y Cambio Radical. En diciembre convocó a elecciones para abril (lo cual está en entredicho por la tutela fallada ayer y que al terminar de escribir esta historia no había sido notificada a la Registraduría).
Desde ese momento el municipio está en campaña y la contienda apunta al reencauche entre los dos candidatos con más opciones.
Por un lado está el exalcalde del municipio en 2011, John Freddy Pimentel, apoyado por La U, los conservadores, Cambio, la ASI y el uribismo, a través de la senadora Susana Correa (a la que también le criticaron el aval a ese aspirante).
Aunque el grupo político de Pimentel fue quien impulsó la elección del hoy detenido Santos Carrillo, rompieron cobijas en 2016. Y hoy Pimentel quiere recuperar regresar a la Alcaldía, en cuyo primer periodo fue cuestionado por el despido masivo de más de 40 funcionarios locales, además de una investigación en la Procuraduría por no presentar papeles de una auditoría y denuncias por corrupción.
Además, no hay claridad jurídica sobre la aspiración, porque al ser el Alcalde inmediatamente anterior, podría haber una inhabilidad. Aún así cuenta con varias maquinarias de su lado.
A él se le enfrenta Édgar Yandy, avalado por el Mais y los liberales. Según dos políticos de Jamundí y uno más en Cali, estaría apoyado por el detenido exalcalde Santos Carrillo y del exsenador parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra, tanto así que en la ASI cuando Yandy pidió el aval, se lo negaron “porque no queríamos que nos relacionaran con ellos (Carrillo y Martínez)”, nos dijo un directivo de la ASI.
“Es una forma de cuestionar al candidato. Y si tuviera el aval de Opción Ciudadana (partido del ‘negro Martínez’), no habría duda del apoyo, pero nosotros somos los que lo apoyamos y lo ayudaremos con lo que tenemos”, nos dijo el directivo liberal del Valle, Fabio Arroyave.
Los otros dos aspirantes (sin muchas opciones según nos dijeron cuatro personas que conocen la movida en el municipio) son el empresario Antonio Moya de Todos Somos Colombia y Yorman Rojas, del Polo y Verdes.
Al final de cuentas, el ganador de las polémicas atípicas enfrentará de entrada el chicharrón de tener la única zona rural del Valle con coca y sin acuerdo de sustitución de cultivos. Y las consecuencias que la erradicación forzada y presencia de bandas criminales traen consigo.
