Con damnificados aún en albergues, Santos no pudo convertir la crisis invernal en oportunidad

En Santa Lucía, Atlántico, cientos de familias siguen viviendo en albergues temporales, a pesar de que han pasado más de dos años desde que terminaron las lluvias. Foto: cortesía ADN Barranquilla - Guillermo González

Hace dos años, cuando la Niña estaba haciendo estragos en todo el país, Juan Manuel Santos dijo que era una oportunidad para "demostrar de qué estamos hechos los colombianos". En diciembre, dio un parte de victoria: "Ese fue un objetivo que siempre planteé durante toda la emergencia: que nos propusiéramos salir de la tragedia no sólo iguales, sino mejores que antes. Y en gran parte lo logramos", dijo. Pero lo que muestran los avances en los tres episodios más sonados de la oleada invernal es todo lo contrario.

La ruptura del terraplén que protege al cono sur atlanticense del Canal del Dique, el hundimiento de Gramalote, en Norte de Santander, y el deslizamiento de la montaña en La Gabriela, Bello, se convirtieron hace dos años en los símbolos de la tragedia. Hoy lo son, pero de los problemas de ejecución de este gobierno. Las promesas de Santos en estos tres casos siguen en el aire: los antiguos habitantes de Gramalote aún esperan su reubicación y por ello Santos les pidió perdón; en La Gabriela 240 familias viven en alojamientos temporales y sólo 40 recibieron casas en agosto pasado; en el sur del Atlántico hay 1.100 familias viviendo en albergues.

Las demoras en la reconstrucción de las viviendas en Atlántico son tan evidentes que la Gobernación y el Gobierno Nacional, representado por el Fondo de Adaptación, llevan semanas echándose mutuamente la culpa.

Durante 2012, el gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, les dio a las familias damnificadas tres fechas distintas de inicio de obras. El mandatario no ha dejado de ser blanco de críticas y, desesperado, hizo un convenio con el Sena para iniciar la construcción de 110 casas en Villa Rosa, corregimiento de Repelón, en un lote donado por Promigas. Hasta ahora sólo seis construcciones están listas.

Juan Manuel Santos creó una institucionalidad nueva para enfrentar la llamada 'ola invernal', con la idea de convertir esa crisis en una oportunidad. Pero los resultados en los casos más emblemáticos demuestran que no logró esa meta.

El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, le echó el agua sucia de las demoras al Fondo de Adaptación.

En el abergue San Martín, en Santa Lucía, viven más de 200 personas.  Foto cortesía de ADN Barranquilla - Guillermo González

En Santa Lucía, los efectos de las inundaciones siguen, no sólo por las familias que viven en albergues sino por el golpe económico, pues el pueblo vive de los cultivos que quedaron inundados y aún no se recuperan.  Foto cortesía de ADN Barranquilla - Guillermo González

En enero, nuevamente señalado por los damnificados, Segebre dijo que está próximo a entregar 10 viviendas prefabricadas para igual número de familias en Campo de la Cruz, uno de los cinco municipios afectados donde sólo viven 10 familias en casas en mal estado. Ante la demora en recibir sus casas, el resto de damnificados las reparó por cuenta propia o mediante el Programa de Reparaciones Menores de Colombia Humanitaria, durante 2011.

El 14 de enero, en Bogotá, el gobernador tuvo una reunión con Santos y aprovechó para pedirle al presidente que interviniera. Señaló al Fondo de Adaptación de ser el culpable de las demoras en lo que a vivienda se refiere.

Carmen Arévalo, quien reemplazó a Cecilia Álvarez-Correa en la gerencia del Fondo, le respondió a través de una carta pública, en la que detalló los avances en la reconstrucción de acueductos, hospitales y colegios; le respondió que la construcción de viviendas no ha sido posible por fallas en el censo de damnificados y demoras de la Gobernación. Lo invitó a no caer en "descalificaciones facilistas".

Segebre ripostó con un comunicado de prensa, en la que le bajó la temperatura a la pelea. Pero las demoras son reales.

¿Quién tiene la razón?

Al Gobierno Nacional le cabe, por lo menos, una parte de la responsabilidad por los controles que creó para evitar que gobernadores y alcaldes terminaran usando mal la plata especialmente en un año electoral. Esos controles se han convertido en un freno para que las autoridades locales ejecuten.

Analistas como Mauricio Vargas y el hoy Ministro de Salud Alejandro Gaviria aseguran que el Gobierno exageró en los controles y lo que hizo fue crear un complejo modelo de contratación que ha hecho todo el proceso de reconstrucción más demorado y hasta ineficiente.

El Gobierno dejó en manos de los alcaldes y gobernadores responsabilidades claves como determinar quiénes y cuántos eran los damnificados y distribuir las ayudas. Pero, debido a los controles, éstos terminaron en una operación tortuga.

Un caso claro es el de los censos de damnificados, que son necesarios para poner a andar todos los procesos de atención humanitaria y de reconstrucción.

Los primeros censos fueron realizados por los Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres (Clopad) de cada municipio, que dependen de sus alcaldes, pero tenían tantas inconsistencias que no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional, por lo que la Contraloría advirtió que había problemas en la asistencia humanitaria.

Finalmente fue el Dane, a través del Registro Único de Damnificados, quien dio la base para comenzar a planear la reconstrucción no sólo en el Atlántico sino en el resto del país.

Sin embargo, la información que recogió el Dane no era suficiente, pues el Fondo tenía que depurarla. Eso tomó todo el 2012 y, aunque terminó en diciembre, aún falta por determinar cuántas familias continúan en zonas de alto riesgo.

Ese retraso ha afectado la capacidad de ejecutar rápidamente, y muestra los problemas de coordinación entre entidades nacionales, que dependen totalmente de Santos.

El lío de los censos también señala que el Gobierno dejó en manos de las autoridades locales varias responsabilidades claves y que le faltó liderazgo para lograr que éstas reaccionaran a tiempo.

Los problemas locales

Antes de las lluvias, durante el segundo semestre de 2010, los pobladores del sur del Atlántico le expresaron al entonces gobernador, Eduardo Verano, su temor por una creciente del Magdalena. El mandatario respondió que el departamento estaba blindado para la temporada de lluvias, que el Ideam ya presagiaba como una de las más crudas de los últimos años.

El río Magdalena creció y el 30 de noviembre rompió la vía-dique que comunica a Santa Lucía con la carretera Oriental. Se inundaron Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Repelón, y finalmente Santa Lucía; empezó el éxodo hacia poblaciones vecinas y hacia Barranquilla, y aparecieron improvisados albergues a lado y lado de la carretera.

En ese momento el Gobierno Nacional, a través de Colombia Humanitaria, reaccionó con atención e infraestructura para cerrar el boquete, mientras la Gobernación y las alcaldías comenzaron a cuantificar los daños, censar a los afectados y mejorar las condiciones de los albergues.

El primero de diciembre de 2010, un día después de la ruptura, la Gobernación informó que había empezado a trabajar en el cierre, pero en realidad lo que hizo fue comenzar a transportar al sitio el material rocoso. El dos de diciembre iniciaron las obras en el boquete. Pero de un tamaño inicial de tres metros, en menos de una semana el boquete pasó a tener casi 300 metros. Por allí pasaron 1.200 millones de metros cúbicos de agua.

Lo que siguió fue una lista de ensayos y errores de la Gobernación, pero con los ojos del Gobierno puestos encima; Santos incluso viajó a ver las obras. Usaron una grúa que dañó parte del trabajado adelantado y un planchón sin combustible. Estos fueron algunos de los tropiezos del accidentado proceso de cierre. Esas demoras permitieron que entrara más agua e hicieron más costosos el cierre y la reconstrucción.

La evacuación de las aguas fue otro proceso tortuoso. La Gobernación suscribió un contrato por más de 4.600 millones de pesos para la instalación y operación de unas motobombas. La mayor parte del tiempo éstas no funcionaron por problemas de combustible y fluido eléctrico. Por ese contrato, la Contraloría emitió un control de advertencia a Eduardo Verano y en noviembre de 2012, dos años después de la ruptura del dique, los campesinos de Campo de la Cruz decían que todavía había áreas llenas de agua.

Otra responsabilidad de la Gobernación era conseguir los lotes en los que el Fondo construirá las viviendas, como recordó Arévalo en su carta pública. La Gobernación dijo tener listas 80 hectáreas para iniciar los proyectos habitacionales. Sin embargo, las gestiones con la empresa privada sólo se comenzaron a cristalizar durante el primer semestre de 2012, un año y medio después de la emergencia.

Deyana Acosta, delegada de la Gobernación para el Sur del Atlántico, dijo que, además de los lotes comprados con recursos propios del Departamento, en abril de 2012 Promigas donó 20 hectáreas para el municipio de Candelaria y el Country Club otras 5,5 para Campo de la Cruz.

Otra de las razones que ha hecho lento el proceso ha sido la falta de gestión de los alcaldes de los municipios afectados. Incluso, durante la emergencia el alcalde de Campo de la Cruz, Carlos Gutiérrez, se hizo tristemente célebre por mudarse a Barranquilla cuando la inundación apenas comenzaba. La Procuraduría le abrió una investigación por no haberle hecho frente a la emergencia.

Además de su responsabilidad en los censos, que terminaron no funcionando, los alcaldes deben hacer las modificaciones pertinentes a los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) que permitan la construcción de viviendas en los terrenos conseguidos por la Gobernación. “Si los alcaldes no están detrás de estas gestiones, nos podemos demorar años y legalmente no podemos hacer los proyectos ni adjudicar porque no podemos violar la Ley”, le dijo Arévalo a El Heraldo en agosto de 2012.

“Muchos son frágiles, no tienen una institucionalidad fuerte. Y al Departamento y al Fondo les ha tocado acompañarlos. Este proceso todavía tiene de ancho como de largo. Que la gente entienda que tomar la decisión de no volver a construir en una zona requiere de mucho estudio”, aseguró la delegada de la Gobernación para el Sur del Atlántico.

Manatí ya terminó ese proceso, y definió que necesita casas para las 1.522 personas que viven en albergues o en zonas de alta probabilidad de inundación.

El primero de febrero la Gobernación y el Fondo de Adaptación anunciaron la firma de convenios para dar inicio a la construcción de las viviendas cuanto antes. Según Segebre, en los otros municipios (Campo de la Cruz, Santa Lucía, Repelón y Candelaria), esperan concretar los convenios de construcción de las casas censadas antes de que termine febrero, para que este mes estén listas las cifras de viviendas afectadas.

Todas estas dificultades muestran que el esquema que armó el Gobierno dejó una estela de demoras y de errores incluso en los casos más paradigmáticos de la ola invernal. En casos menos sonados, como en el Magdalena, también quedaron problemas.

En últimas, aunque no toda la responsabilidad recaiga en el gobierno sino en las autoridades regionales y locales, Santos no logró convertir las inundaciones en una oportunidad de oro para que el país quedara en mejores condiciones de las que tenía antes de la ola invernal.

Esta publicación es un resultado del curso Tras la pista de los dineros públicos