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Esa iniciativa la habían radicado Santos y su predecesor, Álvaro Uribe, al menos cuatro veces en el Congreso en los últimos ocho años, pero no había salido adelante. Si la cuarta fue la vencida fue porque en el último mes el Gobierno le metió el acelerador a fondo.
Con el nuevo Código, Santos le da un regalo a la Policía
Santos había hablado en cuatro de cinco discursos del 20 de julio ante el congreso sobre la necesidad de aprobar el nuevo código de policía pero sólo hasta el final le metió la ficha.
Ayer el nuevo Código de Policía quedó listo para que la firma de Juan Manuel Santos lo convierta en ley. Esa iniciativa la habían radicado Santos y su predecesor, Álvaro Uribe, al menos cuatro veces en el Congreso en los últimos ocho años, pero no había salido adelante. Si la cuarta fue la vencida fue porque en el último mes el Gobierno le metió el acelerador a fondo y así Santos logró darle a la Policía un regalito que ésta llevaba años esperando.
Un viejo sueño de la Policía
Los últimos cuatro intentos por renovar el Código actual, que fue expedido por decreto en 1970, han salido del Gobierno en colaboración directa con la Policía, que a través de varios oficiales jugaron un papel central en redactar los proyectos. La lógica siempre ha sido darle a ésta las herramientas que pide para enfrentar conductas que son molestas pero no tan graves como los delitos, y que van más allá de las que el código original le dio.
El primer proyecto lo presentó en 2008 el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos y el del interior Fabio Valencia Cossio. Aunque pasó el primer debate, se hundió después de estar más de un año inactivo.
Luego, en octubre del 2010, Germán Vargas como Ministro del Interior y Rodrigo Rivera, en cabeza de la cartera de defensa, volvieron a presentar otro texto. Lo retiraron menos de un año después, según dijeron, para revisar algunos puntos en mesas y foros que instaló el Ministerio De defensa con alcaldes y gobernadores, gremios y sectores sociales durante el 2011.
El texto llegó de nuevo al Congreso en el 2012, impulsado por el entonces ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, tras un año de reuniones permanentes en una mesa con delegados del Ministerio, la Alta Consejería para Convivencia y Seguridad de Presidencia y oficiales de la Policía, que armaron el proyecto.
A pesar de ese esfuerzo, se hundió sin ni siquiera pasar un sólo debate el 20 de junio del 2013.
Sin embargo, Pinzón no se rindió. Lo presentó una vez más en septiembre del 2014, seis meses antes de irse a Estados Unidos como embajador, después de trabajarlo en una mesa con los mismos representantes del Mindefensa, la Presidencia y la Policía, que según una alta fuente del Gobierno tuvieron un papel central.
Según la exposición de motivos de los cuatro proyectos, hacer un código nuevo siempre buscó actualizar el decreto de 1970, impulsado sobre todo por una orden de la Corte Constitucional en 2007 que le pedía al Congreso reglamentar el código con las nuevas normas expedidas luego de la Constitución de 1991. Por eso, el Gobierno quería que el nuevo Código englobara todas las normas expedidas desde 1970 y ajustarlas a una visión más moderna de la seguridad ciudadana.
Los puntos a resaltar no siempre fueron los mismos. En los dos primeros el Gobierno le puso énfasis a controlar el uso de la pólvora hasta prohibir su uso a en todo el país salvo en eventos promovidos por las autoridades locales, o a controlar a los establecimientos públicos que cambiaban su razón social para burlar los controles. En los dos últimos el énfasis más marcado estuvo en definir las conductas que eran incompatibles con la seguridad ciudadana y en darle dientes a la Policía para actuar frente a ellos.
En todo caso, siempre estuvo detrás el empuje de la Policía que participó en la redacción de todos los textos.
“Este código de 44 años de vigencia ya está expirado. Es hora de devolverle las visiones críticas para volver a socializarlo en las regiones y mostrar las bondades de un nuevo y bondadoso articulado que genere conciencia en la comunidad”, dijo el entonces comandante de la Policía Rodolfo Palomino en noviembre de 2014.
No todo lo que brilla...
A pesar de eso, el nuevo Código no ha sido bien recibido por todos.
El proyecto de 243 artículos se mete de nuevo en temas espinosos. Por ejemplo, uno de los temas más complicados es el de darle facultades a la Policía para entrar en viviendas sin una orden judicial (cuando “fuese de imperiosa necesidad”). O puntos que sobrevivieron a pesar de los constantes hundimientos del proyecto como permitir no sólo que la Policía retenga a una persona por estar en una riña (como en el código actual) sino si está en tal estado de alteración que pudiera causarle daños a otros o a sí mismo o en si estaba en estado de depresión. Ese fue uno de los artículos que quedó vigente en este código aprobado hoy y que estaba en el texto radicado en 2010.
Para los críticos del proyecto, como el analista y columnista de La Silla Héctor Riveros, el Código privilegia las herramientas de la Policía sobre las garantías a los ciudadanos.
“La Policía desde hace rato echa de menos normas para regular el uso de su fuerza. Pero con esto, se van a derogar un montón de normas sin darse cuenta, solo para darle gusto a la Policía. Es una muestra de cómo se legisla desde la ignorancia. Es un código derecha promovido por la derecha”, le dijo Riveros a La Silla que además escribió una columna el sábado criticando el proyecto.
Además, otra crítica que comparte con la representante a la Cámara Angélica Lozano, es que el código está hecho para responder a las necesidades de ciudades grandes como Bogotá y no “para un municipio común y corriente de categoría sexta según el DNP”.
Para ella, sin embargo, los cambios que se introdujeron en el último debate fueron claves sobre todo para poner algunas restricciones al papel de la Policía y fortalecer a los alcaldes y personeros municipales frente a cualquier posible abuso policial , además de hacer más claro el rol del Ministerio Público.
Aunque reconoce que no logró todo lo que quería como por ejemplo, crear un sistema único para el mejoramiento y la prevención de los abusos de la actividad de la policía, y ya anunció que demandará algunas partes.
En cambio, Patricia Bulla, coordinadora de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, Fip, considera que aunque todavía falta aterrizar muchos temas del código, éste es clave para darle herramientas a la Policía para poder actuar ante las nuevas realidades. Además, dice, “es muy oportuno”.
“Al desactivarse otros conflictos y cesar la acción de la guerrilla, la ciudadanía espera mejoras en seguridad y la Policía, mejorar su legitimidad y usar mecanismos de rendición de cuentas que se desactivaron por el conflicto. Las nuevas herramientas y los nuevos espacios de diálogo son claves para atender las situaciones conflictivas [sobre todo en las ciudades]”, dijo.
En todo caso, el texto aprobado por la Policía cumple un sueño que tuvo la institución por más de ocho años y que nunca contó ni con el respaldo del Congreso ni con el empuje del Gobierno para sacarlo adelante. Hasta ahora.
Un arranque lento
Desde que se posesionó en 2010, Santos ha pedido al Congreso que apruebe el código de policía en cuatro de sus cinco discursos de los 20 de julio: lo hizo en el 2011, 2012, 2013 y 2015, como contó La Silla. Sin embargo, sólo hasta este año le metió el impulso que necesitaba para convertirlo en ley.
Luego de que el último proyecto fue radicado en septiembre del 2014 por el ex ministro Pinzón, superó el primer debate apenas en junio del 2015, al borde de que se venciera el término y se hundiera. Eso le dio vida por un año más, pero sólo se volvió a mover en mayo de este año cuando la plenaria del Senado le dio luz verde, impulsada sobre todo por el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino, y cuando los tiempos estaban muy justos en la Cámara.
Hasta ese momento el Gobierno se había movido muy poco. De hecho, según Varón, ni el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas ni la cúpula de la Policía fueron a impulsar el proyecto en Senado.
Tampoco se movió el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de origen liberal quien, según le dijeron a La Silla dos fuentes que han estado en el proceso de debate, no lo hizo porque el texto aprobado en Senado le ponía restricciones a las marchas y las movilizaciones sociales con las que no estaba de acuerdo.
Todo eso cambió cuando el proyecto llegó a Cámara.
Santos le mete el acelerador
El Gobierno le metió la ficha cuando sólo quedaba mes y medio para sacarlo adelante o verlo hundir, y hacían falta todavía dos debates en la Cámara y la conciliación entre el texto que había salido de Senado y el que saldría de Cámara.
Ahí sí tanto el Ministro Villegas como la Policía movieron la discusión, primero en la comisión y luego en la plenaria. En el Gobierno, le abrieron espacio en medio de otros proyectos que habían priorizado. E incluso, según una alta fuente del Gobierno que habló con la Silla, Santos llamó personalmente a las bancadas para pedirles que no lo dejaran hundir.
En ese mes y medio, la Cámara organizó una audiencia pública, mesas de trabajo y un foro para estudiar el proyecto. Además, armó una subcomisión para revisar las propuestas de ajustes que llegaron a ser unas 800, y que operó tanto en comisión primera como en plenaria.
A diferencia de Senado, con el Gobierno metiéndole la ficha el proyecto recibió más padrinos. Lo impulsaron el representante por Bogotá y presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara; el representante liberal de Caquetá, Harry González; y el representante tolimense de La U, Carlos Edward Osorio. También jugaron un papel importante los congresistas Angélica Lozano (verde), Clara Rojas (liberal) y Telésforo Pedraza (conservador). Mejor dicho, se armó una gran maquinaria para moverlo.
Y se metió Cristo, sobre todo para suavizar las exigencias a las marchas y para buscar que el proyecto tuviera consenso sobre todo en los partidos como los verdes y el Polo.
También ayudó el impulso que le dieron Probogotá y su presidente Luis Guillermo Plata, quien hizo un curso de Policía y se dio cuenta de primera mano de que muchos policías sentían que no tenían herramientas para actuar.
Por eso, aunque Probogotá ya había estado respaldando la iniciativa desde segundo debate en Senado, cuando éste llegó a la Cámara se metió de lleno a respaldar el proyecto. Según la directora de comunicaciones Natalia Marenco no se metieron en el texto pero sí facilitaron debates entre los ponentes y entre los representantes de la bancada de Bogotá, organizaron un foro y promovieron la discusión desde columnas de opinión para ayudar a meterle presión al Congreso para que aprobara la norma.
En medio de esa presión, La Silla supo que en tercer debate en la comisión primera de la Cámara, algunos representantes como Angélica Lozano se dieron cuenta del poco tiempo que tenían para estudiar el articulado a fondo y pidieron hundir el proyecto para que fuera presentado otra vez en la próxima legislatura, con más tiempo.
Ante tanto cabildeo del gobierno la moción no caló y la derrotaron por 30 votos contra 3 según le contó ella a La Silla.
Al final el trabajo en Cámara fue arduo, por lo largo y delicado del texto y lo corto del tiempo; algunos ponentes durmieron 4 o 5 horas por noche durante varios días para sacarlo adelante.
El remate muestra el grado de esfuerzo: para alcanzar a conciliar el texto ayer 20 de junio, último día de la legislatura, los asesores legislativos del ministerio de Defensa y de los ponentes trabajaron todo el sábado pasado, hasta la madrugada del domingo (día del padre), para alcanzar a dejar listo y mandar publicar el texto conciliado, algo que se debía hacer el domingo para poder votar la conciliación el lunes.
Además, el texto que se concilió es en su inmensa mayoría el que salió de Cámara: de los 243 artículos, 70 quedaron iguales en ambas cámaras, se acogieron 157 de Cámara y sólo 4 de Senado. Esto, porque según varias fuentes entre expertos y congresistas que estudiaron el texto, la Cámara hizo muchas mejoras, sobre todo en al aumentar las garantías de los ciudadanos para el control de las tareas de la Policía.
Ese carrerón dejó finalmente al Gobierno con un nuevo Código de Policía que ha sido criticado desde los sectores de izquierda o progresistas, pero que cumple un sueño de la Policía. Y con eso le da un regalo a una institución que tiene 250 mil uniformados que no votan pero cuyas familias sí lo hacen y han sido objeto de coqueteos por el uribismo. Y que en algunos días conocerá el informe de una Comisión de Reforma que nombró Santos y que podría traer sorpresas.
