Con la coca, el Gobierno sigue descoordinado

El viernes de la semana pasada el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que en lo que va corrido del año ya se han erradicado 30 mil de las 50 mil hectáreas de coca que el Gobierno se trazó como meta para este año.

Aunque eso implica que seguramente el Gobierno cumplirá la meta, en departamentos como Nariño y Caquetá, que concentran el 35 por ciento de la coca cultivada del país, las comunidades denuncian que los están erradicando a pesar de que ellos ya firmaron acuerdos de sustitución.

Es la misma pelea que viene ocurriendo desde que se lanzó el programa de sustitución como ha contado La Silla y que muestra que la descoordinación entre las políticas de zanahoria y garrote se mantiene e incluso, empeora.

Los casos

Justo mientras el Ministro de Defensa revelaba las cifras de erradicación, el vicepresidente Óscar Naranjo y el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto estuvieron en Tumaco, el municipio con más cultivos de coca en todo el país y donde se han erradicado 8 mil de las 30 mil hectáreas de coca.  

Allí, se reunieron con los consejos comunitarios que desde el pasado 22 de agosto, se tomaron pacíficamente la casa de la justicia del municipio en protesta porque aunque fueron de los primeros sectores de Tumaco que firmaron acuerdos de sustitución voluntaria en el último mes, la Fuerza Pública llegó a erradicarlos a la fuerza.

La situación está ocurriendo específicamente en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, cerca a la frontera con Ecuador. Ese consejo hace parte de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), que agrupa a 16 los consejos comunitarios de Tumaco y que en febrero de este año firmó con el Gobierno un acta de intención para sustituir la coca. El acta es el acuerdo general, a partir del cual, las comunidades establecen que quieren hacer parte del programa Pnis.

Recompas fue una de las primeras organizaciones en Tumaco que suscribió estos acuerdos en febrero y luego volvieron a reiterar su intención de hacer parte de la sustitución cuando las Farc se involucraron en el proceso, en mayo. Aún así, según un integrante del Consejo Comunitario Alto Mira, desde el pasado 4 de abril, el Gobierno viene erradicando cultivos en ese consejo comunitario y en otros dos, Chagui y Rosario.

Aunque en los acuerdos el gobierno se comprometió a realizar asambleas en las comunidades para construir un censo de familias productoras de hoja de coca y el número de hectáreas sembradas, identificar productos lícitos para hacer la sustitución, definir la construcción y mejoramiento de vías y una fecha para la firma del acuerdo final entre el gobierno y productores, por ahora eso no ha ocurrido. Y eso es clave para avanzar con el siguiente paso que es llegar a acuerdos individuales por familia a partir de los cuales, empiezan a sustituir y reciben los recursos que definió el programa.

Este último paso es fundamental, y es complicado, porque requiere un alto nivel de detalle: saber el nombre de la familia que va a sustituir, cuántas hectáreas tiene, desde hace cuánto, las coordenadas de sus cultivos, etc. Esta es la información que se necesita para hacer seguimiento y realizar los pagos a quienes suscriban acuerdos.

Sin embargo, hasta ahora, estos consejos comunitarios no han firmado los acuerdos individuales, y mientras tanto, la Fuerza Pública ha erradicado en algunas partes de estos territorios.

“Los acuerdo de intención son un gran primer paso pero la información tiene que ser verificable en terreno”, le dijo a la Silla una fuente del Gobierno que pidió la reserva de su nombre. “En Tumaco, Guaviare y Caquetá, si bien hay acuerdos marco, hay que especificarlos”

Ese proceso ha sido lento. Aunque hoy hay 80 mil familias que han firmado acuerdos de voluntad en la práctica, sólo están especificados 14 mil. Y sólo 4 mil hectáreas de coca se han tumbado en virtud de esos acuerdos que suman unas 3 mil o 4 mil familias.

A eso se suma que en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera hay una pelea por la propiedad de la tierra con campesinos colonos que han llegado a tomar posesión de algunas tierras allí desde antes que se firmara el acuerdo de paz. Esos campesinos hacen parte de una organización llamada Asominuma y que se niegan a irse de los territorios colectivos de los afro. Ese lío ha dificultado la firma de los acuerdos individuales, según le explicó a La Silla una alta fuente del Gobierno que ha seguido el caso de cerca.

Por eso, La Silla Pacífico supo que hoy habrá una reunión entre el equipo de la Agencia de Sustitución y el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera para individualizar y caracterizar los acuerdos voluntarios. Y el lunes va otra delegación del Ministerio de Agricultura, Prosperidad social, La Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Tierras para resolver los otros factores que han generado demoras en la instalación de los acuerdos voluntarios.

Sin embargo, la demora ya está causando problemas más complicados.

“Estos incumplimientos siembran una gran desconfianza de los campesinos hacia el Estado”, le dijo a La Silla Glosman Calderón, líder de Asominuma. “Si no llegamos a un acuerdo y compromiso con el gobierno nos vamos a retirar de estos acuerdos porque ya están empezando a llegar grupos armados a ocupar la zona y corremos peligro”.

En Caquetá el panorama es igual de complejo.

En La Montañita, un municipio a media hora de Florencia, no se habla de sustitución de cultivos sino del arresto de Nelly Luna.

Luna es una exconcejal, expresidente de juntas de acción comunal y  líder departamental de la Coordinadora de Cultivadora de Coca y Amapola, Coccam.

Lleva diez días presa porque en febrero lideró un cerco a policías que llegaron a erradicar cultivos de coca a la fuerza en la Unión Peneya, una inspección de La Montañita.

Concretamente, quince policías de la brigada antinarcóticos llegaron a erradicar los cultivos y los campesinos regaron la voz de su llegada en otras veredas y entre todos (según dos fuentes que estuvieron allí eran más de 300) cercaron en una escuela a los policías y no los dejaron salir hasta 24 horas después, cuando la Defensoría del Pueblo llegó a mediar y luego de hablar con una comitiva de campesinos que lideraba Luna, los dejaron ir. Pero  con la condición de que se comprometieran a no volver erradicar a la fuerza.

Aunque la situación se resolvió de forma pacífica y el tema parecía superado, una fuente que estuvo presente en el cerco le contó a La Silla Sur que “los policías salieron muy disgustados y me dijeron que iban a ver la manera de hacer un pronunciamiento y de denunciar”.

Al día siguiente, según dijo a La Silla una fuente de la Policía Antinarcóticos de Caquetá, la Policía puso la denuncia que hace diez días surtió efecto porque la Fiscalía capturó a Luna en su casa por los cargos de secuestro extorsivo.

El problema es que este arresto se da justo en uno de los municipios donde más ha avanzado la Oficina de Drogas a cargo de Eduardo Díaz en firmar acuerdos: tienen un acuerdo colectivo con todo el municipio y ya firmaron acuerdos individuales con 846 familias, según dijo a La Silla Balvino Polo, líder de la Coccam en Caquetá.

“Aquí los campesinos están muy desconfiados porque nos preocupa no saber qué puede pasar con los demás compañeros campesinos que participaron en el cerco”, dijo Polo a La Silla. “¿Así quién firma acuerdos tranquilo?”, agregó.

Además de La Montañita, el problema se extiende a otros municipios.

La Silla supo que a la Defensoría de Caquetá han llegado denuncias de la personería de Cartagena del Chairá de que en las veredas del bajo Caguán como el Guamo, la brigada móvil 22 del Ejército ha llegado a erradicar. Igual ha pasado en la inspección de San José de Risaralda en las veredas Campoalegre, Fundación y Bellavista.

Las consecuencias

Aunque hace cuatro meses la explicación que le dio al Gobierno a La Silla era que estaban en un periodo de transición y que por eso entre el ministerio de Defensa y la Oficina de Drogas podían pisarse las mangueras, que el problema siga hoy demuestra que la descoordinación es un problema de fondo.

“Los choques en terreno se deben a la falta de información que se está precisando, a las  expectativas que se han generado de los acuerdos marco, y a que falta darle más impulso a  la Agencia de Sustitución de Cultivos para que avance más rápido”, le dijo a La Silla una alta fuente del Gobierno que conoce la situación de primera mano y pidió la reserva de su nombre.

En la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que la Fuerza Pública se está moviendo más rápido para erradicar que la Agencia de Sustitución para sustituir. De hecho, mientras ya se han erradicado 30 mil hectáreas de coca, hasta ahora, sólo se han sustituido 5 mil hectáreas, según la fuente.

La erradicación avanza a partir de tres cosas: que haya cultivos grandes  (aunque aún no se ha definido por ley, la idea es que un cultivo grande sea de más de 2 o 3 hectáreas), que se sepa que pertenecen a grupos armados organizados o que se hayan sembrado después de julio del 2016. Pero, como no hay suficiente información de dónde ya se firmaron acuerdos de sustitución, “se cometen errores” y “choques”, según la fuente.

Sin embargo, para el Gobierno no es una falta de coordinación de las dos políticas sino “una falta de información que toma tiempo generar. Con más información habrá más coordinación”, dice la fuente. “Es verdad lo que dice el Gobernador de Nariño, Camilo Romero, hay una esquizofrenia de las dos estrategias conjuntas. Nos falta avanzar para que se superen, para que el esfuerzo no se pierda, pero no es fácil”

El problema es que, como lo había advertido la Fundación Ideas para la Paz, FIP, estos inconvenientes refuerzan la desconfianza entre las familias cocaleras con el Gobierno y hace que a largo plazo los acuerdos pierdan .

Por eso, tal como lo dice el Acuerdo de Paz, la erradicación debería ser el último recurso para arrancar las matas de coca cuando las familias se nieguen a sustituir voluntariamente.

Aún así, también es innegable que el Gobierno tiene la presión de Estados Unidos encima de mostrar avances concretos en la lucha contra las drogas y más cuando el último informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, mostró que el país está en una cifra récord de coca con 188 mil hectáreas.

Por cuenta de esa presión, que el Gobierno se la juegue por la erradicación puede permitirle mostrar resultados rápido, pero a largo plazo pone a tambalear la sustitución.