Con la ONU, comienza el fin del fin de la guerra

El acuerdo conjunto de las Farc y el Gobierno de solicitarle formalmente a las Naciones Unidas que integre una misión para verificar un eventual cese del fuego y la dejación de las armas, es el principio concreto del fin de la guerra.

Aunque todavía falta llegar a un acuerdo sobre el tipo de cese del fuego bilateral y definitivo que se va a verificar, involucrar formalmente como actor del proceso de paz a las Naciones Unidas le imprime a la negociación una garantía de seriedad porque, entre otras cosas, le eleva a tal punto el costo de correrse a las dos partes que lo hace más irreversible.

Por eso es diciente que, como rara vez ha ocurrido en el pasado, las reacciones individuales de ambos jefes negociadores fueron casi idénticas: “Se están dando los pasos para la finalización del conflicto”, dijo Humberto de la Calle; “Colombia se encamina hacia la terminación de un largo conflicto”, aseguró Iván Márquez, de las Farc.

Los pasos a seguir

El Gobierno y las Farc decidieron crear “un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, que genere confianza y de garantías para su cumplimiento”.

Estará conformado por el Gobierno, por las Farc y por la misión política de la ONU, que estará integrada por observadores de países miembros de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Decidieron que esta misión política de la ONU presidirá y coordinará la verificación, dirimirá las controversias y realizará recomendaciones respecto al cese bilateral y a la dejación de las armas, según las condiciones que acuerden más adelante.

Para lograr esto, decidieron solicitar formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU “la creación desde ya de esa misión política con observadores no armados por un período de 12 meses, prorrogables a petición del Gobierno Nacional y las FARC-EP, y así como a los países miembros de la CELAC su disponibilidad para contribuir en dicha misión que será conformada por Naciones Unidas”, dice el comunicado.

Como ya había contado La Silla en noviembre, cuando el presidente Santos dijo que “llamaría de inmediato a los presidentes de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para que le dieran “rápidamente” el mandato a la ONU para verificar el cese bilateral del fuego que comenzaría a regir ojalá en enero con las Farc”, un requisito fundamental para poner a andar este mecanismo era que se lo pidieran ambos de manera formal.

Normalmente la ONU no comienza a considerar la solicitud de verificación sin tener un mandato claro sobre el tipo de verificación que ambas partes quieren pues hay muchas variables que dependen de la clase de cese del fuego que se pacte.

“No se puede diseñar la metodología de verificación sin saber cuál es el despliegue de fuerzas,” dijo una alta fuente de la ONU a La Silla en noviembre.

Si es un cese del fuego tipo ‘estatua’ como el que tenían en mente las Farc donde las tropas de lado y lado se quedan donde están pero sin estar concentrados, verificarlo es más complicado, aunque no es imposible, y la ONU ya lo ha hecho en el pasado. En general, la verificación es más compleja y costosa entre más lugares de concentración, y sería mucho más sencilla si hay un solo lugar de concentración (cosa que es improbable que suceda).

Javier Ciurlizza, director para América Latina del International Crisis Group y experto en este tema, dice que como entre la petición y la definición de la misión por el Consejo de Seguridad pasan unos dos o tres meses, basta tener claras tres cosas para echar a andar la petición: 1) la solicitud de que el liderazgo de la verificación lo asuma las Naciones Unidas; 2) que haya un cronograma claro sobre los pasos a seguir; y 3) que se sepa quién va a pagar la cuenta o, dicho de otra manera, de dónde saldrá la plata para la verificación.

“Todo lo demás se puede ir manejando”, dice Ciurlizza.

Por ahora el punto 1 está claro, del 2 se sabe que sería una misión por 12 meses prorrogables y del 3 no se ha dicho nada.

El paso siguiente a la petición de hoy es conseguir que un país miembro permanente del Consejo de Seguridad (China, Rusia, Francia, Estados Unidos o el Reino Unido) elabore un borrador de resolución dándole el mandato al Secretario General de la ONU de destinar los recursos para hacerlo. Al parecer, el Gobierno ya ha avanzado en lograr que alguno de los dos últimos presenta ese borrador.

Esa resolución la debe aprobar después el Consejo de Seguridad, donde hay otros 10 países.

La rapidez de la respuesta de la ONU depende de dos factores: primero, del nivel de acuerdo entre las partes en conflicto y del nivel de consenso que exista en el Consejo de Seguridad sobre la conveniencia de hacerlo. Y segundo, del tamaño y complejidad de lo que se requiere.

Según lo que pudo explorar La Silla el año pasado, en el Consejo de Seguridad hay buena voluntad frente al proceso de paz en Colombia porque, como dijo una fuente que conoce la movida por dentro, “es una de las pocas buenas noticias en el mundo”. Pero, como también observó, como hay tantos requerimientos de este tipo, los países que asumen el costo “quieren invertir en algo sólido y que ayude a consolidar el éxito”.

Una vez el Consejo de Seguridad la aprueba, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU abre una cuenta con un presupuesto para financiar el proceso. Y luego se decide el nombre del jefe de misión.

Luego se procede a reclutar a los observadores no armados que harán la verificación y que, según acordaron hoy las Farc y el Gobierno, deben pertenecer a los países del Celac.

La Celac es el organismo internacional más amplio de América Latina: a diferencia de Unasur o la OEA, incluye a todos los países de la región (además de varias naciones del Caribe, incluyendo a Cuba) y no tiene una tendencia ideológica definida.

Eso significa que los observadores internacionales del eventual desarme, que son por lo general oficiales militares no armados con experiencia en terrenos parecidos al colombiano, no serán solo de países con gobiernos de izquierda ni de derecha. Podrá haber cubanos y venezolanos, pero también argentinos o mexicanos. Además, no será la misma MAPP-OEA, que las Farc rechazaban de plano porque creían que como verificadores de la desmovilización de los paras fueron cómplices de muchas de las falencias que presentó ese proceso.

Estos observadores hacen dos cosas centrales: por un lado, investigan e identifican de dónde provienen las violaciones al cese del fuego. Y por el otro, se mantienen en constante comunicación con organizaciones de la sociedad civil como la Iglesia, organizaciones sociales, etc para prevenir que el cese del fuego se vaya a romper. Y si hay un incidente, ayudan a resolverlo y a desactivarlo rápidamente.

Normalmente, el trabajo de la ONU en estos casos es verificar que las partes no realicen operaciones militares.
Si el Gobierno y las Farc intentan cumplir con su fecha acordada del 23 de marzo para firmar la paz, es probable que se acuerde una avanzada que vaya preparando en el terreno lo que hará después la misión grande, que difícilmente podría estar lista para esa fecha. Sobre todo teniendo en cuenta que aún no tienen definido el modelo de cese bilateral al que se llegará.

Las implicaciones

Este acuerdo es un paso significativo en el proceso de paz por varias razones pero que conducen, todas, a que -como le dijo una fuente a La Silla- “el proceso se convierte en una escalera eléctrica de la cual es difícil salirse”.

Una vez que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución dando el mandato de verificación el costo para el Gobierno o las Farc de echarse para atrás o ponerse a dilatar el proceso es muy alto. “Es como un río sin reversa”, agregó.

Aunque las Farc han dicho en el pasado que dejarán las armas, hacerlo explícitamente como lo hicieron en este comunicado ante la ONU es otra garantía de que lo harán.

Y, quizás lo más importante, es que las mismas Naciones Unidas le meten desde ya realismo al modelo de cese del fuego. Un personaje como Jean Arnault, el delegado de las Naciones Unidas para el proceso, tiene una voz más determinante a partir de hoy.

La solicitud de las Farc y el Gobierno a la ONU entrará a competir con decenas de requerimientos de otros países que también están inmersos en conflictos y tienen o buscan misiones de la ONU: Yemen, Siria, Sudán del Sur, Congo, Afganistán, Iraq o Haití, para mencionar algunos.

La ONU destina actualmente 8.500 millones de dólares a misiones de paz y en fondos humanitarios hay requerimientos por 18 mil millones de dólares. Necesidades que terminan fondeando entre 10 y 15 países.

Dada esta restricción de recursos, el tamaño de la misión de verificación sí importa. Y ese tamaño es directamente proporcional al modelo de cese del fuego que acuerden. Entre más zonas de concentración o más estatua más costoso. Por eso, tener la ‘calculadora’ de la ONU al lado será un insumo fundamental para terminar de definir cómo se ubicarán los guerrilleros para la dejación de armas, un tema que es muy sensible política y operativamente.

Una cosa es que se le pida a la ONU que envíe 10 verificadores y otra, 100 militares y 40 helicópteros. Pero eso solo se sabe una vez se defina el modelo de cese del fuego, que debería ser el próximo acuerdo a revelar por la mesa de negociación.

Este anuncio no solo hace más viable cumplir la fecha del 23 de marzo sino que le da oxígeno al Gobierno si necesita moverla unos meses.