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Una de las propuestas de la ley de financiamiento y su tributaria es quitarle impuestos a las empresas para que sean más competitivas, pero varios gremios económicos ya le salieron al paso a la iniciativa.
Con la tributaria Duque se acerca a las empresas, pero no a los gremios
A más de un gremio el articulado de la ley de financiamiento le cayó como un balde de agua fría.
A pesar de que como contamos en La Silla en general el proyecto alivia a las empresas y pone la mayor carga del recaudo de dinero sobre las personas naturales, al menos tres gremios han hecho público su descontento por los efectos que tendría en sus sectores y en el consumo la propuesta presentada por el presidente Iván Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, si es aprobada tal como está.
Cuatro directivos de gremios con los que conversamos, que hacen parte del Consejo Gremial Nacional, nos dijeron que también hizo falta socialización previa a la radicación del articulado y que los mensajes dados sobre la tributaria en escenarios como congresos y foros fueron confusos.
Una sensación similar parecen tener los analistas de calificadoras internacionales y fondos de inversión, como lo reportó Reuters la semana pasada.
Esto es un indicador de que alinearse con las empresas en general, no necesariamente significa estar a tono con los gremios, que deben defender intereses de sus sectores particulares. Y muestra que en la discusión de la tributaria, Duque no solo tendrá que buscar apoyos y lidiar con el Congreso (donde incluso su propio partido el Centro Democrático se ha manifestado en contra de la propuesta sobre el IVA), sino también con organizaciones gremiales.
Una ley en secreto
La formulación del articulado de la Ley de Financiamiento se hizo con hermetismo.
Aunque en el congreso empresarial de la Andi, el Ministro de Hacienda dio varias pinceladas de lo que sería su programa de reactivación económica, aterrizado en la ley de financiamiento, y en varios congresos gremiales como el de Analdex (exportadores) y Asobolsa (comisionistas de bolsa), hubo poca socialización sobre los detalles.
Esto, según nos confirmaron dos directivos de gremios de manera extraoficial, no es usual.
“Este proyecto se ha estado trabajado desde la elección del presidente y ha habido mucho secretismo”, nos dijo un directivo gremial extraoficialmente, quien nos dijo que este tipo de proyectos se suelen consultar con empresarios y en particular con el Consejo Gremial Nacional, CGM, para revisar los impactos y medir el ambiente.
Una fuente de Presidencia y una fuente de Hacienda nos confirmaron por aparte que en efecto la intención era controlar los mensajes de la ley de financiamiento y por eso no se socializó el documento ni con los congresistas ni con los gremios, para evitar filtraciones del documento.
Ese hermetismo lo rompió este lunes el director de la Dian, José Andrés Romero, que en una presentación hecha en el Congreso de la Federación de Agentes Logísticos de Comercio Internacional, confirmó uno de los puntos más polémicos de la ley: la unificación del IVA en 18 por ciento (lo que baja 1 punto porcentual a la mitad de los productos de la canasta familiar y le sube entre 18 y 13 puntos a la otra mitad).
Esta declaración molestó en el Ministerio de Hacienda (nos lo confirmaron dos fuentes conocedoras del proceso) porque la declaración se dio cuando todavía no habían terminado de redactar la ley y “chivió” la rueda de prensa que tenían programada para el miércoles y una reunión con directores de medios para el viernes pasado.
La reunión con medios finalmente se adelantó para el martes y el miércoles se presentó el articulado de la ley al Congreso y se dio la rueda de prensa. Conocidos los detalles empezaron los ‘peros’ gremiales.
El malestar gremial
Uno de los primeros en manifestarse en contra de la ley fue la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que reúne a los arroceros, cacaoteros, avicultures, lecheros, porcicultores, floricultores, entre otros. Lo que resulta paradójico porque también fue este el primer gremio en apoyar a Duque en la segunda vuelta presidencial.
Los exportadores y los constructores también le salieron al paso a la ley. A los primeros les preocupa que al quitar el IVA de los alimentos les retengan más plata en la Dian por las devoluciones a las que tienen derecho los productos exportados; a los segundos les preocupa principalmente que se quiten los estímulos tributarios para vivienda de interés social y prioritario.
Con comunicado y rueda de prensa la Sociedad de Agricultores Colombianos, SAC, dijo que el incremento del IVA era inconveniente porque puede afectar el consumo y en particular a los hogares pobres que no recibirán la compensación del IVA.
De acuerdo con la SAC esto afectaría el consumo de alimentos de las personas de bajos ingresos que no alcanzarán a recibir el auxilio que tendrán las personas más pobres (según la ley el 30 por ciento de la población más pobre recibirá un subsidio de 51.300 pesos), esto, se entiende, afectaría las ventas de los productores de alimentos.
Adicionalmente, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, dijo a La Silla Vacía que la eliminación de las exclusiones y exenciones de IVA a los insumos agrícolas (como semillas, abonos) y a maquinaria sería un duro golpe para el sector.
Si bien, los agricultores tendrán una gabela que les permitirá no pagar renta por diez años en nuevos proyectos, esto será solo para aquellos que tengan inversiones de cerca de 275 mil millones de pesos anuales en seis años, entre otros requisitos. Algo a lo que no muchos empresarios del sector pueden acceder.
Los exportadores también salieron al paso a la ley, su preocupación principal tiene que ver con que hoy la Dian se demora ocho meses en promedio para hacer las devoluciones del IVA a la que tienen derecho los productos que se venden en el extranjero.
Según el presidente de Analdex (Asociación Nacional de Exportadores), Javier Díaz Molina, ponerle IVA a los alimentos básicos, va a crear un problema mayor a los exportadores de alimentos, que ahora tendrán más caja atrapada por devoluciones del IVA pendientes en la Dian, que se demora hasta 8 días para hacer el trámite.
Dice que hay tecnología para que estas devoluciones se hagan más rápido pero que implementarlas tomarían varios años, mientras que el impacto al sector será inmediato.
Camacol es otro de los grandes gremios que está preocupada, su molestia se ha centrado en que cuatro de los cinco componentes de la vivienda de interés social que estaban exentas de renta, en el estatuto tributario, estarán gravados ahora.
De acuerdo con la directora del gremio, Sandra Forero, estos estímulos explican en parte el éxito del programa de viviendas gratis, y les sorprendió como gremio que quitaran la mayoría de ellos, en primer lugar porque ya habían expuesto ante el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda la importancia de estas gabelas para la construcción de viviendas de interés social y prioritario.
Para Forero, las medidas de ajuste en el IVA y el impuesto de renta también pueden golpear la capacidad de consumo de las personas naturales y esto afecta la capacidad de comprar viviendas.
“Nos sorprendió porque habíamos pedido que tuvieran en cuenta lo de la vivienda de interés social y porque desde la campaña el Gobierno hablaba de la importancia de estos”, le dijo Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol a La Silla.
Ahora bien, no es inusual que haya gremios con preocupaciones puntuales sobre la reforma.
Como nos dijo un exfuncionario de Hacienda del gobierno anterior nos dijo medio en broma y medio en serio: “Si Andi, Fenalco, la SAC y Camacol no se quejan es por que hay algo raro”.
Fenalco no se ha pronunciado todavía, según nos confirmaron en la oficina de comunicaciones están revisando la ley y se pronunciarán este martes. La Andi, por su parte, emitió un comunicado escueto en el que invitó a evaluar la propuesta en su totalidad y no por partes.
El presidente del gremio, Bruce Macmaster, nos dijo que en la Andi estaban evaluando la ley y que todavía no tienen un balance completo de la misma. Macmaster nos dijo también que su prioridad es mirar a futuro pero que lamenta que no se hubiera dado una conversación con los empresarios antes, y le preocupa que se de un debate más político que técnico sobre un tema tan delicado.
Mientras tanto el Gobierno está jugado con la propuesta presentada, tanto el viceministro Luis Alberto Rodríguez como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dicen que es lo que necesita para recoger los 14 billones faltan en el presupuesto y corregir inequidades del estatuto tributario que es complejo y que pone la mayor carga de la tributación sobre las empresas y no sobre las personas naturales.
Pero lo que viene en la negociación con los gremios y el congreso no será fácil.
Lo que viene
El proyecto de ley fue radicado el pasado miércoles en la Cámara y todavía no hay fecha para los debates.
Pero el Gobierno ya empezó su estrategia de defensa y socialización de la ley. Para empezar el viceministro Rodríguez ha estado atendiendo medios de comunicación y se reunió el sábado con periodistas, mientras el Ministro dio una entrevista este fin de semana a El Tiempo y se encontró con directores de medios. La razón por la que Rodríguez ha estado más expuesto en medios es porque su imagen es más fresca y no tiene el desgaste de un debate de moción de censura reciente.
Este miércoles, el Ministro y el Presidente, se reunirán con el Consejo Gremial Nacional, CGN, para escuchar las preocupaciones y principalmente para buscar en ellos apoyo.
De entrada ya tiene uno. El presidente del CGN y de Fasecolda (gremio de aseguradores), Jorge Humberto Botero (quien fue ministro de industria y comercio de Álvaro Uribe), dijo que le gustaba la ley y que el efecto que puede tener en los precios al consumidor será momentáneo.
Pero la presión gremial seguirá. Dos gremios nos confirmaron que además de dialogar con el Gobierno conversarán con congresistas para mostrarles sus argumentos y apuntarle a modificaciones en el proyecto de ley.
Además, porque al Gobierno le quedará difícil argumentar que las exenciones sectoriales se eliminarán, cuando en el proyecto contempla algunas gabelas para el sector hotelero (que podrá pagar renta de 9 por ciento para nuevos hoteles y remodelaciones de ciertos montos por 20 años), para nuevos inversionistas del sector agrícola y para la industria naranja.
La discusión apenas comienza y todavía hay varios gremios que no se han pronunciado porque siguen haciendo cuentas del impacto que tendrá la reforma en sus respectivos sectores.
Ahora, el balón está en el Congreso pero los senadores y representantes no son los únicos que le podrán presionar cambios en esta nueva reforma tributaria.
