Con lobby empresarial en contra, Escazú se empantana en el Congreso

Minutos después de que el presidente Iván Duque hablara ayer ante la Asamblea General de la ONU y destacara como uno de sus logros la firma del Acuerdo de Escazú, el senador uribista Ernesto Macías, uno de los más cercanos a la Casa de Nariño, envió una carta al Ministerio del Interior pidiéndole detener el trámite de la ratificación de este tratado, que se necesita para que entre en vigencia en el país.

La razón: el Senador considera que el proyecto que presentó el Gobierno para que el Congreso ratifique el Acuerdo debe tener primero una consulta previa con comunidades afro e indígenas.

A grandes rasgos, el Acuerdo de Escazú protege cuatro derechos clave para el medio ambiente, una de las causas que más activó el Paro Nacional: 

• acceso a la información de proyectos ambientales

• participación pública en asuntos ambientales

• justicia eficaz para dirimir las controversias entre empresas y comunidades

• protección a los líderes ambientales cuando este año, según la Defensoría del Pueblo, han sido asesinados más de veinte líderes ambientales; y la organización Global Witness alerta que la cifra llegó a los 64 asesinatos en 2019.

La carta de Macías, que aún no ha respondido el Ministerio, es el más reciente de una serie de escollos que ha tenido la ratificación. Tanto que no es claro que sea aprobado pese a que Duque envió mensaje de urgencia, con lo que el Congreso tiene plazos más cortos y el proyecto puede salir en menos debates que los usuales.

Pero lleva tres meses en las comisiones segundas, sigue sin la ponencia que se necesita para debatir y no es claro que vaya a ser a su favor.

El impulso y la empantanada

Como muestra de responder rápido a las peticiones de la calle en pleno Paro, el presidente Duque firmó el Acuerdo en diciembre del año pasado; y fue uno de los pocos proyectos fruto de la Conversación Nacional que el Gobierno presentó para trámite urgente en el Congreso en julio.

Los activistas ambientales entendieron, con esas dos acciones, que el Gobierno estaba comprometido.

“El sector privado había sido muy exitoso en bloquear Escazú, pero fue una decisión política del Presidente”, nos dijo el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, del Foro Nacional Ambiental.

Incluso, un presidente de un gremio con asiento en el Consejo Gremial Nacional, entidad que se opone al tratado y es cercana a Duque, nos dijo que la firma sorprendió al empresariado porque el Presidente no se las mencionó en sus constantes reuniones.

Colombia es uno de los 23 países de la región que ha firmado el tratado; nueve ya lo ratificaron en sus Congresos. La Cepal, que impulsó el Acuerdo desde 2018, puso como fecha límite para la firma del texto este sábado 26 de septiembre, y algunos líderes ambientales esperaban que para este sábado el Congreso lo hubiera ratificado, como un símbolo de respaldo a la causa ambiental.

Sin embargo, el trámite está lejos de ser fácil.

Por un lado, está la minucia política. Aunque ha tenido dos audiencias públicas en las últimas dos semanas, no está en el orden del día para que los miembros de las comisiones lo voten, porque no hay ponencia que votar.

Usualmente, cuando un proyecto está al mismo tiempo en dos comisiones (como una reforma tributaria) los ponentes presentan un mismo texto. En este caso no ha sido así.

En Senado, el coordinador de ponentes es el conservador Juan Diego Gómez y no ha presentado su texto. Hace unos días envió un borrador a los otros cinco ponentes, pero por causas médicas no ha asistido a las sesiones.

En Cámara, el representante paisa Mauricio Parodi (Cambio Radical), nos dijo que aún no define si su ponencia será a favor o en contra. “Hemos pedido al Gobierno y organismos sociales que se manifiesten por escrito con justificación de por qué les parece bueno ese proyecto”, nos dijo.

Eso, a primera vista es sorprendente: el proyecto lo firmaron seis ministros (Ambiente, Cancillería, Cultura, Interior, TIC y Justicia), a las audiencias han ido viceministros o jefes de las carteras y han defendido la ratificación, y organizaciones ambientales que estuvieron en las mesas de la Conversación Nacional nos dijeron que el Ministerio de Ambiente se movió con ellos para impulsar las audiencias, recibir sus dudas y atender sus llamados.

Pero los siete congresistas de ambas comisiones que consultamos para esta historia nos dijeron, por aparte, que no han sentido el lobby fuerte usual del Gobierno cuando quiere la aprobación de proyectos.

“No se ha movido nada y eso es normal en este Gobierno. Ahí de que la Canciller, el Ministro llamen para presentar la ponencia, eso no ha pasado”, nos dijo el senador ponente Berner Zambrano, de La U.

“El Gobierno se quiere lavar las manos con nosotros”, nos dijo a su turno otro congresista, de Cambio Radical.

El Gobierno dice que sí tiene interés: “el Congreso debe hacer el debate democrático”, nos dijo Diego Molano, vocero de Presidencia. Del Ministerio de Ambiente nos dijeron que trabajan en coordinación con las otras cinco carteras “a fin de que surta su trámite legislativo con la celeridad que estos temas ameritan”.

Pero ni en el uribismo hay claridad. “Sé que el Gobierno tiene un compromiso, pero hay temas que nos preocupan, especialmente para la productividad”, nos dijo el senador John Harold Suárez, de la comisión donde debe tramitarse el proyecto. También nos confirmó que en el partido del Presidente no hay una postura unificada sobre ese Acuerdo.

A la movida de Macías para detener el trámite, se suman las posturas de congresistas uribistas como María Fernanda Cabal, Alejandro Corrales o Gabriel Vallejo Chujfi, todos cercanos a sectores ganaderos y cafeteros, que han criticado abiertamente la ratificación por las afectaciones que, consideran, tendría su entrada en vigencia.

Es en la discusión sobre su alcance donde está la segunda gran traba para que el tratado sea ratificado.

El pulso entre gremios y ambientalistas

Las nueve fuentes empresariales y ambientalistas consultadas para esta historia coinciden en decirnos, por aparte, que en Colombia hay suficientes leyes para proteger los cuatro derechos que ampara el Acuerdo, como las de acceso a información pública, la de consulta previa o las normas de licencias ambientales.

El problema es que no se aplican o se aplican a medias.

El punto de debate es la percepción que tienen de cómo afectaría el Acuerdo a estas leyes, una discusión que ya en Perú llevó a que no se ratificara y a Chile a anunciar, ayer que tampoco lo hará.

Por un lado, los empresarios vienen haciendo lobby en contra. Le dicen a congresistas y al mismo Gobierno que justo cuando se juega la reactivación económica, el Acuerdo pondría en duda la seguridad jurídica.

”Hay temas jurídicos que implican un riesgo”

Jorge Bedoya, SAC

Eso porque “implicaría acogerse al control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental”, como expone esta carta que envió el Consejo Gremial Nacional a Duque para pedir el archivo del proyecto.

“El acuerdo tiene temas jurídicos que nos presentan un riesgo”, nos dijo Jorge Bedoya, cabeza de la Sociedad de Agricultores (SAC), especialmente las ‘reexaminaciones’ de proyectos por la justicia internacional.

Eso, a su juicio, pondría una traba más a proyectos con impacto en las regiones, que en muchos casos ya tienen retrasos de años si exigen consultas previas con las comunidades.

“Con el Acuerdo de Escazú, quien sea acusado o investigado por una actividad que afecta el ambiente, tendrá la carga de la prueba, sea un empresario o un campesino. Al traste la presunción de inocencia”, dijo Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP).

Por su parte, el presidente de Fedegán y directivo uribista José Félix Lafaurie, indicó que Escazú va a “judicializar” decisiones ambientales. “Un propietario puede ser llevado ante un juez o ante instancias internacionales ideologizadas”, escribió en esta columna del lunes.

“Meterle más burocracia a esto y más duplicidad de leyes termina, eventualmente, afectando a las comunidades que queremos proteger”, nos dijo, a su turno, Maria Clara Escobar, directora del Instituto de Ciencia Política, que se ha opuesto al Tratado.

”Escazú lo que hace es abrir una discusión a nivel nacional”

Vanessa Torres, Ambiente y Sociedad

Aunque en el Consejo Gremial dicen que les gustaría revisar el proyecto, como es un tratado internacional no se puede modificar. “Por eso pedimos el archivo”, concluye Bedoya.

Del lado opuesto, los ambientalistas dicen que las dudas jurídicas no tienen cabida porque Escazú no crea nuevas leyes; y consideran que hay una campaña de los empresarios para hacerle “mala fama” al tratado, como nos dijo el senador y ponente verde, Antonio Sanguino.

“Ningún tratado puede obligar a que se implementen normas. Escazú nos abre a una discusión a nivel nacional: discutir la efectividad de las normas y a organizar su contenido”, nos dijo Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad y quien desde 2014 le hace seguimiento a las negociaciones del tratado.

Torres nos explicó que a pesar de las leyes de acceso a la información en entidades como la Agencia de Licencias Ambientales (Anla) “muchos de los expedientes están en físico e incompletos. Si para uno que trabaja en estos temas es difícil acceder, imagínate a una persona del común”.

Esa es una queja recurrente incluso dentro del mismo Gobierno. Una fuente del sector ambiente y otra de Palacio nos confirmaron, por aparte, que a veces el acceso a información ambiental se destraba porque la Casa de Nariño pide acelerar los trámites.

Lo mismo ocurre en temas como la discusión de los proyectos petroleros con las comunidades.

”Más burocracia afecta los derechos de las comunidades”

María Clara Escobar, ICP

En Putumayo, el departamento con más proyectos activos de extracción de petróleo (39 de los más de 300 en el país), solo hay un acuerdo para implementar proyectos sociales para las comunidades.

“Es un ejemplo que sirve para darnos cuenta de que hay un riesgo muy grande de que se activen procesos judiciales”, nos explicó Torres para indicar cuál es, a su juicio, una de las razones por las que debe haber una discusión sobre la efectividad de las leyes existentes.

"Lo que queremos con Escazú es que las comunidades tengan una decisión certera frente a las actividades, que estén al tanto de lo que pasa en los territorios frente a procesos extractivos y cuáles son los impactos ambientales", explicó a su turno, Katherine Casas, investigadora de Crudo Transparente, otra organización civil que presionó para la firma del Acuerdo.

Hoy, si no hay acuerdos entre empresas y comunidades, normalmente éstas últimas acuden a tutelas y jueces para parar los proyectos.

“Hay muestras de que muchos conflictos ocurren porque no hay información y judicialización correcta. Cada caso se resuelve de manera independiente, y lo que necesitamos son reglas claras para todo”, nos dijo Lina Muñoz, directora de la maestría en derecho ambiental del Rosario y una de las académicas más enteradas del tema.

Para el exministro Rodríguez Becerra, al sector privado “le convendría tener más participación y transparencia en lo ambiental, porque eso es lo que lleva a la judicialización”. Por eso, le propuso al empresario Lloreda un debate jurídico sobre las normas que les preocupan, que el dirigente gremial hasta ahora no ha respondido.

Con ese debate y los enredos en el Congreso, no es claro qué va a pasar. Según los cálculos del senador Sanguino, la idea es que en las próximas semanas, mucho después del límite simbólico que puso la Cepal, arranque el debate.

La gran pregunta en la que coinciden empresarios, congresistas y ambientalistas es para qué lado empujará al final Duque: si para darle sustento a su sacada de pecho en la Onu con Escazú, tensionando la relación con los empresarios que son uno de sus grandes soportes de gobernabilidad, o para darles una noticia que los tranquiliza pero que puede ser una causa más de la molestia social.

Eso, cuando tiene una coalición legislativa que en principio está fortalecida con los ministerios que le ha dado a conservadores, La U y Cambio Radical, y que ya ha servido para elegir a personas cercanas al Presidente en todos los órganos de control, hace que cualquiera que sea el resultado, le quede más difícil decir que no tuvo que ver.