Con pandemia y quejas, avanza lento el Pdet más grande del país

El coronavirus no sólo ha frenado el comercio, el empleo, la educación, sino también la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que hacen parte del punto de Reforma Rural Integral de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y las antiguas Farc. 

Una muestra de ello es lo que ocurre con el Pdet de la subregión del Alto Patía y del Norte del Cauca que, integrado por 24 municipios, es el más grande del país y ya de por sí venía lento en su aterrizaje.

Allí, varios proyectos, que hasta antes de la cuarentena estaban empezando a implementarse, hoy están quietos y no se sabe cuándo reanudarán. 

Por ejemplo, iniciativas agropecuarias de cultivos y tratamiento de cosechas, obras de infraestructura y mejoramiento de redes de servicios públicos en el norte del Cauca y sur del Valle y procesos comunitarios de participación en varios municipios.

En medio del confinamiento nacional que ya cumplió dos meses, pudieron continuar algunos trabajos urgentes que ya se entregaron, como la terminación de un puesto de salud en Siberia, la construcción de una caseta comunal en Miranda, y dos puentes y otra caseta comunal para un resguardo indígena en Dagua.

Pero muy pocos proyectos productivos, como uno de piscicultura en Monterredondo, donde hay un espacio de reincorporación de excombatientes, continuaron a pesar de la crisis sanitaria.

Por el Covid cambió incluso la gestión y estructuración de las iniciativas, como nos lo contaron en la Agencia de Renovación del Territorio, ART, que es la que se encarga de coordinar la ejecución de los Pdet con comunidades y organizaciones. 

Hace dos semanas, para citar un caso, se llevó a cabo una reunión virtual en la que participaron 220 personas entre alcaldes de los municipios Pdet, gobernadores de Cauca y Nariño, un delegado de la Gobernación del Valle, representantes de organizaciones sociales, comunidades indígenas, afro y campesinas, para empezar a construir la hoja de ruta de las siguientes etapas de la implementación. 

Esa implementación ya venía lenta y con quejas de varios líderes de la subregión, quienes nos dijeron que aunque sí conversan con el Gobierno Nacional a través de la ART, la formulación de lo que se hace no siempre es consultada con ellos. 

En eso coincide Catherine Duque, coordinadora de la línea de investigación en Movimientos Sociales y Construcción de Paz del IEI de la Universidad Javeriana de Cali, que ha acompañado a las comunidades en este proceso.

Ella destaca que, aunque el Gobierno ha hecho esfuerzos para articular con alcaldías y gobernaciones la inclusión de los Pdet en los planes de desarrollo de los entes territoriales, pero “no hay un compromiso claro para dialogar con las comunidades ni tampoco para reconocer y entender los procesos territoriales de la región”. 

Todos los Pdet están retrasados. Empezando porque debían quedar listos en el Gobierno de Juan Manuel Santos, pero se terminaron de estructurar en este Gobierno y eso llevó a replantear el cronograma de ejecución.

La ART planea tener en julio de este año la estructuración técnica de cada iniciativa para saber cuánto cuesta, quién será el contratista y las especificaciones técnicas de cada una. 

Frente al Pdet de Alto Patía según el reciente informe de la Consejería para la Estabilización, 2018 a 2020 se estimaron inversiones por 55.303 millones en 362 proyectos. En nueve municipios se invirtieron 31.865 millones para 115 obras ejecutadas, 67 adicionales en proceso y do por ejecutar. En los 18 municipios restantes aún faltan contratar 178 proyectos de infraestructura vial, social y comunitaria o de servicios pu?blicos de mediana y baja complejidad con una inversio?n estimada de 23.438 millones.

Poca comunicación

La construcción de este Pdet empezó a finales del año 2018 en una Comisión en la que participaron 1.200 delegados de los 24 municipios de la región. Ahí se firmó el Plan de Acción de Transformación Regional (PATR).

En este acuerdo se propusieron alrededor de 4.466 iniciativas municipales y regionales y 684 iniciativas étnicas. 

Luego, la ART priorizó 52 de esas iniciativas a partir de una hoja de ruta general para los Pdet creada por la entidad y cuyo piloto se ejecutó en el Catatumbo y en este año se empezó implementar en la región del Alto Patía y Norte del Cauca. 

Los criterios para la priorización de esas iniciativas fueron el estado de avance de las propuestas, el tipo de iniciativa a ejecutar (proyecto, de gestión o capacidad institucional), su impacto en reducción de brechas, acceso a derechos y desarrollo territorial, su convergencia con los PATR, las agendas territoriales y otros instrumentos de planeación.

Las iniciativas priorizadas en esta subregión, según le contó a La Silla Víctor Collazos, líder de la organización campesina Erpaz, una iniciativa que articula a organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, mujeres y víctimas que ha participado en la formulación y seguimiento a este Pdet, son proyectos productivos y obras de construcción y mejoramiento de infraestructura.

Jose Luis Valencia, director del Pdet, nos dijo por su parte que los recursos para la ejecución provienen de dos fuentes.

La primera es el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad Paz, que define qué proyectos se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, que ya aprobó un presupuesto de inversión de 155 mil millones para nueve proyectos del Alto Patía y Norte del Cauca. 

Ese presupuesto es para los proyectos macro del Pdet como redes eléctricas y vías grandes. 

Hasta el momento, han sido aprobados 14 proyectos para el Alto Patía con presupuesto de OCAD Paz, uno de ellos es para el mejoramiento de vías terciarias que beneficiarán a ocho municipios del Norte del Cauca y Sur del Valle. 

La segunda fuente de financiación son las empresas privadas que pagarán impuestos haciendo obras de infraestructura. 

En el momento hay 37 mil millones para cuatro obras grandes, todas vías: dos en Suárez, una de las cuales ya está terminada; una de Caloto a Santander de Quilichao y otra que va de Toribío a Jambaló. Según Valencia, quienes están ejecutando las obras son las mismas comunidades indígenas, negras y campesinas. 

En esta subregión se han hecho 360 pequeñas obras Pdet, que son aquellas de ejecución rápida financiadas por empresas privadas y por la cooperación internacional, entre las que se encuentran mejoramiento y construcción de escuelas, centros de salud, placa huellas, bateas, muros de contención, alcantarillados, redes eléctricas y de acueducto, entre otros proyectos de baja complejidad y que en algunos casos las ejecutaron las mismas comunidades. 

Además, se han implementado 18 proyectos de reactivación económica de piscicultura, bodegas para almacenamiento y tratamiento de cosecha agrícola, mejoramiento y construcción de locales para peluquería, artesanías, reparación de motos con una inversión aproximada de 9.617 millones. 

Valencia, de la ART, añadió que a través de la participación de grupos motores, que son delegados elegidos por las mismas comunidades en cada uno de los 24 municipios y que tienen la función de supervisar y acompañar la implementación del Pdet, se ha establecido una “armonización del proceso” para comunicar cuáles iniciativas se están implementando y para que las comunidades participen en ellas.

Además, los delegados están ayudando a los funcionarios de la ART, para que las iniciativas que se van a priorizar en cada uno de los municipios queden incluidas en los planes de desarrollo municipales y departamentales para el 28 de mayo de este año.

Sin embargo, la etapa de ejecución de este Pdet tiene críticas de las mismas comunidades, agrupadas en 185 organizaciones sociales indígenas, negras, campesinas, de mujeres y LGBT, que estuvieron en el proceso de construcción del programa.

Una de las principales es que según ellas no se tuvieron en cuenta a las comunidades para definir lo que se priorizó de las 4.466 iniciativas propuestas inicialmente.  

Para Víctor Collazos, de Erpaz la metodología de ejecución y los criterios de priorización no responden a las particularidades regionales, por ejemplo en el Alto Patía era clave, según él, tener en cuenta las condiciones ambientales y geográficas de la zona. 

Collazos y las organizaciones sociales y universidades que hacen seguimiento al Pdet dicen que en la implementación se ha dado una especie de ruptura entre las comunidades y el Gobierno de Iván Duque que se evidencia en falta de comunicación y de información frente a cómo va la ejecución y el presupuesto para eso. 

Catherine Duque, coordinadora de la línea de investigación en Movimientos Sociales y Construcción de Paz de la Universidad Javeriana de Cali, que ha acompañado a las comunidades en este proceso, dijo a La Silla que “sólo pudimos recibir información sobre lo que la ART estaba haciendo en la implementación gracias a un derecho de petición”. 

La respuesta que obtuvieron a finales del año pasado sólo presentaba la enumeración de  algunas obras de infraestructura y proyectos económicos estructurados y ejecutados en los municipios, pero no dieron mayores detalles de los presupuestos, según le dijo la coordinadora Duque a La Silla. De hecho, la ART regional no tiene el dato consolidado de porcentaje de avance de las 52 obras priorizadas, según supo La Silla.

Además, la académica agregó que, incluso antes de la pandemia, no había habido reuniones presenciales este año entre la comunidad y los funcionarios de la ART.

Al respecto, José Luis Valencia, el director del Pdet por parte de la ART, nos aseguró que la entidad ha hecho un esfuerzo por mantener informados de todo a los voceros de los 24 municipios y que, en cualquier caso, las decisiones tomadas hasta ahora han tenido aval de la comunidad. 

Más allá de las quejas por la falta de comunicación, la implementación se ve afectada por el tema de la seguridad.

Solo en estos dos meses de cuarentena, han sido asesinados diez líderes sociales en el Cauca.

"No tenemos garantizado nada, ni siquiera la vida. Así cómo vamos a pensar en transformación territorial, cómo vamos a pensar en participación en el Pdet”, remató un líder social que prefirió no ser citado por seguridad.