Con su decisión sobre Santrich, la JEP deja más frágil la justicia transicional

La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, de mantener la garantía de no extradición de Jesús Santrich y ordenarle a la Fiscalía que tramite su libertad inmediata, es un maremoto que ya va en que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció públicamente su renuncia. Al final, la decisión de Martínez refuerza una consecuencia central de la decisión: la justicia transicional queda más frágil.

Esto porque no solo, como era predecible, es un tanque de gasolina para los gringos que critican el manejo de la extradición y para los enemigos del acuerdo de Paz. Sino también porque no fue una decisión unánime de la sala de la JEP que tomó la decisión por una mayoría estrecha y porque entre sus críticos están amigos claves del Acuerdo como la Procuraduría, que anunció que apelará la medida, secundada por la representante a la Cámara Juanita Goebertus, una de las asesoras jurídicas clave del negociador principal en La Habana, Sergio Jaramillo.

Por las razones que he expuesto, comparto plenamente la decisión de la Procuraduría de apelar el fallo de la JEP. https://t.co/QJLOPZtiZb

— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 15 de mayo de 2019

Lo anterior sin mencionar la torpeza de la JEP durante la rueda de prensa, cuando los otros magistrados abandonaron el recinto después de explicar su decisión y le dejaron el micrófono a la magistrada que salvó el voto con lo que fue precisamente la que se oponía quien tuvo la última palabra frente al público en el polémico caso.

Por eso, y porque la decisión envía dos mensajes contra la Fiscalía y los Estados Unidos, no solo galvaniza al uribismo y golpea fuertemente las relaciones bilaterales con Estados Unidos (que pasan por una crisis por cuenta del narcotráfico y la extradición, los dos temas centrales del caso Santrich, y en un ambiente enrarecido por la presión de las visas), sino que pone a la JEP en una posición más difícil.

Una decisión fundamental

Aunque ayer hubo rumores de que la Sección de Revisión iba a anunciar una decisión sobre Santrich, finalmente el anuncio se postergó y la JEP dio el anuncio, vía Twitter, a las 10:42 de la mañana.

Salió esta mañana justo después de que a las 9.35 de la mañana otra sala, la de Reconocimiento, refrendara la decisión que tomó hace tres semanas de pedir la captura de El Paisa por haber incumplido con algunas de sus obligaciones con la JEP.

Según una fuente de adentro de la JEP, decidieron aplazar el anuncio de la extradición con la idea de que la decisión sobre El Paisa ayudara a matizar el impacto de la de Santrich, y quedara claro que también estaban dispuestos a usar el garrote.  Pero a juzgar por las reacciones públicas y en las redes, parece no haber tenido ese efecto. Quizás porque si bien El Paisa es conocido por ser uno de los jefes farianos más violentos, el caso Santrich ha ocupado un lugar central en la agenda política desde que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reveló el escándalo en abril de 2018. Eso por varios motivos:

• Santrich era una figura simbólica de las Farc. Aunque no era tan conocido como otros jefes guerrilleros antes de las negociaciones, se hizo famoso a lo largo de la negociación porque fue el negociador más radical de las Farc.

  Eso tanto en la mesa con temas como la amnistía para los presos o que los guerrilleros pudieran participar en los Pdets (al final el Gobierno dijo que no); como fuera de ella, especialmente con su respuesta de  ‘quizás, quizás, quizás’ cuando le preguntaron si le responderían a sus víctimas en la instalación oficial de las negociaciones en Noruega.

  Además, la Farc lo eligió para ser uno de sus representantes a la Cámara, por lo que al momento de su captura era un congresista en ciernes, simbólico del paso de las armas a la política.

• El caso alimentaba la visión de las Farc como banda narcotraficante. Que el escándalo sea porque Santrich presuntamente armó un negocio para exportar cocaína deslegitima el Acuerdo.

• Su detención ya fue un golpe duro a la implementación. Cuando la Fiscalía capturó a Santrich, el 9 de abril de 2018, disparó la desconfianza de varios líderes de la Farc con el cumplimiento del Acuerdo desde el otro lado.

Aunque Timochenko mantuvo el apoyo al proceso (con críticas) y sus congresistas se posesionaron, fue en reacción a ella que ‘El Paisa’ se fue del espacio de capacitación de Miravalle y que Iván Márquez se fue a ese espacio y luego se escondió.

La importancia es tal que Márquez dijo que el elemento clave para que se la juegue por la JEP es la decisión de Santrich.  "No es que seamos desconfiados, es que estamos esperando hechos. Él (El Paisa) está esperando un hecho y es la excarcelación de Santrich”, dijo en abril de 2018.

Por todo eso, la decisión de la JEP iba a definir en buena medida su imagen y su futuro. Y por eso la importancia no sólo de lo que decidió sino de las razones para hacerlo.

La decisión

Poco después del mediodía, y con una tardanza de más de media hora frente a la convocatoria inicial (mientras los magistrados pulían detalles del texto), el magistrado ponente Jesús Ángel Bobadilla tomó la palabra para leer un comunicado de prensa.

Rodeado de la presidente de la JEP, Patricia Linares, y de la magistrada Caterina Heyck, de la misma Sección de Revisión explicó que la decisión fue dividida: dos de los cinco magistrados de la Sección, Gloria Amparo Rodríguez y Catalina López Díaz, se apartaron de la decisión mayoritaria tomada por Bobadilla, Hecyk y Adolfo Murillo.

Según el comunicado, el argumento central de la mayoría para no conceder la solicitud de extradición de Santrich es que no obtuvieron pruebas suficientes para saber cuándo ocurrieron los hechos por los que la justicia gringa investiga a Santrich.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”, dijo.

Es decir, no dijo que Santrich no haya cometido los delitos, sino que la decisión de la justicia gringa de no enviar más pruebas impidió que pudieran evaluar la solicitud de extradición, para saber si los hechos fueron antes del 1 de diciembre de 2016, con lo que serían de su competencia, o después.

Como no dijo (ni era su función) que no hubo delitos, explicó que el caso contra Santrich seguirá avanzando, pero en Colombia. La Sección lo enviará a la sala de instrucción de la Corte Suprema, que investiga en primera instancia a los congresistas, y a la Sala de Reconocimiento de la JEP, para que definan si son competentes para adelantar la investigación.

Más allá de eso, mandó dos mensajes muy duros.

Uno, el más visible, contra la Fiscalía: compulsa copias ante la Judicatura y Control Interno de la Fiscalía “a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia“.

Argumentó que una de las pruebas clave era la declaración de un agente de la DEA que actuó en Colombia, pero que la Fiscalía no demostró que lo hiciera cobijado por una solicitud de asistencia judicial. En cambio, la Fiscalía les respondió que el agente actuó como un particular, lo que a su juicio puede violar la soberanía colombiana y los derechos de los ciudadanos.

Otro, menos visible, dura para los gringos: dijo que con el Acuerdo “varió la tradición jurídica en materia de extradición”, lo que golpea el corazón de los argumentos del Departamento de Justicia de por qué no estaban obligados a enviar pruebas y la JEP debía dar luz verde a la extradición.

"Debemos rechazar esta solicitud dado que es contraria a la costumbre que hemos seguido al aplicar el tratado y solicita evidencia innecesaria para decidir sobre esta solicitud de extradición" (we must decline this request, since it is both contrary to our treaty practice, and asks for evidence unnecessary to rule on this extradition request.) "Es importante que sigamos la costumbre en todos los casos" (It is important that we follow that practice in all cases.), dijo el Departamento de Justicia gringo en la respuesta oficial a la solicitud de la JEP de enviar pruebas.

Como un articulo constitucional para el aterrizaje del Acuerdo exige que la JEP "evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización", la decisión sobre Santrich marca el precedente de una evaluación mucho más estricta que la usual para conceder la extradición.

Durante la lectura de Bobadilla, la magistrada Claudia López había estado presente, del lado de los periodistas, y en por lo menos dos momentos hizo gestos que llevaron al magistrado a interrumpir la lectura.

Luego, tras la salida de Linares, Heyck y Bobadilla de la sala, López mostró sus duras críticas contra la decisión que explican su salvamento de voto.

Dijo que el "indictment" de Estados Unidos era prueba suficiente para autorizar la extradición. Además, que la Sala pudo haber pedido más pruebas para poder verificar cuándo se cometieron los hechos (un argumento que coincide con el de la otra magistrada que salvó el voto); que no hay víctimas acreditadas en este caso; o que no se aprovechó para comprometer a Santrich con la verdad y la no repetición a pesar de mantenerle el beneficio de no extradición.

Con eso, la rueda de prensa terminó recordando que la decisión, a pesar de lo fuerte, no es de consenso. Y eso, sumada a la posición de la Procuraduría, puede llevar a que sea más un nuevo motivo de presión a la JEP que uno de alivio, a pesar de que tenga de las dos cosas.

Más presión que alivio

La decisión puede producir, de entrada, dos grandes efectos positivos para la implementación.

Uno, es que llega directamente a la preocupación de los desmovilizados que sienten que la extradición es una amenaza permanente, tanto por el antecedente de los jefes paramilitares que pactaron con el gobierno de Uribe en Ralito como por la presión del uribismo, los gringos y el gobierno Duque (a través de una de sus objeciones) para facilitar ese trámite.

Al no solo negar la extradición sino ordenar la libertad de Santrich y subrayar que debe ser inmediata, la JEP puede ayudar a disipar ese fantasma.

Otro, relacionado, es el de las víctimas de que una extradición golpee su derecho a la verdad. De hecho, Bobadilla dijo “el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuanto a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.”.

Sin embargo, esos logros de la justicia transicional pueden ser menores que el efecto negativo.

Por un lado, la renuncia de Néstor Humberto aumenta la presión, pues envía el mensaje -con el cubrimiento triple A que merece una noticia de esa índole- de que fue una decisión atrabiliaria, y por una persona que si bien ha sido crítico del Acuerdo, también estuvo en el Gobierno Santos.

Por otro, porque muestra fragilidad dentro de la JEP. No solo porque la decisión no haya sido unánime, sino por la dureza de las críticas de López y por la forma de presentarlas, en la misma rueda de prensa y con el mismo despliegue del comunicado de prensa, pero como la última palabra del evento.

Y, por uno más, porque el que la Procuraduría se muestre en contra, cuando la delegada para el tema es la exgerente jurídica del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Mónica Cifuentes, y que además sea secundada por una de las personas que más conoce el Acuerdo de Paz como Goebertus, debilita el apoyo a la decisión y por lo tanto a la JEP.

Todo eso cuando las objeciones de Duque a la ley estatutaria están empezando su trámite en la Corte Constitucional, incluyendo la que tiene que ver con la extradición, y cuando el fantasma de la ‘descertificación’ gringa está muy vivo en el gobierno Duque. 

Encima, cuando esa decisión va a aparecer como la responsable del nuevo problema político del país: quedarse sin Fiscal General y con el chicharrón de elegir uno nuevo en un año electoral, con un Gobierno alejado de las Cortes (y perteneciente a un partido que ha propuesto en el pasado una Asamblea Constituyente para reformar a la justicia) y cuando la terna para elegir la arma el Presidente, y define la Corte Suprema.