¿Congelada política agraria mientras se instala la Mesa de Paz?

La política agraria pasa por un momento de borrón y cuenta nueva. De un lado, porque el gobierno no ha podido sacar adelante el Estatuto de Desarrollo Rural, porque muy posiblemente haya cambio de Ministro y porque la Corte le acaba de tumbar una de las reformas más importantes que había logrado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y de otro, porque las negociaciones de paz con la guerrilla son un escenario en donde el uno de los temas de la agenda será el de desarrollo rural.

Una mesa en blanco sobre asuntos rurales

Como se reveló ayer, el primer punto en la agenda temática en los diálogos con la guerrilla será el desarrollo rural.

La lucha por la tierra ha sido una de las consignas principales de la guerrilla. Ante las enormes presiones que existen hoy sobre el territorio colombiano, provenientes del conflicto armado y de los proyectos agroindustriales, pero también de las actividades de hidrocarburos y minería, este sigue siendo uno de los temas prioritarios en las negociaciones.

En senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo ha sido uno de los más críticos de la reforma a la UAF en el Plan Nacional de Desarrollo. Fue uno de los demandantes ante la Corte. 

El representante del Polo Wilson Arias también fue demandante ante la Corte de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que levantaban las restricciones de la UAF.

Alejandro Santodomingo es uno de los empresarios motivados por la posibilidad de invertir maíz y soya en la Altillanura.

Foto tomada de: Blog Radar Económico Internacional

Los indígenas Sikuani reivindican territorios en la Altillanura.

Foto tomada de Página Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta.

Y el tema agrario tiene mucha tela que cortar, porque el gobierno no ha podido construir su ley de Tierras y Desarrollo Rural (antes llamado Estatuto de Desarrollo Rural).

El gobierno lleva veinte meses prometiendo esa norma. Aunque fuentes del Ministerio de Agricultura señalan las consultas previas como las culpables, al parecer el problema es más complejo, como lo explicó la Silla.

Esta frustración es uno de los motivos que podrían llevar a que, según fuentes cercanas al Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo no quiera seguir en el cargo después de que el Presidente Santos les pidiera a todos los ministros la renuncia protocolaria

Para Alejandro Reyes, asesor del Ministro de Agricultura, es posible que el momento político para presentar esta ley al Congreso ya haya pasado.

Sin Juan Camilo Restrepo a la cabeza, que la ha promovido, tal vez la ley quede en el congelador mientras llega un nuevo ministro y,sobre todo, mientras el tema pasa por la mesa de paz con la guerrilla.

Así, coincide el hecho de que el gobierno no haya podido sacar adelante su legislación estrella en materia rural con el inicio de diálogos.

Pero quizás la coincidencia más importante para la negociación con la guerrilla sobre el tema agrario sea la decisión de la Corte Constitucional de la semana pasada que declara inconstitucional la reforma más importante y polémica que ha hecho el gobierno actual en materia agraria. 

El gobierno había eliminado en el Plan Nacional de Desarrollo la norma que ordenaba que los baldíos (es decir,  territorios que son del Estado), solo podían pasar a manos de pequeños propietarios y nunca de grandes inversionistas. Con eso buscaba sentar las bases para grandes proyectos forestales y agroindustriales.

El regreso de la UAF

Los baldíos no están en el mercado. Para que estas tierras puedan ser vendidas, tienen que ser adjudicadas a particulares. Desde 1994, la ley imponía que solo podían ser adjudicadas en áreas del tamaño necesario para la sobrevivencia digna de una familia.

Con esto, se buscaba que esos terrenos quedaran en manos de pequeños propietarios y no se concentrara la tierra en las de unos pocos.

El área máxima para otorgar estos territorios fue definida a través de una variable llamada Unidad Agrícola Familiar (UAF), que cambia en cada región según condiciones ecológicas, económicas y sociales (fluctúa tanto, que en el altiplano cundiboyacense puede ser de menos de una hectárea. En cambio, en los llanos orientales puede ser de más de mil).

Quien quisiera comprar terrenos que habían sido baldíos y adjudicados a particulares, no podía hacerlo por más de una UAF. Entonces, si se querían llevar a cabo proyectos agroindustriales de gran escala, la UAF era un impedimento.

Sobre todo, si se tiene en consideración que, tal como lo ha definido la FAO, Colombia tiene inmensas áreas cultivables sin explotar, especialmente en la Altillanura. Esto se traduce en un enorme potencial para exportar alimentos, en un contexto internacional donde la demanda de comida es creciente, y también para producir biocumbustibles y hacer proyectos forestales.

Durante su campaña quedó claro que Santos tenía clarísimo este potencial y la dificultad de la UAF. Por eso, entre los 110 puntos de su campaña, el 69 decía: “no más limitaciones de escritorio a los agricultores“, con lo que se refería a la necesidad de eliminar las restricciones de la UAF.

Eso fue lo que hizo. En el Plan Nacional de Desarrollo, al definirse el desarrollo agrario como una de las locomotoras de crecimiento, se eliminaron estas restricciones.

Se establecieron, en cambio, tres artículos en que permitían que particulares pudieran adquirir más de una UAF. Con una condición: que fuera para Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y Forestal (Pedaf).

Si el proyecto tenía menos de diez UAF, solo tenía que contarle al gobierno. Si tenía más, tenía que ser evaluado por una comisión especial conformada por los ministros de Agricultura, Hacienda, Comercio y Ambiente.

Además, el gobierno podía permitir que los particulares explotaran directamente los baldíos. Acá no se les daba la propiedad, sino que se les daba un permiso para usarlos y aprovecharlos.

Eliminar las restricciones de la UAF tenía especial aplicación en la Orinoquia. Como lo contó La Silla Vacía, el gobierno vio allí la última frontera agrícola del país, cuya expansión implicaría convertirla en una despensa agrícola de Colombia y de otros países del mundo. Importantes empresarios también han proyectado un interés muy grande en esta zona, como lo narró la revista Dinero.

Mientras salía la reglamentación de estos artículos a través de un decreto que fija las condiciones para los Pedaf, el senador Jorge Enrique Robledo y el representante Wilson Arias demandaron los artículos del Plan de Desarrollo.

Básicamente, plasmaron dos argumentos. El primero, que se fomentaban aun más la concentración de la tierra, que ya es bastante alta en Colombia, y que esto iba en contra de la garantía constitucional de garantizar tierra para los trabajadores agrarios.

El segundo argumento es que se ponía en riesgo la soberanía nacional. Hoy, son muchas las empresas extranjeras que tienen interés en el suelo colombiano. Es más, países como China están comprando tierras afuera para garantizar su seguridad alimentaria.

A los congresistas les preocupaba que permitir que extranjeros se hicieran a enormes territorios pusiera en riesgo la seguridad alimentaria propia y la posibilidad de los colombianos rurales de disfrutar el territorio.

La Corte les dio la razón. En un reñido fallo, de cinco magistrados contra cuatro, eliminó los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que levantaban las restricciones a la UAF.

Andrés Bernal, de la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura, contó a La Silla que están esperando conocer todo el fallo (hasta ahora solo se conoce el comunicado) para encontrar una fórmula jurídica nueva que respete lo dicho por la Corte, pero que permita proyectos agroindustriales y forestales a gran escala, especialmente cuando contemplen mecanismos de asociación con campesinos.

Los diálogos con la guerrilla y los demás sectores interesados

Aunque el hecho de que el gobierno no haya podido realizar cambios profundos a su política agraria permite mayor espacio de diálogo con la guerrilla, es improbable que asuntos importantes se puedan definir en una eventual mesa de paz porque en ese espacio muy probablemente no estarán representados los sectores interesados.

La caída de las restricciones a la UAF son un palo en la rueda para importantes inversionistas y empresarios, especialmente los que tenían los ojos puestos en la Altillanura para convertirla en la región agroindustrial más grande del país. Y por eso lo que se decida en reemplazo de esta norma les preocupa. Se trata de actores poderosos, como por ejemplo el Grupo Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento a través de Corficolombiana, Manuelita, de la familia Eder, y el Grupo Aliar (miembro del Grupo Empresarial Antioqueño).

El interés de que las tierras de los llanos entraran al mercado está desde Uribe. Entre 2004 y 2010 se titularon más de un millón de hectáreas en esta región.

Pero no solo los colombianos creen que la Altillanura puede ser un granero importante. Empresas multinacionales extranjeras ya han hecho inversiones importantes, como Poligrow y la brasilera Grupo Mónica, además de otras de Europa, Chile, Argentina, Estados Unidos y Asia.

Cuando hay intereses tan poderosos en juego, es improbable que todo quede al vaivén de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla.

Pero también los campesinos, los indígenas y los afro quieren tener voz en este debate sobre el futuro de la política agraria del país, y la guerrilla no los representa.

Por eso, ante el momento que vive el gobierno de redefinir las bases de su modelo agrario, tendrá que encontrar una balanza entre nuevas fórmulas de desarrollo agrario que respeten el fallo de la Corte, el diálogo con la guerrilla y la participación de todos los sectores interesados.