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Así van las promesas del Gobierno a un año del paro cívico de 22 días que paralizó al principal puerto del Pacífico.
Cumplinómetro a los acuerdos del Gobierno con el paro de Buenaventura
Foto: El País.
A un año del paro cívico de Buenaventura que sentó un precedente en términos de movilización social, La Silla le pasó el cumplinómetro a los acuerdos de más relevancia y de los que dependía directamente la reactivación del paro.
El paro que duró 22 días, fue liderado por la iglesia y al que se unieron 120 organizaciones de afros, indígenas, comerciantes, sindicatos, maestros y sociedad civil logró sentar al gobierno para que se comprometiera con el desarrollo del puerto en ocho grandes temas: salud, medio ambiente, educación, cultura, seguridad, servicios públicos, ordenamiento territorial y empleo.
Para el padre John Reina, uno de los voceros del paro cívico, este es un momento de celebración pero también “para decirle al Gobierno que Buenaventura no está muerto, que la gente sigue trabajando por el paro y sigue vigente, porque aún no se han cumplido todas las exigencias”.
También ha habido inversiones en sectores como educación y deporte pero no estaban en los acuerdos iniciales o eran propósitos genéricos de inversión, como los 35 mil millones de pesos para la renovación del estadio Marino Klinger, las 139 plazas nuevas para profesores, los 25 mil millones para mejorar la dotación de las escuelas, y el logro de que el POT tuviera consulta previa.
De todos modos los logros de este paro son a diez años, por lo que el padre John Reina considera que llevan un 10 por ciento de avance en el marco de todo lo que se planteó en el paro y que seguirán haciendo presión para que se cumpla lo que pidieron, sobre todo asegurar el billón de pesos anual que necesitan hasta 2028.
Estos son los avances hasta ahora:
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Fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura
Qué es: Esta era la petición más importante del paro cívico porque incluía la asignación de presupuesto exclusivo para el puerto para invertir en proyectos y obras y que fuera administrado por una junta de 14 personas donde tuviera asiento el Gobierno Nacional, la Gobernación, la Alcaldía y cinco miembros de la sociedad civil.
El Fondo debía ser creado a través de una Ley que debía ser aprobada por el congreso antes de finalizar el 2017 y el Fondo debía empezar a funcionar en este 2018.
Para el 2018 el Gobierno se comprometió a garantizar 1.6 billones de pesos para invertir en obras como la construcción de una ciudadela hospitalaria que costará 240 mil millones, la financiación de la primera fase del plan maestro de alcantarillado por 350 mil millones y la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Luis Ablanque de la Plata por 12.500 millones.
Los recursos se van a conseguir de diferentes fuentes: un crédito externo de 76 millones de dólares, aportes del presupuesto general del 2018, más de 873 mil millones de pesos que iban a dar todos los ministerios, un aporte de 200 mil millones (repartidos en paquetes de 20 mil millones anuales) del impuesto a la renta que pagan las empresas del puerto, a través de un mecanismo que les permite pagar sus impuestos con obras.
Esta inversión se debe hacer en base a un plan de desarrollo a diez años y con una inversión total cercana a los 10 billones de pesos.
En qué va: El 26 de julio del 2017 el Gobierno radicó el proyecto de ley en el que se dejó claro que el Fondo se alimentará de seis fuentes: el Presupuesto General de la Nación, créditos, recursos propios que quiera aportar la Gobernación y la Alcaldía, donaciones y cooperación.
El 7 de diciembre de 2017 finalmente fue aprobado el proyecto de Ley que da origen al Fondo y según una fuente del Gobierno que está al tanto de proceso y dos fuentes del paro cívico la plata de este año (los 1.6 billones) ya está asegurado y ejecutándose.
Qué falta: La ley no ha entrado en funcionamiento porque falta la reglamentación que definirá los detalles jurídicos sobre cómo funcionará y que está a cargo del Ministerio del Interior. Según nos dijo el padre John Reina, que fue uno de los líderes del paro, este punto debería estar terminado en las próximas semanas.
También hace falta elegir a los cinco miembros de la sociedad civil que integrará esa junta administradora del Fondo que se ha visto retrasada por la intervención de líderes de consejos comunitarios y de Juntas de Acción Comunales que quieren cupo fijo allí como contamos. Esta elección está prevista para el dos de junio.
Cuando estos dos puntos estén listos, el Ministerio de Hacienda deberá convocar a una reunión para oficializar la constitución de la junta y deberá comenzar a funcionar antes de terminar el gobierno de Juan Manuel Santos.
Además si se termina el gobierno actual sin ejecutar los 1.6 billones de pesos (que hoy están ejecutando directamente los ministerios y entidades públicas porque el Fondo no está listo) la plata restante deberá pasar al Fondo.
Otra de las tareas pendientes es la elaboración del Plan de Desarrollo que regirá la inversión de la plata del Fondo y la definición de los proyectos que podría durar unos 8 meses, y luego hacer la estructuración técnica de cada uno.
Dentro de las obras pendientes está el tecnoparque Industrial, Pesquero y Acuicola (Fase I) y muelle de cabotaje, superar el déficit de vivienda a través de la construcción de más casas, entre otras.
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Agua potable 24 horas
Qué es: El compromiso del Gobierno fue que a dos años Buenaventura tendría servicio continuo de acueducto y de agua potable.
En qué va: El Gobierno entregó el 14 de marzo de este año dos plantas de tratamiento de agua en el sector de Venecia (que costó 8 mil millones de pesos) y Escalerete (que costó 15 mil millones), que deben entrar en funcionamiento en los próximos días.
Ya se firmó la contratación para la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua en el sector Venecia II y Loma Alta (39 mil millones) que fue adjudicada al Consorcio Pazcífico Buenaventura.
También se está terminando la línea de conexión de la planta de tratamiento que va de Escalarete hasta el sector del kilómetro 15, por 8 mil millones de pesos, que permitirá que el agua potable llegue a todo el puerto. La obra deberá estar terminada a finales de mayo de 2018.
Qué falta: Ejecutar durante este año 75 mil millones para resolver los problemas de fugas de agua que es lo que no permite que haya agua continuamente. Y construir el acueducto rural por 25 mil millones de pesos que puede demorar de 2 a 3 años.
3
Mejoramiento del servicio de salud al Puerto
Qué es: Dentro de los acuerdos un punto clave era solucionar el problema de la salud. El puerto que tiene 420 mil habitantes solo cuenta con un hospital de primer nivel que tiene fallas en la estructura y cuya reconstrucción está en medio de un proceso penal que involucra al hoy detenido alcalde Eliécer Arboleda.
Por eso el Gobierno se comprometió a construir una ciudadela hospitalaria con todos los servicios, desde rayos X, hospitalización, hasta atención de cuarto nivel que debería contar con atención en neurocirugía, cuidados intensivos, y procedimientos de alta complejidad.
Y la Administración Distrital se comprometió a remodelar el Hospital Distrital para habilitar la atención de segundo y tercer nivel en septiembre de 2017. La Gobernación se comprometió a dar dotación quirúrgica que según la secretaría de Salud ya la tienen lista.
En qué va: Ya está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria de los cuales 27 mil ya están asegurados. También están aprobados 12.500 millones para la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Ablanque de la Plata y 500 millones para la morgue.
La remodelación del Hospital Luis Ablanque de la Plata se hizo pero la obra está siendo investigada por un presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos que hoy tiene preso al Alcalde de Buenaventura.
Qué falta: La administración municipal debe donar el terreno para la construcción de la ciudadela, que tendría que darse en las próximas semanas, y en caso de no ser así, el Gobierno Nacional deberá buscar recursos para comprar un lote que se ajuste a las especificaciones técnicas para dar inicio a los estudios.
Que la Fiscalía determine las condiciones de las áreas remodeladas del Hospital Luis Ablanque que ya se han presentado fallas, y la instalación de nuevos equipos, la construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales y la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Alblanque.
