De Justicia y Paz a la ley de víctimas: el caso piloto de Mampuján

Foto tomada de www.fiscalía.gov.co

Mampuján es uno de los casos emblemáticos de restitución de tierras. La condena por la masacre y desplazamiento en esta vereda de María la Baja fue la primera proferida contra los jefes paramilitares en Justicia y Paz en junio del 2010; luego, en abril de 2011 la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Víctimas tres meses después, el caso de Mampuján se ha convertido en el caso ejemplo para entender las dificultades que trajo el cambio legal para las víctimas del conflicto que ya venían adelantando un proceso en Justicia y Paz

El 10 de marzo del 2000, el bloque Montes de María de los paramilitares asesinó a once campesinos, y desplazó a 1.100 personas en la vereda de Mampuján, a dos horas de Cartagena. Diez años después un Tribunal de Justicia y Paz condenó a los ex jefes paramilitares ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a ocho años de cárcel y pidió la reparación de las víctimas. La Corte Suprema ratificó el fallo y ordenó que para abril de 2012, las víctimas debían ser indemnizadas. Pero ya estamos en mayo, y la reparación no ha comenzado. ¿Qué pasó entonces?

El caso de Mampuján quedó enredado en la transición que están haciendo los procesos de restitución y reparación que venían siendo tramitados a través de la ley de Justicia y Paz al nuevo régimen creado por la Ley de Víctimas y Restitución de tierras. 

Gabriel Pulido (arriba) es uno de los líderes desplazados de Mampuján, que ahora está enfurecido con la Unidad de Víctimas dirigida por Paula Gaviria (abajo), por el tiempo que se ha demorado el gobierno en reparar a las familias desplazadas.

La sentencia de Mampuján que condenó a ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ a ocho años de cárcel, le ordenó a la Fiscalía recuperar los bienes de los dos jefes paramilitares desmovilizados para que entraran al Fondo de Reparación de Víctimas. Y le otorgó a las víctimas una indemnización de 40 millones de pesos a los familiares de los campesinos masacrados, 17 millones a los desplazados y 30 millones a los que estuvieron secuestrados. En total, la indemnización ascendía a 32 mil millones de pesos a estas 300 familias víctimas de la violencia.

Inicialmente el ente encargado de indemnizar a las víctimas era el antiguo Acción Social, pero con la nueva Ley de Víctimas en el gobierno de Santos ahora es competencia de la nueva Unidad de Víctimas dirigida por Paula Gaviria.

“En enero nos dijeron que en marzo sería la indemnización”, dijo a La Silla Gabriel Pulido, uno de los desplazados de Mampuján. “Pero no pasó nada. Luego que en abril, pero nada. Esto ya es un atropello con las víctimas”

Pero más que las fechas incumplidas, lo que más preocupa a Pulido es que cambien las reglas de juego. “Ahora nos dicen que nos van a reparar vía administrativa, donde los montos serían más bajos. Es decir, van a anular lo que ya se falló con la ley 975 (Justicia y Paz) y eso quiere decir que están invalidando lo de la Corte Suprema”, dice Pulido.

La indemnización a la que tienen derecho las víctimas de Mampuján se logró por vía judicial y no por vía administrativa, que es la vía que normalmente tendrán que tomar las víctimas que se acojan a la nueva Ley de Víctimas. Y el tope máximo bajo esta ley es de nueve millones de pesos para un campesino desplazado (igual a 17 salarios mínimos), mucho menos de los 17 millones a los que ya tenían derecho las víctimas de Mampuján por pasar por un proceso judicial en el que se calcularon con más cuidado los daños y perjuicios hechos a cada uno de los desplazados y que fue mucho más largo y complicado que uno administrativo.

“Eso no es justo, eso sería invalidar lo que ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia”, inisite Pulido.

Pero en la Unidad de Víctimas la mirada es otra. “Ya vamos tarde, y por eso yo doy la cara y es cierto”, admite Paula Gaviria, encargada de la Unidad desde el 6 de enero de este año. “Pero no se ha definido lo de los topes de indemnización, eso está en proceso de estudio. Lo de el cambio a la nueva ley es una alternativa, pero no se ha tomado una decisión”.

El problema es otro, explicó Gaviria a La Silla. Las indemnizaciones de Justicia y Paz deben hacerse con los fondos recuperados de los bienes que tenían los desmovilizados, en este caso los dos jefes paramilitares ya condenados. En este caso, ya hay varios predios en el Fondo de Reparación de víctimas de estos dos jefes paras que están evaluados en 226 millones de pesos.

“Pero ya hemos hecho tres subastas para venderlos, y nadie los ha comprado”, explicó Gaviria a La Silla. “¿Con qué recursos se paga entonces la sentencia? La plata no está en el fondo, ese es el problema”.

Es decir, uno de los problemas que tiene este caso es que la indemnización tiene que llegar por medio de la venta de los predios, en el caso de las víctimas que buscan su reparación por medio de Justicia y Paz. Y si no se venden, no hay indemnización según explica Gaviria. En cambio, pasando por la Ley de Víctimas, los campesinos desplazados pueden acceder directamente a los recursos asignados a la reparación administrativa por el Ministerio de Hacienda. Pero claro, si se acojen a la Ley de víctimas, también sería menor la indemnización.

“Nosotros hicimos un trabajo muy largo y muy difícil por medio de la ley 975 (Justicia y Paz), como víctimas tenemos derecho a esa indemnización”, reitera Pulido.

Ricardo Sabogal fue nombrado director de la Unidad de Tierras este año, y en enero en caso de Mampuján pasó a estar a su cargo.

Pero además de la indemnización, otro gran debate que tiene el caso de Mampuján es el de las tierras. A diferencia de otras zonas en Montes de María donde las tierras de los campesinos quedaron en manos de grandes empresarios, en Mampuján las tierras fueron y siguen abandonadas en su gran mayoría. Y aunque algunos de los desplazados están hoy en Cartagena, casi la totalidad está viviendo en ‘Rosas de Mampuján’ (zona rural en María la Baja, a 6 kilométros de donde se desplazaron) y algunos se devolvieron a sus antiguas tierras por su propia cuenta.

Ninguna de estas familias tenía títulos de propiedad y vivían en la informalidad: algunos trabajaban la tierra en baldíos de la Nación y otros en tierras privadas que habían sido abandonadas hace muchos años. Entonces el proceso de formalización de las tierras para todos se divide en dos.

Primero, una titulación de baldíos para los campesinos que estaban en zonas que no son de nadie. Y segundo, una formalización, después de un proceso judicial ante un juez civil, para los que estaban en tierras privadas.

Aunque también se demoró en arrancar el proceso de formalización ya estaba andando para los que van a recibir títulos de baldíos. Con ayuda del Programa de Protección de Tierras (que desapareció y ahora es la Unidad de Tierras), se hicieron levantamientos topográficos en la zona para que el Incoder pudiera hacer la adjudicación.

Pero en enero de este año, cuando ya estaba adelantado el proceso, se tomó una decisión que generó bastante polémica: se decidió que todo el caso de Mampuján debe ser conocido ahora por un juez de tierras. Es decir, a pesar de que ya hay un fallo en firme de un Tribunal de Bogotá y otro de la Corte Suprema de Justicia, de nuevo un juez de tierras tendrá que reconocer el desplazamiento, el despojo de tierras por parte de los grupos paramilitares, y ordenar la restitución. La Unidad de Tierras consultó esta opción con la comunidad, que estuvo de acuerdo.

Esta decisión tiene un punto a favor, y uno polémico. A favor para los campesinos que estaban en tierras privadas, porque con un juez de tierras su proceso judicial ya no durará cuatro años ante un juez civil sino máximo uno como lo ordena al nueva ley. Pero uno polémico, porque el proceso de adjudicación de baldíos del Incoder ya iba avanzado y ahora se frena hasta que un juez de tierras vuelva a fallar.  Es decir, se trata de un tercer proceso judicial para las víctimas de este desplazamiento.

La Silla Vacía consultó a dos expertos en tierras y cercanos al proceso de Mampuján que consideran que la decisión fue tomada para que la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura pueda mostrar resultados pronto, y que estos no pasen como hechos por el Incoder.  Pero para Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Tierras, la polémica tiene otra interpretación.

“La Corte Suprema no obligó a titular a estas personas”, explica Sabogal, “sino que exhortó a hacerlo”. Cuando una Corte exhorta en vez de ordenar, es parecido a sugerir un punto importante pero no obligar al Estado a hacerlo, explica Sabogal. Y el punto del director es que, una vez falle el juez de tierras, habrá una obligación y no una sugerencia.

Sin embargo, este argumento es frágil si se tiene en cuenta que la sugerencia se estaba cumpliendo.

“Pero además, al entrar a la 1448 (ley de restitución), los desplazados pueden tener acceso a más beneficios como acceso a la política de vivienda o a proyectos productivos”, dice Sabogal, quién explica que entre otros beneficios estaría también poder restituir a otras víctimas que no estén mencionadas en la sentencia.

Pero, igual la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz hablaba de reparación integral, que incluye proyectos productivos y reconstrucción de viviendas (aunque lo exhortaba y no ordenaba).

Y en cuanto a que se alarguen los tiempos, Sabogal dice que tampoco hay problema. “Con la demanda que hacemos ante el juez de tierras, si todo sale bien, su sentencia estaría en septiembre”, dice. “Como no hay contradictores puede salir muy rápido”

Por ahora, como todavía no han comenzado a fallar los nuevos jueces de tierras (apenas están conociendo los procesos los que están nombrados), es muy difícil saber si en septiembre ya exista el tercer fallo.

El intento de Sabogal por restituir las tierras por medio de la Unidad de Tierras en vez de dejar que siga por el de Justicia y Paz es polémico porque es la primera vez que se vuelve a revisar una sentencia para que entre en el nuevo marco legal.  Pero los resultados de este experimento serán claves, porque al igual que en Mampuján esto se hará para otros procesos ‘exitosos’ como el de Chívolo, en el Magdalena, dónde la Corte Suprema ya exigió al Incoder revocar los títulos fraudulentos de 36 predios que pertenecían a campesinos despojados por los paramilitares.

Este año se cumplieron doce años de la masacre y el desplazamiento de Mampuján. Desde entonces, las víctimas se han organizado para reclamar sus derechos, han reivindicado su historia con ayuda del grupo de Memoria Histórica, y algunas han perdonado en los tribunales de Justicia y Paz a sus victimarios.

Pasaron tres gobiernos distintos desde la masacre y desplazamiento en Mampuján para que por fín llegara un fallo de las altas cortes que ordenara su indemnización. ¿Será su paso por la Ley de víctimas y restitución de tierras finalmente el momento de la reparación que llevan años esperando?