La entrega del alclade de Mosquera, Emilio Casallas, a la Fiscalía puede darle aire a la revocatoria contra Peñalosa pero también facilitar sus megaproyectos en ese municipio.
De Mosquera llegan una noticia buena y otra mala para Peñalosa
El miércoles en la noche el alcalde de Mosquera, Emilio Casallas, se presentó a la Fiscalía después de que ésta emitió una orden de captura en su contra, en un proceso que le sigue por haber presentado una hoja de vida falsa para ocupar varios cargos públicos.
Eso es una victoria para el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Galán, que fue quien denunció el hecho, y puede cambiar el difícil panorama que tenía su aliado, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, para adelantar proyectos en ese municipio. Pero también puede golpear su imagen, porque Peñalosa tiene una denuncia penal también por sus títulos.
A mediados del año pasado, Galán denunció que Casallas había usado un título falso de ingeniero mecánico para ser profesional en la Alcaldía de Mosquera, almacenista general, secretario de Desarrollo Social, de Obras Públicas y General.
Esa información ya la había publicado Caracol Radio días antes de las elecciones de octubre de 2015, en las que Casallas ganó en fórmula con el hoy gobernador Jorge Rey, pero no había pasado a mayores.
Sin embargo, la denuncia era muy fuerte pues la Universidad Santo Tomás certificó dos veces que él no había terminado sus estudios, tanto al ciudadano que hizo la indagación antes de la campaña como a Galán.
Por eso la Universidad presentó una denuncia penal, la Fiscalía le abrió procesos por fraude procesal y falsedad en documento privado y esta mañana se adelantará una audiencia para legalizar su captura e imputar cargos.
Casallas dio su brazo a torcer y Mosquera se quedó sin alcalde, a la espera de que se resuelva la situación de Casallas y eventualmente de una nueva elección.
Eso puede tener grandes efectos en Bogotá y en toda la Sabana.
Vuelve el lío de los títulos
El primer efecto es que si la noticia ocupa titulares, pueden revivir las denuncias que presentaron contra Peñalosa, primero el abogado Augusto Ocampo (quien trabajó en la Secretaría General de la alcaldía de Gustavo Petro) y luego dos de los líderes de los comités que impulsan la revocatoria: Leonardo Puentes, de Revoquemos a Peñalosa, y Carlos Carrillo, de Unidos Revoquemos a Peñalosa.
Las dos denuncias partieron del artículo de Carrillo y Juana Afanador en El Espectador en el que mostraban que Peñalosa no tenía el doctorado que había aparecido en uno de sus libros y en muchas de sus presentaciones oficiales, incluyendo la del día de su posesión.
Su argumento principal es que Peñalosa habría cometido los delitos de falsedad ideológica en documentos público y privado al decir algo que es falso.
El contraargumento es que Peñalosa nunca ha dicho personalmente que tiene un doctorado, sino un DESS (un título francés que se asimila más a una maestría) y que cuando se presentó en lugares como la página oficial de la ciudad fue por una posible mala interpretación del periodista que escribió los perfiles del nuevo gabinete.
Más allá de ese debate, la situación de Peñalosa tiene otra diferencia fundamental con la de Casallas: mientras el doctorado no era requisito para ocupar ningún cargo, el título profesional del detenido alcalde sí.
Por eso, y por las diferencias en los hechos (Casallas presentó un diploma falso, Peñalosa no) los efectos jurídicos podrían ser muy distintos.
Pero el efecto político de tener un caso de títulos falsos ocupando titulares, justo cuando se recogen firmas para revocar a Peñalosa y cuando la polémica de los títulos es uno de los argumentos que guía a ese movimiento, puede afectar a un alcalde que está de capa caída y es visto como pedante o soberbio (lo que encaja con la idea de que se inventó un doctorado).
Sin embargo, no todo es negativo para él: aparte de que el efecto puede pasar si lo de Casallas se resuelve pronto, si no se sostiene en los medios o si la denuncia en su contra termina desechada, el vacío de poder en Mosquera puede ayudar en dos de sus principales proyectos.
Una luz para los megaproyectos
Mosquera es un municipio vecino a Bogotá, con el que comparte un tramo del río Bogotá y en el que viven casi 100 mil personas. También es una pieza fundamental en la expansión ordenada que sueña el Alcalde para la Sabana y en el metro que ha planteado.
En la expansión llamada ‘Ciudad Paz’, Mosquera es protagonista porque tendría uno de los cuatro megaproyectos de vivienda, el único que depende de un solo municipio aledaño a la ciudad y que no tiene terrenos de Bogotá.
Peñalosa lo bautizó Ciudad Mosquera y tendría 416 mil de las poco más de 1,5 millones de viviendas proyectadas. Es decir, multiplicaría la población del municipio por más de 10, a la vuelta de 40 años.
Frente al metro, Peñalosa ha dicho que le gustaría prolongarlo hasta allí y que en Mosquera queden los patio talleres de la primera línea , en lugar de hacer el Regiotram que han impulsado el Gobernador Rey y varios alcaldes, incluyendo Casallas.
El problema es que esos proyectos no cayeron bien entre los alcaldes y el Gobernador, que por un lado los veían como una suerte de imposición imperialista de Bogotá y, por otro, políticamente estaban en la orilla opuesta a Peñalosa, quien apoyó en campaña a Nancy Patricia Gutiérrez, la rival de Rey.
Por eso, como contó La Silla, en 2016 hubo un choque muy fuerte que llevó a críticas públicas de lado y lado, y finalmente aterrizó en crear una mesa técnica de discusión. Y aunque desde entonces el tono ha bajado, la puja sigue.
Casallas fue uno de los que se opuso más de frente a Peñalosa, hablando incluso en Caracol Radio, y por eso Ciudad Mosquera y la prolongación del metro parecían estar en un punto muerto.
De hecho, en su mensaje público en Facebook tras entregarse en la Fiscalía se refiere indirectamente a esa puja.
"Estoy muy consciente de que mi defensa de la autonomía de nuestro Municipio se había convertido en una postura inconveniente para intereses de otros", escribió.
Su detención abre la puerta para que el poder se rebaraje en Mosquera, aunque eso tomará tiempo.
Mientras no haya un fallo en su contra, la Alcaldía quedará en manos de un encargado, inicialmente interino y elegido por Rey, y luego definido por él, pero de una terna que deben presentar los partidos que lo avalaron.
Ahí puede haber una demora porque lo hicieron cinco partidos (Casallas venía de ser diputado de La U, que lo avaló, pero también lo hicieron Cambio Radical, Opción Ciudadana, la ASI y la Alianza Verde) y no es claro cómo se pondrán de acuerdo para poner solo a tres opcionados.
Eso, más la cercanía de las campañas a Congreso, puede romper esa coalición. Además, que sea un encargado significaría un alcalde menos empoderado para oponerse a Peñalosa y darle más margen a éste para avanzar en sus proyectos.
Si finalmente Casallas resulta condenado, su puesto quedaría vacante. Y si eso ocurre antes de julio del 2018, habría que convocar a elecciones atípicas para definir su reemplazo, en la que no es seguro que se repita el escenario que lo llevó a la victoria.
Casallas llegó apadrinado por el ex alcalde Álvaro Rincón, que terminó destituido y es famoso por su cercanía con los hijos del ex presidente Álvaro Uribe, y aliado con Rey. Por eso arrastró tantos avales y se quedó casi con tres de cada cuatro votos.
Por ahora, eso es solo una eventualidad y lo que está más cerca es la revocatoria. Pero si ésta no pasa y Casallas termina condenado, la captura podría pasar de ser un problema para Peñalosa a convertirse en una oportunidad.