De Santos para Simón: la Defensoría del Pueblo

El lunes el presidente Santos presentó su terna para el cargo de Defensor del Pueblo. A pesar de la demostrada capacidad de las dos mujeres, es una terna de uno. Salvo que algo drástico cambie el curso de los eventos, Jorge Armando Otálora, el candidato de Simón Gaviria, será el sucesor de Volmar Pérez.

La Silla Vacía no pudo establecer exactamente el origen de la amistad entre Gaviria y Otálora. Pero Otálora es muy amigo del periodista Yamid Amat, quien es cercano al expresidente César Gaviria por el noticiero CM&, y quizás de ahí viene la relación.

En todo caso, Otálora es un hombre que se ha granjeado la simpatía de los parlamentarios, sobre todo de los liberales. Ya había conseguido su apoyo y el de la U en 2009 cuando Álvaro Uribe lo ternó para el Consejo Superior de la Judicatura.

Jorge Armando Otálora fue vicefiscal y magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Beatriz Linares fue Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres.

Olga Lucía Gaitán fue Coordinadora del Área de Fortalecimiento del Estado Programa de derechos Humanos USAID

En esta ocasión, la dupleta U-Liberal volverá a jugar a favor de Otálora. Así quedó acordado anoche y, según supo La Silla Vacía, esta mañana el Presidente Santos le dio su ‘bendición’ al acuerdo.

Es un acuerdo que le conviene a Santos por muchas razones. Por un lado, es una forma de 'reconciliarse’ con el Partido Liberal después de la debacle de la Reforma a la Justicia, y particularmente con Gaviria que fue el que más crucificado salió de ese episodio.

Por otro, este caso rompe la alianza uribista que por razones históricas y aritméticas han forjado la U y el Partido Conservador y la reemplaza por una alianza liberal-U santista. La idea -según se discutió esta mañana en Palacio- es que esta alianza se comience a repetir en una serie de temas.

Como la U y el Partido Liberal tienen juntos 85 de 166 curules en la Cámara de Representantes que elige al Defensor, Otálora ya se da como seguro vencedor.

La Defensoría cuenta con una nómina de más de 300 mil millones de pesos anuales y con 2300 abogados de defensa pública, según El Espectador. Muchos de esos empleados son cuota de los representantes a la Cámara, y hasta ahora mayoritamente conservadores pues Vólmar Pérez, que lleva nueve años allí, es del Partido Conservador.

Otálora y la Reforma a la Justicia

Otálora renunció a su cargo de magistrado en la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hace más de un mes y jugó un papel importante en el episodio de la Reforma a la Justicia.

Para séptimo debate de la Reforma,el gobierno no había logrado lo único que de alguna manera justificaba todas las críticas que venía recibiendo por ella: desaparecer el cuestionado Consejo Superior. Aunque esta institución no gozaba de ningún respeto, si contaba con el aprecio de los congresistas, muchos de los cuales tienen allí sus cuotas políticas, y no estaban dispuestos a acabar con ese fortín.

Sin embargo, en la primera semana de mayo el Fiscal General Eduardo Montealegre reveló investigaciones preliminares que comprometerían en un nuevo escándalo de corrupción a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Esa denuncia facilitó que la Reforma lo eliminara.

Según lo contó en ese momento el ministro Juan Carlos Esguerra, actas y resoluciones del Consejo Superior reseñaban decisiones de nombramientos de funcionarios, pero en un sentido contrario a lo decidido originalmente. Es decir, si se habían nombrado dos funcionarios, en las actas aparecían hasta cuatro o más nombramientos.

Esta revelación la hizo Montealegre en una “Cumbre de Poderes” convocada por el Presidente y a la que asistieron los magistrados de las Cortes y los líderes del Congreso para coincidir en que la reforma a la justicia tenía que prosperar. Y el consenso en todos los medios fue que esas revelaciones cambiaron la suerte de la Reforma a la Justicia, que estaba moribunda en ese momento.

“Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes, calificó las denuncias de Montealegre como de "suma gravedad", dijo en su momento Semana.com.

Después El Espectador contó que Otálora había dejado desde noviembre una constancia por escrito a la sala plena denunciando las actas falseadas, aunque fue su compañera de sala María Mercedes López la que hizo la denuncia pública ante la Fiscalía.  Su constancia -ampliada luego por Montealegre- le permitió al Gobierno tener argumentos suficientes para proponer la eliminación del Consejo Superior, lo que se había convertido en un “punto de honor” del ministro Esguerra.

Cuando Otálora renunció al Consejo dijo que se dedicaría a sus asuntos personales pero su nombre para Defensor ya había sido sometido a consideración de Santos por parte de Simón Gaviria. La Silla supo que, desde enero, Otálora le había hecho saber al Presidente que quería ser considerado para el cargo.

Quién es Otálora

Otálora es abogado de la Universidad Católica con una especialización del Externado, experto en derecho penal y en criminología como la otra ternada Olga Lucía Gaitán, y aunque no tiene la trayectoria en derechos humanos ni de ella ni de Beatriz Linares, su experiencia en el sector público, su trayectoria y sus relaciones con el sector político le dan una ventaja en el Congreso.

Otálora ha pasado por la Rama Judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura.

A los 26 años, fue Procurador delegado para lo penal ante el Bloque de Búsqueda en 1993 cuando estaba empezando su carrera profesional (aunque desde 1988, como estudiante, había trabajado primero en juzgados penales y luego en la Procuraduría).

Estuvo en la Procuraduría, pero no en cargos altos, con Carlos Gustavo Arrieta; y se fue para la Fiscalía a la unidad anticorrupción a fines de 1994, cuando el Fiscal General era Alfonso Valdivieso y se salió casi al tiempo con él. Pero dejó contactos importantes para su futuro, como el de la entonces Directora Seccional de Fiscalías de Bogotá, Clara Bernarda Cifuentes, quien venía de ser Procuradora Delegada para el Ministerio Público de Jaime Bernal Cuéllar.

Quizás fue a través de ella, con quien compartió oficina cuando el fiscal Juan Camilo Osorio la sacó de la Fiscalía, que Otálora forjó una relación importante con Bernal Cuéllar, que ha sido determinante en su carrera.

Otálora formó parte del pool de abogados de Bernal Cuéllar y en algunas ocasiones firmaba como abogado cuando Bernal Cuéllar prefería no aparecer. Así fue como terminó participando en consultas legales para la pirámide DMG.

Otálora dice que lo único que hizo para la organización criminal fue resolver algunas consultas sobre legislación nacional, y el lobbyista Daniel Ángel, socio de David Murcia, dijo en una entrevista que Otálora se había interesado en el caso pero no pudo participar porque estaba impedido. Además, Otálora le dijo a La Silla que en su momento le exigió a DMG una auditoría forense de los socios que conformaban la empresa, pero estos nunca se la dieron. 

Bernal Cuéllar fue también quien recomendó a Otálora para convertirse en Vicefiscal de Mario Iguarán en 2005.

De su paso por la Fiscalía se le atribuye su participación en la investigación de los casos de falsos positivos.  Aunque en realidad quién más movió el tema para ese entonces fue la Directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Otálora fue el encargado de avisarle el viceministro de Defensa del momento, Hernán Sanín Posada, de la existencia de los falsos positivos y de advertirle al gobierno que la prensa estaba detrás del tema, según lo contó El Tiempo.

Las razones de la salida de Otálora como Vicefiscal son confusas. Otálora le presentó una renuncia protocolaria a Iguarán tras el escándalo por el síquico Armando Martí que asesoraba a Iguarán y también por unos supuestos nombramientos de familiares de la Corte Suprema en la Fiscalía y terminó siendo el más sorprendido cuando Iguarán le aceptó la renuncia pues ninguno de los dos escándalos tenía nada que ver con él.

En 2007 aspiró infructuosamente a llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema, y en 2009 intentó de nuevo obtener un alto cargo en la Rama, esta vez con éxito: fue ternado por el Gobierno de Uribe para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Finalmente venció a la conservadora Nancy Yanira Muñoz, a quien el senador Gerlein le hizo una intensa campaña, por 117 votos contra 95 en una elección muy movida. Según supo La Silla, la oportuna intervención del entonces senador Germán Vargas Lleras fue decisiva.

Varias personas consultadas por La Silla dijeron que Otálora y María Mercedes López eran la ¨cara decente” de la Sala Disciplinaria. “Jorge Armando Otálora es un hombre de grandes cualidades. Estamos seguros que podrá ser un gran defensor”, dijo a La Silla Simón Gaviria, quien dijo que si bien Otálora era el candidato del Partido Liberal su inclusión en la terna no era un tema personal. El Partido, que había presentado la ley de Víctimas, está contento con tener alguien como él que se la eche al hombro y garantice su aplicación.

Las otras candidatas

Las dos mujeres que integran la terna están llena de credenciales en el área de derechos humanos, cuya promoción es la labor principal de la Defensoría del Pueblo.

Olga Lucía Gaitán es una abogada de la Universidad de los Andes, licenciada en criminología y candidata a doctora en Criminalística de la Universidad de Hamburgo, en Alemania.

De su trayectoria se destaca principalmente su experiencia en derechos humanos al interior del Estado y en las instituciones, públicas y privadas, que manejan estos temas en el país. Por eso como consultora, docente y académica, Gaitán tiene el reconocimiento de la sociedad civil y hasta del sector público en lo que tiene que ver con el tema, pero poco apoyo del sector político.

Gaitán conoce a profundidad la Defensoría, pues trabajó allá entre el 2000 y el 2004, de la mano del Defensor Eduardo Cifuentes. De hecho fue la Defensora del Pueblo encargada cuando Cifuentes dejó el cargo anticipadamente para irse a París. En esa misma entidad ocupó otros cargos claves y lideró el proceso de diseño y socialización de instructivos y manuales importantes sobre la atención de la Defensoría en derechos humanos y las acciones que pueden terminar afectándolos. 

Fue Jefe de la División de Justicia y Seguridad de Planeación Nacional en el gobierno de Cesar Gaviria y en la Procuraduría, en la época de Carlos Gustavo Arrieta, Gaitán como Jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales condujo alrededor de 800 investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción administrativa a los funcionarios.

Más allá de esto, la experiencia principal de Gaitán es como consultora en temas de derechos humanos, derecho penal y derecho penal internacional. En los últimos ocho años, ha sido consultora en distintos periodos del Centro Internacional de Justicia Transicional, USAID, Codhes, MSD y Fescol, entre otros.

Los que la conocen y han trabajado con ella destacan su carácter fuerte, su vehemencia y su rigurosidad  Pero aunque cuente con todas esas credenciales, y su candidatura haya sido respaldada por varias ONG (Casa de la mujer, Dejusticia, Cisma mujer y algunos profesores de la Universidad Nacional, entre otros) carece de apoyo político en la Cámara de Representantes y no tiene chances reales en la contienda.

Beatriz Linares es más conciliadora que Gaitán y además, tiene más cancha que ella en el sector político. Linares es también abogada de la Universidad de los Andes, con menos experiencia en derecho penal pero más en los derechos de la infancia, la mujer y el reclutamiento de menores.

Linares también conoce por dentro la Defensoría del Pueblo. Fue Defensora Delegada para los derechos de la niñez, la juventud, la mujer y los ancianos entre 1997 y 2004 durante las administraciones de José Fernando Castro Caicedo, Eduardo Cifuentes y el primer año de Volmar Pérez.

Luego de eso, Linares se dedicó a las consultorías y asesorías a organizaciones nacionales e internacionales entre las que están la OIT, el Convenio de Primera Infancia de Unicef y otras organizaciones, el Foster Parents Plan Internacional, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, USAID y la OIM.

Aunque como consultora y asesora Linares está bien parada entre las organizaciones de la sociedad civil, también participó activamente como asesora en los gobiernos de Uribe y Santos en temas de niñez. Su mayor logro es haber sacado adelante la Ley de Infancia y Adolescencia, desde su concepción hasta su aprobación. Y su trabajo en el tema de reintegración de menores desmovilizados es reconocido por todos.

Linares cuenta con el respaldo -por lo menos de palabra- de la bancada de mujeres en la Cámara de Representantes y también con el apoyo -por lo menos moral- de María Clemencia de Santos, quien es una vieja conocida suya.

Pero lo más seguro es que ni el apoyo de la Primera Dama cambié la decisión de elegir al hombre de la terna.