Diez puntos que explican el enredo de la sustitución

Si sigue como va, el Gobierno no logrará la meta de sustituir 50 mil hectáreas este año

Hasta el 30 de septiembre la Oficina de Drogas que dirige Eduardo Díaz había firmado acuerdos colectivos (que solo dicen que en una región amplia hay deseo de sustituir) que incluyen 115.214 familias y 89.444 hectáreas de coca (casi la mitad de toda el área cultivada que hay en el país), pero ese es apenas el primer paso de un proceso más largo.

El siguiente, que es firmar acuerdos individuales con las familias que se comprometen a erradicar sus matas, solo había avanzado con 24.953 acuerdos individuales que sumaban 23.050 hectáreas.

El problema es peor porque para que el Estado empiece a ejecutar el acuerdo, la Oficina de Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, Unodc, debe verificar en el terreno que lo que dicen los campesinos sobre las hectáreas de coca que tienen sí es cierto. A 30 de septiembre solo lo había hecho con 6.027 acuerdos individuales que suman 2.350 hectáreas (el 4,7 de la meta de este año y solo el 41 por ciento de las que habían dicho que tenían).

Si sigue avanzando a la velocidad a la que va, el informe estima que antes de que el Gobierno deba empezar a ejecutar los acuerdos con pagos a las familias, la Unodc alcanzaría a verificar otras para 17.372, que tendrían unas 7.756 hectáreas de coca (si se mantiene ese 41 por ciento).

Con esa estimación, el informe concluye que habría unas 10.106 hectáreas en proceso de sustitución este año. Es decir, apenas el 20 por ciento de la meta.

El choque entre el garrote y la zanahoria no deja que la sustitución avance como debe

Según el informe, en el 86 por ciento de los municipios donde la Oficina de Drogas ha hecho acuerdos con las comunidades, el Gobierno también ha hecho erradicación forzada como en Tumaco o Caquetá.

. Lo grave de ese dato es que significa que en lugares a los que ha llegado la promesa de la sustitución a través de acuerdos colectivos (que abarcan municipios enteros) no ha dejado de estar presente la mano dura (que va muchos más rápido que la sustitución, porque suma en todo el país 40 mil hectáreas).

Ese choque entre la agenda antinarcóticos, que viene de la presión de la Casa Blanca, y la del Acuerdo de La Habana, desató el paro cocalero que arrancó la semana pasada.

Cada vez hay más familias beneficiarias, pero no plata

Al principio no era claro si el Pnis iba a incluir a campesinos no cocaleros vecinos de cultivos ilícitos y a los recolectores de la hoja de coca, la Oficina de Drogas decidió incluirlos. Aunque eso ayuda a desarrollar todas las regiones, el Gobierno se puso la vara muy alta.

“El Pnis ha aumentado exponencialmente el número de familias y comunidades adscritas, sin que esto haya estado acompañado de un crecimiento proporcional de su presupuesto o equipos en los territorios”, dice el informe.

Según cifras de la Oficina de Drogas, en el primer año después de firmar su acuerdo cada familia recibirá un millón de pesos mensuales y a asistencia técnica y apoyo en proyectos productivos por valor de otros 12,4 millones.

Eso significa que para cubrir las 24.953 familias que se supone deberían recibir el pago antes de diciembre, la Oficina necesitaría 608 mil millones de pesos entre este año y el próximo. Para las demás familias y para el segundo año de esas casi 25 mil, se necesitarían 3,4 billones más, más adelante.

Esa plata, como le dijo hace unos días una fuente del Gobierno a La Silla Vacía tendrá que venir del presupuesto nacional porque, con la presión de Estados Unidos con la erradicación, la Oficina de Drogas tiene muy pocas expectativas de que los gringos contribuyan a eso.

Eso genera un riesgo muy alto sobre la sostenibilidad del programa, más con el cambio de gobierno del 2018.

Donde el Gobierno cumple con los pagos, la erradicación voluntaria funciona

En los municipios donde se han hecho los primeros pagos el porcentaje de erradicación voluntaria es del 88 por ciento de las hectáreas sembradas.

La excepción es Tibú (Norte de Santander), donde apenas alcanza el 44 por ciento porque no se han logrado firmar acuerdos en todas las comunidades cocaleras. Como ha contado La Silla Santanderena, solo hay acuerdos individuales en Caño Indio, El Progreso 2, Chiquinquirá y Palmeras-Mirador, todas alrededor del Espacio de Capacitación de las Farc y donde van en un 95 por ciento de erradicación; en las otras veredas no hay acuerdos individuales.

Para los raspachines no hay nada y ya se están desplazando

El Pnis ofrece 12 millones durante un año a los ‘raspachines’, los recolectores de la hoja, por hacer trabajo comunitario. Para eso deben firmar contratos de prestación de servicios con las Juntas de Acción Comunal, JAC, lo que ha generado problemas porque hay JAC que no están registradas y hay otras que no quieren asumir esa función.

Por cuenta de eso, según dice el informe, “en las zonas donde el Pnis realizó el primer pago y fueron erradicados de manera voluntaria los cultivos de coca, los recolectores han quedado en una difícil situación: sin fuentes de ingresos y con incertidumbre sobre cuándo y cómo el Programa comenzará a entregarles la plata”.

Esa situación se está dando, según el informe, en municipios como Briceño (Antioquia), y se debe a que mientras que un jornal por raspar mata de coca estaba antes entre 70 mil y 80 mil pesos, para cosechas legales no supera los 15 mil.

Además, algunos campesinos que han firmado acuerdos colectivos se están moviendo a otras zonas para tener más cultivos. Eso está pasando en el Guaviare en los afluentes de ríos como el Inírida, donde “colonos y cocaleros han seguido rompiendo la frontera agrícola con un efecto colateral no deseado: la tala ilegal de madera”.

La Coccam va ganando la pelea por la vocería de los cocaleros

Como lo ha contado La Silla y lo ratifica este informe, hay una puja entre las organizaciones sociales y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam, por la vocería de los cocaleros en lugares como Putumayo, Norte de Santander, Nariño y Guaviare.

Ese pulso lo sigue ganando la Coccam, que se ha vuelto el principal interlocutor con el Gobierno para implementar el Pnis en los territorios. Según el informe, la base de estas tensiones viene del color político de la Coccam.

“La FIP constató que, en varias regiones, miembros de las JAC y de algunas organizaciones de base no aceptan esa representación pues la identifican como cercana a las Farc. Esto representa un problema ya que, para avanzar en los acuerdos colectivos, el PNIS acudió a estas organizaciones nacionales y regionales, lo cual ha contribuido a su empoderamiento.”

La hoja de coca está más cara

En el tercer trimestre de este año el precio de la hoja de coca subió, justo cuando las disidencias de las Farc y bandas criminales como el Clan del Golfo aprovecharon el vacío que dejó esa guerrilla.

El informe explica que en Nariño, sin las Farc, los campesinos preferían no vender a menos de que fuera contra pagos de contado. Pero ahora grupos como las Guerrillas Unidas del Pacífico han llegado a diferentes regiones de este departamento (Alto Mira y Frontera, bajo Cumbitara), diciendo que vana regular los precios de compra para los narcos y que no permitirán que haya “piratas” sacando pasta de coca o robando insumos y precursores”.

Por su lado, el Clan del Golfo se ha metido en zonas de Córdoba y Antioquia que controlaban las Farc ofreciendo mejores pagos a los cocaleros.

La minería ilegal es el plan B

En municipios como Briceño (Antioquia) la FIP constató que mineros artesanales e informales están comenzando a excavar en terrenos de cultivadores que firmaron acuerdos de sustitución, lo que puede llevar a la transición de una economía cocalera a una basada en la explotación de oro.

Situaciones muy parecidas vieron en Argelia y El Tambo en el Cauca, donde registraron el desplazamiento de gente a municipios como Almaguer, Guapi, Timbiquí y López de Micay, todos con minas de oro controladas en su mayoría por organizaciones criminales

Al Pnis le falta articularse más con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

Otra de las conclusiones del informe es que en algunos departamentos como Norte de Santander o Caquetá la sustitución está tan avanzada que están a punto de empezar alos pagos a los cocaleros, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que hacen parte del Acuerdo, hasta ahora están arrancando.

“Para las comunidades y funcionarios locales resulta confuso cuáles son los objetivos de cada programa y cómo será su articulación-la FIP lo puedo constatar en Meta, Putumayo y en varios municipios de Antioquia-. Lo anterior, tiene un impacto en las comunidades al momento de atender las convocatorias y tomar la decisión de participar de manera activa en los programas”, dice el informe.

A eso se suma que los subsidios del Pnis ha generado expectativas de que los Pdet traigan más plata. De hecho, eso es lo que reclaman los campesinos de La Montañita en Caquetá que, como hemos contado, dicen que aunque ya les desembolsaron los primeros pagos, necesitan carreteras y apoyo técnico primero para arrancar la mata.

Sin tierras no hay paraíso después de la coca

Uno de los principales obstáculos para los cultivadores que cambien la coca por otra cosa es que no tienen tierras para arrancar a hacer proyectos productivos, porque necesitarían más tierra para eso (la coca da para vivir con una menor extensión porque se paga mejor y da cuatro cosechas al año contra dos del cacao u otros cultivos).

El problema es que por el alto grado de informalidad en la tenencia de la tierra en los territorios con cultivos de coca, no es fácil que tengan acceso a las 3 a 5 hectáreas que necesitan, y que la mayoría de los que están en el Pnis o tienen menos de una hectárea o trabajaban la tierra en arriendo.