Duque promete 180 millones de árboles pero descuida las semillas

En 2019, en Davos, el presidente Iván Duque prometió que antes de terminar su mandato se sembrarían 180 millones de árboles y desde entonces, lograr esa cifra se ha convertido en una de sus metas ambientales más ambiciosas. 

Sin embargo, a 15 meses de dejar su cargo, no lleva ni una tercera parte de ellos sembrados. El Gobierno está presionando a gobernaciones, organizaciones ambientales y hasta a agencias internacionales para que apoyen la causa.

Pero en la carrera por llegarle a la cifra ha descuidado muchas veces las precauciones necesarias para que los árboles sobrevivan en el tiempo, y ha querido sumar iniciativas que no han recibido ningún apoyo del Gobierno. 

Más allá de la meta, los lunares del proceso

Los 180 millones sembrados equivaldrían a unas dos veces el tamaño de Bogotá. Hasta ahora, según las cifras más recientes subidas al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), se han sembrado un poco más de 57 millones de árboles desde 2018. Esto equivale al 32 por ciento de la meta, por lo que le quedan casi 123 millones más por sembrar. 

Que el acelerador se prendió para cumplir la meta se ve en los trinos recurrentes del Ministro de Ambiente, Carlos Correa, en los que aparece sembrando él mismo. Un entusiasmo que se ha vuelto contagioso en el Centro Democrático. El senador Fernando Araujo, por ejemplo, ha pedido que la gente siembre un árbol por cada persona que ha muerto por el covid.

Sembremos un árbol por cada colombiano víctima de Covid.

61.500 compatriotas fallecidos por esta pandemia, merecen ser recordados.

Por su familia y por su comunidad. #SiembraUnArbol por el familiar que falleció, por el amigo, así lo recordaremos siempre.

— Fernando Nicolás Araújo (@FNAraujoR) March 18, 2021

También se ve en la presión que pone el Gobierno a distintas organizaciones. Así nos lo contaron nueve fuentes distintas a la Silla. Una de ellas, que trabaja en una agencia de cooperación internacional y que nos habló off the record para proteger su cargo.

“Le están pidiendo a las agencias de cooperación que reporten todo lo que están haciendo en materia de restauración ambiental en función de las metas del Gobierno —dijo— los programas de estas agencias se financian con esfuerzos de otros países y ponemos a trabajar a comunidades en eso: lo que se siembra es mérito de las comunidades campesinas que ponen la mano de obra, no del gobierno.”

Para él, no es ético que el Gobierno quiera sumar a sus cuentas esfuerzos por los que no ha hecho nada, y asegura que la presión sí se ha visto: 

“Como les cogió la tarde con la meta de los árboles, nos están pidiendo que reportemos al ministerio, cada semana, cómo vamos con el cumplimiento de metas y que enviemos reportes a la oficina de asuntos internacionales del Ministerio”. 

Él y otras fuentes coinciden en que es una carrera para lograr una meta que desde el comienzo está mal enfocada. Como dice Francisco Torres Romero, ingeniero forestal que tiene experiencia en la restauración de bosque seco: “la siembra de árboles debe hacerse de forma planificada, y no a las carreras por solo generar una noticia llamativa en los medios”.  

Y es que ya Colombia ha tenido experiencias en el pasado sobre qué pasa cuando no se cuidan los árboles más allá de la siembra. 

Por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación contrató a la fundación Natura — una de las organizaciones líderes en el tema de conservación y manejo de la biodiversidad —, para hacer revisión de SINA II, un programa de canje de deuda por conservación que se hizo en el país entre 2004-2012. Y en su evaluación encontraron, entre otras cosas, que en algunos casos hasta el 80 por ciento de los árboles se murieron.

Que algo semejante puede estar pasando ahora, en medio de las prisas por llegar a la meta, se ve en algunos casos.

A Andrés Gutierrez, un ingeniero forestal de la Universidad del Tolima que junto con otros ambientalistas montó una corporación ambiental hace cuatro años, lo contactó hace unos meses un grupo del batallón de desminado. 

Al batallón le pusieron la tarea de reforestar en zona rural de Chaparral, y querían que ellos ayudaran contactando a la gente de los predios y con la siembra, pero Gutierrez les dijo que no era tan fácil como buscar gente y terrenos: 

“Les dije que para reforestar hay que hacer un seguimiento de lo que se siembra para que el porcentaje de mortandad sea mínimo, pero me dijeron que no había plata para eso, que la instrucción era regalarle las plantas a los dueños de los predios, sembrarlas y adiós”. 

Gutierrez dice que en esas jornadas se sembraron más de 2.500 árboles, y que ellos salieron en fotos con los militares felices, pero más allá de esto no hay ningún plan sobre cómo cuidar lo que se sembró. 

“A las plántulas sembradas se las comen las vacas, sin riego se secan o si el suelo es muy ácido se mueren rápido. Nosotros habríamos sido felices de que nos pagaran algo por cuidar los árboles, pero no: la realidad es que aquí seguimos desempleados y ellos sembrando a lo maldita sea”. 

Clara Solano, directora de Fundación Natura, dice que desde su organización han sembrado más de 100 mil árboles sólo en 2020, pero que esto obedece a su propia agenda ambiental que no viene desde lo nacional ni reciben recursos del Gobierno por ella.  

Sin embargo, no tiene problema en contribuir al plan de Duque. 

“Actualmente los árboles sembrados por Natura no están en el contador de árboles del SIAC, pero no tenemos problema en incluirlos, porque al final vemos la meta como una de Estado más que de Gobierno”.

Para Solano, del plan de Duque hay cosas positivas que rescatar: 

“Que hagan convocatorias públicas, que llamen a corporaciones y empresarios a que aporten ya es un trabajo de organización muy válido. Y sólo que una persona salga y siembre un árbol tiene un valor de sensibilización muy importante, más allá de los números”. 

Pero también le preocupa que se repitan errores del pasado como no hacer el diagnóstico de los suelos para saber qué se puede sembrar y no tener los viveros necesarios para producir las plantas locales; y, como le pasó a Andrés Gutiérrez en Chaparral, que no se vinculen a las comunidades en la gobernanza de lo sembrado:

“El Gobierno no puede transferir los costos de la reforestación a las comunidades sin meter plata para que ellas perciban algún beneficio. No se puede quedar el trabajo en campañas de siembra esporádicas”, dice.

Sobre todo porque, al menos en el papel, hay recursos para la reforestación.

La plata está pero no necesariamente se sabe cómo se usa

Las fuentes coinciden en que la plata está. 

Si bien no hay una cifra estándar sobre lo que cuesta sembrar un árbol, los expertos calculan que podría ser entre 6 mil y 200 mil pesos. El año pasado el Ministerio nos dijo que estiman que el costo estaría aproximadamente en 7 mil pesos con el transporte al sitio, la preparación del terreno y los abonos. 

Haciendo cuentas con ese último valor, la siembra de los 180 millones de árboles costaría un poco más de 1,2 billones de pesos. Es harta plata, pero como contamos, este valor se podría cubrir con los recursos de cooperación internacional que esperan aportar Noruega, Alemania y Reino Unido para luchar contra la deforestación y conservar los paisajes forestales (1.3 billones de pesos).

También están los recursos de regalías destinados a la conservación de áreas ambientales, que se calculan en unos 900 mil millones de pesos anuales. Y está la plata que prometió Buffet para apoyar la reforestación en enero del año pasado, que todavía no se ha concretado.

“Si sólo una parte de esos recursos se destinara al plan nacional de bosques, tendríamos un plan de reforestación financiado”, dice Manuel Becerra Rodriguez, exministro de Medio Ambiente y miembro del Foro Nacional Ambiental. 

En la práctica, gran parte de la reforestación recae en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Una de ellas, Cormacarena, tiene una meta trazada de 10 millones de árboles sembrados a 2023, y está construyendo seis megaviveros de los que esperan sacar 1 millón al año. 

Andrés Felipe García, director de la entidad, dice que la mayoría de los recursos vienen de su propio presupuesto: 

“Diría que el 80 por ciento de la reforestación sale de recursos nuestros, aunque también tenemos apoyos del Gobierno a través de una bolsa que viene de cooperación internacional y otra del fondo de compensación ambiental. De ellas sacamos el 20 por ciento”. 

García dice que gran parte del éxito de este plan depende de la labor de seguimiento que hacen las autoridades locales y que en eso las CAR son buenas porque conocen los protocolos de sostenimiento de las áreas reforestadas, como también nos lo explicó la CAR Cundinamarca:

“A nosotros nos importa que lo sembrado dure, por eso obligamos a quienes siembran, por medio de un documento, a comprometerse a que lo mantengan al menos por tres años”, dice García.   

Aunque el contador de árboles no permite hacer un seguimiento de dónde vienen los recursos que hoy mueven al plan, y, hasta este momento, no hemos recibido una respuesta del Ministerio sobre cómo están financiándolo, el aporte del sector privado es significativo.

Según las plataforma del SIAC, los más grandes aportantes al plan son privados como EPM (11 millones de árboles sembrados) o Argos (4,9 millones). Estas dos empresas, junto con Ecopetrol, han sembrado casi 17 de las 57 millones de plántulas.

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La meta más allá de la meta

A pesar de estas dudas sobre el proceso, las fuentes coinciden en que la meta de los 180 millones de árboles en sí es buena, y aún si se lograra solo una parte de ella, ya prestaría un gran servicio ecosistémico. 

Por ejemplo, sólo con los 50 millones de árboles ya sembrados, si llegan a su etapa adulta, el país estaría removiendo alrededor de 10 millones de toneladas de CO2 por año de las 237 millones que genera anualmente. 

Pero para Manuel Rodriguez, la garantía de que esto suceda depende de que se sepa dónde están los árboles y se les haga seguimiento:

“Un sistema de seguimiento con drones e imágenes satelitales de lo que se está haciendo, es algo que en la época en la que yo fui ministro no se podía hacer, pero hoy debería hacer parte del plan”. 

También de que se cumplan los compromisos más amplios en materia de cuidado de los bosques que el Gobierno ha hecho pero no ha cumplido.  

En un país con un 50 por ciento de cobertura forestal, todavía está pendiente desarrollar la ley del servicio forestal y la actualización de un plan forestal nacional para el 2020-2030. Esta última fue una promesa que el presidente hizo como parte de la Conversación Nacional y, por ahora, no hay planes para cumplirla.

De esa Conversación Nacional también salió el compromiso de ratificar el Acuerdo de Escazú, que Colombia suscribió en 2019. Pero, como ha contado La Silla, el Gobierno le puso un mensaje de urgencia que ha sido ignorado, sin ninguna repercusión, por los partidos de la coalición de Gobierno incluyendo el Centro Democrático, mientras que otros 12 países del continente ya lo firmaron. 

Mientras tanto, la tala no se detiene.

Sólo en el Amazonas colombiano se deforestaron casi 140 mil hectáreas el año pasado, un 53 por ciento más que en el 2019.

Y desde 2018 van más de 944 mil hectáreas deforestadas en el país, según datos del Global Forest Watch, una plataforma que desde 2014 ofrece información sobre el estado de los bosques en el mundo: tres veces lo que pretende sembrar Duque con su plan.

Así que son más los árboles que se tumban que los que se están sembrando, y, por ahora, no está claro tampoco que se vayan a sembrar todos los prometidos. Y que los sembrados, vean la luz.