El absurdo capítulo final de la novela de los afro no afro

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Que dos blancos hubieran ganados las curules a las que tiene derecho el pueblo afro en el Congreso ya era lo suficientemente exótico, en una historia en la que han primado las peleas y los embrollos jurídicos. El más reciente bololó judicial, sin embargo, supera con creces lo que había pasado porque un conjuez ha tomado decisiones que los abogados no se explican.

Que dos blancos hubieran ganados las curules a las que tiene derecho el pueblo afro en el Congreso ya era lo suficientemente exótico, en una historia en la que han primado las peleas y los embrollos jurídicos. El más reciente bololó judicial, sin embargo, supera con creces lo que había pasado porque un conjuez ha tomado decisiones que los abogados no se explican.

Esta mañana volvieron a llegar hasta la Secretaría General de la Cámara María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña, los candidatos que sin ser afro ganaron las curules de las negritudes, para exigir que los posesionen. Su argumento: que así lo ordenó un conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, en donde cursa una tutela. El enredo es que ese conjuez ya fue desautorizado por la Secretaría judicial de la Judicatura, que certificó que éste no puede dar esa orden.

Llegaron en tensa calma porque hasta la puerta de ese despacho también arribó Heriberto Arrechea, el exrepresentante por los negros que volvería al Congreso si se caen definitivamente las aspiraciones de los afro no afro, para argumentar en contra de la posesión. Arrechea es una de las voces que asegura que ni Bustamante ni Orozco representan al pueblo afro y además denunció que el conjuez, llamado Diego León Villamarín, recibió varios millones por su decisión.

Ayer se habían encontrado los tres aspirantes en el mismo sitio y se armó pelea. A Bustamante y a Orozco los acompañaba un séquito de unas 10 personas. Junto a Arrechea estaba Diego Angulo, el otro candidato que llegaría a la Cámara si los no afro no se posesionan. “Se gritaron de todo, por poco se van a los golpes. Después eso parecía un velorio porque todos quedaron serios”, le contó a La Silla una persona que estuvo ahí.

Ayer y de nuevo hoy,también apareció en el lugar la senadora de Cambio Radical Daira Galvis, aliada política de María del Socorro, a preguntarle al secretario Jorge Humberto Mantilla cómo iba el tema de la posesión. Un asunto que algunos presentes interpretaron como una forma de presionar.

Posesionar o no posesionar a los blancos que se dicen afro es un asunto que no está claro a estas alturas ni para el encargado de hacer el procedimiento, el presidente de la Cámara Fabio Amín. Él le contó a La Silla que está confundido porque del Consejo de la Judicatura le enviaron dos comunicaciones que se contradicen entre sí: la del conjuez que ordena la posesión y la de la secretaría del Consejo, que dice que el conjuez no tiene la competencia para dar esa orden, que primero deben resolverse otros temas en el proceso y que además Villamarín no radicó el auto que lo ordena en esa oficina, algo que sería obligatorio.

Mientras todo esto pasa, los titulares en algunos medios han variado tanto que primero aseguraron que la sala de conjueces de la Judicatura había ordenado al Congreso la posesión inmediata. Y a los dos días que las curules seguían sin dueño. E incluso se llegó a afirmar que Bustamante y Orozco serían oficialmente representantes antes del 19 de diciembre.

Es el increíble capítulo final de una novela en la que los cuestionamientos y el enredo judicial han estado siempre a la orden del día. Aunque el bololó jurídico ahora parece más aún más confuso.

El conjuez de la discordia

Menos de un mes después de las legislativas de marzo pasado se registró la primera pelea por las curules afro, que por número de votos ganaron Bustamante y Orozco Vicuña (a quien señalan de ser el abogado de los narcotraficantes alias Comba) avalados por una fundación que maneja tras bambalinas el cuestionado exrepresentante Yahir Acuña.

Diego Angulo (de Poder Ciudadano, el movimiento de la exsenadora Piedad Córdoba) casi se va a los golpes en un avión con Orozco, por supuestamente haber usurpado las curules que les pertenecen a las negritudes.

 

De ahí para adelante sólo se cuentan peleas y líos jurídicos en el asunto de las curules afro, en el que hasta ahora íbamos en que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura había fallado una tutela (puesta por varios líderes del pueblo negro) suspendiendo la posesión de los afro no afro por considerar que no tienen arraigo en esa comunidad.

La Judicatura, con ponencia de la magistrada María Mercedes López, se pronunció mientras en el Consejo de Estado se resuelven varias demandas de nulidad en contra de la elección de Bustamante y Orozco, una de ellas presentada por la Procuraduría.

Antes del fallo de la tutela, dos magistrados de la Judicatura (Wilson Ruiz y después María Mercedes López) habían dictado medidas cautelares que impidieron la posesión de los blancos que se dicen afro.

Con la misma herramienta, el conjuez Diego Villamarín quiere ahora posesionarlos.

Resulta que antes de que la Sala Disciplinaria decidiera la primera tutela, los afro no afro habían presentado otra tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para tumbar las medidas cautelares de Ruiz y López, que estaban vigentes. Inicialmente, la segunda tutela fue declarada improcedente debido a que no puede ponerse una tutela contra otra tutela (o si no habría un espiral infinito de tutelas), pero los afro no afro impugnaron esa decisión y el debate llegó a la misma Sala Disciplinaria .

Como los siete magistrados de la Sala se declararon impedidos (por haberse pronunciado ya en la primera tutela), hicieron un sorteo entre los 14 conjueces para armar una sala de siete conjueces, como dice el reglamento.

A la vez, los magistrados seleccionaron a Diego León Villamarín, postulado conjuez en ese alto tribunal por la magistrada Julia Emma Garzón, como ponente de todo el caso.

Un magistrado de la Judicatura que habló off the récord le explicó a La Silla que lo primero que debía hacer el ponente Villamarín era presentar una ponencia sobre los impedimentos presentados por los siete magistrados, para que los conjueces decidiran si los aceptaban o no. Si finalmente no los aceptaban, todo el proceso volvía a los magistrados titulares; si los aceptaban, seguirían los conjueces con el caso.

Pero ese paso no se dio y, en cambio, en la primera reunión de conjueces a principios de diciembre, Villamarín llegó con una ponencia para resolver de fondo la tutela a favor de los afro no afro y revocar las medidas cautelares de Ruiz y López, que igual ya no tenían vigencia porque la primera tutela ya había sido fallada de fondo.

Ese día no se votó porque uno de los conjueces, Héctor Carvajal, se declaró impedido para hacerlo por haber tenido relaciones laborales con Heriberto Arrechea, uno de los interesados en tumbar a los afro no afro.

Ese impedimento tampoco se resolvió ese día y por lo tanto se citó a una segunda sala de conjueces esta semana. A esa reunión no llegó Villamarín.

Lo que se supo después es que Villamarín le ordenó a la Cámara la posesión de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco como consecuencia de unas medidas cautelares que dictó (algo que, por regla general, puede hacer un ponente).

Luego de eso, en otra comunicación también al Congreso, la Secretaría Judicial de la Judicatura (despacho por el que tienen que pasar todas las decisiones de ese tribunal), dijo que Villamarín nunca resolvió como ponente los impedimentos de los magistrados y que tampoco radicó en esa oficina el auto que envió a la Cámara.

Con ese documento quedó la sensación de que algo inusual había pasado con las decisiones de Villamarín.

La Silla Vacía intentó comunicarse con el conjuez a un celular que nos facilitó una fuente, pero estaba en buzón y no tenía la opción de dejarle un mensaje.

El secretario de la Cámara Jorge Humberto Mantilla, a quien el presidente Fabio Amín le delegó la recopilación de los documentos sobre las curules afro, le dijo a La Silla que ayer mandó tres cartas a la Judicatura (una al conjuez, una a la Secretaría judicial y otra a la Presidencia) para que aclaren si la orden de Villamarín es oficial o no.

Aunque eso ya lo había aclarado la Secretaría judicial en su primera comunicación al Congreso, Mantilla dice que es necesario porque la orden del conjuez se presume legal.

Mientras se resuelve semejante embrollo jurídico, en la puerta de la oficina de Mantilla siguen todos los interesados en las curules del pueblo afro, incluyendo una Senadora, argumentando a su favor.

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