El aliento de Trump llega al Catatumbo

Luego de varios días de tensión en el Catatumbo por el fantasma de paro que empezó a recorrer la región debido a los anuncios del Ministerio de Defensa de iniciar la erradicación forzosa de coca en sus 11 municipios, anoche finalmente hubo un acuerdo que calmó los ánimos.

Gobierno y campesinos reunidos en San Martín de Loba, el corregimiento de Sardinata que el fin de semana fue el centro de protestas por la llegada de escuadrones del Esmad y de la Policía para arrancar las matas de coca en la zona, acordaron la retirada de la Fuerza Pública y el inicio concertado del programa de sustitución.

Con esa decisión volvió la relativa calma a la región. Pero en el aire sigue la tensión porque aunque el acuerdo se hizo con la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas, que depende de Presidencia, no es tan claro cómo se va a articular con la directriz de erradicar las 25 mil hectáreas de coca del Catatumbo y menos cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está amenazando con descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

Una zanahoria y el inesperado garrote

Un día antes de que Donald Trump amenazara con la descertificación a Colombia, el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció que la erradicación forzosa de coca en el Catatumbo sería una de sus prioridades y que su meta era acabar con las 25 mil hectáreas, que según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, hay en la zona.

Este anunció relegó a segundo plano la noticia que se había robado varios titulares de prensa en días pasados anunciando que en Tibú, la capital del Catatumbo y el segundo municipio con más coca del país con más de 12 mil hectáreas sembradas, se había firmado un acuerdo de sustitución voluntaria que involucraba a aproximadamente 3 mil familias y casi que al tiempo, iniciaron una serie de denuncias en la región sobre la llegada de comandos de la Fuerza Pública a arrancar la mata. 

Al día siguiente del anuncio de Villegas, la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, en Campo Giles en Tibú, aseguró a través de un comunicado que el Esmad había llegado a Corinto, una vereda de ese corregimiento con intención de erradicar. 

Luego fue en La 30, vereda del corregimiento San Martín de Loba en Sardinata, donde al igual que en Campo Giles, Ascamcat prendió las alarmas y denunció que también la Fuerza Pública estaba llegando con comandos de erradicación para arrancar la coca de la zona. 

Aunque sobre Corinto en Tibú no trascendió la información, en La 30 en Sardinata hubo tanto movimiento que todo el Catatumbo se alcanzó a asustar.

Los hechos, según le contaron a La Silla dos fuentes-un campesino y una autoridad local- que estuvieron en la zona, fueron así. 

El 14 de septiembre aparecieron en la vereda policías antinarcóticos y un escuadrón del Esmad e iniciaron la erradicación. Eso generó la reacción de los campesinos, quienes se volcaron hacia el punto en que iniciaron los trabajos y les impidieron que continuaran. 

Si bien inicialmente no hubo enfrentamientos, los ánimos se caldearon porque en la madrugada del día siguiente helicópteros empezaron a sobrevolar la zona y a desembarcar más policías.

Como el rumor se corrió, más campesinos de la línea de Ascamcat, una organización que tradicionalmente ha tenido afinidad política con las Farc, empezaron a llegar y debido a que, según le contó a La Silla un campesino que estuvo presente, “lo que se veía era que ninguno iba a ceder” iniciaron los enfrentamientos.

El detonante estuvo en que Ascamcat anunció ‘acciones escalonadas’ y en la madrugada del 16 de septiembre bloqueó la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña (conecta el oriente con el occidente del departamento). 

Mientras que una delegación se trasladó a la vía, en la vereda hubo enfrentamientos con campesinos y cuatro resultaron heridos.

“La Policía fue la que empezó porque intentó dispersarnos, luego nosotros respondimos y en medio de eso fue que salieron unos compañeros heridos”, aseguró un campesino a La Silla que pidió la reserva de su nombre por seguridad. 

En adelante, las denuncias subieron de tono. Por una parte, se conoció que los protestantes tenían retenido a un Policía, que solo fue liberado hasta que la Defensoría del Pueblo intervino, y por otro lado, los campesinos denunciaron que fueron atacados mientras estaban durmiendo.

Mientras todas esas versiones circulaban, en el resto de Norte de Santander se prendieron las alarmas por lo que podría pasar en el Catatumbo si más campesinos llegaban a La 30 y la Fuerza Pública continuaba con la idea de erradicar. 

Solo en esos cuatro días, hubo pronunciamientos de los alcaldes del Catatumbo, de los personeros de la región y del gobernador de Norte, William Villamizar, así como de sus funcionarios, pidiendo que se diera un tiempo prudencial para la sustitución voluntaria.

Por eso, ese mismo día y después de 10 horas de bloqueo, Ascamcat reabrió el paso, pero también anunció que había llamado al ‘comando de paro’ para decidir qué iba a pasar si el Gobierno continuaba con la intención de erradicar aún después de los diálogos.

La cuesta arriba

Desde el lunes se reunieron delegados de Presidencia, autoridades locales, y líderes campesinos y ayer en la noche finalmente llegaron a un acuerdo en San Martín de Loba que básicamente lo que dice es que ese corregimiento se convertirá en el primero de Sardinata en iniciar el proceso de sustitución voluntaria y que la erradicación forzada se aplazará tanto allí como en el resto del Catatumbo.

Los retos para que la segunda parte se cumpla son especialmente difíciles. 

Como ha contado La Silla, desde que la oficina para la Dirección para la Atención Integral contra las Drogas inició con la implementación de los programas de sustitución ha enfrentado varios problemas de coordinación con el Ministerio de Defensa, que si bien debería ser complementario (ambas están contempladas en el acuerdo de La Habana) está andando a un ritmo diferente. 

Por ejemplo, la meta que se trazó el Gobierno para 2017 entre sustitución y erradicación fue de 100 mil hectáreas (50 mil para el primer proceso y 50 mil para el segundo); sin embargo, mientras que el Mindefensa habla de que ha erradicado 31 mil, la Oficina de Drogas solo ha logrado acuerdos sobre 5 mil hectáreas. 

Eso se explica -como lo hemos contado- porque no hay intercambio de información entre el Mindefensa y la Oficina de Drogas, porque el primero se mueve con la única intención de arrancar la mata, mientras que el segundo entra en procesos de socialización y concertación, y porque la Oficina de Drogas tiene menos personal y eso hace aún más lentos sus procesos.

En el Catatumbo solo se han firmado 156 acuerdos individuales de sustitución en las veredas aledañas a la zona de concentración de las Farc, y si bien el acuerdo municipal que involucraría a 3.000 mil familias  se firmó hace 11 días en Tibú, ese es solo el primer paso (luego deberán caracterizarlos, inscribirlos, desembolsarles la primera partida de los 36 millones que les darían por cambiar su siembra, y darles 60 días para erradicar).

En los demás municipios solo han hecho jornadas de socialización y la política solo despertó en Sardinata, que con 3.800 hectáreas de coca es el segundo municipio del Catatumbo con más cultivos ilícitos, a partir del intento de erradicación forzosa en La 30.

A eso se suma que en esa subregión hay una puja política entre organizaciones sociales por el manejo del aterrizaje de las sustitución y sus réditos políticos. 

Mientras que Ascamcat quiere copar los espacios, y en casos como el de Caño Indio hubo hasta amenazas porque se crearon organizaciones paralelas, en varios corregimientos como La Gabarra y Pachelli en Tibú y Las Mercedes en Sardinata ya hay juntas y organizaciones sociales que han dicho que quieren tener su propia vocería, y eso está generando choques.

Si a la lentitud y a la puja de poder local se le suma que también la amenaza de Trump con descertificar al país en la lucha contra las drogas debido al dramático aumento de los cultivos (llegaron a 188 mil hectáreas), el panorama no es tan sencillo para el Gobierno. 

Precisamente, la sensación que quedó en el Catatumbo con lo sucedido en La 30 es que la llegada del Esmad y el posterior refuerzo de tropas, es el resultado de esa presión.

Y es que aunque en medio de la pelea en la vereda, el Gobierno dijo que solo erradicarían a quienes tuvieran cultivos de 3,8 hectáreas en adelante, allí ni siquiera hay una caracterización de los cultivadores y no se sabe quién es dueño de cuál porción de coca sembrada como para que los policías y el Esmad pudieran aplicar el criterio de la erradicación, que además de la extensión, también opera cuando son cultivos que se sembraron de junio de 2016 en adelante, o cuando la coca es de un grupo ilegal.

Encima, hay otros actores armados en el terreno -el ELN y el EPL coparon los espacios en el manejo del narcotráfico que dejó las Farc- y, según le dijeron a La Silla en San Calixto, Convención y el Tarra, el mercado de la coca está más vivo que nunca. 

“Aquí hay auge ahorita hay mucha coca y la están comprando”, le dijo a La Silla un habitante de Convención. Las otras dos fuentes nos dieron una versión muy parecida.

Es decir, que con un mercado ilegal tan grande, al Gobierno no le quedará fácil esperar a que la Oficina de Drogas llegue a todos los rincones del Catatumbo concerte, firme acuerdos, desembolse plata y dé el tiempo de espera para hacer la verificación de la erradicación.

La mostrada de dientes de los campesinos

Lo que sucedió en el Catatumbo en la última semana no es un hecho aislado. Como lo ha contado La Silla en Tumaco y el Caquetá la descoordinación de las políticas de sustitución del Gobierno está pasando factura en los territorios.

Más allá de evidenciar los puntos ciegos de la implementación del acuerdo de La Habana, el principal problema con la implementación paralela de las políticas de erradicación y de sustitución es que está destruyendo la confianza entre campesinos y los funcionarios que llegan a las zonas a hablar de la sustitución como una salida viable a la siembra de coca.

Lo que sucedió en el Catatumbo fue una pequeña muestra de lo que puede pasar si el Gobierno no integra la política de droga en el país. 

Con la llegada a una sola vereda para erradicar, Ascamcat y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola, Coccam, organización que se creó para agrupar a los cultivadores en todas las regiones que pertenecen a asociaciones con afinidad política con las Farc, movilizaron a cientos de campesinos (900 según sus cuentas) y revivieron el fantasma del paro agrario de 2013.

Eso les sirvió para dos cosas. Por un lado para mostrarle los dientes al Gobierno con su capacidad de movilizar a sus bases, y por otro, para seguir acaparando espacios en el aterrizaje de la sustitución, algo que le echa más leña al fuego del pulso político en el Catatumbo.

En Hacarí, Convención, Teorama, San Calixto, Tibú y el Tarra, le confirmaron a La Silla que los rumores sobre el paro habían alcanzado a tomar fuerza. 

Si bien, en el Catatumbo además de Ascamcat son fuertes el Comité de Integración Social del Catatumbo, Cisca, el Movimiento Constituyente Popular, MCP, y Asojuntas, y no todas se mueven en el mismo sentido, debido a que la erradicación forzada es un problema que los toca a todos, en la región se alcanzó a cocinar la idea de que había suficiente fuerza para hacer un paro como el de 2013 en caso de que el gobierno insistiera con la sustitución forzada.

A excepción de casos particulares como en La Gabarra y San Calixto donde el sector que no es afín a ellos de entrada le dijo a La Silla que no estarían de acuerdo con el paro, en el resto no hubo resistencia -por lo menos pública-. 

De hecho, ayer el Cisca publicó un comunicado reclamándole al Gobierno por la histórica falta de inversión en el Catatumbo, a propósito del aniversario 30 de un paro campesino liderado por ellos, y rechazando la fallas en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. 

“Cuando un paro sucede no es necesariamente premeditado, es la reacción natural de la gente al ver que la van a dejar sin cómo sostenerse”, le dijo a La Silla Ediver Suárez, líder del Cisca sobre la posibilidad de que se fuera a paro la mayor parte del Catatumbo.

Así que aunque con el acuerdo de anoche el Gobierno despejó la amenaza de paro, lo que quedó claro es que está entre la espada y la pared si lo que quiere es erradicar coca en Norte de Santander, que con 25 mil hectáreas, es el segundo departamento con más cultivos ilícitos en el país.