El asesinato de los geólogos prueba el desborde de la guerra posFarc

Las disidencias en Antioquia podrían ser más fuertes de como hasta ahora las han pintado.

Al lado de Briceño, el ícono del posconflicto, donde soldados y guerrilla sacaron juntos las minas y sustituyeron las primeras hectáreas de coca, surgió esta semana el símbolo de que allí el asedio superó a la paz.

El corregimiento de Ochalí, en Yarumal, donde murieron a disparos de fusil los geólogos de Continental Gold Laura Flórez, Camilo Tirado y Henry Martínez, no veía pasar el miedo desde que se fueron las Farc.

Eso le dijeron a La Silla, cada uno por su lado, el alcalde de Yarumal, Julio Areiza, un miembro de Junta de Acción Comunal y una líder comunitaria de los cuales omitimos el nombre por seguridad. “Acá siempre estamos solos”, nos dijo el segundo para justificar su silencio.

El ataque le revivió el temor del pasado, marcado por la presencia del Frente 36. “Nosotros sabíamos que había una disidencia por ahí, pero no en el municipio. Ahora vemos que ya es toda la zona la que está afectada”, nos dijo el Alcalde.

El desborde

Era medianoche de miércoles. Alrededor de 40 soldados vigilaban desde las montañas de Ochalí -una zona que es más corredor de narcotráfico que campo de coca- el tramo entre Briceño y San Andrés de Cuerquia por el que suelen pasar los disidentes del 36.

Estaban a casi dos kilómetros de la casa donde descansaban los once empleados de Continental Gold.

Por lo escarpadas que son las ramas del Nudo del Paramillo, los soldados solo llegaron para recoger tres cuerpos sin vida, atender tres heridos, salir a buscar un desaparecido y perseguir a los atacantes que, según información que los sobrevivientes le dieron al Ejército, se identificaron como Farc.

Esa disidencia, de la que se empezó a hablar a comienzos de este año, no tendría más de 35 hombres, según le dijo a La Silla el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez. A ellos se suman otros que tienen identificados como disidentes del Frente 18 (en el vecino Ituango) para acercarse a los 70, según el General.

Según inteligencia de la Policía, las dos disidencias, que delinquen juntas bajo el mando de alias ‘Cabuyo’, suman al menos 90.

Ese grupo residual, como lo llama la Fuerza Pública, está aliado con la banda ‘Pachelly’ de Bello, en el Valle de Aburrá, con la que tranza coca por armas; y con los llamados ‘Caparrapos’, disidentes del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, que les mandan hombres a cambio de espacio para expandirse hacia la región Norte, según información que el Ejército y la Policía le dieron a La Silla por aparte.

Hasta ese momento, el grupo residual no había matado civiles. Que lo haya hecho muestra que tiene mucha más capacidad de ejercer violencia de lo que hasta ahora se había estimado.

“Tienen la intención de que se les tome en serio. Así uno ya sabe de qué son capaces”, le dijo a La Silla un líder social de la región para explicar que ese nuevo grupo quiere reconquistar el territorio que conoce como la palma de su mano, pues el Frente 36 lo controlaba.

Ese líder, que nos habló solo si reservábamos su nombre, nos aseguró que la tranquilidad que cuentan que han vivido últimamente los habitantes es porque no hay grupos que están peleando allí.

Cuenta que, aunque hubo un tiempo en que el Clan del Golfo estuvo merodeando por los caceríos con armas cortas y vestidos civil, la disidencia es de la que más se escucha hablar en los municipios vecinos.

Por eso en Yarumal la pelea no sería entre grupos ilegales, como sí pasa en zonas cocaleras en Ituango, Valdivia y Tarazá, más hacia Córdoba; sino por la defensa de lo ilegal contra cualquier signo que implique la llegada de la legalidad y el Estado.

La alarma que a Continental le tocó prender

El domingo pasado, funcionarios de la multinacional minera habían armado un partido de microfútbol con los habitantes del casco urbano de Ochalí y les contaron por segunda vez la idea que tenían de explotar oro con su proyecto Berlín, entre Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Briceño, en la parte del Norte que atraviesa el Cauca.

La compañía les prometió a los campesinos de la zona vías, empleo directo, inversión social. El miembro de Junta de Acción Comunal con el que hablamos nos dijo que la gente estaba feliz con el proyecto. En eso coincidió el alcalde Areiza.

Pero en la zona se escuchaban rumores de que había grupos que no querían verlos más allí, como nos contó un líder minero, una fuente que conoce la compañía desde adentro y lo confirmó en medios el padre de una de las víctimas, que asegura que los empleados que han ido a explorar estaban advertidos.

No obstante, la minera dijo en un comunicado que no conocía esas amenazas. Solo sabe de las que tiene más al Occidente, en el municipio Buriticá -donde está su proyecto minero más grande- las cuales trascendieron en el asesinato del ingeniero Óscar Alarcón, el pasado 5 de septiembre.

Ese homicidio, según la Fuerza Pública, que está permanentemente en la mina de Buriticá con más de 100 hombres, lo cometió el Clan del Golfo, grupo que se pelea más al norte el control del narcotráfico y la extorsión con las disidencias.

Tres días después de que la Policía capturara a los que presuntamente mataron al ingeniero, ocurrió el ataque en Ochalí.

Desde que llegó a explotar el suelo en Antioquia, en 2015, Continental ha tenido que lidiar con la presencia del Clan del Golfo. Prueba de eso es que hace poco más de dos años, su vicepresidente, el Alcalde y el Secretario de Gobierno de Buriticá fueron capturados por ayudarle a ese grupo a extraer oro ilegal.

Luego de una “limpieza interna” de la compañía a raíz de ese episodio -le dijo a La Silla una fuente que la conoce por dentro- logró sacar las primeras licencias de formalización en sus terrenos. En tres años ha empleado poco más de mil personas de la zona y ha formalizado 300 pequeños mineros en sus predios.

Por esa entrada en espacios donde normalmente se lucran los ilegales, la Policía cree que los ataques son directamente contra la empresa. Lo mismo considera, en parte, Fabio Velásquez, presidente ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia y miembro del Grupo de Diálogo sobre Minería (Gdiam).

Explica que los ataques a la empresa se deben a su apuesta por la formalización y la buena relación que tiene con las comunidades.

Pero Velásquez también cree que en todo el país, con el posconflicto, “cualquier cosa puede ocurrir”.

En eso coincide Fabio Arjona, vicepresidente de Conservación Internacional e integrante del Gdiam. Dice que más que una amenaza a Continental, lo es para las otras tres mineras grandes que operan en Antioquia y las que están en el resto de Colombia, pues va directamente contra la llegada de la legalidad a las zonas históricamente abandonadas.

Por ejemplo, en abril de este año, en El Bagre, Bajo Cauca, un grupo armado mató a un empleado de Mineros S.A. y secuestró a otros 13 porque la empresa no quería pagar vacuna, según nos contó un directivo. La ONU tuvo que ayudar a rescatarlos.

Pero más allá de eso, nos dijo Arjona, “la pelea es contra toda la formalidad. A Continental le tocó”.

A pocos kilómetros de Berlín, el terreno que la Continental exploró hasta esta semana, está la hidroeléctrica Ituango, que además de causar una emergencia económica y social, este año sus proveedores han sido víctimas del resurgimiento de la guerra en el Norte.

Entre junio y julio, las disidencias atacaron a disparos un bus con cuarenta obreros en San Andrés de Cuerquia, quemaron un helicóptero que había contratado ISA para instalar redes eléctricas en Toledo y quemaron maquinaria amarilla de Celsia. Todo como presión para pagar vacunas.

El cobro de extorsiones llegó al punto de que en Ituango los comerciantes cerraron sus locales a modo de protesta hace poco más de un mes.

En general, en los municipios que envuelve el Paramillo, las intimidaciones a los que denuncian o no se acogen a las órdenes de los nuevos grupos en zonas rurales han terminado en desplazamientos de familias enteras hacia Medellín.

Cada vez son más, así como los ataques contra el que llegue a las zonas antes controladas por la guerrilla. Aumentan al ritmo que crecen la coca y la violencia.