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El proyecto que crea 16 nuevas curules para territorios afectados por el conflicto llega hoy a la Cámara y allí la pelea no es por la paz, sino por los votos en las regiones.
El cálculo político detrás de las circunscripciones de paz
El proyecto de circunscripciones especiales tiene prioridad máxima en el Congreso, porque la inscripción de esos candidatos a 2018 arranca en noviembre y la ley debe estar lista para esa fecha.
Esta tarde arranca el penúltimo debate de la ley que crea 16 curules nuevas para que organizaciones sociales y víctimas de los territorios más afectados por el conflicto tengan representación en el Congreso durante los próximos ocho años. Los cambios de los ponentes al texto muestran la resistencia de los congresistas a tener competencia en las regiones donde quedan esas circunscripciones.
Las 16 circunscripciones se acordaron en La Habana como una medida de reparación colectiva a los territorios históricamente afectados por el conflicto que nunca tuvieron representación regional.
Pero ahora que la discusión llegó a la Cámara, el tema de la reparación pasó a un segundo plano y se impuso un cálculo político a menos de seis meses de las elecciones al Congreso donde muchos representantes buscarán la reelección en la Cámara o saltar al Senado.
Los cambios
En la ponencia mayoritaria, los representantes eliminaron la votación de esas curules en los 167 cascos urbanos que abarcan las circunscripciones.
Según los ponentes que firmaron la ponencia (los coordinadores Silvio Carrasquilla de Bolívar y Jaime Buenahora de los colombianos en el exterior; Albeiro Vanegas de Arauca, Fernando de la Peña del Cesar, Oscar Bravo de Nariño y Carlos Abraham Jiménez del Valle) lo que buscan es evitar que las maquinarias regionales en los cascos urbanos tengan injerencia en la votación.
“Si dejamos los cascos urbanos pueden meterse personas que no tienen el derecho (de participar)”, nos dijo el coordinador ponente del proyecto, el liberal Silvio Carrasquilla de Bolívar donde hay una circunscripción.
Previamente el Senado, con el visto bueno del Gobierno, ya se había eliminado la posibilidad de la votación en cascos urbanos con más de 50 mil habitantes, como por ejemplo las zonas urbanas de Buenaventura, Tumaco y Santa Marta, para evitar que esa votación arrastrara a la de las zonas rurales de las respectivas circunscripciones.
“La guerra se hizo en los campos no en las ciudades”, según el representante vallecaucano Carlos Abraham Jiménez y porque “los campesinos que vivieron el conflicto pueden pedir más en su región rural”, como nos dijo el putumayense conservador Orlando Guerra.
Sin embargo, el cambio adicional de quitar los demás cascos urbanos implicaría una renegociación frente a lo firmado con las Farc.
“La propuesta (de eliminar el casco urbano) desconoce lo acordado en La Habana”, dijo a La Silla Vacía el senador Roy Barreras, quien fue uno de los negociadores en Cuba. “Las circunscripciones son reparaciones colectivas para los territorios que fueron víctimas de la violencia. En cabeceras municipales ocurrieron masacres como la de Bojayá, ¿cómo les vamos a impedir que voten allá?”.
Este cambio, según un cálculo que hizo la oficina del Alto Comisionado para la Paz, significaría que al menos 1 millón de personas no podrían votar para la circunscripción especial.
Según supo La Silla este cambio se concertó entre el Gobierno y los ponentes para evitar que los congresistas quitaran un punto mayor de este proyecto: la doble votación de los habitantes de estas zonas.
El 'lío' de votar 2 veces
El Acuerdo refirmado entre el Gobierno y las Farc en Bogotá establece que los habitantes de las circunscripciones especiales tendrán dos tarjetones en las elecciones para la Cámara: una para que elijan al representante de su departamento como ocurre cada cuatro años y otro para escoger al de la circunscripción.
Esta votación será solo por dos períodos, de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026.
Dos altos funcionarios del Gobierno nos dijeron, por aparte, que en las reuniones para discutir la ponencia que hoy entra a votación, los congresistas insistieron en que esa doble votación no les gustaba, porque “tendrían que incrementar los costos de su campaña porque ahora tenían que hacer campaña para ellos mismos y para el candidato de la circunscripción”, según nos dijo uno de ellos.
La explicación de esto es que el candidato de la circunscripción podría convertirse en un contradictor político del representante ‘ordinario’ y que eso tendrían que ‘invertir’ en volverlo su aliado, sobre todo con miras a las regionales del 2019 donde se pelearían por concejos y alcaldías.
”Cómo le vamos a impedir a los de Bojayá que voten?”
“Todos quieren meter candidatos en las circunscripciones, los alcaldes, los concejales”, nos dijo otro ponente bajo reserva de su nombre para no tener problemas en la región con sus opositores.
Así que la fórmula intermedia que encontró el Gobierno con los ponentes fue eliminar la votación en los cascos urbanos, donde las maquinarias locales de alcaldes y concejales tendrían más poder.
Porque en el fondo, todos los ponentes tienen intereses electorales en las cabeceras que quieren eliminar del proyecto. Sobre todo, porque los políticos tradicionales, como hemos contado, están comenzando a moverse para meter sus fichas en las circunscripciones aliándose con organizaciones sociales.
“Los candidatos al Senado están buscando consejos comunitarios y asociaciones de víctimas para que consigan candidato que vaya en alianza con sus candidatos a la Cámara ordinaria”, dijo uno de ellos.
“Ya hay senadores que dicen que tienen un candidato víctima, un indígena, un desplazado”, nos dijo un Senador, sin que nos diera ejemplos concretos de eso.
La pelea regional
Un ponente y un senador nos dijeron, por aparte, que detrás de los cambios influyó una pelea regional por los votos en la circunscripción del norte del Cauca, la más grande del país, que comprende 17 municipios, la mayoría en el norte del Cauca, dos del sur del Valle (Florida y Pradera) y cinco del Alto Patía en Nariño. Y según una fuente del Gobierno que conoce el caso, es “el más complicado de todos”.
En esa pelea electoral están involucrados el representante Carlos Julio Bonilla del liberalismo y Roy Barreras, de la U, a través de un aspirante a esa circunscripción que apoya el senador Barreras.
”La guerra se hizo fue en los campos, no en cascos urbanos”
Se trata de Fáber Muñoz, un ex militante del M-19 que tiene una larga carrera política: fue secretario de Hacienda del gobernador liberal Guillermo González Mosquera, diputado y dos veces concejal de Popayán. En el 2014, aspiró a la Cámara del Cauca por La U y se quemó con 13 mil votos.
Pese a que el representante John Jairo Cárdenas de La U y aliado de Barreras para el 2018 le dijo a La Silla que Muñoz ya renunció a La U, en sus redes sociales Muñoz aparece en fotos con Barreras en reuniones políticas e incluso, el pasado 22 de julio escribió “todos comprometidos con la fórmula Faber Muñoz a la Cámara de Representantes y Roy Barreras al Senado”.
En el equipo de Muñoz nos confirmaron que si bien ya hace campaña, no ha definido todavía un apoyo con una organización social.
Esa ‘fórmula’ es vox populi en el Cauca. Por eso, el representante Bonilla fue uno de los que primero puso el grito en el cielo.
Pese a pertenecer a la Comisión Tercera de asuntos económicos, Carlos Julio Bonilla estuvo involucrado en el debate de la ponencia entre los ponentes de la Comisión Primera desde agosto y fue invitado a explicar sus puntos que había expuesto al interior de su partido, el Liberal.
Bonilla nos dijo que el cambio que más propuso (y que quedó en la ponencia) es que los miembros de las circunscripciones no tuvieran relación con ningún partido político: que no hubiesen participado en elecciones anteriores (así no hayan sido elegidos) ni fueran parte de una directiva regional.
Un cambio que eliminaría la posibilidad de que Muñoz participara.
“Él (Bonilla) ha dicho que no van a dejar que se metan en su zona”, nos dijo un Senador atento a esa movida política.
Aunque el representante no nos dijo que hubiera una pelea cazada con Muñoz, sí nos dijo que en su departamento ya hay injerencia de políticos en la campaña de las circunscripciones. Esa misma información la dieron otras tres fuentes entre ellos dos congresistas y un periodista dateado.
Otra circunscripción que afecta a las alianzas políticas tradicionales es la 5, a la que pertenece Caquetá, que la componen 16 municipios y tiene un potencial de 200 mil votos.
Allá, la alianza entre los excandidatos a la gobernación del partido Conservador y el Verde de Arnulfo Gasca y Luis Cicery, que como contamos en La Silla Sur aspiran al Congreso, trabaja para llevar a un candidato a la circunscripción que hasta ahora no han definido. Pero, el grueso de la votación de ambos candidatos (que juntos suman más de 70 mil votos) está en las cabeceras de municipios que entran a las circunscripciones como la capital Florencia, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá.
“Es apenas una ponencia, eso puede cambiar”, nos dijo el coordinador Carrasquilla. Dentro de las propuestas que desde esta tarde discutirá la Cámara es que el veto a los cascos municipales sea a partir de los que tengan 25 mil habitantes, para evitar que todos queden excluidos.
Según el grupo Csvi de las Farc, ese cambio afectaría a 41 de los 167 municipios.
De todos modos, con este debate, ya quedó claro que cuando se trata de votos, el discurso de la paz pasa a un segundo plano.
