El calvario holandés del carbón colombiano

IKV Pax Christi, la mayor ONG de derechos humanos de los Países Bajos, le pidió ayer a las cinco empresas holandesas de energía que importan carbón del Cesar que dejen de comprarlo hasta que sus dos grandes productoras -Drummond y Prodeco- den explicaciones sobre sus presuntas relaciones con los paramilitares.

Aunque las dos mineras niegan los señalamientos de Pax Christi, el debate que se puede abrir no es menor teniendo en cuenta que Holanda es el mayor comprador de carbón colombiano en el mundo y su puerto de acceso al resto de Europa. En total, el 20 por ciento termina en Holanda y otro 19 por ciento a los demás países de la Unión Europea.

“La cooperación entre las empresas de carbón mineral y los paramilitares en el departamento del Cesar consistió en el apoyo financiero y material y en el intercambio de información estratégica”, dijo Pax Christi tras entregarle el informe este lunes a Lilianne Ploumen, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo (pese a que el sentido del informe se había filtrado a la agencia Efe a finales de la semana pasada).

En particular, Pax Christi acusa a Drummond y Prodeco -la segunda y la tercera exportadora de carbón colombiano- de haber financiado el nacimiento de un frente de las AUC, el Juan Andrés Álvarez, para operar en la zona minera y hacerle frente a los atentados contra la vía férrea y los secuestros de sus empleados por parte de las Farc y el ELN, algo que las dos empresas niegan con vehemencia.

A esa conclusión llegó la ONG holandesa tras un trabajo de campo de tres años, en que usó sobre todo los testimonios de jefes paramilitares en Justicia y Paz, entrevistas con antiguos empleados de las dos mineras y con víctimas de los paras en el centro del Cesar.

A raíz de esa investigación, le pidieron a los gigantes energéticos Nuon, Essent, Delta, Electrabel y E.ON que dejen de comprar lo que el informe describió como “carbón ensangrentado” hasta que la estadounidense Drummond y, en menor medida, Prodeco -filial colombiana de la suiza Glencore Xstrata- compensen a las víctimas de los paras en la zona de la mina.

IKV Pax Christi y su directora para América Latina, Marianne Moor, le presentaron ayer un duro informe al Gobierno holandés sobre las carboneras Drummond y Prodeco.

Drummond, la empresa estadounidense cuyas operaciones en Colombia dirige José Miguel Linares, ha negado haber tenido cualquier tipo de vínculo con los paras.

Las denuncias sobre la relación entre las mineras del Cesar y los paras no son nuevas.

De hecho, han llegado incluso hasta los tribunales gringos, dado que un grupo de 600 víctimas de las AUC demandó a Drummond en una corte de Alabama por presuntamente financiarlas. Pero hasta el momento, ninguna institución había sistematizado todos los testimonios judiciales que hay sobre el tema.

Éstos, sumados a las voces de decenas de personas que fueron victimizadas por los paras, son los que permiten a Pax señalar que “con base en la totalidad de las declaraciones en este informe, se puede argumentar de forma convincente que Drummond y Prodeco han sido corresponsables en varias maneras y en grados distintos en la violencia y los crímenes perpetrados por las AUC en la zona minera del Cesar”.

Con ese contexto Pax Christi se refiere al período entre 1996 y 2006, cuando los paras dominaron la zona minera del centro del Cesar, ubicada entre los municipios de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril, Chiriguaná y Codazzi.

Durante ese período, la ONG holandesa estima que el Bloque Tayrona y luego el Frente Juan Andrés Álvarez -que solo operaba en esta zona y que alcanzó a tener 600 hombres- cometieron al menos 4 mil asesinatos y dejaron a miles de personas desplazadas allí.

Según varios antiguos jefes paras, ese frente nació por iniciativa expresa de las dos mineras. José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’ y ex jefe político del Bloque Tayrona de las AUC, le ha dicho a las autoridades que -cuando trabajaba como jefe de seguridad de Prodeco (antes de unirse a los paras)- coordinó una reunión con un comandante local para explorar la posibilidad de un frente exclusivo para la región. Y que luego, por iniciativa de sus empleadores, organizó otra reunión con el jefe de seguridad de Drummond -el ex agente de la CIA James Adkins- para ver si la financiaban entre las dos empresas.

O, como le relató ‘El Canoso’ a Noticias Uno, “se tuvo una reunión en las instalaciones de la mina Drummond, y le hicimos la exposición y acordamos que 100 [millones de pesos] pagaba Drummond y 100 pagaba Prodeco [cada mes]. Drummond aportó dinero y Prodeco aportó dinero para patrocinar la entrada de 200 hombres en la vereda llamada El Silencio”.

Según Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’ y el primer comandante que tuvo el naciente frente, hubo incluso una reunión entre 'Jorge 40' y Alfredo Araújo Castro, que sigue siendo un alto funcionario de Drummond, para tratar el tema.

“Yo creo que las estadísticas hablan solas. En el momento en que nosotros tomamos la zona, y se tomó la zona las autodefensas, creo que no hubo voladuras de la vía férrea, no hubo más atentados contra los vehículos de la Drummond. Prácticamente se les acabó eso”, le dijo a Verdad Abierta Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’ y escolta del comandante del Juan Andrés Álvarez.

Aunque no hay un hilo narrativo claro sobre cómo habrían financiado Drummond y Prodeco a los paras, según Pax Christi hay un número de indicios y coincidencias en los testimonios que permiten concluir que los pagos existieron. Según los testimonios que compilan, el modus operandi habría comenzado con giros esporádicos en efectivo y luego pasaría a ser canalizado a través de contratistas.

Uno de ellos era Jaime Blanco Maya -el responsable del contrato de operación de la cafetería de la mina de Drummond- que ha testificado haber hecho pagos mensuales en efectivo a los paramilitares, que luego justificaba al cobrarle a la minera un 10 por ciento más en las facturas de su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA).

Alias 'Samario' ha dicho que se reunió con Blanco en al menos dos ocasiones, una en un casino de la empresa fuera de la mina y otra en la puerta de entrada de ésta.

En total, el ex contratista -que es medio hermano del ex Procurador Edgardo Maya- estima haberles girado unos 900 mil dólares entre 1997 y 2001.

El informe de Pax Christi está basado en testimonios de las víctimas de los paras y en las versiones libres de antiguos comandantes paras como 'El Samario'.

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Jaime Blanco Maya, el medio hermano de Edgrardo Maya que manejaba como contratista la cafetería de Drummond y que fue condenado por el asesinato de los sindicalistas, dice haberle pagados a los paras en nombre de la empresa de Alabama. Foto de El Pilón.

Con el nacimiento del Frente Juan Andrés Álvarez, la violencia se disparó en la zona.

Pax Christi argumenta que tanto Drummond como Prodeco se beneficiaron indirectamente de muchos de los asesinatos y desplazamientos ocurridos cerca a las minas que buscaban diezmar la influencia de las guerrillas y que, en un puñado de casos documentados, contribuyeron información a los paras que permitieron cometerlos.

Uno de esos casos es el asesinato en 2001 de Valmore Locarno, Víctor Orcasita y Gustavo Soler, todos líderes de Sintramienergética, el sindicato que reúne a 3 mil de los 5 mil empleados de Drummond. Locarno y Orcasita fueron bajados de un bus de la empresa por un grupo de paras al mando de Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, cuando regresaban a Valledupar y asesinados allí mismo. Soler fue asesinado cinco meses después en la carretera de Chiriguaná.

Hasta el momento dos ex contratistas de Drummond han sido condenados por estos crímenes: Blanco Maya fue condenado en 2013 a 28 años de prisión como autor intelectual. Jairo Charris Castro, empleado suyo en la cafetería de la mina, fue condenado en 2009 a 30 años por haberle informado a los paras en qué bus viajaban los sindicalistas.

De la misma manera, Pax Christi cuestiona la compra por parte de las mineras de dos grandes terrenos con un historial de violencia y despojo paramilitar. Aunque Drummond y Prodeco compraron esas tierras entre 2008 y 2009, mucho después del azote de los paras, para la ONG holandesa su falta de reconocimiento de los hechos y de solidaridad con las víctimas ha impedido que éstas puedan ser reparadas y recuperen lo que perdieron.

En el caso de Drummond se trata de Mechoacán, un terreno en La Jagua de donde al menos 33 familias salieron desplazadas por los paras, que en 2004 asesinaron al líder local Luis Trespalacio.  Muchas de esas parcelas fueron traspasadas a terceros en la notaría de Chiriguaná sin que sus dueños supieran, mediante toda clase de artimañas jurídicas, con la complicidad de funcionarios públicos e incluso con las firmas falsificadas de personas que habían muerto. Cuatro años después Drummond le compró esas tierras a sus nuevos dueños.

En 2010 la Fiscalía declaró nulas muchas de las compraventas, pero los campesinos aún no han podido regresar porque la minera inició un proceso legal para impedirlo, argumentando que estas irregularidades se descubrieron solo dos años después de las compras y que ellos no lo sabían.

Dado que negoció las tierras de buena fe y a instancias del Gobierno y que no tuvo que ver con los hechos del pasado, la empresa señaló que está defendiendo sus derechos e intereses en la justicia.

Algo similar ocurre en el predio de El Prado, también en La Jagua, que compró Prodeco.

“Todo esto se hace por la tierra rica en carbo?n: trae una gran cantidad de dinero y eso explica este desplazamiento. Una parcela de tierra que esta? en disputa no vale nada. Cuando ha habido asesinatos y la gente ha sido desplazada se puede comprar una hecta?rea de tierra por 150 mil pesos”, dijo ‘El Samario’ en Justicia y Paz.

Las dos mineras niegan haber tenido relación alguna con los paras.

Drummond, la segunda mayor productora de carbón después del Cerrejón y fuente del 25 por ciento de las regalías del sector minero en el país, aseguró este fin de semana que “siempre ha estado al margen del conflicto armado” y que, como señaló una corte de Alabama al desestimar la primera demanda de las víctimas del Cesar, “cuando las afirmaciones se sacan a la luz del día, no soportan el escrutinio”.

Prodeco, sobre quien Pax Christi dice que “la información disponible da motivo para una investigación ampliada”, señaló que “el informe es distorsionado y desequilibrado, y sigue ciegamente las acusaciones de un criminal condenado que surgieron en una audiencia judicial de hace varios años – en la cual no fuimos parte ni teníamos el derecho a ser escuchados – y presenta el testimonio sobre la premisa de que es la verdad”.

Hasta el momento las investigaciones judiciales sobre la relación entre las dos mineras y los paras no han avanzado, ni en Colombia ni en Estados Unidos. Con el informe y el lanzamiento de su campaña en Holanda, Pax Christi está apuntando a presionarlas donde más les puede doler: el bolsillo.

La pregunta es si, diez años después de que estas acusaciones se oyeran por primera vez sin que nada sucediera, podrían poner a Drummond y Prodeco contra la pared. Sobre todo siendo el carbón un producto que los consumidores holandeses y europeos no compran directamente en el mercado y, por lo tanto, resulta más difícil convencer a los consumidores de sumarse a un castigo ético.

El mayor riesgo para las dos mineras es que la mayoría de empresas energéticas que les compran el carbón son públicas, por lo que están sujetas a las dinámicas políticas locales. Según le contó a La Silla una persona que conoce el mercado europeo de carbón, cuando los partidos ambientalistas están en el gobierno de turno la presión en temas ambientales o de derechos humanos es alta. Y cuando están en la oposición, puede ser incluso mayor porque juegan a meterle presión, posicionar el tema en público y buscar que las empresas no le compren a esos proveedores.

Al final, es una realidad que las empresas de países como Rusia son menos transparentes que las colombianas y es improbable que las empresas cambien de comprador. Pero, desde que entró en vigencia el TLC con la Unión Europea, hay un castigo más preocupante: el carbón está gradualmente dejando de ser visto en el mercado europeo como de Drummond o Prodeco y pasando a ser una especie de "estándar colombiano".

Eso eleva el costo político y económico para las dos mineras, pero también para otros productores como el Cerrejón y Colombian Natural Resources que pueden ser penalizados por los cuestionamientos de otros.

Queda por ver qué dicen el Gobierno holandés y las empresas que lo compran.

PAX Dark Side of Coal Final Version by lasillavacia