El caso del CNE ambienta un escenario que pone en riesgo la candidatura de Petro

Esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) definirá si sanciona al excandidato presidencial Gustavo Petro por recibir aportes económicos de tres funcionarios públicos en su campaña de 2018.

Si decide que sí, como lo propone el magistrado ponente Renato Contreras (aliado del Centro Democrático), haría una aplicación literal y a rajatabla de una ley que prohíbe a las campañas recibir dineros de funcionarios públicos.

Y de paso, puede ambientar el inicio de una investigación penal contra Petro en medio del proceso electoral del 2022. Lo paradójico es que la creación del delito que tiene alarmado a Petro se dio en 2017 por presión de figuras como Claudia López y Juan Manuel Galán que, como él, han dado duras batallas para atacar la corrupción electoral. 

El proceso en el CNE

Este caso en el CNE comenzó en agosto de 2018. Al principio fue una investigación sobre el supuesto ingreso a la campaña de Petro de dinero de la empresa venezolana Monómeros, hipótesis que fue descartada por la autoridad electoral.

Sin embargo, el proceso no se cerró. El 12 de junio de 2019, el magistrado Renato Contreras pidió revisar el informe de ingresos de la campaña de Petro y encontró tres aportes de funcionarios públicos: uno de 95 mil pesos de una docente cartagenera, Bertha Isabel Bravo; otro de 150 mil pesos de un docente de la Universidad Pedagógica, Gonzalo Pérez; y un último de 120 mil pesos de una funcionaria de la Contraloría, Sandra Salazar.

Aunque se trata de aportes que suman en total 365 mil pesos y representan el 0.0025 por ciento de los 14.476 millones de pesos que ingresaron la campaña de Petro en la primera vuelta, el magistrado Contreras sostiene que hubo una violación de la norma electoral. 

La ley 1475 de 2011 define como fuentes prohibidas de financiación electoral los que hagan empresas extranjeras, personas a las que les han aplicado extinciones de dominio; personas o empresas cuyos ingresos mayoritariamente vengan de contratos públicos y, además, los aportes de funcionarios públicos. 

Ese es el sustento de la ponencia que presentará el magistrado Contreras ante la sala plena del CNE. La Silla tuvo acceso al documento, el cual argumenta que “sin importar el monto del aporte, a la luz de la Constitución y de la ley están prohibidos los aportes que desempeñen funciones públicas”.

La propuesta del magistrado castiga con una multa de 14 millones de pesos a Petro, su gerente de campaña Blanca Durán, su auditor Dylan Fabián Fragua, y a las directivas del partido Mais, que avaló su campaña. 

El CNE no puede inhabilitar a Petro, como el precandidato señaló inicialmente. Pero puede sentar las bases de un proceso penal que sí pondría en riesgo su participación en política porque Contreras le remitió el proceso a la Fiscalía para que lo investigue.

El proyecto que volvió la falta en delito

El delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas, que encaja en los planteamientos del magistrado Contreras es reciente en la normativa penal. 

Nació de una reforma que hizo el Congreso al Código Penal en medio de la precampaña presidencial de 2018.

Esa reforma arrancó como una iniciativa de la bancada del Centro Democrático para establecer multas y sanciones efectivas antes y durante las elecciones. Pero originalmente no contenía el delito de las fuentes prohibidas.

Este se incluyó en un debate de la comisión primera del Senado por una proposición que hicieron los entonces senadores Claudia López (Alianza Verde), Juan Manuel Galán (Liberal) y Alfredo Rangel (Centro Democrático). 

La ahora alcaldesa de Bogotá dijo que era necesario crearlo no solo para poner en cintura a los gerentes y tesoreros de las campañas, sino también a los candidatos. Para que todos se hicieran cargo de cada peso que entrara o saliera de la campaña, y del origen de esos ingresos. 

No más Samper, Santos y VargasLleras!Todos elegidos con financiación ilegal y excusas de q fue a sus espaldas!No Mas Corrupcion e impunidad!

— Claudia López (@ClaudiaLopez) March 14, 2017

En Senado proponemos hoy que violación de topes electorales y financiación ilegal sean delitos con 4 y 8 años de cárcel...no "infracciones"

— Alfredo Rangel (@AlRangelS) March 22, 2017

Propongo atacar médula de la corrupción en campañas. Candidatos deben ser directos responsables de financiación y gastos. @viracachapava

— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) March 27, 2017

“Nunca más un candidato va poder decir ‘es que yo de la campaña solo daba discursos, pero yo no tenía que ver con la financiación, yo nunca participé de la financiación’; al contrario, lo que queremos es que los candidatos estén al tanto de la vigilancia y de la recepción de los recursos, que sepan exactamente quién les dio, para qué, con qué motivación etc. y que justamente por eso nunca se presente esa excusa”, planteó López.

Por eso, propuso que quien fuera declarado culpable de ese delito tuviera prisión de entre 4 y 8 años, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.

El senador Rangel, del Centro Democrático, buscó matizar esa propuesta. Pidió que la responsabilidad de los candidatos solo pudiera establecerse cuando se comprobara que habían hecho una gestión directa para conseguir los recursos de esas fuentes prohibidas. 

“Podría eventualmente darse el caso de que el candidato no haya participado en esa consecución de los recursos ilícitos, en ese sentido, la precisión que hago yo de mi propuesta es probar que haya tenido una participación en la consecución de esos recursos”, dijo Rangel.

En comisión primera la propuesta de López tuvo el apoyo de Juan Manuel Galán, Viviane Morales y Alexander López del Polo, hoy aliado de Petro en el Pacto Histórico. 

Al final, cuando el proyecto pasó a plenaria, se aprobó lo que propuso López sin el matiz que planteó Rangel. Y así, la reforma se volvió ley a finales de 2017. 

La aplicación literal de ese nuevo delito podría estrenarse no contra alguna campaña cuestionada por financiación ilegal, sino contra una que no hizo un control estricto de sus ingresos y que, coincidencialmente, encabezó un referente de la lucha contra la corrupción como lo es Gustavo Petro. 

Con sus debates en el Congreso, Petro destapó la parapolítica en Antioquia y Sucre, entre otras regiones, mandando a varios parapolíticos a la cárcel. Denunció la corrupción a nivel nacional, sobre todo las chuzadas ilegales del DAS, de las que fue víctima.

Y luego, en Bogotá, junto con Carlos Vicente de Roux y Luis Carlos Avellaneda, conformó una Comisión de Seguimiento que recopiló e investigó las denuncias contra el Cartel de la Contratación, y que puso finalmente el tema en el centro de debate de la ciudad. 

Además, cuando los entes de control han intentado sacarlo del juego con fallos y sanciones polémicas, ha logrado demostrar ante otras instancias que le han violado el debido proceso. O que esas sanciones tienen un tinte más político que técnico. 

La última victoria judicial fue la de ayer cuando la Corte Suprema de Justicia le archivó una investigación por supuesta discriminación por un plan piloto que autorizó como alcalde de Bogotá para que solo mujeres utilizaran un vagón de Transmilenio. 

Petro cree que la investigación del CNE y la posibilidad de enfrentar un proceso penal por ese caso es un intento del uribismo por sacarlo del escenario político. Ya tiene listo un arsenal jurídico para frenarlo. 

Los descargos de Petro

La defensa de Petro acepta que el dinero entró a la campaña, pero considera que no está justificada la responsabilidad directa del candidato y que no es proporcional la sanción debido al valor mínimo de los aportes cuestionados.

El abogado que lleva el caso, Dagoberto Quiroga, le dijo a La Silla que pidió al CNE archivar el proceso.

El argumento central de sus descargos es que el propio CNE archivó el año pasado otra investigación similar contra Petro. 

Se trata de una resolución del 25 de febrero del 2020 en la que el CNE decidió no sancionar a Petro porque su campaña recibió 15 millones por fuera de la cuenta bancaria única, que según la ley debe centralizar todos los aportes.

El ponente de esa decisión, César Abreu (aliado del partido Liberal), consideró en ese caso que la campaña de Petro no violó el principio de transparencia porque “el valor por fuera de la cuenta única fue de apenas el 0.1041 por ciento del total, es decir, una porción mínima de los recursos manejados”, por lo que la sala decidió que “no existe lesión al bien jurídico, o si existe, es mínima”.

Para la defensa de Petro, en el caso de los dineros aportados por los docentes aplica el mismo criterio del CNE. 

Sin embargo, hay dos puntos en contra. 

Primero, que en la resolución de febrero de 2020 hubo un magistrado que salvó su voto por no estar de acuerdo con la decisión: Renato Rafael Contreras. Justamente, el mismo que esta semana presentará la ponencia contra Petro.

Segundo, que en la ponencia que Contreras presentará dice que el caso del año pasado no es equivalente al actual. El magistrado argumenta que el ingreso de dinero fuera de la cuenta bancaria es una falta administrativa, mientras que “incurrir en fuentes prohibidas de financiamiento electoral es de tal magnitud que el legislador lo elevó a la categoría de delito”.

Es decir, allana el camino para llevar el asunto a lo penal. 

En la campaña de Petro ven con suspicacia la postura de Contreras.

“El magistrado empezó investigando la financiación de una empresa extranjera. Cuando encontró que eso era falso, en lugar de archivar el caso, envió derechos de petición a todas las instituciones a ver si alguna de las personas que dio plata a la campaña era funcionario público. Y solo encontró aportes de tres funcionarios humildes. Eso es una persecución. Me atrevo a decir que contra ningún otro político se ha hecho esa búsqueda”, dijo Quiroga.

Además, Petro ha cuestionado que el CNE no haya avanzado en la investigación por presunta financiación ilegal contra la campaña de Iván Duque por el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’. 

O por la entrada de recursos a esa campaña por parte de una empresa en la que el venezolano Oswaldo Cisneros es accionista, como contamos en La Silla. 

Contreras insiste en que su decisión es ajustada a las normas y expondrá esta tesis en sala plena ante los otros ocho magistrados. Siete de estos votaron en contra en el caso similar mencionado el año pasado, pero la ponencia de Contreras busca justificar que esta falta fue más grave.

En caso de que también la Fiscalía acoja esa lectura, la investigación podría judicializar aún más el panorama de las elecciones el próximo año, pues se sumaría al cuestionado proceso contra Sergio Fajardo.

Además, la dirección que asuma este caso podría sentar un precedente sobre los alcances de las reformas que apuntan a combatir la corrupción electoral a punta de crear delitos y aumentar penas.