El cierre de la frontera con Venezuela: el agosto de las bandas criminales

Imagen

La Silla visitó tres pasos fronterizos en  Cúcuta y sus alrededores y lo que encontró es escandaloso.

 

Desde que se cerró la frontera de Colombia con Venezuela han pasado nueve meses y 22 días. Y cada día que pasa la cosa es peor para todos; para todos, menos para las bandas criminales que con el cierre del paso entre los dos países se quedaron con el monopolio del contrabando.

La Silla visitó tres pasos fronterizos en  Cúcuta y sus alrededores y lo que encontró es escandaloso.

Las bandas criminales: los amos y señores

Si hay alguien que mande en la frontera de Norte de Santander con Venezuela son las bandas criminales, y eso se siente en el ambiente.

Allá a los Rastrojos y al Clan Úsuga se les paga por cruzar carros, por cruzar gasolina, por cruzar los pocos productos que aún se comercializan en la frontera venezolana y hasta por cruzar a pie.

Su dominio es tal que controlan todas las trochas, establecen y cobran peaje y son los que mandan la parada en la zona. Todo frente a los ojos y con la complicidad de la Policía.

Según reportes oficiales, Los Rastrojos y el ‘Clan Úsuga’ (también conocidos como  Autodefensas Gaitanistas o los ‘Urabeños’) operan en la zona desde que se desmovilizaron los paramilitares en todo el país.

Primero llegaron las Águilas Negras (entre 2005 y 2007), luego se asentaron los Rastrojos (2007) y más adelante (2011) llegaron con fuerza los Úsuga, quienes terminaron ejerciendo la mayor parte del dominio..

Aunque llevan más de 10 años operando en la frontera y su expansión ha sido determinante en el incremento de la siembra de coca en el Catatumbo debido a que ampliaron el mercado, nunca antes como ahora que se cerró la frontera habían tenido tanto poder.

“Aquí nada se mueve sin que ellos sepan. Ellos son los que mantienen el orden y todos les obedecen”, le dijo a La Silla un habitante de Puerto Santander, un municipio a una hora de Cúcuta y una de las principales centrales del contrabando en el departamento. 

En Cúcuta y su zona rural, así como en los municipios fronterizos aledaños, nadie se refiere a las bandas criminales con nombre propio y cuando lo hacen hablan en voz baja. Unos les dicen “los tales”, otros “los guías”. Los más osados, “los paracos”. El miedo que infunden lo permea todo.

A la vista de todo el mundo

Lo ilegal en la zona de frontera es la regla; lo legal la excepción: los pasos que conectan a los dos países son corredores del narcotráfico, hay presencia de las Farc, el Eln, el Epl y de bandas criminales, y el contrabando está en el ADN de la economía.

Aunque la frontera ya va a completar diez meses cerrada, el paso ilegal de gasolina y Acpm sigue siendo tan común que los pimpineros (como se les conoce a quienes traen gasolina del vecino país) transitan con la tranquilidad de un viajero cualquiera.

La Silla recorrió la vía de Cúcuta a Puerto Santander y solo en el primer trayecto se encontró con más de 20 puestos de venta de gasolina de contrabando, que cuestan $5 mil la pimpina (seis galones) si se está más hacia el lado de Cúcuta que de Puerto Santander y $4 mil al final del trayecto.

Además de los cultivos de arroz, el carbón arrumado y el ganado pastando en la sabana en el sofocante calor, los pimpineros son parte del paisaje de la vía. En el asiento del ‘pato’ de sus motos cargan hasta 10 envases de plástico. Son los que mueven la gasolina al menudeo.

Cuando entran a las trochas lo hacen con los contenedores vacíos; cuando salen, están llenos de combustible. Esa historia se repite todo el día y de ella es testigo la Policía que patrulla la vía.

En diferentes puntos del trayecto había un retén de la Policía, motos parqueadas también de la Policía y una estación en la cabecera municipal de Puerto Santander. Todos hicieron caso omiso al evidente contrabando de gasolina.

Desde el cierre de la frontera, según reportes de la Policía Fiscal y Aduanera, el contrabando ha disminuido en un 70 por ciento, se han incautado 70 mil galones (tres veces más que en 2015 en el mismo periodo de tiempo), capturado 50 contrabandistas y duplicado los operativos. 

Producto de esto, tal y como lo comprobó La Silla en la zona urbana de Cúcuta, la venta ilegal de gasolina disminuyó (ya no es común ver ventas en las calles). 

El 30 por ciento del contrabando que se mantiene pasó a ser controlado por bandas criminales que ahora son las que tienen el monopolio.

Pero el 30 por ciento del contrabando que se mantiene pasó a ser controlado por bandas criminales (antes cualquier ciudadano traía mercancía ilegal), que ahora tienen el monopolio y  están haciendo su agosto con la crisis fronteriza.

“El hecho de que se mantenga esa cantidad de contrabando es supremamente grave”, le dijo a La Silla, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, ONG que le hace seguimiento al conflicto en Norte de Santander. “La nueva forma de sostenimiento de las bandas criminales en la frontera es la extorsión a contrabandistas, la manera en la que están controlando el contrabando les está generando ingresos exorbitantes”.

A ese panorama se suma el hecho de que existe complicidad tanto de las autoridades venezolanas como colombianas, lo que ha enquistado una cadena de corrupción que se está pagando con la rentabilidad que deja el contrabando de la gasolina en la frontera. Así se lo confirmaron a La Silla cuatro fuentes que se mueven en la zona de la frontera como comerciantes, y un alto funcionario de la Gobernación de Norte de Santander, denuncias que coinciden con las que ha hecho públicamente Progresar.

“Aquí no es un secreto para nadie que la Guardia Venezolana es la socia de bandas criminales en el contrabando, y que la Policía es cómplice, aquí la gran mayoría están arreglados. Si no fuera así no habría contrabando”, le dijo a La Silla una alta fuente de la Gobernación de Norte de Santander.  

Al respecto, una fuente de adentro de la Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta indicó que no podían decir que estaban exentos de ese fenómeno, pero que “se llevan procesos internos para impedir que eso pase” y aseguró que el año pasado se capturaron miembros de esa institución por esos hechos.

Adicionalmente, las bandas criminales en Norte de Santander se han fortalecido con la producción de coca en el Catatumbo, que como contó La Silla, se disparó el último año. Ellos controlan gran parte del mercado.

Las trochas y los peajes

Las trochas en la frontera son como las arterias que llegan al corazón. Sin ellas el contrabando no podría subsistir.

En los 2.219 kilómetros por los que se extiende la línea divisoria entre Colombia y Venezuela hay identificados 217 pasos ilegales, de los cuales 50 están en Norte de Santander. 

Según la Policía Fiscal y Aduanera de ese total ya se han destruido 20 y hay 30 sobre los que se está ejerciendo control para atacar el contrabando; sin embargo, a cada trocha que destruyen, las bandas criminales le tienen reemplazo.

“Ellos tienen bancos de maquinaria y hacen vías, arman trochas, tienen bancos de arena. El control es completo”, explicó Cañizares

Ellos tienen bancos de maquinaria y hacen vías, arman trochas, tienen bancos de arena. El control es completo

Wilfredo Cañizares, Fundación Progresar.

En esas trochas se puede pasar de todo. Además de gasolina, los contrabandistas cruzan carne (algo que se está convirtiendo en un problema de salubridad y que representa el 70 por ciento del contrabando que se incauta), productos de aseo, y uno que otro enlatado o cereal, que es lo que aún se encuentra en las tiendas que están al lado de la frontera. El nuevo mercado es el paso de personas y de carros en la frontera. 

Antes el negocio era vender bolívares, transportar pasajeros en los mototaxis hacia el centro de Cúcuta o a los terminales de transporte. Ahora es coordinar y alimentar el paso ilegal por la frontera.

Uno de los mototaxistas que vive de pasar gente en el puente Francisco de Paula Santander (que es el que conecta a Cúcuta con Ureña) le explicó a La Silla cómo funcionan los pasos ilegales. 

“Usted tiene dos opciones. Si se pasa por el puente el negocio es con la Guardia Venezolana. Yo la monto en un bus y le doy una clave para que los del Saime (departamento de migración en Venezuela) sepan. Eso le cuesta $30 mil”, indicó. “No le recomiendo pasar por la trocha, ahora está costando lo mismo y le toca pasar por el río”.

En el Puente Simón Bolívar (conecta a Cúcuta con San Antonio) la explicación fue detallada:

“Usted tiene que pagar cinco peajes (que cuestan alrededor de los $60 mil) si se va por la trocha desde acá. Primero al mototaxista, ese conoce a ‘los tales’ y tiene cuadrado allá para que usted pase, porque sin ellos no pasa, así les pague a todos”, aseguró uno de los comerciantes de la zona. 

“Entonces al primero al que le paga es al mototaxista. Como esa trocha pasa por una finca hay que pagarle al dueño de la finca, luego están los guías, que son los mismos paracos, luego a la Guardia Venezolana. Si se encuentra a la Policía colombiana en el camino también debe pagarles y repita esa operación de vuelta”.

Para pasar los carros, según los comerciantes de la frontera, “hay que pedirles permiso para pasar” y cuando se empieza a cruzar el trayecto “uno debe tener los vidrios abajo para explicarles a dónde va y pagar lo que toque”. Eso puede costar $80 mil.

La crisis

De la prosperidad que siempre había caracterizado la economía de esa frontera no queda sino el recuerdo.

Aunque Juan Manuel Santos en una entrevista a Caracol Radio aseguró durante los primeros días de mayo que los habitantes de Norte de Santander “estaban contentos con el cierre de la frontera”, esa percepción dista mucho de la realidad que hoy se vive en los municipios de esa zona. 

En los sectores comerciales la crisis se siente porque no hay plata en la ciudad, las casas de cambio no están operando y en los centros comerciales tienen casi todo en descuento. Ya no hay tumultos para comprar y hasta los precios de los víveres de contrabando empezaron a subir por el desabastecimiento del lado venezolano.

La Cámara de Comercio de Cúcuta analizó la situación del departamento cuando se cumplieron siete meses del cierre de la frontera y reveló que el índice de desempleo aumentó en 2 puntos y está por encima del 15 por ciento; la tasa de informalidad se mantuvo y rodea el 70 por ciento; las exportaciones se desplomaron en un 56 por ciento;, y pese a que inicialmente los comerciantes formales se vieron beneficiados por el cierre de la frontera porque el mercado venezolano desapareció en Norte de Santander, el contrabando paulatinamente los volvió a desbancar.

La directora de Fenalco Norte de Santander, Gladys Navarro, le aseguró a La Silla que aunque el reporte oficial de desempleo está en 15 por ciento, los comerciantes creen que estaría bordeando el 20 por ciento, debido a que la desvinculación de personal ha sido constante.

Los comerciantes creen que el desempleo estaría bordeando el 20 por ciento, debido a que la desvinculación de personal ha sido constante.

Si bien desde su posesión el secretario de Hacienda de Norte de Santander, Martín Martínez, ha realizado 450 visitas a locales comerciales grandes, medianos y pequeños y ha incautado contínuamente licores, cigarrillos y carne, los esfuerzos no terminan impactando contundentemente las redes ilegales. 

De hecho, Martínez le contó a La Silla que ha sido amenazado en varias ocasiones por su arremetida contra el contrabando, y que pese a que le informó a la Unidad Nacional de Protección desde hace dos meses sobre su situación aún no ha recibido apoyo.

Prácticamente todas las cadenas comerciales están aplacadas. 

Por ejemplo, muy pocos cambistas quedan en la frontera: de 80 que trabajaban en el puente que conecta con San Antonio solo hay cinco; los taxistas ya no tienen la misma afluencia de personas y han disminuido notoriamente los ingresos. 

Muchos de los que tenían tiendas empezaron a cerrarlas, las agencias de viajes están a punto de la quiebra y sin la dinámica que generaba la frontera, los restaurantes, los hoteles y el comercio se mueven menos.

“La exención del IVA se acabó en diciembre de 2015, no hay mecanismos diseñados para reactivar la economía y sigue existiendo una crisis humanitaria porque todos los días están llegando más colombianos que no están siendo registrados”, le dijo a La Silla Carlos Capacho, concejal del Centro de Democrático. Hace tres semanas la bancada uribista del Senado sesionó en Cúcuta y habló sobre la crisis de la frontera.

En el Concejo de Cúcuta también están programando un debate que se llamará ‘Cúcuta no aguanta más’ para pedirle a la Nación que ponga los ojos sobre la frontera. 

Mientras lo hace, el 19 de junio se completarán 10 meses del cierre del paso. También de la bonanza con la que las bandas criminales se terminaron de consagrar en Norte de Santander.

Compartir
0