El Corredor del Sur: un eslabón de la reconciliación con Ecuador

El jueves pasado los cancilleres María Ángela Holguín y Ricardo Patiño se reunieron en Ipiales para definir la hoja de ruta para normalizar las relaciones entre Colombia y Ecuador. Los delegados de ambos países hablaron de la seguridad en la frontera, de los refugiados colombianos en Ecuador y de los proyectos de infraestructura que conectan a ambos países.

La frontera entre Colombia y Ecuador tiene una extensión de 700 kilómetros, y gran parte de esa zona limítrofe es selva. Allí viven, en casas de madera, colonos, indígenas y comunidades afrocolombianas. Y además de selva, hay petróleo - especialmente en Orito, Putumayo-, y plantaciones de coca, grupos guerrilleros, paramilitares, y cinco batallones del Éjercito. 

Uno de los proyectos más importantes para conectar ambos países es el del Corredor del Sur, una carretera que promete convertir al Putumayo en un importante punto de intercambio comercial de Colombia hacia el sur. Pero que tiene en vilo a las comunidades indígenas del departamento, y en particular a los cofanes, que están en vías de extinción.

“Estas obras se han convertido en la esperanza de desarrollo y progreso para el departamento de Putumayo y la Amazonía, región que por muchos años fue golpeada por la violencia”, dijo el Invias.

La carretera comienza en el Puente Internacional de San Miguel, pasando por La Hormiga y terminando en Santa Ana –Putumayo. La obra, construida por el consorcio Metrocorredores 3, cuesta más de 197 mil millones de pesos y tendrán un plazo de ejecución de 48 meses.  A la fecha, el consorcio ya ha terminado un kilómetro de la carretera, pero hay temores de que la obra demore mucho en construirse y que el presupuesto no alcance para cubrir los 109 kilómetros del Corredor del Sur.

¿Por qué el temor? Porque supuestamente la construcción de la carretera en el tramo Santa Ana – San Miguel está suspendida hasta tanto no se realice la consulta previa con las comunidades indígenas que habitan en los territorios que colindan con el Corredor del Sur. Sin embargo, hay evidencia que la carretera se está construyendo sin que se haya consultado a las comunidades sobre los impactos y formas de mitigación de la obra.

El tramo Santa Ana - San Miguel del Corredor del Sur avanza, mientras que las comunidades indígenas de la zona esperan a que el Gobierno y el contratista Metrocorredores 3 se sienten con ellos para hacer la consulta previa. Fotos: Corporación Visión Renacer.

Entre el desarrollo y los pueblos indígenas

La obra del Corredor Sur, que empezó en abril de este año, conlleva la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la trocha que existe hoy día en el Putumayo, el octavo departamento con mayor presencia de indígenas en el territorio colombiano, con 44.515 de los 1.392.623 indígenas del país.

Al margen izquierdo del Corredor del Sur está ubicado el Resguardo Santa Rosa del Guamuez, habitado por cerca de 300 indígenas Cofán, uno de los 16 pueblos indígenas en Colombia en riesgo de extinguirse según la Defensoría del Pueblo. Los Cofán tienen derechos colectivos sobre estos territorios desde los años setenta, cuando el Estado empezó a reconocer sus tierras como reservas indígenas.

Además del Resguardo Santa Rosa del Guamuez, en el corredor derecho de la carretera está el Resguardo Yarinal San Marcelino, y al lado izquierdo y derecho del futuro Corredor del Sur habita una organización de comunidades negras certificada ante el Ministerio del Interior bajo el nombre de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de las Comunidades Afrotesalia.

El Ministerio del Interior reconoció la existencia de estas comunidades en abril y ha dicho que es necesario hacer la consulta previa en la zona, pero los indígenas de la región se sienten abandonados porque la rehabilitación y construcción de esta importante carretera está avanzando a pesar de que niguno de estos tres pueblos ha sido consultado sobre los impactos que tendrá esta carretera en sus territorios, tal y como debería ser, según la Constitución Política de 1991.

“La obra no se ha parado. Sigue normalmente. Sigue la nivelación y la echada de concreto”, dijo Hernando Criollo, ex Gobernador del Resguardo Santa Rosa del Guamuéz y uno de los líderes de la comunidad Cofán. “La carretera es un hecho, pero queremos que nos respeten lo que está en la Constitución y que nos hagan la consulta previa. El Ministerio del Interior no ha tenido mucho interés en que la consulta salga rápido”.

Mientras que finalmente se da la consulta, el Corredor del Sur está avanzando en el tramo Santa Ana – San Miguel, donde habitan las comunidades indígenas. Así quedó confirmado en un derecho de petición respondido por el Invias a la Corporación Visión Renacer el 18 de agosto y conocido por La Silla Vacía. Además, las fotos tomadas a finales de julio por esta Corporación que acompaña a las comunidades prueban que a pesar de que la consulta no se ha dado, el cemento ya se está echando.

Cuando la Corporación Visión Renacer se enteró del avance de la carretera, interpuso una acción de tutela el pasado 26 de marzo ante el Tribunal Administrativo de Pasto. La tutela fue negada en primera instancia, pero finalmente en junio de este año el Consejo de Estado tuteló el derecho de las comunidades y ordenó suspender la obra. Sin embargo este fallo no se ha cumplido.

Por su parte, el Ministerio del Interior, tiene conocimiento que el contratista de la obra inició actividades en los tramos en los cuales no certificó presencia de grupos étnicos. Y el Invias insiste en que están adelantando la obra en los tramos que no afectan a las comunidades. Y en el entretanto, el gobierno va paso lento con la consulta.

El Grupo de Consulta Previa del Ministerio realizó una reunión de acercamiento con la mesa permanente del Pueblo Cofán, el 28 de julio en el municipio de la Hormiga, Putumayo, para crear un plan de trabajo para realizar el proceso de consulta previa. Después de esa reunión, los representantes del Resguardo Santa Rosa del Guamuéz le enviaron al Ministerio al Grupo de Consulta Previa una propuesta metodológica para la realizar la reunión Preconsulta con los Resguardos Santa Rosa del Guamuez y San Marcelino Yarinal.

El grupo del Ministerio también se reunió con el consorcio Metrocorredores 3 para insistir sobre la importancia de avanzar en la consulta y en principio, la reunión de pre consulta entre el consorcio, el Ministerio y los indígenas se realizará a principios de septiembre. El problema, entonces, de la consulta previa es que en la práctica, este derecho siempre llega tarde pues la carretera avanza mientras que las deliberaciones sobre los impactos a mitigar aún no han empezado.

“El primer inconveniente presentado para realizar la consulta previa del proyecto ha sido el elevado número de procesos vigentes de consulta previa y la cantidad de funcionarios disponibles para realizar las actividades que demanda cada proceso de consulta previa desarrollado en las diferentes regiones del país”, dijo el Ministerio del Interior a La Silla Vacía. “Se han presentado dificultades en la concertación de la agenda con las autoridades de la mesa permanente y de los resguardos indígenas Cofán, lo cual ha impedido convocar prontamente la primera reunión del proceso de consulta previa”.

“Nosotros no podemos impedir la pavimentación, pero queremos la consulta y ver cómo vamos a negociar la indemnización. La carretera pasa por el tramo central de la reserva y coge como entre tres y cinco kilómetros de resguardo”, dijo Hernando Criollo, ex Gobernador del Resguardo Santa Rosa del Guamuéz, a La Silla.

En el caso del Corredor del Sur, como en tantos otros proyectos de infraestructura del país, la consulta previa tiene poco de previa. Aunque el gobierno y el Invias nieguen que las obras están andando hasta se realice la consulta, hay evidencias de que la obra no está suspendida en los tramos que comprometen los territorios de las comunidades ancestrales.